El
terror, como política de Estado
Fernando Ochoa Antich
La muy grave e injusta imputación realizada por el
Ministerio Público en contra de María Corina Machado, acusándola de una
supuesta conspiración, muestra la reincidente decisión del gobierno de Nicolás
Maduro de utilizar el terror como método permanente para silenciar cualquier
gesto de oposición democrática. Esta realidad debe conocerla la comunidad
internacional para no tener duda al calificar el tipo de régimen que existe en
Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, igual como lo fue el de Hugo Chávez,
en un régimen con una marcada tendencia totalitaria. Lamentablemente, los
gobiernos democráticos del mundo sólo ahora han empezado a cambiar de
percepción como consecuencia al permanente irrespeto de los derechos humanos por
unidades militares y grupos paramilitares en la represión de
manifestaciones pacíficas, que se tornaron
violentas, en respuesta a estos ataques.
Es
de interés, aunque sea someramente, revisar las circunstancias que condujeron a la imputación de la diputada
Machado para después analizar las realidades políticas venezolanas. Lo primero
a resaltar es la permanente oposición al régimen mantenida por María Corina,
con valor y decisión, desde hace varios
años, tanto a nivel nacional como internacional. Esa acción la ha transformado en
un objetivo permanente del régimen. Una de las maniobras en su contra fue hacer
pública por Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, y Ernesto
Villegas, ministro de Información, una larga conversación privada con el historiador
Germán Carrera Damas, de la cual se tomaron algunas frases para montar un
diálogo que pareciera comprometedor. Después, el régimen presentó unos curiosos
correos electrónicos, considerados un montaje por Google, para justificar la
actuación de la Fiscalía del Ministerio Público
Inicialmente, se planteó la posibilidad de acusarla por un
supuesto magnicidio en contra de Nicolás Maduro. Ante la absoluta falta de
seriedad de esta acusación y la inexistencia de pruebas consideraron acusarla
por conspiración, tratando de vincularla con los acontecimientos violentos del
12 de febrero de este año, olvidando que los dos muertos ocurridos ese día:
Basil Da Acosta, opositor al régimen, y
Juan Montoya, miembro de un colectivo armado, fueron curiosamente asesinados
por un mismo miembro del SEBIN: el comisario, Melvin Collazos, obligando a
Nicolás Maduro a destituir al director del SEBIN, general Bernal Martínez.
Definitivamente, la actual acusación contra María Corina, las detenciones de
Leopoldo López, de los alcaldes Scarano y Ceballos y de los demás presos
políticos son actos totalmente arbitrarios que sólo pueden ocurrir en un
sistema político, en el cual no existe independencia
de los poderes públicos.
El gobierno de Nicolás Maduro está decidido a imponer
en Venezuela un régimen contrario a los principios
fundamentales establecidos en la Constitución de 1999. En ese esfuerzo el
chavismo tiene más de quince años. Si se
analizan los artículos 2 y 6, se percibe claramente la violación a los
principios del pluralismo político, al querer imponer una hegemonía ideológica,
y la alternancia en el poder al modificar, mediante una enmienda constitucional
írrita, los artículos 160,192, 174 y 239
para establecer la reelección
indefinida. El principio de la independencia de los poderes públicos se viola
permanentemente al imponer magistrados, jueces y rectores de los tribunales de
la República y del Consejos Nacional Electoral comprometidos con el PSUV.
También se irrespeta el artículo 168 que establece a los municipios como la
unidad política primaria de la Nación al crear el sistema de comunas.
Si todavía existe alguna duda de las intenciones del
chavismo observemos su marcado interés en ideologizar a los cuadros militares violando
el artículo 328 constitucional que establece: “la Fuerza Armada Nacional es una institución
esencialmente profesional, sin militancia política… en el cumplimiento de sus
funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de
persona o parcialidad política alguna”… Al mantener, como dicen algunos jefes
militares, que la Fuerza Armada es chavista se irrumpe el principio del
pluralismo político perfilándose una marcada tendencia al partido único.
Justamente, esa tendencia totalitaria produce un rechazo por parte de la
mayoría de la sociedad venezolana y es la razón que induce al gobierno de Maduro
a imponer el terror como política de Estado. Ese es el origen de los presos
políticos y fue la causa de la imputación a María Corina Machado. Eso sí,
perderán el tiempo. Los venezolanos no nos rendimos...
Caracas, 7 de
diciembre de 2014.
@FOchoaAntich