Gremios objetan Ley de Tierras por “violar” la propiedad privada

IRREGULARIDAD. Alvarez cree que gobierno atropella la norma constitucional

El presidente de Consecomercio considera una locura que con el texto aprobado por la AN que regula los terrenos urbanos, funcionarios del gobierno planteen la eliminación de estacionamientos en la ciudad para construir viviendas. El diputado Carlos Espinoza considera que el instrumento multiplicará la construcción de unidades habitacionales

L. DURÁN / A. VARGAS

CARACAS.- Representantes de Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria rechazaron ayer el contenido y la forma en que fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN) la Ley de Tierras Urbanas, y en particular por supuestamente violar el derecho a la propiedad privada.

Fernando Morgado, titular de Consecomercio considera “altamente preocupante” que todo lo concerniente a la ejecución del instrumento legal quede a discrecionalidad de un funcionario.

“El hecho de que se le pueda quitar un terreno a alguien sin ir a juicio, que sea el gobierno el que pudiese unilateralmente ponerle el precio es altamente alarmante. Hemos visto como un funcionario de la región central (Jacqueline Faría, Jefa del Distrito Capital) ha dicho que no se justifican estacionamientos en el país, en Caracas. Eso es sencillamente una locura pretender que Caracas quede sin áreas para poder estacionar los vehículos, sencillamente eso va a traer un colapso total en la zona urbana de la capital”, advirtió.

En la madrugada del viernes, la AN aprobó el texto de 36 artículos que regula “el uso y la tenencia de tierras urbanas” aptas para el desarrollo de programas sociales habitacionales, y amplía las facultades del gobierno en la expropiación de terrenos.

El presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, rechazó que la ley se haya aprobado “entre gallos de medianoche” y emplazó al gobierno para que respete la propiedad privada y se cumpla el artículo 115 de la Constitución, el cual establece que “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia definitivamente firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Agregó que el gobierno tiene que presentar proyectos para que se justifique una expropiación, y no puede violar el derecho a la defensa y el debido proceso a los propietarios de las tierras. “Sentimos que hay un atropello en contra de las normas constitucionales y las rechazamos”.

Álvarez indicó que, a pesar de lo establecido en la Carta Magna, el Ejecutivo a través de leyes aprobadas establece las ocupaciones temporales, pero indefinidas en el tiempo, “y eso es una violación al derecho de la propiedad”.

Resaltó que les extraña mucho la arremetida que hay en contra del sector privado por parte del gobierno y la AN, y pidió al Ejecutivo que “ lejos de dividir a la población venezolana, debería convocar auna gran concertación nacional que permita resolver los problemas de la población.

Mas viviendas
Contrario a las opiniones de los empresarios, el presidente de la subcomisión de viviendas y Hábitat de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Espinoza aplaudió la aprobación del instrumento legal, al considerar que su aplicación “multiplicará la fabricación” de unidades habitacionales.

A su juicio, el Estado podrá expropiar los terrenos cuyos propietarios estén “engordando”, así como aquellos abandonados por desidia o por no contar con recursos para construir, con lo cual podrá aliviar el déficit habitacional. Aseguró que las tierras afectadas serán canceladas de acuerdo al precio del metro cuadrado en la zona donde se encuentre el lote. Entre los beneficios de la Ley, señaló que las tierras urbanas permitirán mermar las inversiones oficiales en complejos habitacionales. “Será más barato fabricar en terrenos donde el urbanismo (redes eléctricas, aguas blancas y servidas) ya esté listo”, dijo.

Cambio dual
Como la medida “menos mala” califican empresarios, industriales y comerciantes la posibilidad del cambio dual como alternativa para restituir el equilibrio cambiario. No obstante, todos coinciden en que la solución real es la eliminación del control de cambio.

Fedecámaras señala que hasta 80% de los productos deben ser adquiridos con dólar permuta.