Política
Martes 24 de Agosto de 2010 |
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LOS ASESINATOS EN FUERTE TIUNA
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E
n el episodio de Fuerte Tiuna hay una cosaque, de
entrada, llama la atención. Está claro que se trata de un crimen
común, de varios más de los miles de homicidios que se cometen
anualmente en este país y que la investigación de los hechos
compete a la Fiscalía y al Cicpc tal como ha ocurrido, por
lo demás. Pero, en fin de cuentas, el doble homicidio fue
cometido dentro de una instalación castrense, y no una
cualquiera, sino la más importante del país, Fuerte Tiuna, donde
se encuentran la sede del Ministerio de la Defensa y de la
Comandancia General del Ejército, amén del batallón de tanques
Ayala y de quién sabe qué otras estructuras militares. ¿No
habría sido lógico que
el ministro de la Defensa y/o el comandante del Ejército
se hubieran dirigido al país para proporcionar una información
oficial de los hechos? ¿No es, acaso, un asunto que les atañe
directamente? Para el día de hoy circulan las más variadas
versiones sobre las posibles razones que empujaron al soldado a
actuar del modo salvaje como lo hizo, y una de ellas es
atinente a un tema del cual ya nos hemos ocupado en otras
ocasiones: el de los castigos impuestos por los superiores a los
subalternos, en particular, por los oficiales a los clases y
soldados. ¿No deberían el ministro y/o el comandante del Ejército
explicar qué puede haber de cierto en la especie de que la
reacción del asesino, injustificable, ciertamente, se produjo a
raíz de un castigo impuesto al soldado por su superior? El
Reglamento de Castigos
Disciplinarios número 6 data de los tiempos de Pérez Jiménez
y, por increíble que parezca, ese instrumento brutal nunca ha
sido ni derogado ni reformado. ¿No es hora ya de actuar sobre
este instrumento punitivo, para modernizarlo? Varias víctimas ha
cobrado ya.