Cuando
alguien nos roba o afecta alguno de nuestros derechos, acudimos al
Estado en procura de justicia y reparación del daño. Es
eso lo que justifica la existencia del Estado, y lo que explica que
limitemos nuestros derechos y le otorguemos poder
sancionatorio ante excesos o violaciones de parte de otros. La
gata se monta en la batea cuando el Estado es el ladrón, el que roba
impunemente, viola derechos y se convierte en terror para los
ciudadanos. Ese es el momento de alzar la voz, obligando
al Estado a cumplir su misión.
Grave es la tragedia del pueblo venezolano, cuando el Ejecutivo
Nacional actúa como malandro, acecha, intimida, viola derechos y roba
propiedades, tal como desde su ámbito lo hace la delincuencia común, si
bien ya es común el robo sistemático desde el poder. La
situación es peor aún cuando los ciudadanos no tienen dónde acudir, ya
que todos los órganos de control del Estado son cómplices del
delincuente.
Acuso al Presidente Chávez de robar tierras, industrias y
empresas, como lo haría cualquier ladrón de oficio. Lo
acuso a él de manera personal, ya que las órdenes las da en público, sin
esconder que es él quien expropia lo que se le antoja, según su
capricho, guiado por el hígado, no por el cerebro y la ley.
Puntualizo el mandato constitucional del artículo 115, que “garantiza
el derecho de propiedad”. Obsérvese que no dice “otorga”
el derecho de propiedad, ya que él es innato a la persona, es connatural
a nosotros. El Estado reconoce y garantiza ese y los
demás derechos. Añade la Constitución que “por causa de
utilidad pública o de interés social”, y sólo por esa
causa, “mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización,
podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
Queda claro pues que debe mediar la “causa de utilidad pública o
interés social”, la “sentencia firme” de un tribunal competente y el
“pago oportuno de justa indemnización”, para que proceda la
expropiación. El gobierno no expropia, roba, arrebata. La
ley -en desarrollo de la Constitución- establece la posibilidad de la
ocupación o toma preventiva de los bienes a ser decomisados, según
procedimiento previo de protección. La excepción se hace
regla. Además, el Estado desacata sus propias normas, roba, no expropia.
Por otro lado, la confiscación de bienes es una sanción
“excepcional”, así calificada por la Constitución, y consiste en la toma
de bienes de personas naturales o jurídicas, por parte del Estado, sin
pago de contraprestación, en caso que sentencia firme determine que
dichos bienes provienen de dinero mal habido, en sólo dos supuestos:
obtenidos ilegalmente del patrimonio público o del tráfico de drogas.
“Todo lo perdí en mayo de 2009, cuando Chávez estatizó los
bienes y servicios conexos a la actividad petrolera”, le escuché entre
lágrimas al dueño de una pequeña empresa dedicada al transporte de
equipos y personal para la industria petrolera, a quien no le han
indemnizado nada. “Allí invertí todos mis bienes y los de
mi familia, estoy en la bancarrota”. Lo mismo dicen dueños
de tierras en producción, convertidas en peladeros, después que se
comen el ganado y los frutos.
Ante el Estado ladrón, ante la autoridad maula que abusa del
poder y la fuerza que los ciudadanos le hemos otorgado para cumplir y
hacer cumplir la Constitución, debe moverse la ciudadanía. Todos
tenemos que darnos por aludidos. Nadie puede seguirse
haciendo el loco, simplemente ligando que a él no le toque. A
todos nos toca. Votar el 26 de septiembre y dotarnos de
una Asamblea que legisle y controle es importante, pero las protestas de
calle no pueden esperar. Que se haga sentir nuestra voz. No
esperemos que otros actúen por nosotros. Es la hora.
PACIANO PADRÓN
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