24 de mayo 2015 - 00:01
Inquisición militar
La reciente sentencia condenatoria
dictada por el Consejo de Guerra Permanente de Caracas en contra del
general Oswaldo Hernández, de los mayores Cesar Orta Santamaría y Víctor
José Ascanio, de los capitanes Neri Adolfo Córdoba, Andrés Thomson
Martínez y Laired Salazar a ocho años y siete meses de prisión; al
coronel José Gregorio Delgado y al teniente coronel Ruperto Chiquinquirá
Sánchez a siete años y seis meses de prisión y al capitán Juan Carlos
Nieto Quintero a cinco años y 4 meses de prisión me ha causado una gran
preocupación. Llego a pensar que la severidad de las penas lo único que
busca es atemorizar. Es verdad que no conozco los detalles de lo
ocurrido. De todas maneras, en la opinión pública surgieron numerosos y
contradictorios comentarios sobre la supuesta planificación de una
operación “Jericó”, originados por el silencio mantenido por el ministro
de la Defensa y el Alto Mando Militar.
El
primer vocero del régimen que trató sobre ese asunto fue Diosdado
Cabello en su programa de televisión. Allí explicó detalladamente que
diez oficiales de la aviación fueron detenidos por fraguar un fallido
golpe de Estado, que tenía por objetivo bombardear el centro de
Caracas, específicamente la sede de Telesur, el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Militar, el Tribunal Supremo de Justicia, el Palacio
Blanco, el Palacio de Miraflores, la Fiscalía General de la República y
el Ministerio de la Defensa. Posteriormente, Nicolás Maduro amplió la
información en su programa En contacto con Maduro. Allí explicó
que la operación Jericó tenía por objetivo bombardear el acto
conmemorativo del Día de la Juventud para atentar contra su vida,
utilizando un avión Súper Tucano, comprado a una empresa en Virginia, al
cual se le colocarían las siglas de la aviación militar venezolana.
Desde
el primer momento manifesté mis dudas sobre la explicación que se daba
sobre los detalles de la supuesta conspiración militar. No era posible
aceptar que un golpe de Estado se ejecutara de la manera expuesta por
los voceros del régimen. Fueron tan exagerados esos planteamientos que
de inmediato surgieron chistes de todo orden, transformándose la
supuesta conspiración militar en el hazmerreír de los venezolanos. En
verdad, mi conclusión sobre lo ocurrido fue mucho más sencilla: es
posible que un grupo de oficiales, en alguna reunión, realizó
comentarios sobre la compleja situación nacional con algún sentido
crítico. Justamente para eso, Nicolás Maduro creó una nueva figura
para nuestra comidilla política, “el patriota cooperante”. En mis
tiempos se llamaba sapo, es decir un militar sin sentido del honor que
buscaba obtener inmerecidos beneficios profesionales y económicos
mediante chismes y calumnias en contra de sus compañeros de armas. Allí,
y en la necesidad de justificar la represión, puede estar el origen de
esta trama.
Esa es la razón por la
cual creo que el juicio militar seguido en contra de esos oficiales no
estuvo basado en hechos suficientemente probados y mucho menos que pueda
justificarse una sentencia de tanta dureza. También me sorprendió que a
todos los oficiales se les haya acusado de los mismos delitos:
instigación a la rebelión y falta al decoro militar. En caso de ser así,
es curioso que para la imposición de la pena no se haya tomado en
cuenta ni el grado militar ni el cargo ejercido. Otro aspecto que me
causa inquietud fue la decisión tan rápida que tomó el Consejo de
Guerra Permanente. ¿Tuvieron suficiente tiempo la Fiscalía Militar y los
abogados defensores para analizar a profundidad las pruebas
presentadas? Tengo la impresión que sólo se analizaron pruebas
testimoniales. Si fue así, no creo que sólo con ese tipo de pruebas se
pueda determinar la verdad de unos hechos tan complejos como los que
fueron descritos por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Hay
otro aspecto que me causó un impacto negativo. La manera en que el
general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, comunicó a la
opinión pública sobre la sentencia dictada por el Consejo de Guerra
Permanente. No creo que un escueto mensaje en el que apenas se diga:
“La Patria hace justicia, Tribunales Militares sentencian a 8 oficiales
de la Operación Jericó por instigación a la Rebelión y contra el Decoro
Militar”, haya sido suficiente para informar sobre tan espinoso asunto.
Lo primero que pienso es que la Patria en abstracto no hace justicia.
Esta sentencia fue dictada por hombres sometidos a un sinnúmero de
presiones políticas, como ocurre en toda sociedad. Tampoco creo que esos
oficiales hayan cometido algún delito en contra de la Patria.