Opositores venezolanos piden intervención de OEA
Por LUIS ALONSO LUGO
The Associated Press
WASHINGTON --
Dirigentes opositores venezolanos solicitaron el miércoles a la OEA
que intervenga porque alegan que la ley habilitante concedida
recientemente al mandatario Hugo Chávez viola la carta interamericana
democrática.
Tres diputados y el representante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática entregaron al secretario general de la OEA José Miguel Insulza una carta de seis páginas en la que argumentan la necesidad de que el organismo multilateral intervenga.
Acciones recientes del gobierno venezolano "quebrantan el orden constitucional, desconocen el estado de derecho, irrespetan derechos fundamentales, vulneran el principio de la separación e independencia de los poderes públicos, desconocen la soberanía popular y por ello, violan diversas disposiciones de la carta democrática interamericana", sostiene el texto firmado por los diputados Omar Barboza, Ismael García y Luis Moreno, y el representante de la MUD, Ramón Medina.
El documento pide también a la OEA considerar "con urgencia" el desconocimiento a la inmunidad parlamentaria de cuatro candidatos que resultaron electos diputados en los comicios de septiembre.
Tras reunirse con Insulza durante poco más de una hora, Barboza dijo a periodistas que si bien la OEA nunca ha intervenido en Venezuela, "la situación interna y la percepción internacional han cambiado totalmente. Hay condiciones para que la OEA cumpla su responsabilidad de velar para que la democracia se respete en todos sus países miembros".
La delegación de opositores también se reunió con el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Santiago Cantón y planea regresar a Venezuela el jueves.
Insulza dijo la semana pasada en entrevista con la AP que la ley habilitante es contraria a la carta interamericana democrática y adelantó que varios países probablemente plantearán pronto el caso venezolano ante el Consejo Permanente, requisito obligatorio para cualquier actuación del organismo multilateral.
La Asamblea Nacional otorgó el mes pasado a Chávez la autoridad de gobernar por decreto durante 18 meses, pese a que un nuevo congreso con presencia de legisladores opositores se instaló días más tarde.
Tres diputados y el representante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática entregaron al secretario general de la OEA José Miguel Insulza una carta de seis páginas en la que argumentan la necesidad de que el organismo multilateral intervenga.
Acciones recientes del gobierno venezolano "quebrantan el orden constitucional, desconocen el estado de derecho, irrespetan derechos fundamentales, vulneran el principio de la separación e independencia de los poderes públicos, desconocen la soberanía popular y por ello, violan diversas disposiciones de la carta democrática interamericana", sostiene el texto firmado por los diputados Omar Barboza, Ismael García y Luis Moreno, y el representante de la MUD, Ramón Medina.
El documento pide también a la OEA considerar "con urgencia" el desconocimiento a la inmunidad parlamentaria de cuatro candidatos que resultaron electos diputados en los comicios de septiembre.
Tras reunirse con Insulza durante poco más de una hora, Barboza dijo a periodistas que si bien la OEA nunca ha intervenido en Venezuela, "la situación interna y la percepción internacional han cambiado totalmente. Hay condiciones para que la OEA cumpla su responsabilidad de velar para que la democracia se respete en todos sus países miembros".
La delegación de opositores también se reunió con el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Santiago Cantón y planea regresar a Venezuela el jueves.
Insulza dijo la semana pasada en entrevista con la AP que la ley habilitante es contraria a la carta interamericana democrática y adelantó que varios países probablemente plantearán pronto el caso venezolano ante el Consejo Permanente, requisito obligatorio para cualquier actuación del organismo multilateral.
La Asamblea Nacional otorgó el mes pasado a Chávez la autoridad de gobernar por decreto durante 18 meses, pese a que un nuevo congreso con presencia de legisladores opositores se instaló días más tarde.