A mis compañeros de armas Por: Fernando Ochoa Antich @FOchoaAntich

A mis compañeros de armas

Fernando Ochoa Antich.

         Venezuela se encuentra en peligro. Nuestro pueblo está en las calles. El asesinato de 57 jóvenes y el elevado número de heridos, detenidos y torturados, no tiene justificación alguna. Han sido reprimidos criminalmente  por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y las bandas armadas al servicio de la tiranía sólo por defender la libertad y la democracia. Esta forma de actuar compromete la responsabilidad del general Vladimir Padrino López, la del Alto Mando Militar, incluyendo a los comandantes de REDI, ZODI y de todos aquellos, que en funciones de mando, han permitido que se ataque, con inusitada sevicia, a venezolanos que reclaman, pacíficamente, el ejercicio de sus derechos constitucionales. ¿Cómo puede justificarse que circulen en la red irrefutables fotografías y videos en los cuales se observa a efectivos militares y policiales, en compañía de miembros de las bandas armadas, disparando a quema ropa, realizando saqueos a los comercios, penetrando a residencias privadas para destruir sus entradas y romper los vidrios de los vehículos particulares? ¿Se puede guardar silencio ante la profusa evidencia existente del uso de armas de guerra y del empleo de francotiradores en contra de manifestantes pacíficos? ¿No generan estos hechos, y tantos otros, un profundo rechazo hacia la Fuerza Armada Nacional? La opinión pública nacional e internacional espera una respuesta.

 La catástrofe nacional se agrava, en todos los órdenes, con el correr de los días. Tan trágicas circunstancia obliga a los venezolanos a una profunda reflexión, y en mayor medida a los miembros activos  de la Fuerza Armada Nacional. Justamente, ustedes tendrán que decidir el camino a tomar para restituir la paz de la República. Nicolás Maduro perdió totalmente la base de sustentación de su gobierno. El rechazo popular a su figura no le permite resolver la crisis nacional. Su descrédito político y financiero en el ámbito internacional no permite que Venezuela pueda obtener algún tipo crédito, sea bilateral o multilateral, para poder fortalecer sus reservas internacionales.  Ante la necesidad de evitar incurrir en default, lo único que ha podido hacer es disminuir las importaciones de alimentos, incrementando la escasez y el hambre. Así mismo, su responsabilidad en las  graves violaciones de los derechos humanos durante  su gobierno, lo han convertido en reo de la justicia internacional.   El colmo de su crueldad e insensatez llega a tal nivel que ni siquiera ha sido capaz de aceptar el ofrecimiento realizado por la Iglesia Católica de una ayuda humanitaria a través de Cáritas. Ha preferido rechazarlo, por razones de prestigio político, aun conociendo que numerosos niños y ancianos pueden morir por falta de medicinas y comida en los hospitales,

Para colmo de males, asesorado por el régimen cubano, ha decidido tomar el tortuoso camino de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, presentándola como el “mejor camino para la paz”. Nada más falso. Para nadie es un secreto, y eso los incluye a ustedes, que lo exigido por amplios sectores nacionales es precisamente el cabal cumplimiento de la Constitución Nacional vigente, ya que un proceso constituyente convocado de manera inconstitucional y arbitrario sólo puede agravar la insatisfacción y el  rechazo de los venezolanos. Es absolutamente inaceptable, y ustedes deben tomarlo muy en cuenta , que la sola decisión de Nicolás Maduro pueda reemplazar la voluntad soberana de todo el pueblo venezolano al pretender confundir aviesamente la “iniciativa de convocatoria” a una Asamblea Nacional Constituyente con la “convocatoria” propiamente dicha, para consolidar así un  golpe de Estado. Ustedes también deben saber que la írrita Asamblea Nacional Constituyente, que ellos piensan reunir de una manera fraudulenta para tener segura mayoría, modificará totalmente la visión establecida en la Constitución de 1999,  la cual mantenía que Venezuela era un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, reemplazando  sus principios fundamentales. Lo más doloroso es que pretenda utilizarlos a ustedes, para sojuzgar a los venezolanos e imponer un régimen totalitario.

Es muy doloroso que el venezolano común considere, no sin razón, que la tiranía de Nicolás Maduro, la cual lo ha sometido a tantas penurias, se sostiene única y exclusivamente gracias al apoyo cómplice e incondicional de la Fuerza Armada Nacional. Los hechos y las expresiones de sus máximos representantes así lo demuestran. Sin embargo los venezolanos siguen teniendo fe en ustedes. No los decepcionen. Ustedes conocen la realidad de las carencias y el sufrimiento infligido a nuestro pueblo en tantos años de rapiña y corrupción. Es justo señalar, lo conocemos perfectamente bien los militares en situación de retiro,  las permanentes arbitrariedades que se cometen dentro de la Institución Armada al privilegiar la adhesión político partidista por encima de los méritos profesionales para el otorgamiento de cargos, ascensos y reconocimientos. Eso tiene que terminar. Sin embargo, ustedes deben saber que, en tan compleja situación nacional, lo único que  nuestro pueblo les exige es el fiel cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional, en particular lo pautado en el artículo 328. Queremos militares profesionales, conscientes de sus deberes, disciplinados y obedientes, pero nunca obsecuentes y sumisos a un partido político. Igualmente,  les recuerdo, que en los artículos 333 y 350 constitucionales  se establece el deber que todos tenemos de defender nuestra Constitución cuando su vigencia es amenazada. La conciencia de cada uno de nosotros y solo ella le indicará la actitud a asumir. Recuerden sus obligaciones militares.

Nuestra historia es prácticamente una relación de hechos, en los cuales la Fuerza Armada Nacional, ya sea el Ejército Libertador o la moderna organización militar creada a partir del Siglo XX, siempre desempeñó, con aciertos y errores, un papel protagónico en el rescate de la libertad del pueblo venezolano. Así ocurrió en la guerra de Independencia; luego en la dictadura de Juan Vicente Gómez al insurreccionarse en contra de su gobierno en los años de 1919, 1922 y 1928  y ser factor fundamental en la pacífica transición hacia la democracia presidida por los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Posteriormente contribuyó al derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; combatió y derrotó a la insurgencia castro-comunista que pretendía arrebatarnos la democracia durante los años sesenta y setenta; y por último, combatió y derrotó la felonía cometida por Hugo Chávez y su logia conspirativa, cuando pretendieron derrocar al gobierno legítimamente electo de Carlos Andrés Pérez. Esas han sido las referencias permanentes en la memoria de los venezolanos y, entre otras, la causa del inmenso prestigio y respeto que los venezolanos siempre le profesaron a la Fuerza Armada Nacional. Entonces, me pregunto: ¿cómo quieren ustedes ser recordados en nuestra historia?  Cumplan con su deber en esta hora dolorosa de Venezuela.                

                                                             Caracas, 28 de mayo de 2017.

fochoaantich@gmail.com.

Resistencia Tricolor. Por: Fernando Ochoa Antich. @FOchoaAntich

  

Resistencia Tricolor

Fernando Ochoa Antich.

         

La valentía, el arrojo y la dignidad demostrados, durante los últimos 45 días, por nuestros jóvenes, al flamear el tricolor nacional y enfrentar la criminal arremetida de los todopoderosos cuerpos de seguridad del Estado en su lucha por la libertad y la democracia, me hacen sentir inmensamente orgulloso del pueblo venezolano. La acciones realizadas, con inmensa sevicia, por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y las bandas mercenarias armadas al servicio de la nomenclatura gubernamental para atacar las manifestaciones, absolutamente pacíficas, convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática en contra del régimen madurista, son sólo comparables a las criminales medidas ejecutadas por los cuerpos represivos de las más crueles dictaduras de la historia. Su objetivo no ha sido resguardar el orden público, sino impedir, por medio del terror, la expresión de una sociedad, que lo único que pide es que se retome el hilo constitucional y se le permita expresarse a través de las urnas electorales. Las consecuencias son más que dolorosas: 42 jóvenes asesinados y un número no determinado de heridos. Y como si todo eso fuera poco, se ha recurrido también a la tortura de muchos detenidos. Los caídos y demás victimas de tanta crueldad, son  mártires que han ofrendado sus vidas y su bienestar personal y familiar para impedir que en Venezuela se imponga, de manera definitiva, una dictadura totalitaria de corte marxista, mediante subterfugios electorales, como la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente estamental, que aspiran convocar. A toda esta barbarie, se ha opuesto tenazmente la acción libertaria de la Resistencia Tricolor.

         En medio del dolor que producen las noticias sobre las víctimas de esta brutal represión, he tenido que escuchar numerosas declaraciones del mayor general Néstor Reverol Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz, quien, sin sonrojarse, miente a los venezolanos al afirmar que los  responsables de los asesinatos y los heridos son los miembros de la Mesa de la Unidad y la “derecha fascista”, acusando directamente, y sin presentar prueba alguna, al diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. El general Reverol debería tener presente que los venezolanos conocen perfectamente bien que el único responsable de la tragedia que vive Venezuela, incluyendo este lamentable número de víctimas, es el señor Nicolás Maduro. Sus desmedidas ambiciones personales lo han conducido a violar flagrantemente el orden constitucional y a reprimir cobardemente al pueblo venezolano. Eso sí, general Reverol, usted debería también tener presente que la justicia, al juzgar a Nicolás Maduro como responsable de esos asesinatos, no olvidará que usted, el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y el Alto Mando Militar, permitieron que esos hechos ocurrieran. Así mismo, deberán asumir su responsabilidad por haber comprometido el honor y el prestigio de la Fuerza Armada Nacional sometiéndola al escarnio público.

         Los hechos de violencia se originan, y usted, general Reverol, lo sabe perfectamente bien, por la tozudez de Nicolás Maduro y de su camarilla en cercenar toda posibilidad por parte de la gran mayoría de los venezolanos de expresar pacíficamente sus reclamos. Son precisamente la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y las bandas armadas al servicio de la dictadura, quienes provocan los hechos de violencia en contra de los manifestantes y la propiedad privada. Usted y todos los responsables de esta situación conocen perfectamente bien la inmensa cantidad de documentación audiovisual que demuestra  la falsedad de sus acusaciones. Si lo que afirmo es falso, entonces explique general Reverol; ¿cómo es posible que las bandas armadas puedan circular en costosas motos por las calles de Caracas, blandiendo y disparando armas de fuego, sin que sean detenidos por ninguna autoridad civil  o militar?  ¿Por qué razón no hay ni siquiera un detenido ni una acusación formal de un solo miembro  de esas bandas por porte ilegal de armas de guerra? ¿Cómo pueden ocurrir delitos contra la propiedad, sin que aparezca un solo representante de la fuerza pública para impedirlo? ¿Qué medidas ejemplarizantes se han tomado contra miembros de la fuerza pública observados en acciones de saqueos?

         Es verdad que la situación del estado Táchira es de inmensa gravedad. El pueblo tachirense ha sido reprimido ferozmente por la Guardia Nacional sin lograr restablecer el orden público. En San Cristóbal, las calles están casi desiertas, centenares de comercios permanecen cerrados y el transporte público se encuentra restringido. En Sabaneta, durante la noche del martes, se reportaron decenas de saqueos de comercios y la presencia en las calles de 80  motorizados armados vinculados a la dictadura. Ante tan compleja situación, el general Padrino anunció el envío de 2000 Guardias Nacionales y 600 efectivos de la unidad de operaciones especiales del Ejército como parte de la “segunda fase” del Plan Zamora.  Esa acción puede traer consecuencias aun más dolorosas. ¿Qué pasaría si esa situación, como parece puede ocurrir, se generalizara en todo el país?  ¿Hasta dónde piensan llegar con tanta e injustificada represión? ¿No sería mucho menos costoso para Venezuela y para la Fuerza Armada Nacional que el ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar le solicitaran al presidente Maduro retirar la inconstitucional convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente estamental y presentar, en contrapartida,  un cronograma electoral para las elecciones regionales, municipales y presidenciales, acompañado, al mismo tiempo, de la liberación de los presos políticos, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y el establecimiento del canal humanitario que tanto necesita nuestro pueblo? No hacerlo, comprometerá la paz de Venezuela y justificará  la valiente e incansable Resistencia Tricolor.

 Caracas, 21 de mayo de 2017.

fochoaantich@gmail.com.

Insaciable sed de represión. Por: Fernando Ochoa Antich @FOchoaAntich

Insaciable sed de represión

Fernando Ochoa Antich

         La irrefrenable represión mantenida por la dictadura madurista en los últimos 40 días, contra toda expresión libertaria de nuestro pueblo, exige el más firme rechazo de todos los venezolanos. Su objetivo es preservar el poder, a toda costa, incluyendo el asesinato, de quien se atreva a protestar en contra de la ilegal convocatoria, realizada por Nicolás Maduro, a una Asamblea Nacional Constituyente, violando flagrantemente el artículo 347 constitucional, al no convocar “al pueblo venezolano, depositario del poder constituyente originario”, para que diga si o no a dicha convocatoria y a sus bases comiciales en elecciones libres, universales, directas y secretas. Esta criminal conducta ha generado la injustificada muerte, hasta hoy 11 de mayo, de 44 jóvenes en las manifestaciones de protesta. Además de esas dolorosas muertes, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señala un elevado número de heridos y de casi 1700 detenidos en cerca de mil marchas. Peor aún, la opinión pública ha sido testigo presencial de la participación de bandas paramilitares que impunemente utilizan armas de fuego contra inermes manifestantes, con la anuencia de los efectivos militares y policiales presentes.

         Nicolás Maduro, desde que asumió la presidencia de la República, ha violado, de manera contumaz, la Constitución Nacional y todo el ordenamiento jurídico. Enumerar las violaciones cometidas es innecesario. Todos los venezolanos las conocen. Sin embargo, mencionaré las más recientes: convencidos de que perderían las elecciones parlamentarias designaron nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo normas y procedimientos legales establecidos, buscando de esa manera limitar las funciones de la nueva Asamblea Nacional. Al obtener la oposición democrática las dos terceras partes promovieron ilegalmente, a través de la Sala Electoral del TSJ, la anulación de las elecciones en el estado Amazonas. Al ocurrir, como era de esperarse, el rechazo  de esa decisión se creó la figura del “desacato”, para desconocer todo acto legítimo de control del Ejecutivo por parte del Poder Legislativo. Al mismo tiempo impidieron de manera aviesa la realización del referéndum revocatorio presidencial y de las elecciones regionales. Esta estratagema pareció rendirle frutos al gobierno hasta que  entendieron que no le sería posible continuar adquiriendo deuda externa, sin la debida autorización del poder Legislativo.

Esta nueva situación, condujo al Tribunal Supremo de Justicia a dictar las sentencias 155 y 156, con las cuales pretendieron desconocer total y absolutamente la existencia de la Asamblea Nacional. Estas sentencias provocaron la sorprendente declaración de la doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, en la cual mantuvo que había ocurrido “la ruptura del orden constitucional”, es decir un golpe de Estado.  Ante esa firme posición, el TSJ tuvo que retroceder dictando otras dos sentencias que, en la práctica, nadie tomó en cuenta. Ante ese complicado panorama, Nicolás Maduro y sus asesores optaron por plantear, de manera inconstitucional, la convocatoria a una “Asamblea Nacional Constituyente Comunal” formada por estamentos sociales afectos al gobierno, sin consultarle al pueblo depositario del poder constituyente originario. Un nuevo error. Este absurdo  truco electoral ha exacerbado el descontento popular incrementando las demostraciones de calle, en todo el país, en rechazo a Nicolás Maduro y a su camarilla. Los venezolanos han entendido con claridad que esa aviesa propuesta no pretende encontrarle solución a la catástrofe nacional, sino imponer un proyecto político  totalmente diferente al existente en la Constitución de 1999.

         Nicolás Maduro y su camarilla están convencidos que la resistencia popular se debilitará ante el cansancio de la sociedad.  Esperan que se pueda repetir la dolorosa experiencia que vivió la oposición democrática en el año 2014 al no lograr alcanzar sus objetivos políticos teniendo que pagar el elevado costo de 43 jóvenes asesinados en las manifestaciones de protesta y la prisión de numerosos dirigentes, entre los que destacan Leopoldo López y Antonio Ledezma. Se equivocan. Las circunstancias sociales y políticas son diferentes. En el año 2014, la protesta era protagonizada fundamentalmente por la clase media. La resistencia actual es impulsada por todos los estratos sociales venezolanos, con una presencia muy importante de sectores populares y juveniles. La movilización social muestra otras características fundamentales: participación de toda la dirigencia política y claridad de objetivos en la oposición. Además, se observan un conjunto de factores que es necesario tomar en cuenta: el agravamiento de la crisis social, la división interna del chavismo, el creciente descontento militar y el cada día mayor respaldo de la comunidad internacional a los sectores democráticos.

         Es tan grave la situación, que Nicolás Maduro y su camarilla han decidido utilizar todo tipo de medida represiva con la finalidad de controlar la protesta nacional. Por ejemplo, ante la negativa del Ministerio Público a prestarse para cohonestar irregularidades en la detención y procesamiento de manifestantes, han recurrido a la indebida utilización de los tribunales militares para enjuiciarlos. El artículo 261 constitucional establece con certeza que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Un altercado en una marcha no es posible considerarlo delito militar. Sin embargo, la ilegalidad comenzó hace bastante tiempo, desde cuando la dictadura decidió emplear fuerzas militares para control del orden público. Conviene conocer parte del contenido de los artículos constitucionales 329 y 333: “La Guardia Nacional tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país”; “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. Esa ilegalidad se origina en la conveniencia del gobierno y de los jefes militares, de confundir “orden público” con “orden interno”."Todos conocen que son conceptos diferentes.

No tengo dudas en afirmar que una de las causas del creciente descontento militar se origina en este ilegal empleo de la Fuerza Armada Nacional. La opinión pública señala, con razón, a los efectivos militares como responsables de los numerosos asesinatos ocurridos y de  la permanente violación de los derechos humanos. Aunque se desconocen las razones de la detención de numerosos oficiales, estoy convencido que se busca atemorizar con medidas disciplinarias a los cuadros activos  de la Fuerza Armada Nacional para evitar que surjan las naturales críticas ante la muy grave situación nacional. El general Padrino y los Altos Mandos tienen que entender que es imposible aislar a los cuadros militares de la tragedia que enfrenta nuestro pueblo. El clamor popular  exige un cambio de gobierno. Esa es la razón de la protesta. Nicolás Maduro tuvo distintas oportunidades para tratar de encontrarle solución a la creciente debilidad de su gobierno. Si hubiese aceptado los acuerdos de la mesa de Diálogo, como lo exigió el cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado del Vaticano, estaríamos, en este momento, en plena campaña electoral para gobernadores. Pensar imponer una  Asamblea Nacional Constituyente estamental es un gravísimo error que incrementará el enfrentamiento nacional. Reflexionen. Piensen en su nombre y en su familia.

Caracas, 14 de mayo de 2017.    

   fochoaantich@gmail.com.

IMAGEN SUPERIOR: Cortesía de GENTIUNO 

“La inmoral estrategia de Nicolás Maduro” Por: Fernando Ochoa Antich @FOchoaAntich

“La inmoral estrategia de Nicolás Maduro”

FERNANDO OCHOA ANTICH

Caracas,30 de  abril de 2017.

La estrategia diseñada por Nicolás Maduro para tratar de mantenerse, a toda costa, en el poder, ha devenido en una feroz y criminal represión. La violencia provocada por los organismos de seguridad del Estado y los colectivos armados durante estas últimas semanas en Caracas y en el interior de la República, con sus trágicos resultados, demuestran que la evaluación que se hizo de la situación política venezolana en la inefable Sala Situacional de Miraflores, fue totalmente equivocada. Su primer error fue subestimar la capacidad de recuperación del liderazgo de la oposición democrática. Ciertamente, su prestigio se había debilitado en virtud de los errores cometidos durante las reuniones de la Mesa de Diálogo, pero definitivamente logró reponerse, con gran rapidez, como consecuencia a su valiente actuación en las acciones de protesta y la creciente caída en la popularidad del presidente Maduro y de su gobierno motivado a la tragedia nacional y al intento de golpe de Estado realizado en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia. Las movilizaciones convocadas por la oposición democrática para protestar la violación constitucional  han sido realmente impactantes, no sólo por  la multitudinaria presencia de marchistas sino por su innegable voluntad de lucha y su marcada disciplina en el cumplimiento de las instrucciones dictadas por los dirigentes de los partidos políticos.

         

 Otro aspecto que sorprendió a los planificadores y ejecutores de las acciones represivas del gobierno, ha sido la creciente participación que han mostrado amplios sectores populares en el enfrentamiento a  la agresión de las bandas armadas del oficialismo. Ese monopolio de la violencia, que de manera inconstitucional nos había impuesto el chavismo en estos dieciocho años de desgobierno, ha empezado a debilitarse. También es necesario considerar, en este balance de la estrategia gubernamental,  el fuerte rumor que, desde hace algunos meses, había empezado a circular en la opinión pública sobre un creciente descontento militar. La detención de diez oficiales activos, con funciones de mando en unidades de combate, como el grupo de artillería general José de la Cruz Carrillo, indica que no es verdad que la Fuerza Armada Nacional es “revolucionaria, socialista y fundamentalmente chavista” como repite permanentemente el general Padrino. Al contrario, muestra que la única manera de garantizar la unidad interna de nuestra Institución es manteniendo como norte el respeto a los principios establecidos  en la Constitución Nacional. De no hacerlo, se estaría comprometiendo aún más  la paz de la República.

         

 Tampoco se consideró, en el análisis de la situación política, la posibilidad de que la doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la Republica, pudiese tener una posición contraria al intento de golpe de Estado. De manera sorprendente, declaró con gran firmeza: “Las sentencias 156 y 157 del Tribunal Supremo de Justicia evidencian la existencia de varias violaciones del orden constitucional y un claro desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, produciéndose una ruptura del orden constitucional”. Esa posición la ratifica al rechazar, con mucha fuerza, los actos represivos del régimen: “Yo quiero manifestar que repudio los hechos de violencia, soy una mujer de paz, no puedo tolerar la violencia. Lamento la muerte de 26 venezolanos…También quiero expresar mi más firme rechazo a la violencia como arma de acción política, la política no debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del dialogo y la negociación. Es la confrontación de ideas en el marco de las diferencias que pueden darse en una sociedad como la nuestra”. Esta posición de defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos puede transformarse en una seria amenaza a cualquier nueva acción de parte del régimen madurista que irrespete el Estado de Derecho.

         

 Este análisis nos muestra un gobierno totalmente debilitado, incapaz, en la práctica, de garantizar el normal funcionamiento del Estado y de la sociedad venezolana. Para colmo, el Consejo Permanente de la OEA convocó a una reunión de cancilleres para discutir la real situación que vive nuestro país. En el Consejo Permanente votaron 19 Estados a favor de la reunión contra 10 que se opusieron y 4 abstenciones. El gobierno, en rechazo a esa convocatoria, amenazó con iniciar los trámites para retirar a Venezuela de la OEA. En realidad, esa actitud tendrá muy poco efecto, ya que el señalamiento hecho por nuestra representación, de una posible injerencia en nuestros asuntos internos no ha tenido suficiente fuerza, ya que no puede acusarse a la OEA de una acción de ese orden cuando sólo aplica la Carta Democrática, aceptada y firmada por la propia Venezuela. Otra acción diplomática realizada por Venezuela fue la convocatoria a una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) para discutir el problema de Venezuela. Tengo la impresión que dicha convocatoria tampoco será exitosa debido al rechazo que produce la incontrolable y brutal violación de los derechos humanos para ahogar las justificadas protestas. De todas maneras, si el presidente Maduro aceptara la constitución de un grupo de amigos de Venezuela, en el cual se sintieran realmente  representados el gobierno y la oposición sería un importante paso en la solución de la inmanejable crisis nacional

         

Ante tan difícil situación, Nicolás Maduro ha tratado de reorientar su fracasada estrategia con nuevas acciones que permitan  superar la grave crisis nacional. Hasta este momento no lo ha logrado. Esas acciones buscan cumplir los siguientes objetivos: falsear la realidad a través de fuertes campañas de propaganda para tratar de convencer a los venezolanos y al mundo de que la violencia proviene de grupos armados contratados por “la derecha”; insistir en la invitación a reiniciar un diálogo con la oposición, pero sin cumplir las exigencias planteadas por el cardenal Pietro Parolín; y “convocar unilateralmente” a una Asamblea Nacional Constituyente para imponer “las condiciones de su convocatoria y elección”. La respuesta de la oposición debería ser: rechazar tan obsceno intento de manipulación y demostrar la verdad de los hechos ocurridos; no iniciar el diálogo si no es acompañado por el cumplimiento de las exigencias hechas por la Santa Sede; exigir la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, y la realización de elecciones parlamentarias en el estado Amazonas y regionales de gobernadores y de alcaldes antes de aceptar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual sólo debe apoyarse  si ella surge de un acuerdo político entre las fracciones de los partidos democráticos y del PSUV en la Asamblea Nacional. 

fochoaantich@gmail.com 

Caracas, 30 de abril de 2017.

REMISIÓN: Fernando Ochoa Antich

FUENTE: El Columnero 

“La amenaza de Maduro” Por Fernando Ochoa Antich

“La amenaza de Maduro” 

Por: Fernando Ochoa Antich

  Caracas, 23 de abril de 2017

La reciente declaración de Nicolás Maduro, en el acto protocolar organizado para celebrar el séptimo año de la creación de la Milicia Bolivariana, constituyó una inaceptable amenaza en contra del destino de Venezuela y el de su Fuerza Armada Nacional. Atreverse a afirmar que “si algún día ustedes amanecen con la noticia de que la ultraderecha  ha pretendido imponer alguna forma de golpe de Estado, salgan a la calle, como el 13 de abril, a tomar el poder total de la República”, agregando de manera irresponsable que “está decidido a incrementar en 500.000 los efectivos de la Milicia Bolivariana, entregándole un fusil a cada miliciano, para que defiendan su barrio, su estado, las costas, los ríos, las selva y las ciudades, de la agresión imperialista”. Estas graves afirmaciones no pueden tomarse como una declaración más de las tantas que Nicolás Maduro da con gran frecuencia. Exigen de un detallado análisis para determinar su verdadero sentido y objetivo político.

          El primer aspecto a considerar es que esa declaración la emitió, en medio de un gran temor, dos días antes de que se realizara una abrumadora demostración de los sectores democráticos en rechazo al contenido de las sentencias 156 y 157 del Tribunal Supremo de Justicia que en palabras de la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, “evidencian la existencia de varias violaciones del orden constitucional y un claro desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, produciéndose una ruptura del orden constitucional”. Nicolás Maduro, al aceptar y apoyar el contenido de dichas sentencias, comprometió, aun más, la legitimidad de su gobierno. Ante esta realidad, los ciudadanos y las propias Instituciones del Estado, de acuerdo al contenido del artículo 333 constitucional, tienen la obligación moral y legal de desconocer los actos de ese gobierno. Una de esas instituciones es la Fuerza Armada Nacional. Precisamente, fue esa misma Institución, la que cuestionó la forma en que Hugo Chávez provocó la crisis política y la protesta nacional del 11 de abril de 2002 y la manera como quiso reprimirla.

        ¿Qué quiso decir Nicolás Maduro al invitar a la Milicia Bolivariana, de manera particular, a salir a la calle, como el 13 de abril, a tomar el poder total de la República?  ¿Qué significa anunciar el fortalecimiento de la Milicia Bolivariana al incrementar sus efectivos en 500.000 milicianos, dotarla con fusiles modernos y aceptar públicamente que están al servicio del PSUV? Curiosamente, esta irresponsable  declaración ocurre en medio de fuertes rumores de un creciente descontento en los cuadros activos del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, la detención del vicealmirante ® Pedro Pérez Rodríguez, del general de brigada ® Ángel Vivas Perdomo y de los primeros tenientes, en situación de actividad, José Ángel Rodríguez A., Ronal Ojeda M., Osman García V., Marcos Antonio Briceño C., Daniel González B., Rafael Arreaza S., Carlos Terán L., Eliecer Vásquez G., David Vásquez R. y Luis Eduardo Berbesi M., todos pertenecientes a  unidades de combate, y el sorprendente mensaje público de los  primeros tenientes Alfredo Rodríguez C y José Méndez S., pertenecientes al 145 grupo de artillería General José de la Cruz Carrillo y Ángel Mogollón M., instructor de la Escuela de operaciones especiales.

La inaceptable y peligrosa arenga del presidente Maduro debe ser aclarada, a la brevedad posible. No hacerlo incrementaría aún más las tensiones políticas existentes ya que de continuar dándose las condiciones necesarias para que el presidente Maduro abandone la presidencia de la República por su permanente irrespeto a la Constitución Nacional,  él y su camarilla considerarían esa circunstancia como un “golpe de la derecha”, procediendo a utilizar las milicias y  las bandas armadas en contra de las unidades de la Fuerza Armada regular, que tendrían que hacer respetar el mandato constitucional. Ese lamentable enfrentamiento podría ser el preámbulo de una guerra civil. Los venezolanos no podemos aceptar que nuestro destino como sociedad y como país sea irresponsablemente comprometido por las ambiciones desmedidas de Nicolás Maduro y su camarilla. La Fuerza Armada Nacional tampoco puede continuar siendo escarnecida y despreciada por respaldar a un gobierno que se ha deslegitimado totalmente en medio de la tragedia que vive nuestro pueblo. El general Padrino y el Alto Mando deben reflexionar con serenidad sobre el contenido del mensaje hecho público por los oficiales mencionados. No entender que lo expresado por ellos puede ser, en este momento, lo que sienten la mayoría de los integrantes de nuestra Institución es un gravísimo error. 

La Fuerza Armada tiene el deber de ser un factor fundamental en la búsqueda de una solución que permita superar la tragedia que vivimos. Es verdad que quienes han tenido la responsabilidad de conducirla han cometido gravísimos errores al incumplir el contenido del artículo 328 constitucional y parcializarse a favor de la ideología política de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y del PSUV, debilitando su prestigio, credibilidad y autoridad moral ante los venezolanos.  Sin embargo, estoy seguro que la sociedad acogería con beneplácito una rectificación de esa reprobable conducta. Lo único que se les ha exigido permanentemente ha sido el estricto cumplimiento de lo pautado en ese artículo 328 constitucional. Esa posición, le daría a la Fuerza Armada, la suficiente autoridad moral para influir como factor de equilibrio en una negociación que conduzca a dar cabal cumplimiento a lo exigido por el Estado Vaticano, a través de la carta del Cardenal Pietro Parolín. De lo contrario, insistir en mantener un comportamiento político partidista, alejado de su papel constitucional, solo contribuiría  a un mayor rechazo de la sociedad y a un destino incierto para nuestra  Institución. 

Estimados compañeros de armas: ustedes no pueden permitir la criminal arremetida  de las bandas armadas del gobierno en contra de un  pueblo inerme. Lo ocurrido esta semana en El Valle es inaceptable. Tampoco, es posible aceptar que  la Fuerza Armada Nacional continúe siendo utilizada como un instrumento de coerción y represión del gobierno  de Nicolás Maduro que sólo busca amenazar a los venezolanos para  satisfacer sus desmedidas ambiciones de poder y sus constantes abusos y atropellos. Los venezolanos siguen esperando una verdadera rectificación institucional. Estoy seguro, que si la Fuerza Armada Nacional lo lograra, recuperaría plenamente su prestigio nacional e internacional. Reflexionen, piensen en Venezuela, y verán que este es el camino.

Fernando Ochoa A.  @FOchoaAntich

¡Basta de represión! Por: Fernando Ochoa Antich. Opinión. Política. Venezuela.

¡Basta de represión!

Fernando Ochoa Antich

         La grave crisis institucional provocada por Nicolás Maduro y el obsecuente Tribunal Supremo de Justicia, derivada de la ruptura del orden constitucional, nos ha conducido a dos semanas de manifestaciones y deplorables hechos de violencia. En verdad, esos hechos han sido siempre provocados por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y otros cuerpos de Seguridad del Estado, los cuales arbitraria y sistemáticamente, han impedido, mediante el uso indebido de la fuerza y la violación permanente de los derechos humanos de los manifestantes, el acceso de las manifestaciones pacíficas, convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática, al municipio “Libertador” para presentar sus quejas ante las instituciones del Estado. La evidencia audiovisual de esa violencia ha sido difundida mundialmente, causando preocupación a Nicolás Maduro y a su camarilla. La razón de tal preocupación, no es por la violación de esos derechos, sino por la necesidad que tiene el gobierno nacional de obtener 2,3 millardos de dólares, en préstamo, para cancelar obligaciones de la deuda externa, antes del 12 de abril y el efecto negativo que produce esa conducta represiva en la opinión pública internacional, además del riesgo que surge para cualquier prestamista facilitar esa cantidad sin la debida aprobación  de la Asamblea Nacional,

         Tan difícil situación, agravada por la declaración de la doctora Luisa Ortega Díaz, condujo recientemente a Nicolás Maduro, a insistir en el planteamiento de un nuevo diálogo entre el gobierno nacional y la Mesa de la Unidad Democrática y a afirmar, en una posición sorprendente, que el PSUV estaba presto para competir en las elecciones de gobernadores con la seguridad que derrotaría a los partidos democráticos. Esta nueva estratagema, ante el abrumador desprestigio internacional de su gobierno, tiene como fin: mejorar su imagen internacional, al presentar a la Mesa de la Unidad Democrática como un grupo de radicales que no acepta negociar y que busca una solución violenta de la crisis venezolana. De esta manera, mejoraría su imagen, permitiéndole algún respiro financiero. Pienso que la MUD no debe caer en esa nueva celada. La única respuesta a su propuesta es la exigencia del cumplimiento previo de los puntos establecidos por monseñor Pietro Parolín, secretario de Estado de la Santa Sede, en su carta remitida a Nicolás Maduro, el pasado mes de diciembre de 2016. Pero además, en vista de los recientes acontecimientos y los anteriores hechos de violencia, creo que se debe plantear la creación de una seria e imparcial comisión de la verdad, integrada por personas de reconocido prestigio internacional, expertos en la materia de derechos humanos para que, definitivamente, se investiguen y establezcan responsabilidades, por todos los atropellos que ha sufrido la sociedad venezolana, como consecuencia de sus convicciones políticas. Una sociedad civilizada, no puede permitir que esos atropellos queden impunes.

         Es igualmente inaceptable que Nicolás Maduro y su cada día más ineficiente e inoperativa sala situacional, pretendan distraer nuestra atención de los verdaderos problemas, con el cuento de la invasión imperial o con la tesis de la injerencia de la OEA en nuestros asuntos internos sólo por plantear la aplicación de la Carta Democrática Latinoamericana. Además, pareciera que la Guerra Fría ha vuelto a comenzar. El bombardeo de la base aérea Siria por los Estados Unidos, como consecuencia del uso por el gobierno de Bashar al-Ássad de armas químicas contra la población civil, es una de varias y recientes manifestaciones surgidas en el campo internacional. Justamente, la riesgosa decisión tomada por Nicolás Maduro de respaldar a Siria y a la Unión Soviética en dicha crisis, compromete seria e innecesariamente intereses vitales de Venezuela. Es inexplicable que un Jefe de Estado tome a la ligera una decisión tan delicada. Se quiera o no, los Estados Unidos es uno de nuestros principales mercados petroleros, sólo superado por China, con la diferencia  que el petróleo que envía Venezuela a ese país va exclusivamente dirigido a cancelar importantes deudas adquiridas, irresponsablemente, por Hugo Chávez durante nuestro último esplendor petrolero.  Es inexplicable que Nicolás Maduro no entienda la gravedad de lo que está ocurriendo y mantenga tan absurda política internacional.

         Ante todo lo planteado, creo oportuno y necesario, referirme nuevamente al papel de la Fuerza Armada Nacional. Lamentablemente, los ministros de la Defensa y la mayoría de los Altos Mandos de estos dieciocho años de desgobierno, desvirtuaron el cometido constitucional de la Institución Armada. Una inaceptable ruptura de la  ética militar y un inconveniente  oportunismo,  los ha conducido a afirmar públicamente que nuestra Institución es “chavista, revolucionaria y socialista”, más el uso de un sinnúmero de frases, muñecos y afiches, los cuales, estoy seguro,  avergüenzan a todo militar que tenga un  mínimo de sentido profesional, ha comprometido totalmente su capacidad de influir, leal y oportunamente, a favor del destino de Venezuela. Una Fuerza Armada, orientada como corresponde a cumplir cabalmente sus deberes constitucionales, hubiese buscado convencer a Nicolás Maduro, para mencionar solo los casos más recientes, que era un grave error apoyar en el conflicto sirio al gobierno sunita de Bashar al-Ássad, ya que esa posición comprometía la necesaria imparcialidad de Venezuela y nuestros intereses nacionales. Tampoco hubiera aceptado la ruptura del orden constitucional ejecutado en el momento en que el Tribunal Supremo de Justicia dictó las sentencias 155 y 156 y Nicolás Maduro aceptó y respaldó su contenido. Mucho menos hubiese permitido que la Guardia Nacional y la Policía Nacional se transformaran en cuerpos represores de la población civil al mejor estilo de la Gestapo hitleriana y la KGV estalinista o de las organizaciones policiales y de inteligencia militar de las sanguinarias dictaduras latinoamericanas, solo para satisfacer el ego revolucionario de la camarilla gobernante, al mantener al municipio Libertador, como zona de su exclusiva y única propiedad.

Es verdad, como dice el general Padrino, que nuestra constitución autoriza plenamente las manifestaciones pacíficas. Todas las marchas de la oposición se han iniciado de esa manera, pero la injustificada y violenta  agresión de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional han generando violentos disturbios, con graves violaciones de los derechos humanos. Es más, la última agresión ocurrió, sin que la manifestación opositora se moviera de su sitio de concentración. General Padrino, usted conoce mejor que yo los detalles de esos hechos y los responsables, como también ha estudiado la normativa internacional en materia de derechos humanos. Los venezolanos esperamos de usted, que se tomen las acciones legales y disciplinarias que corresponden. Cumpla con su deber. No permita que más ciudadanos pierdan su vida o su libertad al ser injustamente agredidos al asistir a manifestaciones convocadas por la oposición democrática. ¡Basta de represión!  Piense en Venezuela y en el destino de la Fuerza Armada Nacional.

Caracas, 16 de abril de 2017.

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Los militares y la ruptura del orden constitucional. Por: Fernando Ochoa Antich

Los militares y la ruptura del orden constitucional

Fernando Ochoa Antich

La terminante declaración de la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, sobre las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al expresar que:  “evidencian  la existencia de varias  violaciones del orden constitucional y un claro desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, produciéndose una ruptura del orden constitucional”, constituye la corroboración de las denuncias de la inmensa mayoría de los venezolanos, por la contumacia de la conducta fraudulenta y violatoria de la Constitución y de todo el ordenamiento legal vigente, por parte de Nicolás Maduro, su gobierno y los poderes del Estado sumisos a sus designios. Esta conducta se ha agravado aún más, con el desconocimiento por Nicolás Maduro de la voluntad popular manifestada en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, la cual le concedió a la oposición democrática una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, cuando en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia, ha pretendido anular sus facultades constitucionales. 

La ruptura del orden constitucional, que en pocas palabras, es un golpe de Estado, no sólo ocurre en este caso por el contenido de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, sino por la reiterada arbitrariedad ejercida por el propio presidente de la República durante su mandato, ignorando el respeto a la debida división de los poderes, al, por ejemplo, gobernar por decreto, firmar convenios internacionales sin la debida autorización, suspender elecciones indefinidamente, ordenar detenciones de adversarios políticos, violando el Estado de Derecho y un largo etc. Para colmo de males, el presidente, una vez más, pretendió restarle importancia al grave delito cometido por los magistrados de la Sala Constitucional, arrogándose la facultad de calificar el pronunciamiento de la Fiscal General, como un mero impasse entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, que él mismo resolvería con un exhorto del Consejo de Defensa Nacional, con lo cual incurrió nuevamente en irrespeto a la división de poderes. Justamente, esa fue, entre otras, la causa que originó la resolución del Consejo Permanente de la OEA que manifestó “su profunda preocupación por la grave alteración del orden democrático” ocurrida en Venezuela. El mismo criterio orientó la resolución de Mercosur que “teniendo en cuenta la ruptura del orden democrático en Venezuela” exhortó a su gobierno a respetar el cronograma electoral…restablecer la separación de los poderes, garantizar los derechos humanos…y liberar a los presos políticos”. 

Imponer esa orientación antidemocrática ha sido siempre el objetivo fundamental del chavismo. Hugo Chávez trató de hacerlo mediante una reforma constitucional en el año 2007, modificando aspectos fundamentales de la Constitución de 1999. Al ser rechazada por el pueblo, en referendo aprobatorio, tomó la arbitraria decisión de establecer fácticamente su visión ideológica. Hay dos aspectos de suma importancia en esa reforma que, aunque no logró imponer, permiten entender las actuales posiciones antidemocráticas de Nicolás Maduro y de Vladimir Padrino López. Ellos son las reformas propuestas de los artículos 136 y 328 En el primero de ellos se planteaba que “el pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población. El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades”. La reforma del artículo 328 mantenía que “La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista organizado por el Estado para garantizar la soberanía e independencia de la Nación…En el cumplimiento de su función estará siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus intereses y en ningún caso al de oligarquía o poder imperial extranjero”. 

Estas visiones antidemocráticas, fueron permanentemente expresadas por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro en cada una de sus intervenciones y acciones. Las elecciones universales, directas y secretas, logradas por los venezolanos después de una heroica lucha a través de nuestra historia, no tienen para Nicolás Maduro ninguna trascendencia. Su objetivo es controlar el poder mediante la consolidación del poder comunal, el cual se originará en elecciones de mano alzada en las diferentes comunas, para posteriormente elegir a los demás poderes en elecciones de segundo, tercer y cuarto grado. En definitiva, no habrá más democracia ni libertad en Venezuela. El caso de la reforma militar también tiene graves y delicadas consecuencias. El artículo 328 constitucional establece que “la Fuerza Armada constituye una institución profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación…En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Afirmar, como lo hace permanentemente el general Padrino y el Alto Mando que “la Fuerza Armada es chavista, revolucionaria y socialista” compromete uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución: el pluralismo democrático, y conduce a Venezuela hacia una dictadura de partido único.

Freddy Bernal, viejo pero ineficiente conspirador, declaró el 4 de abril que “están tocando a militares para dar un golpe”. Ese mismo día corrió el rumor de la detención de Roberto Enríquez, presidente de COPEI y de Eduardo Vethencourt, dirigente de esa tolda política. También se hizo pública la detención de un capitán del Ejército y un número no determinado de oficiales de esa fuerza.  Lógicamente, no puedo conocer si en realidad existe una conspiración en marcha, pero de lo que sí estoy seguro es del creciente descontento en los cuadros activos de la Fuerza Armada Nacional. El proceso inflacionario que está viviendo Venezuela, como consecuencia de la desastrosa y corrupta gestión económica del chavismo, está golpeando a la familia venezolana de una manera inmanejable. Imagínese, un capitán con dos hijos en edad escolar y una sola fuente de ingresos. No hay sueldo, ni incremento de éste que resista esa situación. De igual manera, el problema de la alimentación sobrepasa el ámbito familiar. El hambre ha empezado a rondar los cuarteles. La prensa nacional informó que en una reunión con el general Padrino, los comandantes de REDI y de SODI informaron de una delicada situación presupuestaria en todas las unidades militares que los obligaba a enviar a sus soldados a almorzar a sus casas, interrumpiendo el entrenamiento.

Además, este creciente descontento en los cuadros activos no sólo surge como consecuencia de dificultades socioeconómicas. También se origina en fundamentadas razones profesionales. Sólo voy a enumerar algunas que conozco, las cuales estoy seguro hieren profundamente el espíritu militar. Recientemente, fue ascendido un coronel al grado de general de brigada sin haber cumplido el tiempo mínimo de servicio en su grado. Peor aún, fue ascendido un mayor al grado de general de brigada, sin haber ostentado los grados previos, solo por el “mérito” de haberse insurreccionado el 4 de Febrero y desempeñar por varios años la jefatura de la escolta civil de Hugo Chávez. La proliferación de fuentes de oficiales de escaso nivel profesional y académico que competirán con sus pares egresados de los institutos tradicionales de formación en igualdad de condiciones. Haber convertido a la Institución Armada en objeto de burla, en virtud de su empleo en tareas completamente ajenas a sus funciones constitucionales. Recibir los cuadros activos de nuestra organización el rechazo y el escarnio público, al haber sido convertida nuestra organización  en un cuerpo  represivo, en particular la Guardia Nacional, para impedir las protestas ciudadanas en contra de las arbitrariedades y atropellos del gobierno. La existencia de graves denuncias que involucran a miembros activos y de alta graduación con el crimen organizado, sin aclarar, de manera convincente,  la falsedad de esas acusaciones  o se haya realizado alguna investigación suficientemente transparente con la respectiva medida correctiva. La misteriosa desaparición del helicóptero MI17V5 en el Amazonas, con sus tripulantes y pasajeros, sin que haya habido una respuesta convincente de los Altos Mandos a los miembros de nuestra Institución y a la opinión pública. Por último, el bochornoso incidente ocurrido en el sitio Los Pájaros, territorio venezolano según mantuvo el general Padrino López, al ser obligada una unidad militar venezolana, por las Fuerzas Armadas de Colombia a desalojar dicha área. Ahora, en medio de este creciente descontento en los cuadros militares, y de la espantosa crisis que vive Venezuela, se le presenta a la Fuerza Armada Nacional el reto de contribuir al restablecimiento del orden constitucional. No está de más recordar que la Institución Armada tiene la obligación, como todas las demás instituciones del Estado, de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Cumplan su deber.

Caracas, 9 de abril de 2017.

fochoaantich@gmail.com.

Del orgullo del Caldas a la vergüenza de Arauquita. Por: Fernando Ochoa Antich @FOchoaAntich

Del orgullo del Caldas a la vergüenza de Arauquita

Fernando Ochoa Antich

         El misterio y el secreto parecen ser las principales características de la política militar del régimen madurista. La desaparición del helicóptero MI17V5 del Ejército, ocurrida el 30 de diciembre de 2016, durante una rutinaria misión de transporte de personal y abastecimiento con destino a la estación de seguridad territorial “Delgado Chalbaud” en el estado Amazonas y las causas que la originaron, permanece en el más absoluto e inexplicable silencio. Han transcurrido noventa días, sin que el ministerio de la Defensa ni el comando del Ejército les hayan dado a los familiares de los tripulantes y pasajeros una respuesta suficientemente transparente y creíble. Tampoco lo han hecho con la opinión pública  Es tiempo que lo hagan. El secreto militar no justifica esa actitud. Ahora, un nuevo hecho impacta negativamente el sentimiento patriótico de los venezolanos. Un número aproximado de sesenta efectivos militares venezolanos, comandados por un coronel, según informaciones de prensa, instalaron un campamento e izaron nuestra bandera, supuestamente en territorio venezolano, y fueron obligados por un fuerte contingente militar colombiano a desmontarlo y retirarse del área. El hecho, celebrado por la prensa colombiana, exige una inmediata investigación de lo ocurrido. El honor de Venezuela así lo exige.

Voy a tratar de resumir los hechos. Tomaré como fuente los medios de comunicación venezolanos y colombianos. El lunes 21 de marzo, una compañía del Ejército de Venezuela se desplazó hacia un área conocida como “Los Pájaros”, con la finalidad de establecer un campamento para realizar ejercicios militares. De inmediato, se izó la bandera nacional. El martes 22 de marzo, un grupo de lugareños se dieron cuenta de la presencia de los efectivos militares venezolanos. De inmediato le informaron dicha situación al alcalde encargado de Arauquita, quien se trasladó hacia el sitio conocido como “Los Pájaros” para comunicarle al coronel comandante de los efectivos militares venezolanos que se encontraba en territorio colombiano. Dicho coronel le respondió que ese territorio era venezolano. El miércoles 23 de marzo, fue conocida la noticia en Bogotá. La canciller, María Ángela Holguín, y el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, se comunicaron con sus pares venezolanos, Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López. Su respuesta fue que los soldados venezolanos se encontraban en nuestro territorio. Ante la duda, se decidió enviar sendas comisiones para verificar el límite sobre el propio terreno.

La revista “Semana” de Bogotá reseña un conjunto de hechos que causan gran preocupación y por qué no decirlo, vergüenza: “Ese mismo día el presidente Santos empezó a combinar dos estrategias, la diplomática y la militar. Hizo varias llamadas a países amigos y a UNASUR, para ponerlos sobre aviso de la situación. Al mismo tiempo, 400 soldados adscritos a la brigada 18 se movilizaron hacia la región, varios aviones hicieron sobrevuelos y otras unidades realizaron maniobras de inteligencia”. Los funcionarios colombianos llegaron por tierra en medio de una fuerte lluvia; los venezolanos se movilizaron en helicóptero y no pudieron aterrizar. “El presidente Santos, seguro como estaba, que los efectivos militares venezolanos se encontraban en territorio colombiano, se decidió llamar al presidente Maduro, luego de un concienzudo análisis diplomático y militar. En pocas palabras le exigió retirar de inmediato sus tropas. La idea del gobierno venezolano era que comisiones de ambos países se sentaran a verificar la situación de límites. Pero Santos dijo que no habría ningún tipo de reunión hasta que los soldados venezolanos no salieran de allí. Debían salir ese mismo día o quedarían, se infería en su tono, agotadas las vías diplomáticas”.

         “El presidente Maduro trató de reclamarle al presidente Santos su posición en la OEA. Su respuesta fue terminante: el único tema que trataremos en esta conversación es la salida de los soldados. Después de conversar cerca de veinte minutos, el presidente Maduro ofreció retirar del sitio “Los Pájaros”, a los soldados venezolanos”. Horas después, los efectivos militares venezolanos se retiraron Veamos las reacciones oficiales venezolanas. El comunicado de la cancillería explica: “Sobre la zona ubicada en el río Arauca, susceptible de alteraciones por cambios climatológicos, cuando se han presentado discusiones derivadas de las mismas, se activa una comisión técnico diplomática de ambos países, para que diluciden las coordenadas sobre los límites previamente establecidos”. Las declaraciones del general Vladimir Padrino López sostienen que “la Fuerza Armada Nacional está segura de que el campamento que estaba en el sector “Los Pájaros” se encontraba en territorio venezolano. No nos hemos retirado. Lo que hemos hecho fue desplazarnos más a lo interno para facilitar el diálogo político y permitir que los equipos técnicos diplomáticos hagan el trabajo y podamos nosotros esclarecer cuáles son las delimitaciones correctas e históricas entre Venezuela y Colombia”.

         En verdad, la decisión del presidente Maduro es incomprensible e inaceptable. Si había duda sobre la ubicación del campamento era necesario resolverlas a través de las comisiones técnicas que habían sido designadas. Debió esperarse la decisión que tomarían dichas comisiones para retirar nuestros efectivos u ordenar su permanencia en dicho sitio. Este hecho es aún más grave si se acepta como cierta la posición del general Padrino de que “Los Pájaros” se encuentra en territorio venezolano. Si es así, entonces Nicolás Maduro aceptó que tropas colombianas no solo obligaran a nuestros efectivos a desalojar el área, sino que además ocuparan territorio venezolano. Lo más vergonzoso, es que el presidente de Venezuela aceptó, sin ninguna razón, un ultimátum del presidente de Colombia. Cómo se puede explicar un hecho tan bochornoso. Sólo es posible hacerlo por dos delicadas razones: la primera, el muy grave aislamiento internacional que enfrenta Venezuela por la absurda política exterior de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La segunda, es aún más grave. General Padrino, le pregunto: ¿Es que la Fuerza Armada Nacional no está en condiciones de enfrentar una pequeña crisis internacional como la que acaba de ocurrir? ¿Tiene razón Colombia y usted se prestó para generar un innecesario incidente fronterizo, con el objeto de desviar la atención de la tragedia interna que sufren los venezolanos? ¿Es así como la Fuerza Armada Nacional va a defender la integridad de nuestro territorio?

Usted ya era oficial cuando ocurrió la grave crisis del Caldas. Las Fuerzas Armadas Nacionales, como a usted le consta, estuvieron a la altura de sus responsabilidades, gracias al profesionalismo y el apresto operacional que ostentaban. La firme respuesta, tanto desde el punto de vista diplomático como militar, ante la aviesa intención de Colombia, fue la causa para que el presidente Virgilio Barco aceptara el ultimátum venezolano y retirara las fragatas del Golfo de Venezuela. Esa es la razón para el título de este artículo. Lo que los venezolanos deseamos es una Fuerza Armada capaz de evitarnos otra vergüenza como la crisis de “Los Pájaros”, no un instrumento represor en contra de los mismos venezolanos. Le pido una vez más  a usted y a los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional que reflexionen sobre este asunto.  Así lo espero. Ustedes también tienen que entender que la actual situación que enfrenta Venezuela es de una inmensa gravedad. Nicolás Maduro ha decidido dar un golpe de Estado, desconociendo a la Asamblea Nacional y a la voluntad popular, expresada en elecciones libres el 6 de diciembre de 2015. La Fuerza Armada Nacional no merece ser utilizada en un hecho tan vergonzoso. La historia siempre castiga con un  severo juicio a los regímenes que tiranizan a sus pueblos. No permitan que los utilicen. Ustedes tienen familia e hijos.  Ellos mismos les recriminarán su actuación el día de mañana, si ustedes permiten que se viole la Constitución Nacional.  Recuerden su juramento de soldado: “Defender la Patria y sus instituciones hasta perder la vida”.

Caracas, 2 de abril de2017

fochoaantich@gmail.com

La destrucción del profesionalismo militar. Por: Fernando Ochoa Antich @FOchoaAntich

 

La destrucción del profesionalismo militar

 

Fernando Ochoa Antich.

 Ver el deplorable espectáculo de la caravana cívico-militar, organizada por el PSUV, como parte de los actos para conmemorar el cuarto aniversario de la muerte de Hugo Chávez, en la cual miembros de la Fuerza Armada Nacional saludaban con el puño cerrado, al estilo tradicional de los movimientos comunistas y de la izquierda revolucionaria, nos debe generar, no solo un profundo rechazo, sino también gran preocupación. Además, es absolutamente inaceptable que el presidente de la República, el ministro de la Defensa y los altos mandos hayan facilitado, una vez más,  el patio de honor de la Academia Militar, para, con presencia de efectivos militares y como continuación de dichos actos, se realizara una concentración de corte absolutamente proselitista, organizada por el PSUV, pretendiendo presentar ante los venezolanos una fuerza que no tiene, y simbólicamente demostrar que la Institución Armada está al servicio de ese partido político.  Afortunadamente, ese objetivo no fue alcanzado, ya que los medios de opinión independientes e internacionales reseñaron que en esa concentración sólo hubo algunos cientos de militantes y una presencia militar muy limitada. En todo caso, se pretendió, también una vez más, comprometer la obligatoria imparcialidad política de la Fuerza Armada Nacional.

        

Ante esta recurrente y flagrante conducta, violatoria del contenido de los artículos 328, 330 y 331 de la Constitución Nacional, del régimen chavista, durante estos dieciocho años, considero importante resaltar el significado que tiene el profesionalismo militar como elemento fundamental del cabal desempeño de una organización armada al servicio de un Estado y una sociedad.  Los valores morales y éticos de un profesional militar al servicio de una Nación deberán estar representados por un inquebrantable respeto y acatamiento a la Constitución. Su personalidad debe caracterizarse  por la inteligencia, el valor personal, la firmeza de carácter, la lealtad, la honestidad, el compañerismo, la educación, el conocimiento técnico de la profesión y muchos otros que deben convertirlo en un líder militar de reconocida autoridad moral, que ejerza el mando a través del ejemplo y el ascendiente sobre sus subalternos. En consecuencia, una organización militar conducida por profesionales de esas características, debe estar al servicio de todos los ciudadanos, en el marco constitucional y jurídico, sin otras limitaciones que las establecidas por la misma Carta Magna y demás leyes de la República. Sin embargo, ha sido precisamente en ese aspecto, donde de manera aviesa incidió Chávez y lo siguen haciendo sus seguidores, con la lamentable colaboración de muchos jefes militares, para destruir el indispensable profesionalismo militar.

 Venezuela adolece de una gravísima crisis en todos los órdenes de la vida nacional, cuyas expresiones huelga mencionar, porque son suficientemente conocidas y sufridas diariamente por todos los ciudadanos. Por ello, y ante la tozudez de Nicolás Maduro y su gobierno, es necesario encontrarle salidas constitucionales y pacíficas a esta asfixiante situación.  En mi anterior artículo, señalé tres posibles escenarios ante los que podríamos encontrarnos, como respuesta a esta tragedia: “Una rebelión militar de algún sector de la Fuerza Armada, cercana ideológicamente al socialismo del Siglo XXI”…; “Un incontrolable estallido de violencia”…; “La renuncia de Maduro, en medio de una creciente  e inmanejable crisis económica, agravada por la declaración  de Venezuela en default”…En caso de ocurrir cualquiera de  ellos, u otro de mayor o menor gravedad, tendrá que intervenir activamente la Fuerza Armada Nacional.

La razón de ser de la Institución Armada es garantizar la independencia y soberanía de la Nación y la paz de la República.  Por ello, me surgen unas preguntas que me gustaría que el general Vladimir Padrino López y el Alto Mando Militar respondieran responsablemente a los venezolanos: ¿Existe en la Fuerza Armada Nacional el requerido espíritu de cuerpo y unidad de sus integrantes, que garantice su idoneidad para enfrentar una crisis de esa magnitud?; ¿Su apresto operacional se encuentra en los parámetros requeridos para garantizar su operatividad?¿Es tan aguda la escasez de alimentos y medicinas en las unidades militares que se requiere enviar  francos de servicio a  sus efectivos a  sus casas? ¿Cuándo le dará una respuesta convincente y seria a los familiares, al personal militar y a Venezuela sobre el desaparecido por ya más de dos meses, del helicóptero MI17V5 del Ejército y sus pasajeros y tripulantes? ¿Es verdad, como afirma el gobernador Liborio Guarulla, que en el Estado Amazonas se encuentran 4.000 guerrilleros de las FARC y del ELN?

       

El caso del helicóptero MI17V5 es realmente difícil de aceptar: el tiempo pasa,  el helicóptero con tripulantes y pasajeros  no aparece y el ministerio de la Defensa guarda absoluto silencio. Ante esta absurda situación empiezan a circular rumores de todo orden.  Fundamentalmente, han surgido tres hipótesis: el helicóptero fue secuestrado en el momento  de despegar del aeropuerto de Puerto Ayacucho por un grupo armado perteneciente a las FARC, el cual lo condujo a territorio colombiano; el helicóptero transportaba un material ilegal y al ir a entregarlo,  en territorio colombiano, lo retuvieron como elemento de negociación entre un destacamento de la FARC y la Fuerza Armada Nacional; el helicóptero sufrió un accidente en donde perdieron la vida tripulantes y pasajeros al alejarse  de la ruta establecida. Lo inexplicable es el absoluto silencio del ministerio de la Defensa. Esa injustificable actuación compromete gravemente el prestigio de nuestra Institución. Lo que más me preocupa es la certeza que tengo de que existe intencionalidad política de continuar destruyendo el prestigio profesional e institucional de nuestra organización,  para evitar cualquier actuación de la Fuerza Armada a favor de la crisis nacional, si esta llegara a hacerse inmanejable.

Caracas, 16 de marzo de 2017.

fochoaantich@gmail.com

 

@FOchoaAntich