Chávez quiere sustituir los sindicatos del sector público por Consejos de Trabajadores vinculados a su partido
MAYE PRIMERA - Caracas - 17/06/2009Megáfono en mano, un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela llama el pasado lunes a una asamblea de trabajadores a las puertas de la estatal Aluminios del Caroní. "Estamos siguiendo las instrucciones del presidente [Hugo] Chávez de activar el control obrero", anuncia, y propone a los camaradas que convoquen a una votación para elegir entre ellos al equipo de trabajadores que asumirá la dirección de la empresa ahora que la revolución ha decidido otorgarle todo el poder al pueblo.
Los trabajadores no le prestan atención. Tampoco lo hacen los obreros de otras 14 empresas básicas del Estado dedicadas a la minería y la siderurgia, ni los del sector petrolero, que, en su mayoría, pertenecen al único reducto donde los candidatos chavistas no han ganado elecciones en los últimos 10 años: a los sindicatos de las empresas públicas. Para ellos, Chávez no es "el comandante", sino el patrón. Y para Chávez, ellos no son la voz del proletariado, sino un estorbo al que hay que desplazar para dar paso a los nuevos Consejos de Trabajadores, que serán el "frente obrero" y "brazo industrial" de su partido y que estarán de acuerdo en recibir el "salario social" que defina el Estado, sin rechistar.
"Los sindicatos actúan como otro partido", denunció Chávez el 24 de marzo de 2006, el mismo día que él fundó el suyo: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los sindicatos "tienen su dirección, toman sus decisiones, no hay dirección para ellos, no hay líneas estratégicas. Eso no puede ser así. ¡Eso se llama bochinche! ¡Y nosotros no vinimos aquí a hacer bochinche, vinimos a hacer una revolución! (...) Vamos nosotros a buscar directamente en las fábricas a los trabajadores, a hablarles de unidad, de que conformemos un poderoso frente obrero", dijo el presidente a los militantes de su partido. Dos años más tarde, el plan no ha dado los resultados esperados.
La nueva idea del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social es promover el cambio político por la vía ejecutiva. En el documento Políticas laborales y negociación colectiva, de abril de 2009, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio analiza "las relaciones laborales y la negociación de convenciones colectivas en el sector público en el marco del modelo rentista capitalista venezolano y su contraste con el modelo de transición hacia el socialismo". Según el Gobierno, la "progresividad" de los derechos laborales en el "capitalismo rentista", por ejemplo, "acentúa y enmascara las irregularidades y privilegios, protegiéndolos como si fuesen 'derechos adquiridos', siempre bajo el manto de que deben ser mejorados", y por eso la "transición hacia el socialismo" debe partir de la "identificación y eliminación de todos los privilegios de altos niveles de dirección y cargos de libre nombramiento y remoción" y "consolidar la noción de que [las] convenciones colectivas en el sector público son un instrumento de compromiso con los derechos de todo el pueblo". Según este plan, el salario de los trabajadores ?que hasta 1999 solía ser acordado en una mesa de negociación integrada por sindicatos, empresarios y Gobierno? deberá ser definido unilateralmente por el Estado bajo el concepto de "salario social".
La transición hacia el socialismo ideada por el Ministerio del Trabajo también contempla la aprobación de la Ley de Propiedad Social, que ahora discute la Asamblea Nacional y que establece una nueva forma de organización de la masa laboral que sustituiría a los sindicatos autónomos. Haydeé Machín, una de las diputadas a cargo de la redacción de la ley, explica cómo funcionaría este sistema en un artículo publicado el 22 de abril en el portal pro oficialista www.aporrea.org: "Los trabajadores deben organizar sus Consejos de Trabajadores de la Producción Social, los más avanzados formarán los Consejos de Brigadistas de la Producción Social y formarán parte de la Reserva Militar de la Producción Social".
La idea de desplazar la figura de los sindicatos ha generado alarma, incluso entre los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT): una organización fundada en 2003 desde las filas del chavismo, para contrarrestar la influencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, promotora de la huelga general y petrolera que, entre diciembre de 2002 y enero de 2003, exigió la renuncia de Hugo Chávez a la presidencia. "Éste es un Gobierno antisindical y antiobrero, que tiene una política dirigida a amputar de brazos y manos a las organizaciones sindicales. A través de la Ley de Propiedad Social van a elegir los Consejos de Trabajadores para minimizar la acción sindical. Son una copia de los Comités de Defensa de Revolución de Cuba, donde el único requisito para entrar allí será ser miembro del PSUV", dice Orlando Chirino, que aún es coordinador nacional de la UNT, pero que ahora lidera el desencanto.
Cacería de sindicalistas
Más de 60 dirigentes sindicales venezolanos han sido llevados ante los tribunales en los últimos dos años. Esta semana, la Fiscalía General presentó cargos por el delito de boicot contra seis trabajadores de la empresa Gas Comunal (filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA) que participaron la semana pasada en una protesta para exigir reivindicaciones laborales. "El ministerio público no permitirá sabotaje en la industria petrolera", argumentó la fiscalía a través de un comunicado en el que informaba de que los obreros deben ahora presentarse cada 15 días ante los tribunales. Si son hallados culpables, podrían ser castigados con penas de seis a diez años de prisión.
Más de 60 dirigentes sindicales venezolanos han sido llevados ante los tribunales en los últimos dos años. Esta semana, la Fiscalía General presentó cargos por el delito de boicot contra seis trabajadores de la empresa Gas Comunal (filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA) que participaron la semana pasada en una protesta para exigir reivindicaciones laborales. "El ministerio público no permitirá sabotaje en la industria petrolera", argumentó la fiscalía a través de un comunicado en el que informaba de que los obreros deben ahora presentarse cada 15 días ante los tribunales. Si son hallados culpables, podrían ser castigados con penas de seis a diez años de prisión.
Otros 14 obreros de PDVSA corren la misma suerte: en mayo de 2008 lideraron una manifestación en la refinería de El Palito, en el Estado Carabobo, para reclamar el pago puntual de sus salarios y de bonos de alimentación. El mismo día fueron imputados por "instigación a la protesta indebida", por "generar pérdidas operacionales" y por "obstaculizar una salida de emergencia".
En enero de 2008, la fiscalía también solicitó la detención de tres directivos del sindicato de la recién nacionalizada Siderúrgica del Orinoco, y de 11 trabajadores de una subcontrata de la misma empresa, por cargos relacionados con un paro realizado en agosto de 2006.
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