En defensa de la Asamblea Nacional
Fernando Ochoa Antich.
El enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional se agravó
esta semana al aprobar la mayoría de los diputados un acuerdo para respaldar la
aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El
trascendente acuerdo resumió en sus doce considerandos las razones que
inspiraron a los 34 Estados miembros de la OEA, entre ellos Venezuela, a
establecer la Carta Democrática Interamericana para garantizar la democracia
representativa en el continente americano y aceptar como principio fundamental:
”Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla”....; así como, la grave situación de
Venezuela, que se manifiesta de manera particular por: “la ruptura del orden constitucional que afecta gravemente la
democracia, lo cual se pone de manifiesto, entre otras circunstancias, en la
ausencia de separación de poderes…; en la existencia de un Presidente que
gobierna por decreto, al margen de la Constitución, sirviéndose de un estado de
excepción perpetuo…; en la corrupción convertida en política oficial; en la
criminalización de la disidencia y la discriminación política en todos los
órdenes; en la violación generalizada de los derechos humanos y en la negación
del derecho a la participación política mediante el referendo revocatorio y la
celebración de elecciones en la oportunidad constitucionalmente exigida”.
En absoluta armonía con los considerandos, la Asamblea Nacional acordó, en
siete artículos, expresar su apoyo a la aplicación del artículo 20 de la Carta
Democrática Interamericana “como mecanismo para el restablecimiento en paz del
orden constitucional en Venezuela”. Entre esos puntos resaltan, por su
importancia, los siguientes: “Expresar que la evolución de la situación del
país desde mayo de 2016, cuando esta Asamblea Nacional envió el informe, antes
mencionado, al Secretario General de la OEA, revela una agudización del
desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de la persecución
política, aunada a la creciente crisis humanitaria, y hace aún más grave y
palmaria la alteración del orden constitucional y democrático que sufre
Venezuela; apoyar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente, de acuerdo
con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de modo que se
realice una apreciación colectiva de la situación del país y en especial de la
alteración del orden constitucional y democrático, requerir que esos mecanismos
aseguren también: la liberación inmediata de todos los presos políticos; el
establecimiento de un canal humanitario…, el respeto de las facultades
constitucionales de la Asamblea Nacional, la separación de poderes y, en
particular, la autonomía e independencia en la composición y funcionamiento del
TSJ y del CNE…”
Estoy seguro que cualquier venezolano que lea ese acuerdo tiene que reconocer
la verdad y objetividad de lo que allí se dice. Eso también ocurre al leer el
informe que Luis Almagro, secretario general, presentó al Consejo Permanente en
el mes de mayo y su aún más detallada actualización. Es verdad, que la
Organización de Estados Americanos se encuentra constituida por Estados, los
cuales defienden sus intereses nacionales y que el Secretario General no
debe manifestar opiniones ni emitir decisiones que no haya consultado con los
gobiernos. Justamente, esas limitaciones a la libre actuación del Secretario
General y el juego de intereses entre los Estados es lo que ha conducido al
fracaso y desprestigio de la OEA. Esa es la razón por la cual yo siento
particular admiración por Luis Almagro. Su recia personalidad y amplia
trayectoria en la política latinoamericana le ha permitido actuar con una
libertad de acción a favor de la justicia y la democracia, que lo ha
transformado, de un simple funcionario al servicio de los Estados, en una
figura con peso propio en la política latinoamericana. Esta realidad es lo que
molesta a Nicolás Maduro y a la canciller Rodríguez. Su posición, en
defensa de los valores y principios democráticos, le ha permitido actuar con
mayor libertad que la gran mayoría de los anteriores secretarios generales. En
el tiempo, su actuación en la Secretaría General será recordada como lo es
actualmente la gestión de Alberto Lleras Camargo.
Un aspecto a resaltar fue la prudente actuación que tuvo la Asamblea
Nacional al sólo respaldar la aplicación del artículo 20 de la Carta
Democrática Interamericana, excluyendo la aplicación del artículo 21. En el artículo
20 se establece que “en caso
de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional
que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro
o el Secretario General podrán solicitar la convocatoria inmediata del Consejo
Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar
las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá
disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias para promover
la normalización de la institucionalidad democrática…Durante ese proceso se
realizarán distintas acciones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para
promover la normalización de la institucionalidad democrática”. El artículo 21
establece que se puede aplicar como sanción la suspensión temporal del Estado
Miembro si las gestiones diplomáticas no logran el restablecimiento del orden
constitucional. Justamente, la Asamblea Nacional no respaldó su aplicación por
considerar que no era conveniente suspender a Venezuela de la OEA, ya que al
hacerlo se debilitaría la capacidad del Consejo Permanente para continuar
presionando el restablecimiento del orden constitucional en nuestro país.
Las recientes declaraciones de Nicolás Maduro pidiendo
actuar con “severidad vertical y dureza justa” contra la mayoría opositora que
respaldó el informe de Luis Almagro me parecieron no sólo desacertadas sino
inmensamente injustas e intimidatorias. Atreverse a decir que “hay
que pedir la copia certificada de los diputados que se decidieron a aprobar el
documento pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de
las fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA” es definitivamente
una inaceptable amenaza y un verdadero despropósito. Para colmo se atreve a
afirmar que apoyar el documento de Luis Almagro constituye un delito de
traición a la Patria. Escuchar tanta ligereza y manipulación de parte del jefe
del Estado produce un gran rechazo. Creo necesario cuestionar la forma alegre e
irresponsable de cómo se está utilizando la acusación de traición a la Patria
en contra de todo el que disienta de los abusos del gobierno. Los diputados de
la Asamblea Nacional sólo actuaron en consonancia con un acuerdo internacional
firmado y reconocido por el propio Hugo Chávez y cuya aplicación ha sido
propuesta por Venezuela en diversas oportunidades, cuando ha considerado que
gobiernos de otros países han violado la democracia.
Si en verdad Nicolás Maduro desea que se le señalen
acciones de los gobiernos chavistas que sí pueden considerarse como traición a
la Patria voy a recordarle, entre otras, el profundo daño que le
hicieron las repetitivas e imprudentes declaraciones entreguistas de Hugo
Chávez y de usted mismo, siendo canciller, sobre los derechos de Venezuela en
el territorio Esequibo; lo que ha significado para nuestra Patria, la
destrucción sistemática de Petróleos de Venezuela; la injerencia cubana,
con su anuencia, en materia de seguridad de Estado en Venezuela; lo que significa, como grave violación de nuestra soberanía, la
permanente presencia en el territorio nacional de un número muy elevado de
efectivos de la FARC y del ELN, y pare usted de contar. Reflexione, señor Maduro.
Los venezolanos tenemos memoria y no somos manipulables en asuntos que
comprometen la libertad, la soberanía y la democracia.
Caracas, 26 de marzo de 2017