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viernes, 2 de septiembre de 2011

Corte IDH dicta fallo unánime en el caso de Leopoldo López // El Universal



Derechos Humanos | Contenido de la sentencia se conocerá en 10 días

Corte IDH dicta fallo unánime en el caso de Leopoldo López

Pese a que rechazó ofrecer detalles en relación con el contenido del dictamen, el presidente de la Corte sí adelantó que la resolución fue respaldada por él y los otros cinco jueces presentes. "La decisión fue adoptada, pero será después de que sean notificadas las partes que se hará pública", anunció el presidente del tribunal continental.


JUAN FRANCISCO ALONSO |  ENVIADO ESPECIAL/ EL UNIVERSAL
viernes 2 de septiembre de 2011  12:00 AM

Bogotá.- La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. El exalcalde de Chacao, Leopoldo López, deberá tener en cuenta esta frase del pensador francés Jean Jacques Rousseau, porque aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó ayer posición en relación con la inhabilitación que la Contraloría General de la República le impuso para el ejercicio de cargos públicos, aún deberá esperar unos días para conocer si el dictamen lo favorece y en qué medida.

"La decisión fue adoptada, pero será después de que sean notificadas las partes (el Estado, CIDH y el dirigente opositor) que se hará pública", anunció el presidente del tribunal continental, el magistrado peruano Diego García-Sayán, al salir del salón El Cedro del hotel Embassy Suites de Bogotá, donde los miembros de la instancia permanecieron reunidos, a puerta cerrada, durante casi 20 horas entre el miércoles y el día de ayer.

García-Sayán aseguró que el dictamen será difundido a la opinión pública en un lapso de ocho a diez días, una vez que el mismo sea corregido, traducido a los idiomas oficiales de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y remitido a los protagonistas del proceso.

Pese a que rechazó ofrecer detalles en relación con el contenido del dictamen, el presidente de la Corte sí adelantó que la resolución fue respaldada por él y los otros cinco jueces presentes (el costarricense Manuel Ventura, la jamaiquina Margarette May Macaulay, la dominicana Rhadys Abreu, el uruguayo Alberto Pérez y el chileno Eduardo Vio Grossi). El vicepresidente del organismo, el argentino Leonardo Franco, no participó en este período de sesiones por presentar serios problemas de salud.

A cumplir

Aunque no quiso adelantarse a la reacción de las autoridades venezolanas frente al dictamen, el presidente de la Corte no dudó en apelar a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Venezuela, para dejar en claro que "las sentencias se tienen que cumplir".

Un estudio publicado por El Universal en marzo pasado dio cuenta de que los primeros diez fallos dictados por el tribunal continental sobre el país, apenas dos han sido cumplidos parcialmente por las autoridades (casos de El Caracazo y El Amparo) y en los dos últimos (casos de la destitución de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la jueza María Reverón) ellas han dicho abiertamente que no tienen la más mínima intención de acatarlos.

Importancia continental

La decisión adoptada ayer, la doceava referente a Venezuela, reviste de gran importancia, pues es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia en un caso relacionado con derechos civiles y políticos. En las más de tres décadas que tiene el juzgado regional funcionando éste se ha pronunciado en temas como: el debido proceso, independencia judicial, libertad de expresión y acceso a la información púbica, estados de excepción, desapariciones forzadas, derechos de reclusos, asuntos que puede tratar la justicia militar, entre otros.

Asimismo el fallo no sólo repercutirá a lo interno, permitiendo o no al dirigente de Voluntad Popular participar en los comicios presidenciales de 2012, sino que también podría cambiar el estatus de cientos de ciudadanos de al menos ocho países de la región donde organismos administrativos pueden imponer inhabilitaciones, aún cuando la Convención Americana, en su artículo 23, dice que solo una decisión judicial puede impedirle a un ciudadano elegir o ser elegido.

jalonso@eluniversal.com