El zar Nicolás
Fernando Ochoa
Antich
El
juego está trancado. No creo que los venezolanos estén sorprendidos ante esta
realidad. La verdad, y hay que conocerla, es que a Nicolás Maduro le ha
importado muy poco violar la Constitución Nacional, cada vez que le ha
convenido, para preservar el poder. Tratemos de analizar algunas de las últimas
acciones del régimen para darnos cuenta de su objetivo político. Ante el
arrollador triunfo que obtuvo la oposición en las elecciones parlamentarias de
diciembre de 2015, Nicolás Maduro decidió reemplazar a los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia; a unos, que cumplían el período establecido; y a otros,
presionándolos para que renunciaran. La anterior Asamblea Nacional, para
complacerlo, antes de entregar, violó todas las normas y lapsos legales existentes,
designando adeptos al partido de gobierno, sin las condiciones académicas y
profesionales exigidas constitucionalmente.
A
los pocos días, sin haberse juramentado los nuevos parlamentarios ante la
Asamblea Nacional, pero ya con inmunidad parlamentaria por haber sido proclamados por el CNE, según lo establece el artículo 200
constitucional, esos magistrados decidieron “admitir una solicitud de amparo
cautelar y subsidiariamente solicitud cautelar de suspensión de efectos” de la
candidata Nicia Marina Maldonado contra los cuatro diputados electos por el
estado Amazonas, uno del PSUV y tres de la Mesa de la Unidad Democrática,
diputados Julio Ygarza, Nirma
Guaruya y Romel Guzamana. Después de seis meses, sin que el CNE hubiese emitido opinión ni
el Tribunal Supremo de Justicia sentencia sobre su decisión cautelar, la
Asamblea Nacional, soberanamente, decidió juramentarlos.
De
inmediato se inició la crisis, ya que el objetivo del régimen siempre ha sido
impedir que la Oposición tenga mayoría calificada, ya que podría poner en grave
riesgo la hegemonía oficialista. El Tribunal Supremo de Justicia, en su
sentencia del 6 de septiembre de 2016, advierte “que las actuaciones de la
Asamblea Nacional, desplegadas después que se declararon en rebeldía, resultan
manifiestamente inconstitucionales y por ende, absolutamente nulas y carentes
de toda vigencia y eficacia jurídica, incluyendo las leyes que sean
sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral”. La
inescrupulosa maniobra continuó. Logró engañar a la MUD, utilizando a Zapatero
en lo que llamé, en mi anterior artículo, “La felonía de Maduro”. Buscaba
impactar a la opinión pública a objeto de debilitar la protesta en la marcha
que se realizaría el 16 de septiembre.
El 13 de septiembre, Nicolás Maduro emitió un
nuevo decreto de prórroga del Estado de Excepción, el 2.452, el cual no fue tal
prórroga sino otro totalmente diferente, de mayor amplitud y consecuencias. En
los considerandos se ratificaron las manipulaciones del poder Ejecutivo sobre
las causas de la grave crisis nacional, repitiendo todas las falacias, que por
varios años, han venido señalando engañosamente Nicolás Maduro y los altos
dirigentes del PSUV: no es verdad, que los anteriores Estados de Emergencia
Económica han resuelto en algo la inmensa crisis económica que vive Venezuela y
mucho menos que hayan existido y vayan a ocurrir acciones y amenazas internas
y externas desestabilizadoras de la
economía y el orden social. Posteriormente, en el último considerando señaló la
verdadera razón política del decreto: “el Tribunal Supremo de Justicia declaró
la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica de todos los actos y
actuaciones dictados por la Asamblea Nacional por encontrase este Órgano
Legislativo en Desacato y en flagrante violación del Orden Público
Constitucional”.
En una entrevista, en el diario 2001, el
doctor José Vicente Haro, un destacado constitucionalista, explicó en cinco
puntos los efectos del decreto: “1.- Se instaura una dictadura constitucional
en Venezuela, régimen que se establece a través de los Estados de Excepción,
limitando el ejercicio de la democracia. 2.- el poder Ejecutivo despoja de sus
funciones a la Asamblea Nacional que las ejercerá de la forma en que lo
considere conveniente. 3.- El presidente Maduro no presentará el presupuesto
del 2017 a la Asamblea Nacional. Esa es una de las funciones fundamentales de
los parlamentos al ser representantes de la voluntad popular. Esa acción es un
fraude constitucional. En este sentido, el Ejecutivo también tomaría las
decisiones, sobre el tema económico, pudiendo aprobar un endeudamiento del
Banco Central, de PDVSA o de la propia Nación, sin intervención parlamentaria.
4.- El Ejecutivo controlará la alimentación, la higiene personal y la salud.
5.- El gobierno nacional podrá confiscar terrenos para la agricultura urbana,
limitando en la realidad la propiedad privada, derecho establecido en el
artículo 115 de la Constitución Nacional”. En consecuencia, Nicolás Maduro
busca consolidar un poder absoluto, al estilo de las dictaduras más
emblemáticas de los siglos XIX y XX. El próximo paso fue desconocer por el CNE
el derecho del pueblo venezolano de revocar al presidente Maduro, a través del
voto, este año 2016.
La Mesa de la Unidad Democrática, los
partidos políticos y los venezolanos enfrentaremos, con gran firmeza y valor,
las triquiñuelas con las cuales pretende Nicolás Maduro sostenerse
ilegítimamente en el poder. Las declaraciones de Jesús “Chuo” Torrealba me
agradaron. Declarar, sin una importante reflexión y discusión con los más
importantes factores de la oposición, hubiera sido una grave equivocación. Me
imagino, que el próximo lunes, la MUD orientará a los venezolanos indicándoles
las acciones populares que debemos realizar. No será fácil, pero estoy seguro
que es posible derrotar al gobierno de Maduro. Las acciones no las conozco. Me
imagino que lucharemos en todos los frentes de lo que significa una protesta
popular… Hay otro factor que se debe tomar en cuenta: la Fuerza Armada
Nacional. Los sectores democráticos deben establecer un constructivo mensaje,
de sentido institucional, en el cual se planteen los elementos fundamentales de
una política militar que le dé a la mayoría de sus integrantes esperanza y fe
de un futuro diferente a la tragedia que viven todos los venezolanos, civiles y
militares. Hay que hacerles ver, porque es la verdad, que un grupo de oficiales
de una generación determinada, por sus desviaciones y ambiciones, comprometió el
prestigio y el honor de la Institución Armada, al vincularse ideológicamente, a
un régimen corrupto e ineficiente, en detrimento de sus deberes
constitucionales. Esta situación debe ser revertida para beneficio de la Fuerza
Armada en particular y de Venezuela en general. Adelante, continuemos en la
lucha con la certeza que la democracia volverá a imperar en nuestra Patria…
Caracas,
25 de septiembre de 2016.
fochoaantich@gmail.com.