La Organización de Estados Americanos se preparaba el sábado para suspender a Honduras, después de que el Gobierno interino se negara a restituir al derrocado presidente Manuel Zelaya y anunciara su decisión de romper con el organismo, desafiando la presión internacional.
El movimiento profundiza el aislamiento diplomático de la empobrecida nación centroamericana, sumida en una crisis política que parece no tener salida tras los infructuosos intentos del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para que las autoridades devuelvan el poder a Zelaya.
"La ruptura del orden constitucional persiste y los que hicieron esto no tienen por el momento ninguna intención de revertir esta situación", dijo el viernes Insulza a periodistas, tras entrevistarse con representantes de la justicia, la iglesia y organizaciones civiles.
El Gobierno interino, secundado por la Corte Suprema de Justicia, reiteró que la salida del mandatario es irreversible pese al amplio rechazo externo generado por el golpe de Estado contra Zelaya, secuestrado por militares en su casa el domingo pasado y expulsado del país a punta de rifle.
El Gobierno interino, secundado por la Corte Suprema de Justicia, reiteró que la salida del mandatario es irreversible pese al amplio rechazo externo generado por el golpe de Estado contra Zelaya, secuestrado por militares en su casa el domingo pasado y expulsado del país a punta de rifle.
Honduras, un pequeño país exportador de café y textiles, se convertiría en el segundo país sancionado por el principal organismo diplomático regional desde que la Cuba comunista fuera suspendida en 1962 por incumplir la carta democrática.
"Es mejor pagar ese caro precio a vivir en la ignominia y en la indignidad y haber agachado nuestra cabeza frente a exigencias foráneas que de momento nos están mal interpretando", dijo el presidente interino, Roberto Micheletti, poco después de la visita de Insulza.
La peor crisis en Centroamérica desde la invasión de Panamá por Estados Unidos en 1989 estalló por la insistencia de Zelaya en realizar una consulta que abriera el camino a la reelección presidencial, pese a que fue declarada ilegal por un juez y rechazada por la mayoría del Congreso.
DECIDIDO A REGRESAR
El líder hondureño - cuya creciente alianza con el presidente socialista de Venezuela, Hugo Chávez, atemorizó a empresarios y políticos de la vieja guardia - ha asegurado que retornará al país el domingo como "presidente legítimo" pese a la amenaza de que será encarcelado por traición a la patria.
El líder hondureño - cuya creciente alianza con el presidente socialista de Venezuela, Hugo Chávez, atemorizó a empresarios y políticos de la vieja guardia - ha asegurado que retornará al país el domingo como "presidente legítimo" pese a la amenaza de que será encarcelado por traición a la patria.
"El está decidido a regresar a Honduras, (...) el día domingo a mas tardar, el estaría ingresando a territorio hondureño", dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Sin embargo, el punto muerto en las negociaciones políticas y la eventual llegada de Zelaya podrían aumentar la tensión en una población dividida que ha protagonizando multitudinarias protestas a favor y en contra del derrocado mandatario durante toda la semana.
"No ha habido en este, como en muchos golpes militares, víctimas fatales que lamentar. Pero yo no puedo descartar que pueda existir enfrentamiento (militar)", respondió Insulza cuando se le preguntó sobre si la OEA contempla la posibilidad de una confrontación armada.
Algunos de los líderes izquierdistas en la región podrían acompañar a Zelaya en su regreso a Honduras, aunque no está claro que esto ocurra tras el fracaso de la OEA.
Mientras, el congelamiento de los créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la decisión de Chávez de no mandar más petróleo podrían poner en jaque a la golpeada economía hondureña, que depende de la ayuda exterior y las remesas de los emigrantes.
Estados Unidos, que ha rechazado el golpe, decidirá la próxima semana si suspende la ayuda económica al país más pobre de la región tras Haití y Nicaragua, donde más del 70 por ciento de sus casi 8 millones de habitantes vive en la pobreza y sufre de una alta tasa de desempleo.
Respaldado por el Congreso, el Poder Judicial y los empresarios, el Gobierno de Micheletti insiste en que la sucesión fue forzosa pero legal y asevera que prefiere la condena internacional a permitir que Zelaya regrese al poder para seguir los pasos de Chávez.