Con esta invocación anteceden sus intervenciones los musulmanes y es casi la misma que fue argumentada por el secretario de Justicia de Escocia para justificar la infame decisión de ordenar la libertad del oficial de inteligencia libio Abdel Basset Ali al-Megrahi, cuya salud estaría en estado terminal. Megrahi cumplía desde el 2001 una condena a cadena perpetua por el asesinato de 270 pasajeros, de 14 nacionalidades, que viajaban en el vuelo 103 de PanAm caído en Lockerbie.
Inexplicablemente este agente libio fue el único responsabilizado por la comunidad internacional, como si pudiese haber cometido semejante acto por cuenta propia. Algo no concebible bajo un régimen dictatorial como el del coronel Muammar el-Gadhafi, considerado como un estado terrorista, hasta que en el 2003 acordó ``comprar'' su reingreso a la comunidad de naciones pagando $2.7 mil millones a los familiares de sus víctimas, cancelando sus planes nucleares y --sobre todo-- ofreciendo contratos a las compañías petroleras.
Si bien es cierto que Escocia tiene latitud para administrar justicia, es evidente que la decisión rebasaba su competencia y comprometía la responsabilidad política del Reino Unido --no importa cuánto intenten hoy sus autoridades desligarse de ella. No es necesario apelar a Sherlock Holmes para sugerir que detrás de tal decisión se encuentra la extraordinaria riqueza petrolera libia. Es precisamente por estas consideraciones que Tony Blair visitó a Gadhafi en Trípoli, como también lo hizo el príncipe Andrew en su calidad de representante especial para el comercio y el desarrollo internacional. Y más recientemente el mismo primer ministro, Gordon Brown, reunido con el dictador libio en Roma.
Pero lo más sugerente y escandaloso es que días antes de la decisión escocesa el ministro británico Peter Mandelson estuvo reunido en Corfú con un hijo de Gadhafi, Saif al-Islam el-Qaddafi, quien declaró que la decisión estaba enmarcada en consideraciones comerciales. Y como si no fuera suficiente, Trípoli anunció la concesión de un contrato por $900 millones para British Petroleum.
No es de extrañar entonces la declaración del coronel Gadhafi agradeciendo a ``su amigo Gordon Brown por interceder ante las autoridades judiciales de Escocia'' para liberar a su agente. De esta manera Escocia carga con la infamia de la decisión judicial y el Reino Unido aprovecha para realizar fabulosos negocios con Libia.
La decisión de Escocia --ante la permisividad del gobierno de Gordon Brown-- le ha permitido a Gadhafi la oportunidad de celebrar como un héroe a un terrorista causante de la muerte de tantas personas. La oportunidad en que se produce este vergonzoso hecho no puede sino interpretarse como un presente a Gadhafi con motivo de los 40 años en el poder que celebra este mes. Este comportamiento es claramente desconsiderado con los familiares de las víctimas. Pero también ofende al Consejo de Seguridad de la ONU y a los países que originalmente acordaron las sanciones contra Libia, solicitadas principalmente por el Reino Unido.
¿Y qué importancia tiene para nuestra parte del mundo esta controversial decisión? Creo que mucha. En marzo de 1992, cuando ejercía la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, me correspondió negociar el proceso que culminó con la decisión histórica de aprobar por unanimidad la primera resolución del Consejo contra el terrorismo que fundamentó el régimen de sanciones impuestos a Libia. Al día siguiente, el 1 de abril, turbas organizadas vandalizaron e intentaron incendiar la embajada de Venezuela en Trípoli.
Incluso en una comunidad internacional tan flexible y acomodaticia no deja de llamar la atención el hecho de que Libia ocupe hoy un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta realidad demuestra una vez más la importancia que tiene el petróleo para saciar el apetito de las grandes naciones, que las lleva a hacerles olvidar sus compromisos y responsabilidades internacionales, como es el caso de la decisión de liberar al terrorista libio.
Es la misma consideración que explica cómo otro petroestado como el venezolano, cooperador demostrado de las FARC, la principal organización narcoterrorista del continente, sea visto como un barril de petróleo sin fondo y no como la amenaza en que se ha convertido. Libia y Venezuela han demostrado que gracias al petróleo pueden comprar impunidad y silencio para sus actos, aunque estén asociados al terrorismo.
Ante esta realidad no sería una sorpresa que el gobierno francés, que ha demostrado especial interés en profundizar sus relaciones comerciales y políticas con el régimen venezolano, decida complacerlo y le entregue por "consideraciones humanitarias'' a Carlos Illich Ramírez, alias el Chacal, quien cumple una condena a prisión perpetua en Francia.
Ex embajador de Venezuela en la ONU.