A la Fuerza Armada Nacional y a la Sociedad Civil Organizada
La Alianza Militar por Venezuela, organización constituida por oficiales, suboficiales profesionales de carrera y tropas profesionales en situación de retiro, se dirige a los compañeros de armas y a la Sociedad Civil, a objeto de alertar sobre la anunciada intención de Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, de presuntamente pretender firmar, a espaldas de la opinión pública nacional, un acuerdo con la República de Colombia para delimitar las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela.
Una de las funciones constitucionales de la Fuerza Armada Nacional es la de asegurar la integridad del espacio geográfico nacional. Esta obligación de la Norma Suprema hace imperativo que el Alto Mando Militar se pronuncie, con estricto apego a la Constitución, sobre esa materia de especial transcendencia nacional.
Ha sorprendido ingratamente al pueblo venezolano la comunicación dirigida por el doctor Francisco Nieves Croes a los demás miembros de la Comisión Negociadora Venezolana, informándoles que los doctores Pedro Gómez Borrero y Pavel Rondón, Presidentes de las Comisiones Negociadoras por Colombia y Venezuela respectivamente, tienen listo ya un arreglo para delimitar esas áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela.
Saber que la negociación de ese acuerdo se ha manejado de una manera tan antidemocrática y subrepticia que ni siquiera los propios miembros de la Comisión Negociadora , como lo afirma el doctor Nieves Croes, conocen las condiciones establecidas para esa delimitación, nos causa gran preocupación.
Es inconstitucional, por contrario a la democracia participativa y protagónica, que tal acuerdo se haya formado sin que se le haya permitido al pueblo venezolano ejercer el Derecho a la Participación Política para que pueda ejercer el debido control de esa delicada Política Pública que pudiera comprometer intereses vitales de la nación venezolana.
Un acuerdo con la República de Colombia para delimitar las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela requiere por parte de la República de Colombia el reconocimiento de la plena soberanía y posesión de Venezuela sobre su dominio terrestre y marítimo del Golfo de Venezuela así como del mar territorial y de la plataforma continental que genera el archipiélago de Los Monjes. La histórica presencia de nuestra Armada Nacional en dichas áreas, así como su legítima posesión, así lo impone.
La delimitación de esas áreas marinas y submarinas debe considerar, como línea innegociable, la prolongación de la frontera terrestre, estableciendo como Mar Interior aquel que se encuentran al Sur del paralelo de Castilletes. En la negociación debe quedar claro que el Golfo de Venezuela es vital para nuestro país. Cualquier negociación fuera de estos parámetros podría ser considerada como Traición a la Patria.
La preocupación que expresamos se encuentra bien fundada. El Presidente de la República, en su interés personal de fortalecer su prestigio e influencia en los países del Caribe, comprometió nuestros derechos en la Zona de Reclamación con la República Cooperativa de Guyana al permitirle a ese gobierno dar concesiones a empresas internacionales para explotar esos territorios. De igual manera, ha aceptado que en varios países caribeños se cuestione nuestra delimitación con la República de Trinidad y el mar territorial y la plataforma continental que genera la Isla de Aves. Estas demostraciones de debilidad y egocentrismo presagian el riesgo que corre nuestro país en este momento.
Los venezolanos esperamos de nuestra Fuerza Armada Nacional una posición institucional acorde a la misión que le atribuye la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como Norma Suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de la República, la cual debe ser cumplida y acatada por todos los órganos que ejercen el Poder Público.
La Alianza Militar por Venezuela también debe alertar sobre la inconstitucional creación de la Milicia Nacional Bolivariana. Esta decisión del gobierno nacional viola grosera y flagrantemente los artículos 328 y 329 de la Constitución, los cuales establecen taxativamente cuales son las únicas cuatro Fuerzas que integran “ la Fuerza Armada Nacional”: “el Ejército, la Armada , la Aviación y la Guardia Nacional ”.
La mejor prueba del pleno conocimiento de ese fraude a la vigente Ley de Leyes son las modificaciones propuestas a los artículos 328 y 329 en el Proyecto de Reforma Constitucional 2007, presentado por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional, el cual fue rechazado por el pueblo venezolano en Referendo Nacional. En esa Propuesta de Reforma se creaban como “componentes militares” a la Guardia Territorial y a la Milicia Popular Bolivariana.
La decisión del Tcnel. de materializar la creación de la Milicia Nacional Bolivariana mediante un Decreto Ley Orgánico, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana del 31 JUL 2008, es también groseramente inconstitucional y constituye una traición a la soberanía popular expresada inequívocamente en Referendo Nacional del 2 de diciembre de 2007.
Asimismo, alertamos que los actos que realicen los miembros de la Milicia Nacional Bolivariana son ilegales y generan responsabilidades penales y administrativas a quienes las ejecutan, sin que haya excusa de haberse realizado en cumplimiento de órdenes superiores.
Por todo lo expuesto, recordamos que el artículo 333 de la Constitución nos impone a todos los venezolanos el deber de restablecer su Supremacía como Norma Constitucional de la República y la obligación de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia cuando fuere derogada por cualquier medio distinto al previsto en ella.
Caracas, 20 de abril de 2009.