GOLPE DE ESTADO
QUE DA EL MISMO ESTADO
Date: Wed, 22 Dec 2010 08:00:02 -0800
Declaración Pública
Declaración Pública
Estimados colegas y amigos:
Los Presidentes de las Academias
Nacionales han elaborado un Pronunciamieto sobre el desconocimiento del
Estado de Derecho y las violaciones de derechos constitucionales en
Venezuela, para presentarlo a la comunidad nacional e internacional, que
les anexo, para que sea suscrito no solo por académicos, sino por
diferentes personalidades de los sectores profesionales,
económicos, empresariales, religioso, de ONGs, etc. Por lo que quienes
deseen adherirse a dicho Pronunciamiento, pueden solicitar al Dr.
Pedro Palma, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, a su
correo electrónico palma.pa1@gmail.com,
se les incluya como firmantes.
Les agradezco circular el
Pronunciamiento con la finalidad de lograr la adhesión de
quienes ustedes consideren representativos de los sectores señalados. Atentamente, Dr: Román J. Duque Corredor Presidente de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales
DESCONOCIMIENTO
DEL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACION
DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN VENEZUELA.
En la presentación de
sus Propuestas a la Nación el 10 de noviembre de este año, las Academias
Nacionales advirtieron sobre el deterioro de las bases institucionales de
la democracia, propia del Estado de Derecho que para nuestro país postula la Constitución
vigente, y sobre los efectos negativos de la inflación y del deterioro de
la salud pública, sobre la pérdida de la enseñanza de la historia, así como
sobre los límites de la investigación científica y la falta de planificación
y ejecución de un desarrollo sostenible.
Hoy, ante la sanción
de leyes que violan derechos constitucionales de naturaleza inalienable e
irrenunciable, así como del principio de la separación de los poderes y de
la institucionalidad democrática, los presidentes de las Academias
Nacionales y demás firmantes de este documento, responsablemente denuncian
ante la opinión pública nacional y mundial el desconocimiento del Estado de
Derecho en Venezuela por la pretensión de imponer un sistema absolutista.
Ello en razón del concepto totalitario que priva en la legislación
recientemente aprobada, que no sólo confiere ilimitadas facultades al Presidente
de la República, y altera la distribución del poder público de la organización
federal de la Nación,
sino que también desconoce la voluntad electoral expresada el 26 de
septiembre de 2010, que reclamó un poder legislativo mucho más plural y de mayor
representatividad de los diversos sectores nacionales en la aprobación de
las leyes.
Este sistema absolutista
se manifiesta en la grave restricción de las libertades públicas de
pensamiento, de expresión y de educación libre, en la imposición de controles
y sanciones al derecho de información, y en la eliminación de los fundamentos
de autonomía en el funcionamiento de las universidades, que forma parte de su
esencia como instituciones de educación superior. El sentimiento absolutista
también se exterioriza a través de la sanción de leyes que persiguen imponer un
modelo de Estado socialista y comunal, en contra de la voluntad popular que
lo rechazó en el referéndum del año 2007, que atentan contra el principio de
la soberanía popular como fuente originaria del poder del Estado.
Adicionalmente, ese modelo excluye a los que no se identifican con esa
ideología, alterando los principios de igualdad y de no discriminación, propias
de las democracias constitucionales. Estos desconocimientos colocan a Venezuela
fuera de los estándares democráticos de los tratados y convenciones
suscritos por el Estado venezolano.
Consideramos que la actual Asamblea Nacional
altera gravemente el orden constitucional del Estado de Derecho, al impedir el
pleno funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional
al restringir sus competencias legislativas por un período de dieciocho (18)
meses, cuando delega ampliamente en el Presidente de la Republica la mayor
parte de su reserva legislativa, y sobre materias totalmente ajenas a la
emergencia climática que se argumentó como justificación de tal delegación.
Adicionalmente, la modificación del régimen interior de debates busca limitar
la discusión y deliberación de los nuevos parlamentarios. Estas decisiones
legislativas se toman con la clara intención de evitar que los miembros de
la nueva
Asamblea Nacional puedan ejercer debidamente la
representación de los votantes que los eligieron en las elecciones del 26
de septiembre de 2010.
Creemos que las leyes
sancionadas por la actual Asamblea Nacional en su último período
de sesiones, contrarían los valores de la sociedad democrática del
pluralismo, del respeto de los derechos fundamentales, de la separación y del
equilibrio entre los poderes, así como de la participación ciudadana, de la
organización federal del Estado, del sistema económico democrático, de la
seguridad jurídica y del respeto de las minorías. Leyes como la de telecomunicaciones
y la de responsabilidad e inhabilitación política de los parlamentarios,
afectan la esencia misma de la dignidad de las personas, al imponer
controles y sanciones al ejercicio del derecho a expresar opiniones y a
disentir libremente.
A lo anterior se suma la
falta de un Poder Judicial independiente que garantice la imparcialidad de los
procesos judiciales, y que asegure que la actuación de los gobernantes se
lleve a cabo dentro de los límites del derecho, y en armonía con los valores
constitucionales y las leyes que están destinadas a conservarlos. Por otro
lado, la actuación sin el debido proceso, arbitraria y desproporcionada,
para privar a los ciudadanos de su libertad y de sus bienes, afectan la
estabilidad personal y social de los ciudadanos y su libre desenvolvimiento.
Hoy día en Venezuela, por todo ese conjunto de leyes, y por la falta de
protección judicial ante sus violaciones, es cada vez más riesgoso ejercer
derechos intangibles como el de la libre expresión y de la libre
manifestación política.
La utilización de la
fuerza militar para ejecutar actividades civiles y administrativas,
contradice sus fines institucionales y los tratados que respecto de la
seguridad ciudadana ha suscrito Venezuela, que prohíben utilizar cuerpos profesionales
armados y armas de guerra en la realización de actuaciones gubernamentales. Por
lo expuesto, estimamos que está en riesgo el sistema político democrático
basado en el imperio de la Constitución y de la Ley.
Dentro de ese contexto,
ratificamos que el carácter ilimitado de la delegación conferida al
Presidente de la
República mediante autorización de leyes habilitantes
atenta contra el principio de seguridad jurídica y el principio democrático,
porque ello conduce a la eliminación de las competencias constitucionales de
la Asamblea
Nacional, y a la desnaturalización de la excepcionalidad
de la delegación legislativa. Así mismo, rechazamos el uso de facultades
extraordinarias para afectar derechos económicos y sociales fundamentales,
como el de propiedad y el de libre iniciativa, sin atenerse a los principios
constitucionales que garantizan que tales derechos no se afecten arbitrariamente,
y que tales afectaciones no produzcan daños mayores, como el desempleo, la escasez
de productos esenciales, la ineficiencia de los servicios públicos y la
corrupción.
Particular denuncia
queremos hacer sobre la gravedad de la lesión al derecho a la libre enseñanza
que representa el proyecto de Ley de Educación Superior, recientemente
aprobado por la Asamblea Nacional.
Este instrumento legal despoja a las universidades de su autonomía
administrativa, de autogobierno, de dirección y normativa, al transferirse
la mayor parte de sus competencias autónomas a entes dependientes del poder
ejecutivo, y al someter las universidades a un régimen de sumisión en cuanto
a sus facultades investigativas y programáticas, imponiéndoles como modelo el
de la educación socialista y un sistema de gobierno similar al comunal. Exigimos
del poder legislativo que en la nueva legislación se garanticen a las
Universidades los principios constitucionales de su autonomía, es decir: 1)
La potestad para orientar sus planes de estudio y de investigación de su
sistema de educación. 2) La capacidad para darse libremente su propia
organización académica y de concretar su libertad de enseñanza y económica.
3) La reserva legal, en el sentido que sólo por ley puede limitarse la
libertad de las universidades, sin que se afecten sus elementos esenciales
y únicamente para permitir la supervisión de la calidad de la instrucción
y la observancia de las grandes directrices de la política educativa.
4) La inviolabilidad del recinto universitario como medio de protección de
la autonomía universitaria. 5) El derecho de los profesores y estudiantes,
principalmente, como miembros de la comunidad universitaria, de participar
en los órganos de gobierno de las universidades y en sus decisiones. Y,
6) La existencia de un sistema verdaderamente democrático y de respeto
pleno a las libertades públicas y a los derechos humanos, que garantice efectivamente
la autonomía universitaria.
Por todo lo expuesto,
advertimos y denunciamos que en la actualidad en Venezuela no están
garantizados los principios fundamentales ni el cumplimiento del Pacto
Social del Estado de Derecho y de Justicia de una sociedad democrática y
plural que postula la Constitución.
Caracas, 22 de Diciemnre de 2010
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REMISIÓN:
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Alberto Rodríguez Barrera