LA PROTESTA MILTAR

Blog de opinión militar, política y de DDHH. Su Editor/Administrador es el Coronel ® (FAV) Sammy Landaeta Millán. Gran Caracas. VENEZUELA. Correo: sammylandaeta@gmail.com Twitter: @ProtestaMilitar #LaProtestaMilitar

ESENCIA

Con lasolicitud de pase a retiro de las Fuerzas Armadas Nacionales en el año 2000, constituimos una PROTESTA, negándonos a ser instrumento subordinado de los incapaces. Estos; se adueñaron, deterioraron, politizaron y pretenden destruir una Institución a nombre de una REVOLUCIÓN. La esencia del blog es advertir, destacar y denunciar las acciones políticas, que inciden negativamente en el estamento militar, por obra del DESGOBIERNO autocrático, militarista y neo comunista de Hugo Chávez Frías.
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viernes, 10 de abril de 2015

DECLARACIÓN DE #PANAMÁ SOBRE #VENEZUELA Por: EX JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO



DECLARACIÓN DE PANAMÁ SOBRE VENEZUELA DE LOS EX JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

Quienes suscribimos el presente documento, ex Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, invitados por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y preocupados por el curso que toma la grave alteración institucional, política, económica y social que afecta sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo siguiente:
La democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y como consta en la Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por la Carta Democrática Interamericana de 2001.
No obstante ello, el gobierno de Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por los órganos internacionales e interamericanos de tutela de derechos humanos, afectando gravemente el derecho al amparo internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas.
En lo particular, es manifiesta la ausencia de independencia de la Justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos para estatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el ambiente de total impunidad, a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre otros del dirigente democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. 
Sucesivamente, funcionarios de la policía política, sin rostros visibles, sin mediación judicial ni procedimiento de investigación previo, apresan por la fuerza al Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien es la segunda autoridad civil de elección popular más importante en la capital de Venezuela, y hoy se le mantiene recluido junto a otros presos políticos, en una prisión militar; hecho que, siendo atentatorio del ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo anuncia y celebra el Presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión – imponiendo previamente un black out informativo sobre la actuación arbitraria e ilegítima de sus funcionarios – acusando luego a Ledezma de suscribir junto al preso político Leopoldo López y la diputada María Corina Machado una opinión política en la que afirman el carácter antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro y señalan las vías constitucionales que, a juicio de éstos, permitirían superar de conjunto la crisis venezolana. 
Rige en Venezuela, además, una hegemonía comunicacional de Estado, decidida por el mismo gobierno desde noviembre de 2004 en su documento La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Al efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la información y para el incremento de las sanciones penales por delitos de desacato, promoviéndose la censura y la autocensura de la prensa. La violencia contra periodistas, columnistas y twitteros tiene carácter sistemático y se les criminaliza. Han sido cerrados medios de comunicación social independientes, sea por decisión oficial o propia, por falta de insumos o papel periódico cuya importación controla el Estado, tanto como se han suspendido las señales de medios extranjeros o han expulsado a sus periodistas del territorio nacional.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe de 2013 da cuenta, por una parte, que “en Venezuela se ha producido un proceso de reformas estructurales del marco jurídico y de aplicación de políticas públicas que han debilitado las garantías del derecho a la libertad de expresión en el país” y, por la otra, hay un “uso persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a los intereses del Gobierno venezolano”.
Desde 2009 la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos “considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela”. Dentro de dicho contexto, en medio de la aguda crisis venezolana mencionada, signada por la persecución y judicialización de la oposición democrática, el gobierno se ha hecho ahora de una “ley habilitante” a fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre todas las materias del orden constitucional y para establecer sanciones, incluidas las penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e interior, y obviando la necesaria declaratoria – si fuese el caso – de un estado de emergencia que le obligaría someterse al control judicial y su observación por los organismos internacionales de derechos humanos. 
Por lo mismo, cabe observar que sin la efectiva vigencia de un sistema de separación e independencia de los poderes públicos, que permita el control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la democracia a los que alude la misma Carta Democrática Interamericana pueden llegar a tener verdadera aplicación en Venezuela; es decir, no puede haber posibilidad real de exigir y controlar la transparencia y probidad de las actividades gubernamentales, y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; no hay forma de garantizar el efectivo respeto de los derechos sociales ni la libertad de expresión y de prensa; no se puede asegurar la subordinación de todas las autoridades del Estado, incluyendo la militar, a las instituciones civiles del Estado; en definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de derecho. 
La alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza, asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y lavado de dineros agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y moderna, que ha contribuido al señalado clima de corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza nacional. 
Ello ha generado una serie de problemas y desbalances en la economía venezolana, que van más allá de la caída internacional de los precios del petróleo y se han profundizado notablemente durante los últimos años. Éstos y aquéllos se presentan en los ámbitos fiscales, monetarios, financieros, cambiarios, petroleros y reales, dando lugar a una recesión muy profunda en el país y a una galopante inflación que mina la capacidad de compra y los ingresos familiares, acentúa la pobreza, genera desempleo y deteriora la calidad de vida de la población, particularmente la de aquellos que menos tienen. Un gasto gubernamental desbocado y desordenado que cada vez se distancia más de sus ingresos, ha generado enormes y crecientes déficits, que hoy ya alcanzan niveles equivalentes a cerca de 20% del PIB. Eso no solo ha hecho que la deuda pública se incremente notablemente, particularmente la interna, sino también que el gobierno haya forzado al Banco Central de Venezuela (BCV) a financiar buena parte de esa brecha a través de la creación masiva de dinero sin respaldo que, a su vez, se ha traducido en un crecimiento dislocado de la oferta monetaria. 
Así las cosas, cuando los consumidores acuden a los mercados o farmacias no encuentran los productos que buscan, pues la oferta se restringe cada vez con mayor intensidad, debido a:
  • La hostilidad gubernamental a las pocas empresas privadas que subsisten a las ya expropiadas o confiscadas en procura de una economía de Estado;
  • La imposición de restricciones de todo tipo a productores y comercializadores, entre ellas controles desmedidos de precios sin tomar en consideración el comportamiento de los costos, condenando a muchos a trabajar a pérdida;
  • Los muy limitados accesos a las divisas dentro de una economía que poco produce y casi todo lo importa, acumulándose deudas con los proveedores externos;
  • La ineficacia creciente de las empresas públicas, muchas de ellas expropiadas o expoliadas al sector privado, que al pasar a manos del Estado producen mucho menos que antes.
En consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con nuestra palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociaciones que permitan abrirle senderos a una solución no violenta a la mencionada crisis, nos permitimos alertar sobre ello a los gobiernos de nuestros países y a la Cumbre de las Américas, así como expresar nuestro parecer en los términos siguientes:
a) La severa crisis democrática e institucional, económica y social que afecta a Venezuela y a todos los venezolanos no admite sino soluciones negociadas y sería irresponsable y hasta criminal reducirla o desfigurarla, en su origen y efectos, a una suerte de confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado imperialismo norteamericano, o atribuirla a la mera caída de los ingresos petroleros.
b) Venezuela, a corto plazo y dentro del complejo ambiente que la afecta, signado por la persecución política de los opositores y la ausencia separación de poderes como de balances institucionales, vivirá un proceso electoral para la renovación de los representantes de la soberanía popular en la Asamblea Nacional; dado lo cual, sólo una observación internacional autorizada, imparcial, y técnicamente calificada, que acepte el Poder Electoral actualmente bajo control de militantes gubernamentales, podrá contribuir con la existencia de garantías para el debate político libre y el carácter justo, equitativo y transparente de los comicios planteados. 
c) La corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes en Venezuela se logrará a través de la implementación de un amplio y complejo plan de ajuste, que incluye múltiples componentes como la racionalización del gasto gubernamental, la eliminación del financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central de Venezuela, la ampliación y diversificación de la producción interna; el estímulo y promoción de la inversión reproductiva; la desregulación de la economía. Pero su implementación, de suyo difícil y orientada a corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes, puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en especial al segmento de más bajos ingresos. Y ello reclamará la existencia de un liderazgo capaz de producir consensos democráticos, movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades. 
d) La corrección de los severos desequilibrios que hoy se padecen en Venezuela exige un cambio radical en el manejo de la cuestión económica, un giro en su modelo político y económico, que tiene que hacerse dentro de un contexto de mucha amplitud. A su vez, tiene que responder a un esfuerzo que ayude a crear las condiciones que aseguren el éxito en la implementación ulterior de un plan de desarrollo sustentable de largo alcance; que busque no solo el progreso sostenido en lo económico, sino también la consecución de los objetivos de desarrollo permanente en materia política, institucional, social, ambiental, tecnológica, científica, cultural y de renovación ética. Solo así podrá salir Venezuela del atolladero que la atenaza, y logrará alcanzar el desarrollo y el progreso sustentable al que tiene derecho y deben aspirar todos los venezolanos, sin distinciones de ningún género. En suma y como desiderata cabe concluir que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las garantías democráticas representativa y participativa establecidas en la Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el desarrollo de elecciones libres y justas.
Así lo refrendamos, en el día de hoy, nueve de abril de dos mil quince.
  • Nicolás Ardito B., Panamá
  • Oscar Arias, Costa Rica
  • José María Aznar, España
  • Belisario Betancur, Colombia
  • Armando Calderón Sol, El Salvador
  • Felipe Calderón, México
  • Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
  • Laura Chinchilla, Costa Rica
  • Alfredo Cristiani, El Salvador
  • Eduardo Duhalde, Argentina
  • Vicente Fox, México
  • Felipe González, España
  • Lucio Gutiérrez, Ecuador
  • Osvaldo Hurtado L., Ecuador
  • Luis Alberto Lacalle, Uruguay
  • Luis Alberto Monge, Costa Rica
  • Mireya Moscoso, Panamá
  • Andrés Pastrana, Colombia
  • Sebastián Piñera, Chile
  • Jorge Quiroga, Bolivia
  • Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
  • Julio M. Sanguinetti, Uruguay
  • Alejandro Toledo, Perú
  • Álvaro Uribe, Colombia
  • Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
La verdad hace años lo deberian haber hecho por Cuba

 FUENTE:

Adribosch's Blog

 

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PRENSA ESCRITA

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Muchas personas pensaran, que a juzgar por el titulo de artículo, se trata de un legajo de procedimiento de Búsqueda y Salvamento; pero lamentablemente no es así. LOS CODIGOS están referidos a los procedimientos administrativos y operacionales que permitieron lograr la operatividad de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) bajo control de SOCORRO Hernández. La administración inadecuada de procesos; podría estar reflejando la manipulación de -inescrupulosos terceros- que se enriquecen como jerarcas del Petróleo y el Gas y se suman a los nuevos ricos -políticos y militares.- Pero en el País no se investiga nada, excepto el supuesto golpe y magnicidio, que desestimamos. El verdadero GOLPE, se dio al ESTADO, con la publicación de 26 Leyes inconstitucionales y el indiscutible MAGNICIDIO se perpetro contra los venezolanos; cuando se destruyó PDVSA. Haga click en la imagen para continuar leyendo.

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Foto: FELIPE MILLÁN LANDAETA (CHICHO) Elevamos una plegaria a Dios todopoderoso por la VIDA de las personas que purgan CARCEL en Venezuela. Deploramos y rechazamos los atropellos, que padecieron o sufren nuestros compatriotas. Hoy se reviven los presos políticos de ayer; pero el Castro Comunismo confina a todo aquel, que desapruebe el régimen totalitario. Demandamos -por razones humanitarias- el establecimiento de una Ley de AMNISTIA, para los presos, perseguidos y exiliados políticos en nuestra Nación. Por favor hacga click enla imagen para seguir leyendo. Gracias

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Cuando los Trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) activaron un paro laboral para repudiar la Politización y la inobservancia de la Meritocracia, en la Corporación en el año 2002; no recibieron el apoyo de algunos de sus compañeros. Los participantes del conflicto fueron catalogados por el régimen Castro Chavísta como enemigos del proceso revolucionario y traidores a la Patria.” Pero los que apoyaron al desgobieron, para consolidar lo que hoy llaman, “La PDVSA del Pueblo,” también podemos señalarlos por justicia, como: Los Esquiroles del Petróleo./Haga click en la imágen para seguir leyendo

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Mi nombre es Iván Simonovis, de 49 años de edad y de profesión Investigador Criminal. Durante 23 años ininterrumpidos trabajé en la Policía de investigación Criminal de Venezuela y, por mis méritos, en el año 2000 fui escogido para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital durante los fatídicos hechos del 11 de Abril de 2002. Mi función era la coordinación y supervisión de las políticas de seguridad pública de la ciudad de Caracas, Venezuela./Haga click en la imágen para seguir leyendo

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Hoy 25 de Septiembre de 2008, se cumplen 5 años del brutal ataque de las fuerzas MILITARES y POLICIALES en el Campo Petrolero LOS SEMERUCOS, en Punto Fijo, Estado Falcon. Sacar de la vivienda, a la señora Haydée Irausquín, fue punto de honor, del proceso de revolución y la convirtieron en la primera persona desalojada de las residencias petroleras. /Haga click en la imágen para seguir leyendo

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La presente reseña, lo hacemos asumiendo la total responsabilidad, al difundir algunos aspectos, del Libro: “La traición encubierta” de Nelson Ramírez Torres, sin el ánimo de vulnerar los derechos de autor, las previsiones legales de la Editorial o las diagramaciones del diseñador grafico. Nos mueve simplemente los sentimientos de dolor, rabia e impotencia, que nos embarga en nuestra humilde condición de Militar en Situación de Retiro, ante una institución armada que quedó MINUSVALIDA en su Sistema de Comunicaciones de la Defensa Nacional -SICODENA- y NO podemos hacer otra cosa que sensibilizarnos con la narrativa del texto, en cuestión. Para ver ésta RESEÑA, le agardecemos hacer click en la imagen, donde tambien consideramos prudente incluir la FICHA TECNICA y la SIPNOSIS del libro. Gracias.

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SAMMY LANDAETA MILLÁN

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Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela
Sammy Landaeta Millán. Coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, en Situación de Retiro, según resolución N°7446 de fecha 26 de julio de 2000 (Propia solicitud). Licenciado en Ciencias y Artes Militares (Opción Aeronáutica). Especialista en Administración de los Recursos de la Aviación. Maestría en el Empleo del Poder Aéreo. Diplomado Estado Mayor Conjunto N°14. Diplomado Curso Especial de Seguridad y Defensa para Ejecutivos. Piloto Aviador Militar. Piloto de Helicópteros Militares. Piloto de Helicóptero Comercial. Especialista en Búsqueda y Salvamento -SAR- Cursó estudios de Maestría en Ciencia Política en la USB. Presentó el Trabajo de Grado: "Política Militar, Misión de la FAN y Soberanía Nacional, a partir de 1999." Fue asignada la fecha de defensa pero el primer Jurado lo mandó a corregir -nos pronunciamos por escrito y presuntamente no gustó la motivación.- Se corrigió y se redujo el estudio a 50% y se presentó de nuevo a la Coordinación. Designaron dos Jurados adicionales y se INHIBIERON. El Dr. Frederick Welsch -Tutor de la tesis - salvó su voto. No obtuvo el Grado. ¿ORDEN DE LA REVOLUCIÓN?

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