Los militares y la ruptura del orden constitucional
Fernando
Ochoa Antich
La terminante declaración de la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general
de la República, sobre las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, al expresar que:
“evidencian la existencia de
varias violaciones del orden
constitucional y un claro desconocimiento del modelo de Estado consagrado en
nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, produciéndose
una ruptura del orden constitucional”, constituye la corroboración de las
denuncias de la inmensa mayoría de los venezolanos, por la contumacia de la
conducta fraudulenta y violatoria de la Constitución y de todo el ordenamiento
legal vigente, por parte de Nicolás Maduro, su gobierno y los poderes del
Estado sumisos a sus designios. Esta conducta se ha agravado aún más, con el
desconocimiento por Nicolás Maduro de la voluntad popular manifestada en las
elecciones del 6 de diciembre de 2015, la cual le concedió a la oposición democrática
una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, cuando en complicidad con el
Tribunal Supremo de Justicia, ha pretendido anular sus facultades
constitucionales.
La ruptura del orden constitucional, que en pocas palabras, es un golpe de
Estado, no sólo ocurre en este caso por el contenido de las sentencias 155 y
156 de la Sala Constitucional, sino por la reiterada arbitrariedad ejercida por
el propio presidente de la República durante su mandato, ignorando el respeto a
la debida división de los poderes, al, por ejemplo, gobernar por decreto,
firmar convenios internacionales sin la debida autorización, suspender
elecciones indefinidamente, ordenar detenciones de adversarios políticos,
violando el Estado de Derecho y un largo etc. Para colmo de males, el
presidente, una vez más, pretendió restarle importancia al grave delito
cometido por los magistrados de la Sala Constitucional, arrogándose la facultad
de calificar el pronunciamiento de la Fiscal General, como un mero impasse
entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, que él mismo
resolvería con un exhorto del Consejo de Defensa Nacional, con lo cual incurrió
nuevamente en irrespeto a la división de poderes. Justamente, esa fue, entre
otras, la causa que originó la resolución del Consejo Permanente de la OEA que
manifestó “su profunda preocupación por la grave alteración del orden
democrático” ocurrida en Venezuela. El mismo criterio orientó la resolución de
Mercosur que “teniendo en cuenta la ruptura del orden democrático en Venezuela”
exhortó a su gobierno a respetar el cronograma electoral…restablecer la
separación de los poderes, garantizar los derechos humanos…y liberar a los
presos políticos”.
Imponer esa orientación antidemocrática ha sido siempre el objetivo
fundamental del chavismo. Hugo Chávez trató de hacerlo mediante una reforma
constitucional en el año 2007, modificando aspectos fundamentales de la
Constitución de 1999. Al ser rechazada por el pueblo, en referendo aprobatorio,
tomó la arbitraria decisión de establecer fácticamente su visión ideológica.
Hay dos aspectos de suma importancia en esa reforma que, aunque no logró
imponer, permiten entender las actuales posiciones antidemocráticas de Nicolás
Maduro y de Vladimir Padrino López. Ellos son las reformas propuestas de los
artículos 136 y 328 En el primero de ellos se planteaba que “el pueblo es el
depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder
Popular. Este no nace del sufragio ni de
elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos
organizados como base de la población. El Poder Popular se expresa
constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades”.
La reforma del artículo 328 mantenía que “La
Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico,
popular y antiimperialista organizado por el Estado para garantizar la
soberanía e independencia de la Nación…En el cumplimiento de su función estará
siempre al servicio del pueblo
venezolano en defensa de sus intereses y en ningún caso al de oligarquía o
poder imperial extranjero”.
Estas visiones antidemocráticas, fueron permanentemente expresadas por Hugo
Chávez y ahora por Nicolás Maduro en cada una de sus intervenciones y acciones.
Las elecciones universales, directas y secretas, logradas por los venezolanos
después de una heroica lucha a través de nuestra historia, no tienen para
Nicolás Maduro ninguna trascendencia. Su objetivo es controlar el poder
mediante la consolidación del poder comunal, el cual se originará en elecciones
de mano alzada en las diferentes comunas, para posteriormente elegir a los
demás poderes en elecciones de segundo, tercer y cuarto grado. En definitiva,
no habrá más democracia ni libertad en Venezuela. El caso de la reforma militar
también tiene graves y delicadas consecuencias. El artículo 328 constitucional
establece que “la Fuerza Armada constituye una institución profesional, sin
militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia
y soberanía de la Nación…En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio
exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política
alguna”. Afirmar, como lo hace permanentemente el general Padrino y el Alto
Mando que “la Fuerza Armada es chavista, revolucionaria y socialista” compromete
uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución: el pluralismo
democrático, y conduce a Venezuela hacia una dictadura de partido único.
Freddy Bernal, viejo pero ineficiente conspirador, declaró el 4 de abril
que “están tocando a militares para dar un golpe”. Ese mismo día corrió el
rumor de la detención de Roberto Enríquez, presidente de COPEI y de Eduardo Vethencourt,
dirigente de esa tolda política. También se hizo pública la detención de un
capitán del Ejército y un número no determinado de oficiales de esa
fuerza. Lógicamente, no puedo conocer si
en realidad existe una conspiración en marcha, pero de lo que sí estoy seguro
es del creciente descontento en los cuadros activos de la Fuerza Armada
Nacional. El proceso inflacionario que está viviendo Venezuela, como
consecuencia de la desastrosa y corrupta gestión económica del chavismo, está
golpeando a la familia venezolana de una manera inmanejable. Imagínese, un
capitán con dos hijos en edad escolar y una sola fuente de ingresos. No hay
sueldo, ni incremento de éste que resista esa situación. De igual manera, el
problema de la alimentación sobrepasa el ámbito familiar. El hambre ha empezado
a rondar los cuarteles. La prensa nacional informó que en una reunión con el
general Padrino, los comandantes de REDI y de SODI informaron de una delicada
situación presupuestaria en todas las unidades militares que los obligaba a
enviar a sus soldados a almorzar a sus casas, interrumpiendo el entrenamiento.
Además, este creciente descontento en los cuadros activos no sólo surge
como consecuencia de dificultades socioeconómicas. También se origina en
fundamentadas razones profesionales. Sólo voy a enumerar algunas que conozco, las
cuales estoy seguro hieren profundamente el espíritu militar. Recientemente,
fue ascendido un coronel al grado de general de brigada sin haber cumplido el
tiempo mínimo de servicio en su grado. Peor aún, fue ascendido un mayor al
grado de general de brigada, sin haber ostentado los grados previos, solo por
el “mérito” de haberse insurreccionado el 4 de Febrero y desempeñar por varios
años la jefatura de la escolta civil de Hugo Chávez. La proliferación de
fuentes de oficiales de escaso nivel profesional y académico que competirán con
sus pares egresados de los institutos tradicionales de formación en igualdad de
condiciones. Haber convertido a la Institución Armada en objeto de burla, en
virtud de su empleo en tareas completamente ajenas a sus funciones
constitucionales. Recibir los cuadros activos de nuestra organización el
rechazo y el escarnio público, al haber sido convertida nuestra
organización en un cuerpo represivo, en particular la Guardia Nacional,
para impedir las protestas ciudadanas en contra de las arbitrariedades y
atropellos del gobierno. La existencia de graves denuncias que involucran a
miembros activos y de alta graduación con el crimen organizado, sin aclarar, de
manera convincente, la falsedad de esas
acusaciones o se haya realizado alguna
investigación suficientemente transparente con la respectiva medida correctiva.
La misteriosa desaparición del helicóptero MI17V5 en el Amazonas, con sus tripulantes y pasajeros, sin que haya habido una
respuesta convincente de los Altos Mandos a los miembros de nuestra Institución
y a la opinión pública. Por último, el bochornoso incidente ocurrido en el sitio
Los Pájaros, territorio venezolano según mantuvo el general Padrino López, al
ser obligada una unidad militar venezolana, por las Fuerzas Armadas de Colombia
a desalojar dicha área. Ahora, en medio de este creciente descontento en los
cuadros militares, y de la espantosa crisis que vive Venezuela, se le presenta
a la Fuerza Armada Nacional el reto de contribuir al restablecimiento del orden
constitucional. No está de más recordar que la Institución Armada tiene la
obligación, como todas las demás instituciones del Estado, de cumplir y hacer
cumplir la Constitución Nacional. Cumplan su deber.
Caracas, 9 de abril de
2017.
fochoaantich@gmail.com.