Así traicionaron a CAP
*** Siendo Comandante del Ejército en 1989 detuve a Chávez y a los conjurados para ejecutar en esos días el golpe que finalmente dieron en 1992. Este artículo relata la forma como los intrigantes de palacio desinformaron al Presidente Pérez y dejaron el camino abierto al proceso político que llevó a Chávez al poder. Este es mi homenaje póstumo al presidente quien aun después de semanas de haber muerto no logra descansar en paz.
A varias semanas de la muerte del ex presidente Carlos Andrés Pérez y mortificado por la incertidumbre sobre el lugar donde serán sepultados los restos de ese venezolano ilustre, me veo en la necesidad de precisar hechos históricos desconocidos para casi todos nuestros compatriotas, e importantes para comprender la situación que vive el país y quizás para que conociendo nuestros errores no volvamos a cometerlos.
En julio de 1989 yo era uno de los generales candidatos a ser Comandante General del Ejército. En ese momento ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la fuerza. Nadie tenía idea de quién sería designado. Esos nombramientos son discrecionales del Presidente y yo a él ni siquiera lo conocía personalmente. Sólo me alentaba saber que ocupaba el primer lugar en mi promoción.
Como todos, estaba pendiente de las noticias de Miraflores. La noche del domingo 30 de junio fui al cine con mi esposa. A los 30 minutos de proyección vibró mi celular. Oí la inconfundible voz de “El Gocho” notificándome que había decidido nombrarme Comandante General del Ejército.
La película desapareció de mi vista. Me alegré inicialmente, pero de inmediato volví a la realidad. “El Caracazo” había ocurrido cuatro meses antes y las heridas estaban abiertas. Sabía que en el Ejército había una conspiración en marcha, comandada por el mayor Hugo Chávez Frías: yo la había denunciado en informes a la superioridad, los cuales fueron extrañamente desestimados. Había dificultades en algunas de las licitaciones para asignar contratos del plan de adquisiciones surgido a raíz de la entrada de la corbeta colombiana Caldas a nuestras aguas territoriales. Mi anhelado nuevo cargo no iba a ser un paseo de salud. CAP me había montado sobre un barril de pólvora, pero aun así se lo agradecí.
A los pocos meses del nombramiento se detectó que la empresa Margold, proveedora de la fuerza, había ofertado la venta de tres batallones de vehículos blindados ligeros a ser fabricados en Brasil. Al enviarse una comisión a inspeccionar la fábrica ofertante se supo que la empresa estaba cerrada. La señora Gardenia Martínez, representante de la compañía, manifestó que no había problemas porque los vehículos iban a ser fabricados en Singapur. Al pedírsele la documentación se determinó que estos vehículos eran distintos a los ofrecidos. Acto seguido solicité ante el Presidente de la República la rescisión de ese contrato y así se hizo. Por esos días empezaron a salir en la prensa nacional algunos comentarios poco favorables sobre esa decisión. Estaba claro que había herido intereses importantes, pero el Presidente no se había opuesto.
Cuando llegué al comando del Ejército una de mis prioridades era investigar la conspiración que había detectado antes, siendo Director de la Academia Militar. En aquella oportunidad algunas autoridades echaron tierra al asunto e incluso el principal señalado, el capitán Hugo Chávez Frías, fue ascendido al grado de mayor y enviado a un comando aislado en la frontera con Colombia. Esos hechos me intrigaron. En el Ejército estaba pasando algo raro y como Jefe de Estado Mayor yo no había tenido suficiente autoridad para llegar al fondo del asunto. Pero ahora yo era el Comandante General.
La DIM es el órgano responsable para conducir ese tipo de investigaciones de carácter político-militar. Mis anteriores solicitudes de información se habían estrellado contra el argumento de que no había suficientes pruebas para sustentar una denuncia, aunque me informaban que la DIM estaba investigando. Ahora, estando al timón del Ejército, tenía medios para averiguar a fondo.
Al poco tiempo recibí reportes sospechosos de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Era obvio que alguien o algunos estaban manipulando la información. Pedí a la Dirección el expediente de Chávez. Los informes sobre actividades conspirativas de un grupo movido por el entonces capitán Chávez, que había pasado siendo Director de la Academia Militar, simplemente no aparecían. Alguien había lavado el expediente. Esto me impulsó a pedir permiso a CAP, en forma privada, para crear una red paralela de inteligencia con gente de mi confianza. El presidente me autorizó y a partir de ese momento la información empezó a fluir.
Estábamos en el mes de diciembre 1989 y las investigaciones realizadas por mi inteligencia paralela me indicaron de manera precisa que se preparaba un golpe para esos días. El Presidente se había ido de viaje a Davos, Suiza, dejando la presidencia a cargo del Dr. Alejandro Izaguirre. El 5 de diciembre en la tarde le informé al doctor Izaguirre sobre el plan conspirativo en marcha, del cual me había cerciorado por mi red paralela, y le dije que iba a detener a los conjurados para así abortar el golpe inminente.
El doctor Izaguirre consultó con el presidente en Davos. Debido a la diferencia horaria hubo que esperar varias horas hasta que al fin Pérez ordenó que no fueran detenidos hasta su regreso. Esa orden llegó tarde. Ya los tenía bien presos y el golpe había sido frustrado antes de ocurrir. Al otro día, al regresar, Pérez ordenó ponerlos en libertad. Un grupo de gente de su entorno incluyendo ministros, generales, guardaespaldas y hasta familiares, abogaron por Chávez. El general Herminio Fuenmayor, jefe de la DIM, declaró que no había conspiración puesto que él aun no la había detectado. Ante semejantes decisiones puse mi cargo a la orden por sentirme desautorizado. El presidente Pérez me convenció de que permaneciera al frente del Ejército.
Pero este episodio me creó una barrera con Pérez. A partir de ese momento me perdió confianza dirigiendose a mi llamándome “general” a secas. En abril de 1990 ocurrió algo que puso a prueba la relación de superior a subalterno. Un nuevo hecho de corrupción afloró involucrando a su jefe de seguridad personal, un cubano- venezolano llamado Orlando García. Éste resultó ser el presidente de una empresa cuya vendedora era su amante, la señora Gardenia Martínez. La conexión romántica no era el problema, sino que la señora Martínez, a través de la empresa Margold, había vendido al Ejército una munición checoeslovaca que no había entregado, pero sí cobrado en su totalidad. Las pruebas eran irrefutables. Pero había un problema humano: Gardenia era una de las mejores amigas de Cecilia Matos. Por eso el Presidente no tomó la decisión que como Comandante del Ejército cumplí el deber de recomendar: abrirle juicio a Orlando García, su jefe de seguridad.
Entiendo que la relación suya con Orlando García y de la señora Matos con Gardenia Martínez hacía difícil la situación para Pérez. Por ello se metió tras el burladero de la DIM, aduciendo que Herminio Fuenmayor aun no había terminado su investigación. Han debido ser días muy duros para Carlos Andrés Pérez, atrapado entre sus obligaciones como presidente y sus ataduras familiares. Lo cierto es que llegó el mes de julio de 1990 y, para mi sorpresa, no fui relevado de mi cargo. Según ha dicho después el almirante Carratú, jefe de la Casa Militar, esa fue la peor decisión en la vida de CAP. Yo humildemente creo que fue la decisión que lo salvó ante la historia.
Los meses fueron pasando y CAP y yo nos mantuvimos navegando entre dos aguas. Su estrategia era esperar hasta julio del 91 para que yo pasara a retiro. La mía era alertarlo sobre la existencia de una creciente conspiración y por la otra hacer entender las implicaciones negativas que para su administración tendría el escándalo de la Margold. Durante ese tiempo mantuve mi posición de que se le abriera juicio a Orlando García. Cada vez las maniobras retardatrices eran más difíciles para una persona con el orgullo del presidente. Mi severidad me hacía cada día más incómodo al recordarle el golpe y el contrato de marras. Al final, exhausto, CAP me dijo: “General, le prohíbo que vuelva a decirme que hay una conspiración. ¡A mí ningún militar me va a tumbar!”. Acto seguido volvió a su ritornelo: “Herminio sigue investigando a Orlando García”. Esta fue su via de escape para evitar que le mencionara el asunto. Pero el tiempo se estaba acabando y para mí la situación estaba llegando a un insostenible punto de quiebre ético y legal. A finales de mayo de 1991 informé personalmente al Presidente que si no abría una averiguación sumarial contra Orlando García tendría que denunciarlo, porque así lo demanda nuestro ordenamiento jurídico. No me contestó.
El 3 de junio en la tarde llamé al Presidente para informarle que al día siguiente denunciaría el caso de la Margold ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Me respondió tajantemente: "Le prohíbo ir al Congreso. Herminio no ha terminado su investigación". Al día siguiente en la mañana salí rumbo al Congreso Nacional. Cuando iba a la altura de la Ciudad Universitaria recibí una llamada del Ministro de la Defensa, el VA Héctor Jurado Toro. Me repitió el edicto presidencial.
Era muy tarde, yo había quemado mis naves. Le contesté: “Héctor, nadie me puede impedir poner esta denuncia”. A los pocos minutos llegué al Capitolio. Al entrar al edificio me abordó Henry Ramos Allup, jefe de la fracción parlamentaria de AD, diciéndome: "General, a Ud. el Presidente le prohibió venir”. Le repliqué: “Diputado, ¿a quién obedezco? ¿A la Constitución o al Presidente?”. Ramos Gallup sonrió socarronamente y me dejó pasar a la sala donde me esperaba la Comisión de Defensa. Lo demás es historia.
Este relato se ha hecho necesario porque el Caso de la Margold fue el más sonado escándalo de corrupción en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, cuyos adversarios históricos tratarán de involucrarlo en actos cometidos por personas de su entorno. Esto sería totalmente injusto. El presidente Pérez se vio atrapado en una madeja de problemas causados por familiares y antiguos relacionados, en contradicción con sus funciones de Estado. Puedo dar fe como testigo de excepción que se le hizo imposible balancear esas dos responsabilidades. Eso no lo exime de responsabilidad como gobernante, pero si de culpa como corrupto.
Después de la muerte de CAP, Carratú, el jefe de la Casa Militar que lo guió por esa cadena de desatinos, está publicando por internet su versión de la historia. Según él yo recomendé que Chávez aprobara el Curso de Estado Mayor, pese a haber sido reprobado. Además afirma que yo recomendé a Chávez para el ascenso y que incluso lo nombré comandante de Batallón de Paracaidistas con el cual se alzó.
Sorprenden estas declaraciones de Carratú. Muchas personas relevantes y responsables saben cuál era la situación e incluso los hechos fueron revelados entonces por periodistas de investigación. Es un conocido hecho histórico la conspiración de diciembre de 1989, que aborté deteniendo a los conspiradores con Chávez a la cabeza, y que el presidente Pérez ordenó ponerlos en libertad. Posteriormenente cuando a Chávez le correspondió asistir a su curso de Estado Mayor acababa de ser eximido de culpas por el propio Presidente de la República. Esto es el equivalente a un sobreseimiento antes de que se le abriera la causa. ¿Cómo podía el Comandante del Ejército que yo era, a riesgo de insubordinación ir contra una orden presidencial que exoneraba a un oficial negándole su derecho de atender un curso que le correspondía?
En cuanto al ascenso y cargos, la situación es similar. Las listas de candidatos a ascenso en el Ejército se envían a evaluación del Ministro de la Defensa y el Presidente de la República durante la segunda quincena del mes de junio de cada año. Yo fui destituido como Comandante del Ejército el 6 de junio de 1991, después que comparecí ante el Congreso para denunciar la estafa de la Margold. ¿Puede alguien explicar cómo pude recomendar para ascenso y cargos a Chávez o a quien fuera, luego de mi expulsión del Ejército? Así son las acusaciones que lanza por internet el almirante Carratú, quizás resentido porque estuvo detenido por participar en el proyecto Turpial, uno de los grandes negocios donde participó Cecilia Matos.
Carlos Andrés Pérez acató el Estado de Derecho inhibiéndose de actuar en la conspiración de Chávez, cuando quienes debieron hacerlo no le aportaron las pruebas necesarias para proceder judicialmente e incluso le ocultaron lo que estaba ocurriendo. Allí está el meollo de los hechos y quizás la clave de la conspiración. El presidente Pérez confió en quienes fueron desleales o incapaces, o actuaron no conforme a su deber sino atendiendo a las relaciones de palacio, a las cuales yo fui totalmente extraño. Esa equivocación suya casi le cuesta la vida a él y a su familia en febrero de 1992, y ahora le está costando la libertad y la democracia a Venezuela. Nos toca a los venezolanos corregir esa equivocación.
Sigamos adelante en nuestra lucha para sacudirnos la férula de Chávez y Fidel.
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