En
Venezuela no hay democracia
José Vicente
Carrasquero A.
Se
ha vuelto una pregunta recurrente en casi todas la entrevistas que me hacen. Sorprende
a mis interlocutores que afirme que en Venezuela no hay democracia. No se puede
hablar de democracia en un país en el que la clase política gobernante no
reconoce que se ha convertido en minoría y se empeña en comportarse como si
fuese un ejército invasor. Sin ánimo de ser excesivamente formal, revisemos una
por una las características de una democracia moderna.
Comencemos
con la existencia de una constitución que limita los diversos poderes y
controla el funcionamiento formal del gobierno, y constituye de esta manera un estado
de derecho. Al respecto se hace evidente que la constitución venezolana no
llega ni a libro de referencia. Después de perder el poder legislativo, el
ejecutivo se ha agavillado con el resto de los poderes para limitar a la
Asamblea Nacional y con ello desconocer la voluntad popular expresada en las urnas
el 6D.
Debe
constituir un record mundial el que en cuatro meses, la sala constitucional del
TSJ haya declarado inconstitucional 12 leyes aprobadas por una amplia mayoría
de la AN. Es motivo de vergüenza que ese mismo TSJ reconozca como apegado a
derecho el procedimiento mediante el cual se incorporaron jueces que ni
siquiera cumplen el requisito formal para desempeñar esos cargos. Más
vergonzoso es que se limitara la mayoría otorgada por el pueblo desincorporando
a través de chismes y trapisondas a los diputados del estado Amazonas con el
fin de evitar que la MUD tuviese la mayoría de dos tercios que le otorgó el
pueblo.
El
presidente de la república se da el tupé de desconocer la constitución para
defender un ministros reconocidamente incapaz por medio de un decreto que
pretende protegerlo de la destitución porque nos encontramos en una emergencia
económica. Semejante despropósito solo se le ocurre a un individuo que no
respeta ninguno de los principios de la democracia.
En
el agavillamiento de poderes participa el CNE que no dice nada con respecto al
mejor sistema electoral del mundo y el supuesto fraude de Amazonas. Ahora, se
empeña en poner trabas al proceso revocatorio. Esta acción, valga la pena
recordarlo, va en contra de la doctrina que el propio Hugo Chávez le otorgaba a
ese procedimiento constitucional.
La
fiscalía amenaza con llevar diputados a juicio por supuesta traición a la
patria. El motivo es la molestia que le causa a la clase política gobernante el
que la oposición solicite la aplicación de la carta democrática a Venezuela. Ni
hablar del defensor del pueblo, ex diputado y ex gobernador por el partido de
gobierno y que por supuesto no puede dar la más mínima prueba de la
independencia que al titular de este cargo le exige la constitución nacional.
Unos
poderes que obedecen a pie juntillas las órdenes de la corrompida cúpula
podrida del PSUV y que pone el proyecto político por encima de la constitución,
no cumplen con la segunda característica de una democracia como es la
separación de poderes.
El
derecho a votar y ser votado en las elecciones
para una amplia mayoría de la población ha quedado en entredicho con el
atropello que sufren los diputados electos por el estado Amazonas. El TSJ, ante
la ausencia de caso y cumpliendo ordenes del PSUV, mantiene este caso sin
resolver para impedir el correcto funcionamiento de la Asamblea Nacional en
manos de la oposición.
La
protección del derecho de propiedad y existencia de
importantes grupos privados de poder en la actividad económica es motivo de
ataque permanente por parte del gobierno de Maduro. No contentos con haber
expropiado y expoliado cantidad de propiedades, se dedican a acosar a aquellas
empresas que a pesar de un clima hostil a las inversiones se empeñan en seguir
operando en Venezuela. Las amenazas constantes contra las empresas más
importantes lo único que buscan es diluir la responsabilidad del gobierno por
su empeño en mantener un modelo económico anacrónico y fracasado.
La
existencia de varios partidos políticos no es una libertad
que se encuentre totalmente garantizada en Venezuela. Prueba de ello la pueden
dar agrupaciones que se han separado del chavismo y a las cuales se les ha
impedido participar en las elecciones legislativas con sus propios candidatos.
A esto se une la persecución y encarcelamiento de líderes de la oposición y
activistas políticos. La inquina del gobierno contra todo aquel que le presente
oposición es vergonzosa. Tienen las cárceles repletas de gente injustamente
detenida por ejercer su derecho constitucional a oponerse al gobierno.
Por
todos es sabido que la libertad de expresión no es un derecho respetado en
Venezuela. La persecución a medios, periodistas y líderes de opinión por parte
del chavismo ha sido una constante durante los últimos quinquenios. Con el
tiempo, la represión se ha hecho más intensa. Junto con la libertad de
expresión, la prensa libre es otra víctima del gobierno de maduro. El solo
hecho de que los medios impresos oficialistas tengan acceso al papel y los que
se le oponen no, da una idea de la posición del gobierno con respecto a la
prensa libre.
El
gobierno ha bloqueado a través del CNE cantidad de elecciones sindicales. La
CTV no ha podido realizar sus comicios para elegir nuevas autoridades. A través
del poder judicial se ha impedido que las universidades realicen sus elecciones
de autoridades rectorales. En fin, el gobierno impide el normal desempeño de
todo aquello que no se encuentre a su servicio.
Los
derechos humanos en Venezuela son una quimera. Pacientes mueren por falta de
atención médica, la PNB y la GNB atacan salvajemente a los manifestantes.
Cantidad de muertes esperan por la correspondiente
investigación y castigo. No hay ante quien recurrir por las permanentes
violaciones a los DDHH en Venezuela.
En
nuestro país existe un remedo de democracia que no llega a dictadura. Es la
ocupación inmoral de una fuerza política que representa intereses extranjeros y
que no tiene preocupación alguna por la suerte de los venezolanos.
¿Será
por todo esto que Chávez incluyó el artículo 350 de la constitución? El pueblo de
Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la
paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que
contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los
derechos humanos.