Una creciente fisura puede llegar a afectar la hasta ahora monolítica estabilidad del eje Buenos Aires-Caracas. Dos semanas atrás, el Ministerio de Planificación, encabezado por Julio De Vido, reconoció que informó recientemente al juez federal, Julián Ercolini, que el fideicomiso con Venezuela nunca fue formalizado y que las exportaciones que realizaba Argentina al país las contrató directamente el Gobierno del presidente Hugo Chávez con las empresas argentinas.
El gobierno de CFK intentaría así desligarse de la investigación judicial sobre las coimas pagadas por las exportaciones a Venezuela y dejar como responsables a los empresarios argentinos, a los intermediarios y a funcionarios venezolanos. Esta sorprendente postura sería el resultado de la estrategia judicial elaborada por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, no precisamente en esa función sino como abogado personal de los Kirchner, ya que su estudio asesora a la plana mayor del gobierno acerca de cómo defenderse de las acusaciones de corrupción.
Este fin de semana, el gobierno dio otro paso en la misma dirección. El Jefe de Gabinete Aníbal Fernández sostuvo que “el gobierno nunca manejó dinero del fideicomiso que pertenece a Venezuela”. Y precisó: “el fideicomiso no es mixto, pertenece a Venezuela. Si eventualmente faltara dinero, se lo tiene que reclamar la justicia venezolana al fideicomiso, que es de ese país”.
Formalidades
Si de tecnicismos se trata, la maniobra evasiva que están intentando los Kirchner tiene fundamentos. El Convenio Integral de Cooperación Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, establece, en la parte correspondiente a su funcionamiento: “El precio del combustible venezolano es abonado por CAMMESA, quien depositará dichos fondos en un fideicomiso designado por la empresa PDVSA en una cuenta del banco estatal Bandes en Nueva York. El pago se realizará un 20% en efectivo a los 45 días de recibido el mismo y el saldo en 12 cuotas con un interés anual del 2%. El monto fideicomitido será utilizado exclusivamente por el Estado venezolano para la adquisición de bienes y/o servicios de origen argentino. El Ministerio de Energía y Minas, PDVSA y Poder Ejecutivo Nacional de Venezuela seleccionarán las operaciones a realizarse teniendo como mira el interés social.”
Así las cosas, la Casa Rosada bien puede plantarse en que no existe firma alguna de un funcionario argentino en el fideicomiso, cuyas cuentas en el UBS Stamford de Nueva York serán investigadas por pedido del Fiscal Federal Gerardo Policita.
Demás está decir que las argucias sugeridas por Righi no resistirían una investigación judicial seria. La razón es que las pruebas sobre la existencia de la embajada paralela en Caracas y el rol del ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti, seleccionando a los empresarios elegidos para exportar, sería más que suficiente como para fundar las imputaciones contra Julio De Vido, Uberti y otros. Las defensas formales podrían caer entonces como un castillo de naipes ante las pruebas de que existió una trama delictiva con la participación de funcionarios de los dos gobiernos, más allá de los instrumentos operativos que se utilizaron. Por ejemplo, ya se conoce que el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y su pareja, Marta Cascales, viajaron a Caracas en el 2004 para negociar la conformación del fideicomiso en cuestión con un grupo de funcionarios encabezados por el titular de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, y el Ministro de Energía y Minas, Rafael Rodríguez.
El socio advierte
Pero, más allá de la dudosa eficacia de esta estrategia, lo cierto es que Hugo Chávez estaría haciéndole saber a los Kirchner su disgusto por el camino que eligieron. Si la base de la defensa de éstos pasaría por sostener que las coimas deben investigarse sólo en Venezuela, sería una forma de intentar exculparse trasladándoles las sospechas a sus socios de Caracas. De acuerdo con versiones originadas allí, el malestar se estaría convirtiendo en indignación. La embajadora Alicia Castro, que integra el círculo íntimo de Chávez, habría recibido ya un mensaje de advertencia.
Para el régimen venezolano, el riesgo no sería precisamente la justicia de ese país, firmemente controlada por el poder político. Los temores apuntan a la investigación judicial que podría iniciarse en Miami, teniendo en cuenta que la empresa intermediaria de las coimas, Palmat, tiene allí su sede. Al flamante Canciller Héctor Timerman le tocaría ahora la difícil tarea de calmarle los nervios a Chávez en un clima cada vez más enrarecido.
FUENTE: MISIONLANDIA