El Estado regulará qué y cómo se estudia, qué escuchar o leer, qué se construye...Hoy entra en receso constitucional la Asamblea Nacional. En este primer período de sesiones legisló para quitarle las competencias y los recursos a la Alcaldía Metropolitana, y así decir a los caraqueños que la revolución actúa como Jalisco, es decir, si no gana, arrebata. También le quitó los puertos, aeropuertos, autopistas y carreteras a las gobernaciones, por orden presidencial, violando con desparpajo la Constitución. Por supuesto, el gobierno ejecutó las "tomas" -con bombos y platillos- en aquellos estados donde no ganaron sus candidatos. La descentralización en proceso de involución acelerado y el parlamento como brazo ejecutor del piso legal para ir en contra de la Constitución. Eso es legislar para el terror.
Dictó también una Ley de Registro Civil nueva, con el objetivo único de quitar a los alcaldes la competencia registral que le da la misma Carta Magna. Sólo hasta diciembre los ciudadanos podrán presentar a sus hijos en los registros municipales y obtener partidas de nacimiento, o tramitar partidas de defunción, o celebrar matrimonios. Los habitantes de municipios como Baruta, que cuentan con un servicio automatizado de respuesta inmediata, lo perderán. Ciudadanos en colas interminables, repartición de números de madrugada, el calvario y la resignación del usuario ante la "cubanización" del servicio para poder obtener un documento, como si fuera un favor, una gracia y no la obligación del funcionario.
Los diputados aprobaron en primera discusión una ley de tierras urbanas con la cual pretenden, al aprobarla, legalizar la invasión de tierras urbanas no desarrolladas. Sin tomar en cuenta las ordenanzas municipales de zonificación, en una parcela de uso educativo o recreativo, un consejo comunal puede iniciar un proceso, ocuparla y optar por un desarrollo habitacional, así no se tengan ni los servicios mínimos para que ese crecimiento pueda acrecentarse con el equipamiento urbano indispensable.
Se afanaron en una ley de educación divisionista, ideologizante y que otorga herramientas para la intervención de las instituciones privadas o públicas, que termina con la estabilidad del personal docente, que reduce a un grado casi inexistente a la comunidad educativa y que hasta consagra sanciones severas a medios y personas que se atrevan a divulgar criterios que a, juicio subjetivo del gobierno, ellos consideren nocivos.
Recibieron a la fiscal general y le aplaudieron a rabiar su propuesta de ley de delitos mediáticos para llevar a la cárcel a dueños de medios, periodistas y ciudadanos por opinar y hacer público ese dictamen. La congelaron (por ahora), más por la reacción internacional que por lo que en nuestra patria se dijo.
Seguramente convocarán a sesiones extraordinarias para aprobar más leyes que siembren terror, que doten al gobierno de más armas para la intimidación y criminalización del adversario, el silencio de los medios o el arrebato de competencias a gobernaciones y alcaldías.
En todos los discursos se escudan en que defienden al pueblo explotado y excluido. Lo deben ellos proteger de los medios mentirosos que los enferman. Pero ya ni el pueblo es consultado en las pantomimas del parlamentarismo de calle que hacían con público controlado. Hasta en esos actos ahora se les colea siempre alguien reclamando que no le cumplieron, o que no fue atendido, o que un servicio funciona en pésimas condiciones.
No actúan por el pueblo. El pueblo no es más que la excusa política, el comodín, pero en realidad actúan por ellos y por los suyos. Lo que funcione bien y esté en manos de privados, o de gobernadores o alcaldes no chavistas, es un punto de comparación con los suyos. Así que hay que eliminarlos y volverlos igual que todo lo demás. Y para que la crítica del pueblo no se conozca, hay que cerrar medios, intimidar a los que quedan abiertos para que se plieguen y eliminar al adversario por cualquier medio legal o ilegal. Pervierten la ley y la justicia, y las han convertido en instrumentos de dominación.
La bandeja está servida. La hegemonía que pretende implantarse no es sólo comunicacional, es en todos los órdenes de la vida diaria del ciudadano. Todo el poder para el Estado en manos del gobierno central; ningún poder real para el pueblo. Esa es la realidad. El Estado regulará qué y cómo se estudia, qué se puede ser, escuchar o leer, qué se construye y qué no, a quién se presta un servicio y a quién no. Quién tendrá un empleo y quién no, qué comeremos y qué no debemos comer. El gran "Estado-papá-todopoderoso" que con la excusa de proteger al pueblo, lo protege a costa de su propia libertad. Eso ya ha sucedido y ha dejado a los pueblos siempre más pobres, y a quienes manejan el súper "estado-papá" los deja siempre como los grandes nuevos ricos. Esos son la "boligarquía", una casta de mandamases que esclavizan al pueblo.
gblyde@gmail.com
Dictó también una Ley de Registro Civil nueva, con el objetivo único de quitar a los alcaldes la competencia registral que le da la misma Carta Magna. Sólo hasta diciembre los ciudadanos podrán presentar a sus hijos en los registros municipales y obtener partidas de nacimiento, o tramitar partidas de defunción, o celebrar matrimonios. Los habitantes de municipios como Baruta, que cuentan con un servicio automatizado de respuesta inmediata, lo perderán. Ciudadanos en colas interminables, repartición de números de madrugada, el calvario y la resignación del usuario ante la "cubanización" del servicio para poder obtener un documento, como si fuera un favor, una gracia y no la obligación del funcionario.
Los diputados aprobaron en primera discusión una ley de tierras urbanas con la cual pretenden, al aprobarla, legalizar la invasión de tierras urbanas no desarrolladas. Sin tomar en cuenta las ordenanzas municipales de zonificación, en una parcela de uso educativo o recreativo, un consejo comunal puede iniciar un proceso, ocuparla y optar por un desarrollo habitacional, así no se tengan ni los servicios mínimos para que ese crecimiento pueda acrecentarse con el equipamiento urbano indispensable.
Se afanaron en una ley de educación divisionista, ideologizante y que otorga herramientas para la intervención de las instituciones privadas o públicas, que termina con la estabilidad del personal docente, que reduce a un grado casi inexistente a la comunidad educativa y que hasta consagra sanciones severas a medios y personas que se atrevan a divulgar criterios que a, juicio subjetivo del gobierno, ellos consideren nocivos.
Recibieron a la fiscal general y le aplaudieron a rabiar su propuesta de ley de delitos mediáticos para llevar a la cárcel a dueños de medios, periodistas y ciudadanos por opinar y hacer público ese dictamen. La congelaron (por ahora), más por la reacción internacional que por lo que en nuestra patria se dijo.
Seguramente convocarán a sesiones extraordinarias para aprobar más leyes que siembren terror, que doten al gobierno de más armas para la intimidación y criminalización del adversario, el silencio de los medios o el arrebato de competencias a gobernaciones y alcaldías.
En todos los discursos se escudan en que defienden al pueblo explotado y excluido. Lo deben ellos proteger de los medios mentirosos que los enferman. Pero ya ni el pueblo es consultado en las pantomimas del parlamentarismo de calle que hacían con público controlado. Hasta en esos actos ahora se les colea siempre alguien reclamando que no le cumplieron, o que no fue atendido, o que un servicio funciona en pésimas condiciones.
No actúan por el pueblo. El pueblo no es más que la excusa política, el comodín, pero en realidad actúan por ellos y por los suyos. Lo que funcione bien y esté en manos de privados, o de gobernadores o alcaldes no chavistas, es un punto de comparación con los suyos. Así que hay que eliminarlos y volverlos igual que todo lo demás. Y para que la crítica del pueblo no se conozca, hay que cerrar medios, intimidar a los que quedan abiertos para que se plieguen y eliminar al adversario por cualquier medio legal o ilegal. Pervierten la ley y la justicia, y las han convertido en instrumentos de dominación.
La bandeja está servida. La hegemonía que pretende implantarse no es sólo comunicacional, es en todos los órdenes de la vida diaria del ciudadano. Todo el poder para el Estado en manos del gobierno central; ningún poder real para el pueblo. Esa es la realidad. El Estado regulará qué y cómo se estudia, qué se puede ser, escuchar o leer, qué se construye y qué no, a quién se presta un servicio y a quién no. Quién tendrá un empleo y quién no, qué comeremos y qué no debemos comer. El gran "Estado-papá-todopoderoso" que con la excusa de proteger al pueblo, lo protege a costa de su propia libertad. Eso ya ha sucedido y ha dejado a los pueblos siempre más pobres, y a quienes manejan el súper "estado-papá" los deja siempre como los grandes nuevos ricos. Esos son la "boligarquía", una casta de mandamases que esclavizan al pueblo.
gblyde@gmail.com