Que el régimen en pleno, desde el presidente de la república y su embajador en España - ¡un ex Fiscal General de la República! – hasta la Asamblea Nacional pongan el grito en el cielo ante las denuncias de la Audiencia Nacional española, demuestra la insólita gravedad de un caso que podría convertirse en la tumba de la llamada revolución bolivariana.
Antonio Sánchez García
ACORRALADO
Hugo Chávez acaba de caer en un terreno absolutamente ajeno a su capacidad de intervención, a su posibilidad de negociación, a su ingenio para el dominio, la descalificación, la amenaza y la manipulación. Un terreno dominado por personalidades incorruptibles. Un terreno implacable en la averiguación de los delitos que son de su jurisdicción – las violaciones a los derechos humanos, el narcotráfico y el terrorismo, - e inexorable en la condena. Un terreno ilimitado en su capacidad de acción e implacable llegado el momento del juicio y la condena. Pues Chávez ha ingresado al terreno de la justicia española.
El mismo en el que terminara su carrera de crímenes impunes el general Augusto Pinochet bajo la acción del juez Baltazar Garzón y de cuya condena sólo lo salvaran razones humanitarias, que no aplican en este caso. Hugo Chávez no es un anciano decrépito y balbuceante cuyos abogados puedan argumentar demencia senil para salvarlo del rigor judicial.
Aún no alcanzamos a valorar la dimensión de la gravedad del caso que ha comenzado a ventilarse en la Audiencia Nacional de España por el juez Eloy Velasco: señalar indicios de colaboración del gobierno venezolano presidido por el teniente coronel Hugo Chávez con las dos organizaciones terroristas más peligrosas y criminales de Occidente: la ETA vasca y las FARC colombianas, con la intención, entre otras, de atentar contra la vida de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Nada obsta, salvo los hechos, que dicha averiguación culmine en una orden de captura internacional, como sucediera con Augusto Pinochet.
La sola apertura de la investigación constituye un golpe mortal a la credibilidad del presidente de la república y un baldón irreparable a su gobierno. No sólo frente al mundo político español y europeo sino ante la opinión pública mundial. No es casual que el procedimiento incoado por la prestigiosa y afamada Audiencia Nacional haya ocupado los titulares de los principales periódicos y noticieros del mundo. Como en su momento la detención en Londres del execrable general Augusto Pinochet. Pretender, como lo hace el embajador del régimen en Madrid, que se trata de una conspiración mediática internacional provocada por el imperialismo norteamericano (sic), o retrotraer la acción de la justicia a costumbres del pasado colonial, como pretende el presidente de la república, pone al desnudo la absoluta precariedad intelectual y moral de ambos personajes, así como el lamentable estado de postración en que se encuentra el sistema judicial venezolano, que insiste en no darse por enterado. Y da pie a pensar que tales acusaciones tienen fundadas razones.
La justicia tarda, pero llega, dice la conseja. Que Hugo Chávez es aliado estratégico de las FARC y está involucrado hasta la médula en sus acciones para derrocar a los gobiernos democráticos y constitucionales de Colombia, es un hecho cierto que se remonta a los tiempos en que estuviera encarcelado en Yare y recibiera respaldo financiero de las narcoguerrillas colombianas. Existen pruebas de su estadía en campamentos de las FARC antes de su presidencia. Y también son públicos y notorios sus esfuerzos por reivindicar el carácter eminentemente político y revolucionario de las narcoguerrillas colombianas, cuando llegara al extremo de exigir se le reconociera beligerancia, incluso en mensajes a la Nación sostenidos ante la aclamación de la Asamblea Nacional. O pretendiera, en una grave ofensa al gobierno colombiano legalmente constituido, que nuestro país no limita con el Estado colombiano, sino con las FARC.
Un catálogo de la evidencia de tal colaboración sería interminable: desde la cesión a las FARC de nuestro territorio como zona de aliviadero y tránsito, la instalación en nuestro país con plenos derechos, incluso electorales, de sus más altos dirigentes, la provisión de armas con la complicidad de miembros de nuestro Estado Mayor, la capacitación militar, incluso la puesta a disposición de instalaciones en Fuerte Tiuna hasta la majadera insistencia en levantar el perfil de una senadora cercana a las FARC para convertirla en alternativa política en el vecino país, un detallado recuento de las variadas formas que ha asumido esa peligrosa colaboración ocuparía cientos de páginas.
Ese expediente está siendo levantado por el juez Velasco en la Audiencia Nacional española. Sin duda con extrema severidad y rigor. También se ocupará de seguir el laberinto de las relaciones de la ETA con las FARC en territorio venezolano. Con el insólito agravante de que el principal indiciado ocupa un cargo oficial en las dependencias de un ministerio del gobierno venezolano.
Si nada de esto fuera cierto, la respuesta del gobierno y del presidente de la república hubiera sido inmediata: ponerse a disposición de la justicia española para dilucidar cualquier sospecha y facilitar todos los medios para llevar a cabo la respectiva investigación. Quien nada debe, nada teme. Las descalificaciones absurdas y extemporáneas ponen de manifiesto, además de la irritación que causa comprobar que la impunidad tiene los pies de barro, la disposición a obstruir el curso de la justicia española. Y quien obstruye la justicia comete un crimen. Que el régimen en pleno, desde el presidente de la república y su embajador en España - ¡un ex Fiscal General de la República! – hasta la Asamblea Nacional pongan el grito en el cielo, demuestra la insólita gravedad de un caso que podría convertirse en la tumba de la llamada revolución bolivariana.
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Alberto Rodríguez Barrera