La Razón / ND
Presidente, dé la orden: ¡Amnistía ya!
Cuando veo el alborozo de los presos políticos liberados, aunque sea condicionalmente, pero que se han beneficiado de medidas cautelares que les permiten regresar a sus hogares, alegría que comparten sus familiares y amigos, no puedo sino sentirme contagiada por esa emoción y desearle a cada uno de ellos que vivan cada minuto de esta libertad a medias que disfrutan a pesar de que, para comenzar, sabemos que su detención había sido injusta, abusiva, negándoles de manera cruel derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud.
Lo que no podemos olvidar es que estas “libertades condicionales” demuestran como funciona la justicia en Venezuela. Las órdenes las da el ejecutivo nacional y se manifiestan utilizando las distintas instituciones judiciales dependiendo de los escenarios que se van presentado para exigir dichas libertades, como lo fueron las huelgas de hambre de los jóvenes y estudiantes, las denuncias nacionales e internacionales de personalidades, parlamentos, gobiernos, ONG´S de derechos humanos y por último, la orden dada directamente por el Presidente de la República luego de que se conociera de su enfermedad y tratamiento y que tomara la forma de un exhorto al poder judicial para otorgar a los presos políticos que padecieran enfermedades, las medidas de libertad que les correspondía según cada caso.
Quienes han sido privados injustamente de libertad por razones políticas no sólo han sufrido lo peor que le puede pasar a un ciudadano; también durante estos años han sido victimas del abuso del poder ejercido por fiscales y jueces, quienes además de emular a los juristas del horror de las peores dictaduras, no han mostrado ningún tipo de vergüenza por esconder su subordinación al poder central y obedecer órdenes violatorias de las leyes de la República y de los convenios y tratados internacionales.
En otras ocasiones he hecho referencia a la aplicación del derecho penal del enemigo (que nada tiene que ver con las leyes que rigen a los países en conflicto), o de la justicia penal paralela, como también se le llama, en Venezuela. Hay una declaración de guerra contra los enemigos de la revolución, y a ellos se les aplica una justicia que se va adaptando a cada caso como le vaya conviniendo al gobierno y a todos sus representantes.
Por eso vemos cuan fácil se violan el debido proceso y los derechos humanos en estos juicios; como se les aplica a los perseguidos políticos un derecho que viola el artículo 21 de nuestra Constitución Nacional que prohíbe la discriminación y supuestamente garantiza la igualdad ante la ley. Desde detenciones sin ordenes judiciales previas, imputaciones con delitos que no están tipificados en el Código Penal, impedimentos a la defensa para presentar pruebas, dilataciones procesales que se transforman en verdaderas torturas psicológicas que afectan no solo la psiquis de la victima sino la de toda la familia, negaciones arbitrarias de medidas cautelares y procesales, y sentencias injustas son, entre otras, las formas de perseguir, intimidar y castigar a disidentes y oponentes del proceso.
Cuando la justicia es utilizada como un fusil para acallar a los que protestan y denuncian, lo legal, lo justo, lo que a cada ciudadano le corresponde por derecho, termina siendo una dádiva del ejecutivo y un mensaje a los afectos del gobierno que pareciera transmitirles que “no somos tan malos con nuestros enemigos, como ellos dicen, y hasta podemos tener piedad”. La situación de enfermedad de cada uno de los presos políticos la conocía con anterioridad el gobierno nacional. Por denuncias de sus familiares y abogados y por documentos dirigidos directamente al Ministro de Interior y Justicia a raíz del acuerdo realizado entre el propio ministro El Aissami y los jóvenes que realizaron la huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas. ¿Hubo que esperar entonces a que el Presidente diera la orden?
¿Quien le devuelve el tiempo perdido a cada una de estas personas injustamente encarceladas, y a quienes por persecución política se encuentran fuera de su patria pasando trabajo y separados de sus familias? ¿Quién les devuelve los años que han dejado de vivir libres, de ver crecer a sus hijos, o de realizarse como profesionales; incluso de enterrar a sus seres queridos?
Los venezolanos exigimos urgentemente el cese de la persecución por motivos políticos y la aprobación de una Ley de Amnistía y Reconciliación Política. Los presos y perseguidos políticos tienen derecho a recobrar su verdadera libertad, sin ningún tipo de restricciones. Presidente, de la orden. ¡Amnistía ya!
FUENTE: Noticiero Digital