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sábado, 24 de septiembre de 2011

VENEZOLANOS CONSIGNAN DOCUMENTO ANTE LA OEA


23 de septiembre de 2011 23:57

DOCUMENTO CONSIGNADO HOY ANTE LA OEA

Excelentísimo Señor
José Miguel Insulza
Secretario General de la  
Organización de Estados Americanos
1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA
Presente.-
  
Nosotros, los abajo firmantes, abogados de la República Bolivariana de Venezuela y miembros de los Colegios de Abogados del país, así como los representantes de las organizaciones de derechos humanos abajo mencionadas, ciudadanos venezolanos e integrantes formales del sistema de justicia venezolano, de conformidad con el artículo 253 de nuestra Constitución acudimos a Usted para solicitar sus buenos oficios para convocar, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Interamericana Democrática, al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para que considere la situación descrita a continuación y adopte las medidas pertinentes.   

1.      Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que rechaza la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1º de septiembre de 2011.

El 20 de septiembre de 2011, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela emitió un Pronunciamiento (ver anexo), suscrito sólo por los diputados miembros del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y por sus aliados, los cuales controlan la mayoría de  dicha Asamblea, mediante el cual la Asamblea Nacional rechaza expresamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1º de septiembre de 2011, que declara violatoria de los derechos humanos a la participación política las resoluciones Nº 01-00-000206 de fecha 24 de agosto de 2005 y 01-00-000235 del 26 de septiembre de 2005, dictadas por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, mediante las cuales se inhabilitó políticamente para participar como candidato en elecciones populares al ciudadano Leopoldo López, ex Alcalde del Municipio Chacao del Estado Miranda.

Dicho pronunciamiento textualmente señala:

“…los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, en nombre del pueblo venezolano, rechazamos rotunda, categórica, enérgica y contundentemente el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 1º de septiembre de 2011, publicada en fecha 16 de septiembre de 2011,

por considerar que la misma constituye una evidente intromisión en las funciones y competencias de los Poderes Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, socavando su soberanía, integridad, independencia, autodeterminación y libertad, al punto de pretender inclusive usurpar las funciones que le son propias a los Órganos de los referidos Poderes Públicos”.
Tal pronunciamiento no sólo es una violación flagrante a nuestra Constitución, la cual en su artículo 23 y 31 obliga al Estado a adoptar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que además viola el artículo 3 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Esta última norma establece expresamente que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En nuestro carácter de abogados autorizados por la ley para el ejercicio del derecho y para garantizar el sistema de justicia nos vemos obligados, en los términos del artículo 253 de nuestra Constitución, a denunciar la gravedad de este rechazo expreso por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a una decisión dictada por la máxima autoridad judicial en derechos humanos del continente, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De conformidad con lo anterior, requerimos de su convocatoria del Consejo Permanente de la OEA a los efectos de realizar la apreciación colectiva del caso, y adoptar las medidas que considere convenientes.
2.      Solicitud de exhorto al agente del Estado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos
Es de notar además que el estado venezolano, a través de su agente designado, Abogado Germán Saltrón Negreti, participó en todas las fases del proceso llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en todas las actuaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que precedieron la decisión antes referida de la Corte, del 1º de septiembre de 2011, presentando, conjuntamente con los abogados designados por la República Bolivariana de Venezuela, testigos, pruebas y expertos.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, el propio agente designado por el estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado Germán Saltrón Negreti antes mencionado, se ha dedicado a emitir opiniones públicas desconociendo el cumplimiento de la decisión referida.[1] Lo mismo ha sucedido con el Procurador General de la República, el Dr. Carlos Escarrá, quien ha negado la aplicación inmediata del fallo.[2]

En vista de lo anterior, respetuosamente solicitamos de Usted que someta al Consejo Permanente nuestro requerimiento de que exhorte al agente del estado venezolano a que se abstenga de emitir opiniones que fomenten el desconocimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como solicitamos de esa organización que tome las medidas que considere pertinentes en relación con dicho irrespeto de las decisiones de la Corte.
 
De acuerdo con lo expuesto, respetuosamente requerimos su urgente consideración de lo solicitado,

En la ciudad de Caracas, a los 23 días del mes de septiembre de 2011,

Atentamente,

Por el Frente Nacional de Abogados: Yvett Lugo (presidente del Colegio de Abogados de Caracas), Alfredo Romero, Alonso Medina Roa, Gonzalo Himiob, Tamara Sujú, Jackeline Sandoval, Haydee Deutsch, Claudia Mujica, Elinor Montes, Enrique ter Horst, Elenis Rodríguez, Luz Marina Alvarez ( presidente del Colegio de Abogados del estado Bolivar), Norma Delgado (Vice presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela), Jorge Rosell (presidente del Colegio de Abogados del estado Lara), Rombet Camperos (presidente del Colegio de Abogados del estado Barinas).
Suscriben esta petición también las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Un mundo sin mordaza
Foro Penal Venezolano
Nueva Conciencia Nacional
Asociación Civil Vive
Fundepro
Mujeres de Negro