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jueves, 27 de enero de 2011

Amnistía Internacional exige al Gobierno liberar a jueza Afiuni


DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional exige al Gobierno liberar a jueza Afiuni
A través de un comunicado, la subdirectora de Amnistía Internacional para Las Américas, Guadalupe Marengo, pide a las autoridades venezolanas prestar la atención médica necesaria a la jueza María Lourdes Afiuni.
 
ALICIA DE LA ROSA |  EL UNIVERSAL
jueves 27 de enero de 2011  10:24 AM
Caracas.- Amnistía Internacional instó al Gobierno de Venezuela a liberar a la jueza María Lourdes Afiuni, quien lleva un año detenida tras dictar una medida cautelar a favor del banquero Eligio Cedeño.

La subdirectora de Amnistía Internacional para Las Américas, Guadalupe Marengo, indicó que la detención de la Jueza 31 de Control de Caracas, "es aparentemente el resultado de interferencia del Presidente Chávez. Ella está detenida simplemente por cumplir con su trabajo y por ello debe ser liberada".

Además, expresa que la jueza necesita atención médica y ha recibido amenazas en varias oportunidades por internas del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

"Su salud es precaria y recibe poco o ningún tratamiento, además de encontrarse en riesgo de violencia. Las autoridades deben asegurar que mientras permanezca en prisión, no sea torturada o sometida a malos tratos por parte de la custodia ni de otras reclusas", destacó el comunicado.

Destaca que los informes médicos aseguran que la jueza Afiuni "tiene dos tumores en el seno. También presenta un problema ginecológico que le ha causado hemorragias desde noviembre de 2010. No se ha permitido a los médicos concluir los exámenes necesarios para brindarle un tratamiento adecuado. En enero de 2011 ella también tuvo varios episodios de taquicardia por los que no ha recibido tratamiento adecuado".

Asimismo, Amnistía Internacional le preocupa que el caso el jueza Afiuni pueda disuadir a los demás jueces de tratar a todos los acusados por igual. "El temor de los jueces a que sus decisiones sean rechazadas por parte de autoridades superiores, puede afectar de manera negativa los derechos humanos de la población y la posibilidad de que los acusados y las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan obtener justicia".
Fuente: EL UNIVERSAL