PORTACHUELO. Por: René Núñez
¿Políticas públicas
o socialistas?
Cuando en una
sociedad democrática los conflictos sociales proliferan por doquier significa
que la relación gobierno-gobernados no está funcionando como debe ser. Lo más
seguro, las ofertas de bienes y servicios no se corresponden con las
necesidades y demandas sociales de la población. Cuando esto ocurre, las
políticas públicas puestas en marcha se diseñaron sin la participación del
público o simplemente, de parte de quienes las administran, adolecen de
voluntad política para aplicarlas.
Características presentes
en la mayoría de los países latinoamericanos, donde éstas son pensadas y
elaboradas en círculos cerrados por elites de poder para imponen intereses
ideológicos o partidistas o personales favoreciendo a parcialidades y no al
colectivo.
La realidad de
nuestro país. En estos últimos trece años las políticas públicas se han
caracterizado por tener un alto contenido ideológico creando de plano una
segregación de intereses, favoreciendo a una minoría y perjudicando a las
grandes mayorías. La revolución tiene preeminencia sobre el bien común o
público. A ello se debe el alto grado de conflictividad en casi todo el
territorio nacional. Cuando no son los trabajadores son los estudiantes o los
profesores o los jubilados y pensionados o los gremios profesionales o los
sectores comerciales y empresariales, etc.
El jefe de la
revolución nunca ha mostrado disposición o interés por el diálogo y el consenso
social. Por el contrario, ha sido intolerante, asumiendo una conducta
beligerante de manera permanente. Convirtiéndose en sí mismo en una traba u
obstáculo, reduciendo por la fuerza los espacios de la libertad, de la
diversidad, de la participación de todos los sectores con derechos a promover,
defender y desarrollar sus intereses que son de la nación.
Bajo un esquema de
constante confrontación, de pensamiento vertical y único, no hay posibilidades
ciertas de progreso y desarrollo nacional. Se está ante un Estado manejado por
unos resentidos sociales que no le interesa velar por el diseño y
administración de políticas que proporcionen estabilidad económica y permita la
vinculación del sector privado con el gobierno. Menos respetar normas o reglas
cuando las mismas contravienen la concepción socialista comunista. A esta
situación se le agrega la falta de separación de los poderes públicos, donde la
corrupción y la impunidad son parte de una cultura.
Por naturaleza, el
Estado cumple tres funciones básicas: la ejecutiva o administrativa, la
legislativa y la judicial, conforme lo establece la fuente suprema que es la
Constitución del 99. Con la ejecutiva provee las necesidades y mantiene los
servicios públicos de seguridad y de vida. Mediante la legislativa establece el
ordenamiento jurídico que regula su organización y su acción, como la vida
social. Y con la judicial dirime las controversias para dar la razón a quien la
tiene.
Esos lineamientos
ejecutados por el Estado es lo que se denominan políticas públicas. Acciones de
Gobierno que tienen como misión la de dar respuestas a las diversas demandas de
la población. Sin ellas no es posible asegurar el desarrollo económico y el
bienestar social de toda una nación. Esta es la gran discusión que los
venezolanos debemos dar de cara a las próximas elecciones del 7 de octubre,
pues la discusión es si se valida para un nuevo período las políticas
socialistas del régimen de turno o se rechaza para contar con unas políticas
públicas incluyentes y facilitadoras del progreso mediante la concertación de
todos los actores sociales.
Pueden oírme en
Diplomacia de Micrófono de 7:00 a 8:00 am, por Skandalo 106.9 FM.
Internacionalista
FUENTE: Correo del Caroní