El
Diputado 99
Por:
Octavio Lepage
Miércoles,
13 de noviembre de 2013
Llama poderosamente la
atención de que el gobierno, para justificar la solicitud improcedente de una
ley habilitante, escogiera precisamente el argumento de que hace falta para
combatir la corrupción.
El gobierno Maduro/Cabello
aprobará la ley habilitante gracias a la adquisición del voto de un diputado. A
este acto de corrupción individual se suma otro de corrupción institucional. En
efecto, como el diputado que negoció su voto, Carlos Flores, es suplente, se
inhabilitó a la diputada principal, María Mercedes Aranguren, con la
complicidad de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo de Justicia.
Carlos Flores se retiró del
PSUV, para inscribirse en el partido Mi Gato, recién fundado por el entonces
Gobernador de Monagas, el Gato Briceño, también disidente del PSUV. El
represalia, el gobierno le expropió su finca ganadera que ahora se la van a reintegrar
a cambio de su voto. A estos niveles de indecencia ha descendido la moral
política en Venezuela.
Como se recordará, la Unidad
Democrática salió victoriosa en las elecciones parlamentarias de Diciembre del
2010. Obtuvo el 52% de los votos contra 48% de los candidatos del PSUV. Sin
embargo, el CNE, proclamó 98 diputados del PSUV y apenas 67 de la oposición. No
satisfecho con esta holgada mayoría irrita de diputados, el oficialismo
persevera en su determinación de ir reduciendo la fracción parlamentaria de
oposición. Los diputados William Ojeda y Hernán Núñez saltaron la talanquera,
no precisamente por discrepancias ideológicas ni por angustias metafísicas. Y
aquellos diputados que rechazaron el ablandamiento fueron expulsados de la
Asamblea Nacional a base de acusaciones basadas en documentos forjados y
pruebas manipuladas. El caso más resaltante es del diputado Richard Mardo. Lo
mismo sucede con las gobernaciones. El PSUV, a su manera, ganó veinte (20)
gobernaciones y la oposición apenas tres (3). Pues bien, los tres gobernadores
de oposición (Capriles, Falcón y Guarulla) se les pretende enjuiciar
acusándolos de corruptos. A los oficialistas no les preocupe escupir hacia
arriba.
Llama poderosamente la
atención de que el gobierno, para justificar la solicitud improcedente de una
ley habilitante, escogiera precisamente el argumento de que hace falta para
combatir la corrupción. En efecto, abundan las evidencias de corrupción
generalizada y galopante en estos 14 años de gobierno “revolucionario”. Los funcionarios
enriquecidos indebidamente son legión e identificarlos no es difícil, porque
disfrutan haciendo ostentación de sus riquezas. Incluso después de la
presentación del proyecto de ley habilitante afloraron casos escandalosos de
corrupción (Fondo Chino, Fonden, Empresas de maletín que recibieron
indebidamente 24 millones de dólares y muchas etcs). Es evidente que eso de la
ley habilitante es una farsa. E insistimos en que no hay que afligirse, hay que
arrecharse.
FUENTE: ANALÍTICA