Un hombre en una de las protestas del 23 de febrero en Caracas. / RAUL ARBOLEDA (AFP)
ONG de Venezuela documenta 18 casos de tortura durante las protestas
El Foro Penal Venezolano asegura que los opositores han sido salvajemente golpeados y abusados por la policía civil y militar
Su
madre pide que la identidad de su hijo, y la de ella, queden en reserva
por temor a represalias. El 12 de febrero, mientras él regresaba de una
protesta convocada por la oposición al gobierno del presidente
venezolano Nicolás Maduro, que culminó con dos fallecidos, fue detenido
por agentes del Sebín (Servicio Bolivariano de Inteligencia). La familia
no conoció de su paradero sino 30 horas después, cuando fue presentado
en los tribunales. A él le dieron, dice ella, una salvaje paliza que
incluyó un repertorio de torturas: desde descargas de electricidad en el
cuello, pasando por la colocación de bolsas de aire en la cabeza, hasta
golpes con palos. “Y eso sin contar la tortura psicológica. Le decían
que me estaban violando a mí y a su hermana”, dice ella, serena pero
conmovida, casi a punto de llorar.
Este
joven, estudiante de Derecho en la Universidad Santa María de Caracas,
tiene 23 años y es nieto de gallegos. Como él, otras dos personas de
nacionalidad española han sido salvajemente torturadas por policías y
militares venezolanos por participar en los disturbios que desde
principios de febrero mantienen a Venezuela parcialmente paralizada,
según la organización defensora de derechos humanos Foro Penal
Venezolano. El caso más escandaloso es el de Juan Manuel Carrasco,
también descendiente de españoles, que según su madre Rebeca González
fue violado con el cañón de un fusil. La Fiscal General de la República
ha negado que en la presentación de Carrasco ante tribunales se
conociera esa versión.
En
total son 18 historias de torturas que conoce el Foro Penal Venezolano.
“A todos los detenidos se les ha violado el derecho a la defensa. No se
les permite contacto con sus abogados y se les obliga a firmar un acta
en la que reconocen que sí han sido atendidos por defensores”, denuncia
el director de la ONG Alfredo Romero.
La
oposición política también ha querido aprovechar este tema para
mantener viva las razones de la protesta. El sábado, durante su
intervención en la última gran concentración de quienes rechazan al
gobierno, el ex candidato presidencial Henrique Capriles quiso
aprovechar ese momento para hablar de los torturados. Citó el caso de un
joven al que le partieron un casco en la cabeza. En su criterio es
obvio que el gobierno de Maduro trata de tapar esas denuncias. El relato
del chavismo emerge sobre la represión que durante la democracia de
partidos (1958-1998) sufrió la ultraizquierda venezolana.
El
Foro Penal Venezolano tiene constancia de la muerte de siete personas,
la mayoría de ellas después de tratos crueles e inhumanos. Está el caso
de Geraldine Moreno, una joven asesinada en Valencia, Estado de
Carabobo, al recibir una descarga de perdigones en el rostro. Pero el
número de víctimas subió a 11. Este domingo el presidente Nicolás Maduro
sumó al trágico balance el nombre de Danny Vargas en el Estado andino
de Táchira, la región donde el gobierno central ha reconocido graves
problemas de orden público. Vargas murió en una Guarimba (barricada
callejera) cuando fue acuchillado por una persona que, según el
gobernante venezolano, había sido humillada por manifestantes
opositores.
Esa
versión busca abonar una tesis que desde el viernes en la noche
sostiene el gobierno. En las barricadas anidan los sectores más
radicales del antichavismo capaces también de provocar la muerte de
personas ajenas a la manifestación. El viernes un motorista, Elvis
Durán, falleció después de chocar contra una cuerda colocada por
opositores que pretendían impedir la libre circulación en el sector
residencial de Horizonte, en el este de Caracas.
El
propio Maduro ha tomado este par de casos como otra forma de demostrar
que está enfrentando un “golpe de Estado prolongado y fascista”. Por el
caso del motorista Durán el Presidente ordenó la detención del general
retirado del Ejército Ángel Vivas, a quien su gobierno responsabiliza de
“entrenar a los fascistas” y de sugerir la colocación de cuerdas en las
barricadas.
Este
domingo los cuerpos de seguridad del Estado trataron de allanar la
residencia de Vivas, en la urbanización Prados del Este, en el sureste
de Caracas, pero el propio oficial y los vecinos lo impidieron. Armado
con un fusil y una pistola Vivas gritó desde el jardín al grupo que
pretendía detenerlo que no se entregaría. “No reconozco la autoridad
genocida de los Castro (Fidel y Raúl) en Venezuela. Estoy entrenado para
dar la vida por Venezuela. No puedo rendirme ante una orden cubana. No
permitiré que entren a mi casa y si lo hacen ejerceré el derecho a mi
legítima defensa”. Fue una larga intervención que coronó gritando: “Ven a
buscarme tú, Maduro”.
Los
vecinos salieron a la calle haciendo sonar sus ollas y con banderas de
Venezuela. Otras personas cerraron las calles en un kilómetro a la
redonda sacando de sus casas los trastos viejos colchones inservibles y
juntándolos con ramas secas y bolsas de basura. En la noche venezolana
(madrugada de España) Vivas se mantenía atrincherado en su casa. El
abogado José Antonio Zaa pudo conversar con él y afirmó que su cliente
sólo se entregaría si su detención se ajusta a los principios del
derecho. “Queremos conocer por qué se le cita, qué delito cometió.
Queremos tener la garantía de que no lo van a dejar detenido”, explicó.
Vivas
mantiene un pulso con el chavismo porque siendo oficial activo del
Ejército demandó en 2006 ante los tribunales la suspensión del uso del
lema “Patria, Socialismo o Muerte”. Ese lema a modo de saludo y
despedida fue uno los cambios que el fallecido Hugo Chávez introdujo en
la Fuerza Armada Nacional.
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