PORTACHUELO
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Por: René Núñez (*)
El
26S se exigirá respeto y acato a los resultados
del
referendo del 2 de diciembre de 2007…
Por motivación e
interés del gobierno central, el 2 de diciembre de 2007 el CNE convocó a los venezolanos a participar en un referendo para dar
respuesta a esta pregunta ¿Aprueba usted el proyecto de Reforma
Constitucional con sus Títulos, Capítulos, Disposiciones Transitorias,
Derogatoria y Final, presentado en dos bloques y sancionado por la Asamblea
Nacional, con la participación del pueblo y con base en la iniciativa del
Presidente Hugo Chávez?
A pesar
de la alta popularidad del presidente ese año (65%), la respuesta mayoritaria
ciudadana fue NO (51%). Casi tres años después, los sondeos de opinión siguen
reflejando alto rechazo al proyecto de socialismo del siglo XXI, trasfondo del
referendo; esta vez mayor y contundente: un 80% lo desaprueba; más aún cuando Fidel
Castro, mentor ideológico del presidente Chávez, aclaró recientemente “Socialismo es Comunismo”.
Las objeciones al referendo del
2007 obedecieron fundamentalmente por un lado, a la pretensión de Chávez de
seguir alargando el período presidencial de 6 a 7 años, y por otro, a la refundación del
Estado sobre consejos comunales, cuya implementación presuponía la existencia
de una dictadura revolucionaria en Venezuela, para la cual no había, no hay, ni
habrá condición alguna.
No obstante, a la
decisión soberana, el poder ejecutivo no ha dejado de insistir en imponernos por la fuerza y
por parte el proyecto negado; para ello ha contado con la complicidad
ideológica de la Asamblea Nacional, transformada esencialmente en una caja de resonancia de la
voluntad presidencial donde los diputados, salvo los de Podemos y algunos del
PPT rebelados contra la propuesta autoritaria
en marcha, dicen “sí” a todo lo que él presidente plantea, aunque sea inviable o desviado
de la norma constitucional.
La última propuesta
de ley sobre los consejos comunales, así lo confirma. Aún cuando se ha ordenado por
razones electorales diferir “por ahora” su discusión y aprobación definitiva, el poder ejecutivo promulgó
un decreto nombrando la comisión de promoción y divulgación de tan delicada
materia anti democrática.
Se está ante un parlamento complaciente,
parcializado, que no cumple con tres funciones básicas constitucionales: 1) Control de la gestión pública, 2) hacedor de leyes en
beneficio del colectivo sin distingo político-ideológico o credo alguno, y 3)
la conversión del hemiciclo legislativo en el centro por excelencia para
la discusión de los grandes problemas estructurales de la nación, con participación de especialistas y representantes de los mas variados intereses
de la sociedad venezolana.
Da penas
ajena, tristeza e impotencia como problemas tangibles, notorios y
comunicacionales como los de: la inseguridad, la compra y pérdida de alimentos
descompuestos (mas de 130 mil toneladas equivalentes a casi 3 mil millones de
dólares), la corrupción galopante y descarada a todo nivel, la crítica
situación de hospitales, la reaparición de enfermedades superadas en el pasado con
el control preventivo sanitario, el déficit de viviendas (aprox. 3 millones), las
estatizaciones y las expropiaciones innecesarias, las reiteradas violaciones de
la propiedad privada, la censura y cierre de medios de comunicación, la criminalización
de las protestas, la restricción del sistema de libertades, los altos pasivos
laborales, la regaladera de dinero a otros países (mas de 60 mil millones de
dólares), el endeudamiento público por el orden de los 95 mil millones de
dólares, el desconocimiento de los destinos finales de los 950 mil millones de
dólares recibidos por renta petrolera en
estos once años, entre otros problemas y temas, no es comprensible como esta
Asamblea Nacional no haya asumido el rol que la Constitución del 99 le asignó en
defensa de los intereses nacionales, abordando, investigando, discutiendo y
pronunciándose a tiempo frente a esta gama de desviaciones políticas,
económicas, sociales y humanas.
El Estado Bolívar, una región hasta hace poco
comprometida con el progreso y desarrollo industrial, atraviesa por una
escandalosa ineficiencia pública reflejada en las pérdidas que registran todas
sus empresas básicas, incluyendo SIDOR, que después de estar dando ganancias en
manos privadas, dejó de ser productiva y ganadora en poco tiempo (este año se
estima pérdidas por 3.500 millones de bolívares fuertes) y lo peor comprometida
junto la mayoría del resto de las factorías estatales con “producciones a
futuro”; las cuales ya el Estado recibió los pagos correspondientes. La
delincuencia como en el resto del país impone su ley. Y los diputados por
Bolívar bien gracias. Como si no fueran con ellos.
Por
estas razones, el 26S, amantes de la paz y de la democracia, del sistema de
libertades, del respeto y de la tolerancia, del progreso y desarrollo, tenemos
un compromiso con nuestra propia realidad familiar y con las generaciones del
futuro de hacer del voto el arma democrático eficaz para imponer ese día una
nueva asamblea nacional plural y mayoritaria capaz, en primer lugar, de
restablecer el orden democrático; segundo,
ordenar las investigaciones de los delitos cometidos, de forma responsable y objetiva, instando a
los organismos de derecho la apertura de juicios transparentes de los
responsables de violaciones de derechos humanos, mercantiles, civiles, laborales,
y democráticos, y, tercero, trabajar
mancomunadamente con el resto de los poderes a fin de buscar soluciones
concretas en el corto, mediano y largo plazo para la recuperación de la
economía productiva privada y pública. Es
necesario un gran acuerdo de emergencia nacional con apoyo del sector privado, partidos,
sindicatos y trabajadores.
(*)
Internacionalista.
Edición
1121, hasta el próximo miércoles. Le invito a oír a “Diplomacia de Micrófono”
entre 1 y 2 PM, por La Mejor 91.5 FM en Pto Ordaz.
IMAGEN: Tibysay Lucena/ CNE/VTV
FUENTE: Correo del Caroní