¿Es
acertada la respuesta a Guyana?
Fernando
Ochoa Antich.
La sorprendente posición
asumida recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro al decretar la Zona de
Defensa Integral de la Fachada Atlántica es una necesaria respuesta ante la
provocativa e intransigente posición mantenida tanto por el anterior como el
actual gobierno de la República
Cooperativa de Guyana. Así lo mantuve en mi artículo de opinión titulado en
“Defensa de nuestra soberanía” del 17 de mayo del presente año al afirmar que “sólo existe
una forma práctica de preservar nuestra soberanía: definir unilateralmente los
límites marítimos de Venezuela en su salida al Atlántico, incluyendo plataforma continental y zona económica
exclusiva, y mantener un permanente patrullaje de nuestra Armada en dichas
áreas marítimas con la finalidad de establecer claramente nuestra indiscutible
posesión”. Esa ha sido siempre la posición de la Fuerza Armada Nacional al
mantener nuestra Armada un constante y tradicional patrullaje en las áreas
marítimas que corresponden a Venezuela y
que garantizan nuestra salida al Atlántico.
Digo
sorprendente posición ya que durante los dieciséis años de gobierno chavista se
ha mantenido una actitud entreguista ante las pretensiones guyanesas. Eso lo
confirman las declaraciones de Hugo Chávez, rayanas en traición a la Patria,
dadas en los años 2004 y 2007, al afirmar “que Venezuela no se opone a ningún
proyecto de desarrollo en el Esequibo, autorizado unilateralmente por Guyana,
si es en beneficio de su pueblo” y sostener que “Venezuela inició la
reclamación del Esequibo por presiones
de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Cheddy
Jagan”, sin considerar que comprometía la autoridad moral de Venezuela. Esa
misma posición la tuvo el canciller Maduro al no reaccionar, el año 2009, ante
el informe del embajador de Venezuela en Guyana Darío Morandi, que sostenía:
“al revisar el mapa anexo queda evidente que con esta acción Guyana le cerraría
a Venezuela su salida al Atlántico, lo
cual sería estratégicamente
inconveniente, además de los perjuicios económicos que representaría para
nuestro país perder el acceso a los recursos marítimos y petroleros”.
Esa
actitud entreguista de Maduro ante Guyana también la ha mantenido desde la
presidencia de la República. A finales de octubre de 2013 los venezolanos
fuimos gratamente sorprendidos por la noticia de la detención por el patrullero
venezolano “Yekuana” del buque RV “Teknik Perdana, contratado por la
transnacional Anadarko para realizar labores de exploración petrolera en la
Fachada Atlántica venezolana al servicio
de Guyana. Además, se conoció que la Armada venezolana había reiniciado sus
tradicionales patrullaje en nuestra zona económica exclusiva. Esa decisión fue
tomada por el entonces comandante de la Armada, almirante Gilberto Pinto
Blanco. Curiosamente, al poco tiempo fue reemplazado de ese cargo. Además,
Maduro declaró el año pasado, sin
medir las graves consecuencias, que “recientemente han salido
documentos desclasificados de la década de los 60, 70 y 80 que demuestran
quienes eran los intrigantes que preparaban una guerra con Guyana”…Una
inexplicable posición para un jefe de Estado.
Estas son las razones por las cuales
los venezolanos tenemos profundas dudas sobre el verdadero objetivo del decreto
presidencial 1787 al considerar que tiene por objetivo fortalecer la decaída
imagen de Maduro ante la cercanía de las elecciones parlamentarias. Ésta
complaciente política exterior sólo reaccionó, en marzo de 2012, ante la
absurda e inaceptable solicitud realizada por Guyana ante la Secretaría General
de las Naciones Unidas para ampliar su plataforma continental a 350 millas, sólo consultando a Barbados,
Trinidad y Tobago, y Surinam, y sin considerar que su solicitud limitaba
totalmente la proyección marítima venezolana generada por el Delta del Orinoco
y desconocer la controversia territorial con Venezuela por el territorio
Esequibo, la cual se rige por el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, por
Venezuela y el Reino Unido, junto con Guyana, próxima a independizarse. La
respuesta de Guyana a ese comunicado de Venezuela desconoce totalmente las
consecuencias jurídicas de ese Acuerdo, irrespetando normas de Derecho
Internacional.
El embajador Emilio Figueredo, un experto en el tema de Guyana, mantuvo recientemente en unas prudentes declaraciones
que “el decreto es una respuesta ante la inacción de la Cancillería venezolana
durante muchos años con respecto a la actuación de Guyana. Pero si bien es un
acto de derecho interno, desde el punto de vista del derecho internacional es
cuestionable porque deja a Guyana prácticamente sin proyección marítima. Es lo
que quiso hacer Guyana con nuestro Delta del Orinoco. Pero además el decreto
afecta la proyección marítima de Surinam y de Guyana Francesa”. Es muy
importante que la Cancillería consulte a expertos en el tema con la finalidad
de evitar cometer nuevos errores. De todas maneras, hay que saber que la
posición intransigente de Guyana por casi cincuenta años, al impedir “una
solución práctica de la controversia” como lo establece el Acuerdo de Ginebra y
atreverse a tomar medidas unilaterales en contra de la soberanía
venezolana y de nuestros derechos en la
zona en Reclamación, es la causa de la actual crisis.
Caracas, 14 de junio de 2015.
@FOchoaAntich.