Por Eduardo Mackenzie
Agosto 15, 2010
Cada vez que el gobierno colombiano le
hace concesiones a las Farc, éstas responden golpeando brutalmente. El
carro-bomba que estalló en Bogotá el 12 de agosto de 2010 es la
confirmación de esa triste ley.
El encuentro con Hugo Chávez en Santa
Marta, la renuncia de Colombia a que haya una verificación de los
campamentos de las Farc en Venezuela y la entrega a Rafael Correa de los
discos duros del computador de Raúl Reyes fueron importantes
concesiones que en lugar de aplacar a ese bloque “revolucionario”, lo
reanimó.
A través de sus funcionarios, Rafael
Correa se empeña en decir que esos discos que contienen información
precisa sobre el accionar de las Farc en Ecuador, Venezuela, Colombia y
otros países, son falsas pruebas “manipuladas” por Bogotá, como si
Interpol no hubiera verificado esos contenidos. No contento con ese
regalo, Correa le exige al presidente Juan Manuel Santos darle los
detalles exactos de la operación contra el campamento permanente de
Reyes en Ecuador. Nada menos.
Eso es lo que algunos ilusos llaman en
estos días “superar las diferencias” en las relaciones diplomáticas con
Ecuador y Venezuela.
El presidente Juan Manuel Santos cedió
ante la presión interesada de Lula y se reunió con Chávez y le permitió a
éste mentir una vez más con el cinismo de siempre: no, él no apoya, ni
ha apoyado, ni apoyará a las Farc; sí, el es indiferente ante el hecho
de que Colombia tenga siete bases militares con Estados Unidos.
Chávez se permite adoptar ese tipo de
retórica, que contradice lo que decía siempre y hasta la víspera, pues
sabe que la verdadera confrontación se está dando en otros escenarios:
sus amigos dentro del aparato judicial colombiano ya están haciendo el
trabajo: minar el piso jurídico de los acuerdos colombianos con
Washington sobre las bases militares.
Ante ese panorama, el encuentro de Santa
Marta parece más una jugada de Lula para apretarle la brida al nuevo
gobierno de Colombia que un arreglo genuino de las relaciones
diplomáticas entre Bogotá y Caracas.
La verdadera línea sobre Colombia la
expresó Chávez hace meses cuando se inmiscuyó en la campaña presidencial
colombiana e intentó prohibirle a los colombianos que votaran por Juan
Manuel Santos por ser un “mafioso” y un “peligro” para Venezuela y toda
Latinoamérica. Esa línea real es coherente con lo que el dictador hace
desde 1999 y con el episodio de la bomba en Bogotá del 12 de agosto de
2010.
Lo de Santa Marta no fue la conversión
de Chávez a las buenas maneras diplomáticas, fue lo contrario: el obtuvo
concesiones de Bogotá y espera que Santos se adapte a la estrategia de
Caracas, por la vía de aceptar las apariencias equívocas, las palabras,
en lugar de guiarse por los hechos tozudos de la vida real.
Para eso las camarillas gobernantes de
Caracas, Quito y Brasilia, sin hablar de otras capitales, juran que el
problema era el ex presidente Álvaro Uribe y que a Santos lo van a dejar
gobernar tranquilamente.
El ex presidente Andrés Pastrana comenzó
a construir el fracaso de su gobierno cuando pronunció esta frase: “Yo
le creo a Marulanda Vélez”. Esa idea lo puso en la tabla mojada que lo
condujo directamente a la catástrofe de la zona desmilitarizada de 42
000 km² en poder de las Farc.
Todo porque creyó en el juego de las
promesas irresistibles. Cuando María Ángela Holguín Cuéllar, canciller
de Colombia, parece creerle a su homólogo venezolano Nicolás Maduro,
toma graves riesgos en nombre de su país. ¿Cuál será su posición frente a
la denuncia penal contra el presidente Hugo Chávez ante la Corte Penal
Internacional (CPI), y ante la demanda contra el Estado de Venezuela
interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)
por el abogado Jaime Granados en representación de las víctimas de las
Farc y del Eln que se refugian en Venezuela?
Con su nuevo atentado en Bogotá, las
Farc le dijeron a Colombia que Chávez, a pesar de sus frases en Santa
Marta, no los expulsará y sí seguirá cubriendo sus crímenes. La prueba
es que Chávez no ha condenado el atentado del 12 de agosto y no lo hará
jamás. Este fue preparado y ejecutado con habilidad para que la
responsabilidad recaiga sobre otros: usaron un vehículo robado a dos
militares para que la desinformación haga de las suyas durante años en
las redacciones de los periódicos.
Nada pues ha cambiado. Caracas espera
que su actual operación candor debilite la vigilancia de los
colombianos, precisamente porque su estrategia de avasallamiento sigue
en pié y se refuerza. ¿O es que los contactos de Piedad Córdoba con
Fidel Castro en La Habana, cuyo contenido es mantenido en secreto, pues
la versión oficial es una salva de frases vacías, es una mera
coincidencia? Ella y Danilo Rueda fueron allá, no para luchar “por la
paz”, como dice la prensa castrista, sino para recibir instrucciones
precisas del Foro de Sao Paulo.
¿O es que fue una pura coincidencia que
el mismo día de ese encuentro, y de la bomba en Bogotá, Luis Germán
Restrepo Maldonado, precursor del nuevo sindicalismo colombiano,
defensor del TLC con Estados Unidos, dirigente de Sintraempaques y
ferviente uribista, haya sido asesinado en Medellín?
La ofensiva de Alfonso Cano esta detrás
de esos actos criminales. Aparentemente disímiles, esos actos hacen
parte de un todo.
Como hace parte de esa misma totalidad
lo que ocurre en el medio judicial. Seis personas que habían sido
capturadas el 6 de agosto pasado en Bogotá con 180 kilos de anfo, el
mismo explosivo de alta potencia empleado en la bomba del 12 de agosto,
fueron dejadas en libertad por un juez irresponsable. Eso muestra que la
gangrena que corroe el poder judicial, en la cúspide y en la base,
tiene implicaciones en la marcha de la ofensiva terrorista.
El bloqueo del nombramiento del Fiscal
General que hace la Corte Suprema de Justicia, la “ponencia negativa”
que prepara un magistrado de la Corte Constitucional para hundir el
pacto entre Bogotá y Washington sobre las bases militares, ponencia que
él anuncia con gran desparpajo, y la increíble actitud de ciertos jueces
ante delincuentes cogidos con explosivos, muestra que es cierto lo que
algunos han visto desde hace meses: en el sector judicial hay parcelas
de poder conquistadas por las Farc y por el chavismo y las Cortes no
parecen dispuestas a reconocerlo ni a poner fin a esa gravísima
anomalía. El presidente Juan Manuel Santos ha invitado a las Cortes a
asumir posiciones razonables pero todo indica que sin reformas
estructurales de ese sector Colombia no podrá recuperar la
constitucionalidad perdida.
Con su nueva escuadra infiltrada en
Bogotá, con sus agentes instalados en la justicia, las Farc podrán
acrecentar su ofensiva global: atentados y asesinatos en las ciudades y
terrorismo judicial contra el Estado, contra el uribismo y, en
particular, contra los altos mandos de las fuerzas armadas, todo
sazonado con falsas pistas para desviar las investigaciones. Cuando se
ve el afán de Piedad Córdoba por atribuir el carro bomba de Bogotá a “la
extrema derecha” hay que preguntarse: ¿cuándo sabe ella de ese
atentado? ¿Esa imputación hace parte de una manipulación?
Esperemos que la respuesta del nuevo
gobierno esté a la altura del desafío que lanzó Cano con sus atentados
en Bogotá y Medellín y que los investigadores no se dejen llevar de las
narices hacia callejones sin salida.
París, agosto 15 de 2010
FUENTE: Periodismo sin Fronteras