Según un diputado del PSUV, hay que evitar que los medios "atenten contra la salud mental".Anahí Aradas/Caracas/BBC Mundo/América Latina/Venezuela
La Fiscalía venezolana presentó este jueves una propuesta de "Ley especial sobre delitos mediáticos" que contempla penas de hasta cuatro años de cárcel para los dueños de empresas de comunicación, directores, periodistas o artistas que infrinjan la nueva legislación.
Según expresó la fiscal promotora del proyecto, Luisa Ortega Díaz, la ley es necesaria para "regular la libertad de expresión" pero sin "vulnerarla", con el fin de garantizar la seguridad pública.
Sin embargo, en medio de la polémica revisión de casi la mitad de las licencias del espectro radiofónico nacional y el estudio de leyes que afectan también al periodismo, la propuesta ha desatado algunas voces de alarma.
Matices e interpretaciones
La norma considera como delito mediático todas aquellas informaciones que atenten contra "la paz social, la seguridad y la independencia de la nación, la seguridad de las instituciones del Estado, la salud y la moral pública de los venezolanos".
Además, condena la "omisión" de informaciones que alteren el derecho a una información "veraz" y causen "pánico entre la población".
Actualmente, el código penal venezolano ya incluye sanciones penales a "expresiones ofensivas" a funcionarios públicos e instituciones del Estado y tipifica los delitos de difamación e injurias contemplando penas de cárcel en casos graves.
"Quieren generar confusión"
Otros miembros cercanos al oficialismo dan otros ejemplos para justificar la necesidad de una nueva regulación mediática, como es el caso de las declaraciones que hiciera hace unos meses a través de la cadena de televisión Globovisión el editor del diario El Nuevo País.
En una entrevista, Rafael Poleo dijo en referencia al presidente venezolano que "Hugo (Chávez) va a terminar como Mussolini: colgado y con la cabeza para abajo", algo que fue considerado una "incitación al odio" por el gobierno.
También se menciona la campaña propagandística a través de a fiches que muestran a venezolanos desnudos y en cuclillas aparentemente despojados de sus pertenencias por las nuevas leyes del gobierno.
"A la gente no les gusta que las controlen ni las regulen, eso es normal", agregó la fiscal Ortega Díaz , ante la polémica generada en los medios de comunicación locales. "Pero los controles tienen que existir”, afirmó.
Esta ley y otras normas han generado una campaña de rechazo entre los medios privados.
"Todo es punible"
Sin embargo, los medios privados temen que esta nueva norma pueda transformarse en un elemento de censura o de autocensura periodística.
"Da la impresión de que con esta ley cualquiera que denuncie temas de corrupción contra un funcionario público podría ser fruto de un ensañamiento", aclaró Moreiro.
"Además, cuando dice que se castigará cualquier información que genere intranquilidad pública o angustia entre la población, da a entender que los periodistas debemos ser enfermeros de las autoridades", apuntó.
"¿Qué es un delito mediático?", cuestionaron los miembros del CNP. "¿Una apasionada polémica pública entre dos articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre las índices de criminalidad?".
Avalancha de reformas
Tanto esta ley como otras normas y modificaciones que ha planteado el Poder Ejecutivo en los últimos meses han generado una campaña de rechazo entre los medios privados.
Para unos responde a una necesidad de "democratizar" a unos medios de comunicación altamente concentrados. Pero, para otros, es un intento de acabar con las únicas voces que aún ponen en tela de juicio el buen hacer del gobierno.
Aunque el 70% de los medios de comunicación del país son privados, el Estado ha logrado establecer una amplia red comunicacional que incluye varios canales de televisión y la red de radio más grande del país, sobre los cuales ejerce un completo control.
En este sentido, tras el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, Globovisión es el único gran canal de televisión crítico con el gobierno que aún sobrevive.
En los próximos meses, mucho es lo que se tiene que debatir sobre la realidad periodística y mediática venezolana, ya que junto con esta nueva propuesta también están sobre la mesa otras ocho reformas, entre ellas, la ley del ejercicio del periodismo, la ley de telecomunicaciones o la que pretende regular la televisión por cable.