PORTACHUELO: Por René Núñez
¿Derechos humanos o
derechos
revolucionarios?
En este país se
habla mucho. Y se obra poco. A veces pienso que el irrespeto es parte de
nuestra cultura. Cuando se hace de la arbitrariedad y del abuso de poder una
forma de gobernar. Donde la vida, en su esencia natural, importa poco. Mas no la revolución. La burla, la fanfarria, forma
parte del show ideológico para provocar escándalo y desprestigiar de manera
sistemática a quienes se atrevan a llevar la contraria.
No puede haber
respeto en un país como el nuestro cuando los poderes públicos no gozan de
autonomía e independencia para garantizar el estado de derecho. Menos para
garantizar los cinco principios básicos de un sistema democrático como lo son:
la libertad, la igualdad en el trato ante la ley, la tolerancia de la
diversidad de pensamientos, la solidaridad, no la incondicional sino la
inteligente, y la participación social sin distingo de color o credo político.
Desde hace 10 años,
el Gobierno nacional ha estado negando la visita al país de una comisión de
CIDH para constatar y evaluar las reiteradas violaciones de derechos humanos
denunciadas ante ella por ciudadanos, ONG y partidos políticos. Igualmente se
ha negado a acatar resoluciones y recomendaciones de distintos entes
internacionales en materia no sólo de derechos humanos, sino de libertad de
prensa y de televisión, así como
laboral. Se ha burlado de sus compromisos internacionales.
Por eso la
solicitud de denuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como
el retiro de la Corte Interamericana y
de la Comisión hemisférica de Derechos Humanos, no nos sorprende. La CIDH se
creó y así lo viene haciendo para velar porque esos derechos sean conocidos,
protegidos y garantizados en todas sus formas. Si habido una materia que cada
día tiene más respaldo y apoyo de la comunidad internacional es la de los
derechos humanos protegidos por instrumentos jurídicos nacionales e
internacionales en todos los continentes. El derecho internacional ha estado
creando tribunales con plena jurisdicción para fallar sobre presuntas
violaciones a los derechos que asistan a la persona sin importar su
nacionalidad. Paralelamente, los Estados han ido adecuando sus legislaciones e
instituciones judiciales y cuasi judiciales para proteger a los derechos
humanos dentro del territorio. Venezuela había sido uno de esos países
respetuosos de esos acuerdos suscritos hasta que llegaron al poder los que nos
gobiernan para asumir el principio de la soberanía como un argumento absoluto
de Estado, para hacer valer, por un lado, su poder interno para imponer un
proyecto ideológico socialista-comunista, que en el fondo trastoca y
deslegitima valores y derechos universalmente consagrados en las constituciones
democráticas del mundo, incluyendo la nuestra; y por otro, para confrontar
internacionalmente toda acción, toda resolución, toda recomendación que venga
de entes jurisdiccionales internacionales que vaya en contra del citado
proyecto.
Cabe destacar que
el rol de la actual jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
fue aceptado por casi la totalidad de los países de la región, quienes con su
firma decidieron someterse a la jurisdicción de un tribunal internacional. Uno
de esos tribunales es justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
la OEA con sede en Costa Rica.
Salirnos de la CIDH
nos convertiría en una sociedad o nación
de forajidos, y la impunidad será la norma. ¿Estarán pensando en un
estado de excepción de cara a las elecciones del 7-O?
FUENTE: Correo del Caroní