INJUSTA JUSTICIA. Por: Sammy Landaeta Millán.
En diversas conversaciones que he sostenido con amigos que ejercen la profesión de Abogados, en oportunidades me he pronunciado por una suspensión temporal de la carrera de Derecho con miras a que se realice una evaluación exhaustiva que permita definir las exigencias que demanda el Estado Venezolano en la Especialidad y los innumerables compatriotas que egresan de las Universidades cada año, con la sana intención de optimizar el producto final.
En la actualidad la aplicación de la Justicia en Venezuela nos conduce a la utilización de un documento base que por sus características se ha convertido en una mala herencia de un período político decadente. Sus incongruencias entre el texto y el nivel de la sociedad a quien se aplica se consolido como un nefasto documento que tiene a toda la República en una verdadera angustia. Me refiero al Código Orgánico Procesal Penal (COPP. Este legajo de procedimientos y acciones en el ámbito legal benefició a una serie de delincuentes que día a día cometen desmanes y se amparan en lo establecido en el articulado porque saben que el mismo los conduce de nuevo a las calles cual ciudadano común, honesto, probo, de buenas costumbres y procederes.
El mal llamado proceso Revolucionario de la actual V República consiguió un hueso de roer porque al parecer los mentores de la denominada IV República le colocaron trampas para ver sucumbir su gestión y por ello dejaron vigente el documento de justicia ciega, sorda y muda que a la par se ha convertido en justicia INCOMPETENTE y COMPLACIENTE.
El señor Hugo Chávez Frías al llegar a la Presidencia de la República diseñó dos estrategias fundamentales para remediar la situación en parte. La primera consistió en emplear procedimientos alternos que permitiesen aplicar la justicia en términos Constitucionales para solventar las “bondades” del COPP lo extraño de la situación es que esto concluyó en un incremento desmedido de la IMPUNIDAD y en materia policial ha generado UNA MATAZÓN.
En segundo lugar se ordenó una revisión curricular de Abogados, Especialistas, Magíster, Doctores, Registradores, Jueces en todas sus instancias para verificar el grado de competencia en sus ejercicios y examinar las practicas administrativas que podían degenerar en la malversación, peculado o en cualquier categoría de corrupción haciendo énfasis en la aplicabilidad imparcial de la justicia en el ámbito nacional.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se encomendó al Dr. Manuel Quijada la difícil tarea de “depurar la Justicia Venezolana” y al poco tiempo coloquialmente salió con las tablas en la cabeza. Si antes se criticaba y se le endilgaba al Dr. David Morales Bello, que manejaba una serie de “tribus judiciales”, ahora se presenta un fenómeno que las nuevas tribus renació por obra y gracia de los amigotes del Gobierno personalizados en emulando el titulo de aquella película vaquera. Me refiero al triunvirato de la negación y la patraña; “Los Tres Hermanos Diablo. Miquelena, Rangel y Dávila. Esos, los “Señores de la Copla Revolucionaria”, desde sus diferentes posiciones del cuadro de juego de béisbol presidencial para los efectos de administrar el país aplicó diligentemente: “El quítate tú, para ponerme yo” y han inundado los tribunales con gente identificada con el proceso revolucionario que a la par no han resultado ni tan eficientes ni mucho menos de tan reconocida probidad como lo esperaba el País Nacional.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en materia jurídica lo siguiente: Artículo 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Lo menos que esta ocurriendo en Venezuela es eso estamos en un Estado de Indefensión. Comparto y acepto que hay profesionales del Derecho que ejercen la profesión con marcada tendencia mercantilista y su ejercicio se fundamenta por la alta incidencia de las trampas y leguleyerías. Pero la mayoría de los profesionales SON DE IRREPROCHABLE CONDUCTA RECONOCIDA Y COMPROBADA.
Parecería que al Sr. Presidente le vendieron la idea de que todos los que ejercen funciones en torno a la aplicación de justicia “son culpables” y le incentivaron la idea de acabar con las prácticas malsanas en el País y ante el fracaso rotundo de la Reestructuración del Poder Judicial en forma de depuración optó por darle el toque personal no hurgando en las bases del problema sino diseñando en forma Maquiavélica la sustitución de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (elegidos por 12 años) y estructuró UNA CÚPULA DE PODER que no obedece a los planteamientos formales, en rigor, en orden, en escalafón, por procesos, por instancias, por ejercicio propio del Derecho, por jurisprudencia sino POR DESIGNIOS SUPREMOS DEL PRESIDENTE AUTÓCRATA, DUEÑO Y AMO DE LA JUSTICIA VENEZOLANA investido de DIOS TODOPODEROSO. Colocándose por encima del bien y el mal. ¿Qué tristeza?
Definitivamente en Venezuela esta ocurriendo un fenómeno atípico en todos los ordenes de la Institucionalidad. Hugo Chávez pretende implantar un Sistema de Justicia inspirado en él, diseñado por él y aplicado por él. ¿Quién le dijo a ese Señor que él tiene esa potestad?
Porque en el supuesto cierto que fuera por CAPACIDAD PERSONAL esperaríamos otra cosa, pero hasta el presente él y sus incondicionales han demostrado TOTAL ACEFALÍAS o residencia en otro país o planeta.
La Justicia Venezolana atraviesa una etapa crítica que mantiene a los profesionales a la expectativa por las recientes demostraciones de los diversos casos denunciados en todos los ámbitos. Las decisiones son la que orienta el Gobierno, si no las manipula, las trasforma en agresión al pueblo soberano. Diferentes organizaciones de la Sociedad Civil e innumerables ciudadanos se abstienen de formular planteamientos o querellas ante instancias por que saben de antemano cual va a ser la decisión judicial, sobre todo si esta AFECTA en alguna parte A LA GESTIÓN DE GOBIERNO.
No hay amparo, derecho a replica, debido proceso u otros procedimientos acordes que valgan si este VULNERA EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL CHAVISTA. Convendría saber si estamos en una Dictadura Democrática, mientras tanto los diferentes bufetes de abogados están dedicados a la actividad inmobiliaria, mercantil, agraria y otros. Se han especializado en ventas, traspasos, documentos varios, pensión de alimentos, corrección de partidas, demandas simples, separación de cuerpos, divorcios, partición de bienes y terrenos. La AUTOCRACIA PRESIDENCIAL y la conducción PERSONALISTA de la primera Magistratura de Venezuela han traído como consecuencia la aplicación INJUSTA de la JUSTICIA.
Nos queda solamente el recurso de invocar a Dios para que nos proteja y permita que el Dr. Isaías Rodríguez actual Fiscal General, y Ex -Vicepresidente de la República, y por demás conocedor cabal del monstruo Gubernamental y fiel testigo del desempeño del ORATE investido de Presidente para que interceda consecuentemente en lograr implantar una perfecta aplicación de la justicia en la Nación.
Los profesionales del Derecho deben mantener la voluntad inquebrantable por el respeto y el cumplimiento del debido proceso y el Estado de Derecho pleno en Venezuela, acorde con los planteamientos esbozados por Simón bolívar el libertador en los siguientes postulados:
“El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad”
“Hagamos triunfar la justicia y triunfará la Libertad”
Institucionalmente:
Sammy Jesús Landaeta Millán.
Coronel Aviación.
CIV-3.441.697
Email: sammylan@yahoo.es
Twitter: @ProtestaMilitar
NOTA: Artículo publicado en el Diario Regional Antorcha. El Tigre. Estado Anzoátegui, Lunes 1° de Agosto de 2001. Opinión. A-4.