DELITO, ¿CUANDO SERÁN JUZGADOS LOS JUECES Y FISCALES POR
INCITACIÓN A DELINQUIR?
Estimados compatriotas y
combatientes que conformamos el Frente de Resistencia contra la Delincuencia de Cuello Blanco y
Franela Roja. Seguimos intentando desenmascarar
la red de jueces que favorecieron a personas acusadas de delitos que van desde narcotráfico, asesinatos y todo
tipo de delitos, tras recibir pagos ilegales.
Estas denuncias han sido
reiteradamente enviadas a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del TSJ. Un antiguo
camarada me remite un extracto de algunas de las múltiples señalamientos de
jueces del estado Lara, que han sido denunciados con pruebas, se su actuación
irregular y “complaciente”, en el otorgando medidas de libertad o de casa por
cárcel a peligrosos narcotraficantes.
El informe, inédito hasta ahora,
cubre una indagación realizada entre los años 2000 y 2005, por la Dirección
General de Seguridad del TSJ, a cargo de un oficial de inteligencia de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y revela nombres y apellidos de jueces cuya
actuación fue cuestionada y sometida a investigaciones disciplinarias.
El reporte indica que entre los
años 2000 y 2005, “el estado Lara se había convertido en el paraíso de la
impunidad para los narcotraficantes, secuestradores y corruptos”, debido al
inusual número de sobreseimientos, libertades plenas y condicionadas a través
de medidas cautelares, que se tomaron en tribunales de ese estado.
El reporte hace una detallada
relación de las “mafias tribunalicias” que controlan el sistema judicial en el
estado Lara, donde en un mismo tribunal trabajan hermanos, sobrinos, cuñados y
otros familiares del juez titular, en un abierto nepotismo que atenta contra
las leyes.
A continuación los extractos más
importantes del informe dedicado a los tribunales en el estado Lara. Así mismo,
se prepara una entrega sobre sentencias preparadas por magistrados en acuerdo
con fiscales del Ministerio Publico para condenar o extorsionar a algunas
personas a las que se les seguía juicio. Muchos de los nombres que serán
revelados corresponden a personas que viven en el exterior y ex magistrados que
disfrutan de una relativa posición social y publica y continúan ejerciendo
impunemente su profesión como abogados.
•“En el año 2000, la Corte de
Apelaciones del Estado Lara devuelve bienes confiscados y da la libertad a un
narcotraficante, a quien se le incautan doce kilos de heroína líquida, en un
procedimiento que era seguido desde San Cristóbal y es realizado en el Estado
Lara, donde los tres jueces que conformaban la Corte de Apelaciones para ese
momento, producen la decisión que complace una vez más al narcotráfico”.
•En el año 2002, el juez José
Vicente Sandoval, ex presidente de la Corte de Apelaciones, otorgó la libertad
a una persona que era su compadre y había sido su cliente en el Estado Cojedes,
quien estaba siendo juzgado por el delito de homicidio calificado, un episodio
conocido como el caso Ecarri. El caso era conocido por la existencia de un
video donde observa al homicida acciona el arma en una manga de coleo y fue
transmitido en las televisoras nacionales. Este procesado se mantuvo desde ese
entonces en libertad, con una medida cautelar hasta principios del 2006, cuando
violó el beneficio y le fue revocado.
•En el año 2003, la jueza Belinda
Alvarado otorga una medida cautelar a dos ciudadanos españoles, a quienes se
les incautaron 240 kilos de cocaína. Estas personas fueron beneficiadas con un arresto
domiciliario. Más tarde, uno de los procesados viola la medida complaciente y
es capturado en España con 500 kilos de cocaína. Actualmente está purgando
condena en un centro penitenciario del estado, y no en su casa. El otro
procesado ha disfrutado de su arresto en la comodidad de su hogar, burlando la
justicia aún cuando es responsable de esa gruesa cantidad de droga incautada.
•A mediados del año 2003, el juez
Álvaro Guerrero da la libertad a un extranjero (colombiano) sin residencia en
el país, alegando que el procesado estaba deprimido en la cárcel de Uribana,
siendo que a este procesado le fue incautada la cantidad de 1280 kilos de
cocaína mientras la transportaba. Es de hacer notar, que mientras esta inmensa
cantidad de droga se encontraba custodia del Destacamento 47 de la Guardia
Nacional, parte de ella fue sustraída de la sala de evidencias de esa
instalación militar.
•En este mismo año 2003, el juez
Domingo Martínez, da la libertad a William Fajardo, el llamado “Zar de la
Droga”, a quien se le incautaron 3.500 kilos de cocaína y fue acusado del
delito de legitimación de capitales. Luego de varias diligencias procesales, se
consigue revocar la libertad de este narcotraficante y en los actuales momentos,
se encuentra en el centro penitenciario, gracias a la acción de los jueces
honestos que no permitieron la salida de este Zar de la Droga.
•En el año 2004, la jueza Lina
Dupuy, otorga libertad a Carlos Alberto Decaies, un homicida convicto, confeso
y condenado, calificado como psicópata, quien asesinó a una familia completa
(padre, madre e hija) utilizando una mandarria y enterrándolos en su propia
casa. Luego, la Corte de Apelaciones revoco dicha decisión, ordenando su
detención inmediata.
•En el año 2004, el presidente
del Circuito Penal del Estado Lara, para ese entonces, Leonardo López, es
investigado por la Fiscalía de Salvaguarda de ese estado, porque se le imputa
el delito de corrupción judicial, en virtud de que, entre otras cosas, las
decisiones que él tomaba, eran hechas en un bufete de abogados. Incluso el
abogado defensor en un caso de corrupción, forma parte del bufete que fue
allanado y donde se presume se hacían las sentencias que dictaba el citado
juez, el cual formaba parte de la Corte de Apelaciones del estado Lara,
actualmente suspendido. Aunado a ello, el referido juez manipulaba incluso la
distribución de las causas a través del sistema Juris, solicitado a través de un
abocamiento por parte de la Sala de Casación Penal del TSJ, por lo que dicho expediente,
en la actualidad, reposa en la referida sala, a la espera de decisión.
•En los primeros meses del año
2005, el Juez Wilmer Muñoz da libertad a una pareja que se le incauta dos kilos
de cocaína, empacados en dediles, junto a pasaportes, boletos aéreos con
destino a Madrid, euros, pesos colombianos y dólares. Este juez fundamenta su
decisión en los dichos de la defensa, que nunca fueron comprobados, a pesar de
los elementos de convicción que incriminaban a la pareja, y que el juez no tomó
en cuenta. Luego, la Corte de Apelaciones ordenó la captura de los
narcotraficantes, pero al quedar en libertad, se fugaron.
•En este mismo año de 2005, el
juez Wilmer Muñoz otorga libertad a cuatro homicidas del ingeniero Sáenz,
valiéndose de un tecnicismo jurídico y a través de medidas cautelares se burló
de la justicia y de las víctimas. Esta escabrosa decisión fue revocada por la
Corte de Apelaciones del Estado Lara, que ordenó captura y reclusión y a esta
fecha los homicidas fueron condenados y purgan condena en el Centro
Penitenciario de la Región Centro Occidental.
•También en el 2005, la Corte
Accidental del Estado Lara conformada por los jueces Marcos Aponte, Ana Grau y
Dulce Mar Montero, esta última con voto salvado, ante la grotesca decisión, en
la cual se acuerda dar una medida cautelar a los cinco ex funcionarios del
SENIAT quienes fueron sorprendidos en flagrancia, extorsionando a un rector de una
universidad del Estado Lara. A estos procesados se les imputaban los delitos de
concusión, agavillamiento y resistencia a la autoridad. Así mismo dicha corte
accidental anuló el 70 por ciento de las pruebas de la fiscalía para favorecer
a los procesados. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
revocó tal decisión y ordenó incorporar las pruebas al proceso por ser
legítimas y legales, poniendo orden en el proceso. En ese mismo caso, la jueza
Laura Adams, favoreció con omisión de pronunciamiento a los procesados con el
objeto de mantenerlos en un sitio de reclusión que no les correspondía, pero
donde conseguían privilegios.
•En marzo de 2005 es otorgada la
libertad a Johnny Bolívar (Capitán Bolívar), acusado de secuestro, por la juez
Memphis Álvarez. Esta magistrada tomó la grotesca decisión de suspender las
medidas cautelares de prohibición de enajenar y grabar y secuestro sobre los
bienes incautados, dejando en indefensión a las víctimas del secuestro y al
Ministerio Público. Esta decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones del
Estado Lara, a través de un amparo, ordenándose nuevamente su privación de
libertad y el mantenimiento de las medidas cautelares. Finalmente, en febrero
de 2006, el acusado Johnny Bolívar fue condenado a cumplir 23 años de prisión.
•Mientras esto ocurría en los
tribunales penales, los tribunales civiles en Lara eran manejados por familias
y bufetes que decidían la suerte de los casos más importantes en esa entidad
federal, el nepotismo, la anarquía, el compadrazgo y el tráfico de influencias,
se adueñaron de todo el sistema judicial civil.
•Se han detectado importantes
casos de nepotismo en el estado Lara como el caso siguiente: En los Tribunales
Superiores Civiles del Estado Lara encontramos entre otras cosas que, la
doctora Delia Raquel Pérez de Anzola, era la Juez Superior Civil (titular);
Gustavo Adolfo Anzola, conjuez Superior Civil (suegro de Delia Raquel Pérez de
Anzola); Miguel Anzola conjuez de otro Tribunal Superior Civil, (hijo de
Gustavo Adolfo Anzola y cuñado de Delia Raquel Pérez de Anzola), y aunado a
eso, el abogado Gustavo Adolfo Anzola, es primer Conjuez del Tribunal Superior
Contencioso Administrativo siendo (su nuera), la abogada Sandra Arce Crespo,
Segunda Conjuez. En los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, cuatro (4)
en total, el Tercero Civil, el titular es el abogado Julio César Febres; y en
Segundo Civil la titular es Tamar Granados (quienes son cuñados). Así mismo
encontramos que el personal medio del poder judicial, se reparten los cargos
entre hijos, sobrinos, primos y demás familiares de los jueces que los
componen, incluso tribunales donde trabajan esposos y cuñados de una misma
persona, situación ésta que la Dirección Administrativa Regional (DAR) de Lara
está tratando de erradicar.
Recibo queridos camaradas y
compatriotas, este reporte del Comité de Victimas Contra la Impunidad-Lara
(Covicil), el cual transmito sin desperdicio: El edificio Nacional, sede de los
tribunales de Barquisimeto, irónicamente ubicado a un costado de la plaza
Bolívar y bajo la mirada del “Padre de la Patria, se parece a la cueva de Alí
baba, solo que allí los conocidos ladrones,…. los que lo habitan tienen toga y
birrete. Esta afirmación no es gratuita, cuando la aplicación de la justicia se
convierte en un negocio más, en un laberinto en el que prevalecen intereses
económicos o componendas al servicio del gobierno de turno, deja de ser
justicia para convertirse en dictadura de la impunidad, donde jueces y fiscales
complacientes, comerciantes, traficantes y mercenarios, juegan a la re
victimización, abuso, arbitrariedad y burla de quienes se someten al calvario
de buscar justicia en la oscura cueva de los ladrones.
Ese entramado laberinto de la
impunidad, compuesto por incontables pasadizos siniestros, atestado por un
sinnúmero de de víctimas que terminan aniquiladas entre el diferimiento
incontable de audiencias o audiencias realizadas seis horas después de lo
pautado, fiscales adormecidos o pegados al BlackBerry durante los actos
procesales, el descaro en la motivación de las sentencias para darle paso a la
impunidad a través de la Corte de Apelaciones, el amiguismo entre la parte
acusadora y defensora, la perpetua humillación a las víctimas , reconstrucciones
de hechos amañadas, la total ausencia de ética al otorgar beneficios a
criminales reconocidos con el mismo desparpajo con el que se absuelve a
funcionarios policiales procesados por ejecuciones, violaciones, desaparición
forzada, extorsión y secuestro, dan cuenta del gigantesco fraude que son los
tribunales de Lara.
Esta realidad arropa a todo el
sistema judicial en Venezuela, donde el Circuito Judicial de Lara es tal vez el
más corrupto del país. Su podredumbre es de tal magnitud que el propio gobierno
nacional, a través de sus órganos ejecutivos y judiciales, ha realizado varias
investigaciones donde una y otra vez sale a relucir la corrupción de la
“justicia” vendida al mejor postor. Casos elocuentes fueron los del ex Juez
Rector Amado Carrillo y los fiscales Petrillo, Perera y Flores; la incidencia
en la designación de jueces del nefasto capitán Bolívar preso en Uribana. Las
maniobras y pase de facturas en la mayorías de estas denuncias han sido
utilizadas por estas mafias judiciales para sustituir a una mafia por otra en
una suerte de “quítate tú pá ponerme yo” y lejos de depurar el sistema
aplicando sanciones penales contra los corruptos éstos terminan siendo premiados
con cargos hasta de mayor jerarquía
Desde la investigación del 2005
ordenadas por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del TSJ, bajo la
dirección del corrupto y prófugo Velásquez Alvaray ante las continuas denuncias
contra jueces de los estados Lara y Carabobo, viene quedado demostrada la
actuación “complaciente” de jueces que otorgan medidas de libertad o de casa
por cárcel a peligrosos narcotraficantes, hasta las denuncias hechas por
Sebastiana Barráez, por algunos diputados del anterior Consejo Legislativo del
estado y por el COVICIL; una y otra vez se descubren los extensos tentáculos de
la delincuencia organizada, el narcotráfico y los organismos policiales y para
policiales en el circuito Judicial de Lara desde el mandato del ex gobernador
Reyes Reyes hasta la fecha.
Prueba de ello es también el
informe del Tribunal Supremo de Justicia. Allí se muestra cómo, desde la
llegada al estado del tenebroso dúo de Reyes Reyes-Rodriguez Figuera, se
incrementó la corrupción judicial, situación que aun se mantiene dando paso a
nuevas expresiones de la delincuencia organizada como lo es el sicariato
político de Mijaíl Martínez, donde quedó develado el engranaje que articula a
los cuerpos policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial de la entidad
con estos hechos criminales. En algunos pasajes del mencionado informe se lee:
“En el año 2002, el juez José Vicente Sandoval, ex presidente de la Corte de
Apelaciones, otorgó la libertad a una persona que era su compadre y había sido
su cliente en el Estado Cojedes, quien estaba siendo juzgado por el delito de
homicidio calificado, En el año 2003, la jueza Belinda Alvarado otorga una
medida cautelar a dos ciudadanos españoles, a quienes se les incautaron 240
kilos de cocaína. A mediados del año 2003, el juez Álvaro Guerrero da la
libertad a un ..Colombiano).., alegando que el procesado estaba deprimido en la
cárcel de Uribana, siendo que a este procesado le fue incautada la cantidad de
1280 kilos de cocaína mientras la transportaba.
En el año 2004, la jueza Lina
Dupuy, otorga libertad a Carlos Alberto Decaies, un homicida convicto, confeso
y condenado, calificado como psicópata, quien asesinó a una familia completa
(padre, madre e hija) utilizando una mandarria y enterrándolos en su propia
casa. También en el 2005, la Corte Accidental del Estado Lara conformada por
los jueces Marcos Aponte, Ana Grau…. se acuerda dar una medida cautelar a los
cinco ex funcionarios del SENIAT quienes fueron sorprendidos en flagrancia,
extorsionando a un rector de una universidad del Estado Lara. El reporte hace
una detallada relación de las “mafias tribunalicias” que controlan el sistema
judicial en el estado Lara, donde en un mismo tribunal trabajan hermanos,
sobrinos, cuñados y otros familiares del juez titular, en un abierto nepotismo
que atenta contra las leyes. Mientras esto ocurría en los tribunales penales,
los tribunales civiles en Lara eran manejados por familias y bufetes que
decidían la suerte de los casos más importantes en esa entidad federal, el
nepotismo, la anarquía, el compadrazgo y el tráfico de influencias, se
adueñaron de todo el sistema judicial civil” http://impactocna.com/2010/11/10/informe-secreto-del-tsj-
El informe del TSJ concluye con
esta frase lapidaria: …el estado Lara se había convertido en el paraíso de la
impunidad para los narcotraficantes, secuestradores y corruptos,…” De todos
estos casos de jueces, fiscales, funcionarios policiales y militares hasta el
sol de hoy, ninguno ha sido juzgado, a lo máximo son destituidos y como señala
la noticia “Muchos de los nombres que serán revelados corresponden a personas
que viven en el exterior y ex magistrados que disfrutan de una relativa
posición social y pública y continúan ejerciendo impunemente su profesión como
abogados”.
Gracias a este sistema judicial
cada día aumenta el número de funcionarios policiales y militares que asesinan,
secuestran, extorsionan y hasta ahora ninguno ha sido juzgado, SON VIOLACIONES
A DDHH IMPUNES porque estos delitos son cometidos a diario en el ejercicio de
sus funciones como el asesinato de los hermanos Pérez Heredia, las masacres de
El Tostao, Quibor, Chabasquen, Loma de León, Los Pocitos, San Juan… entre
tantas otras, y no hay fiscal que investigue ni juez que sentencie para poner
coto a la epidemia que carcome las bases del llamado estado de derecho.
Ante el imperio del crimen y la
impunidad reiteramos el llamado a las comunidades a no sucumbir ante el dolor y
la impotencia, a ejercer el derecho alternativo a la denuncia, a desenmascarar
a la banda organizada de funcionarios que han convertido al estado Lara el
reino de la impunidad, pues es tan criminal el policía y militar asesino como
el fiscal que no acusa o el juez que otorga la patente de corso para que
continúe delinquiendo, a denunciar a los medios de comunicación que crean
matrices de opinión para promover la tolerancia social ante estos crímenes,
llamamos a los gremios, a las organizaciones de base a discutir y conformar una
plataforma de lucha permanente que denuncie estos atropellos, extendiendo la
solidaridad, la lucha organizada y alzarnos en una sola voz para hacer valer
nuestros derechos.
JUICIO Y CARCEL PARA LOS
FUNCONARIOS CORRUPTOS
¡SOLO CON LA UNION COMBATIVA DE
LAS VICTIMAS PODEMOS ALCANZAR NUESTRA
REINVIDICACIONES!
Es auténtico
Douglas Arrecho y ahora más
arrecho que Bravo
Febrero 2012
FUENTE: TwitLonger
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