Derrocar
el cartel que nos gobierna
José Vicente
Carrasquero A.
La
ciencia política abunda en argumentos que justifican el derrocamiento de
dictaduras, gobiernos oprobiosos, violadores de derechos humanos, asaltantes de
tesoros públicos y todas esas aberraciones que políticos deshonestos pueden
cometer mientras ejercen el poder.
El
caso venezolano resulta, sin embargo, peculiar. Primero porque quienes se
hicieron del poder después de una absurda trampa electoral en 2013, no solo
cometen todas las atrocidades antes enumeradas sino que además, han colaborado
a que el país se convierta en un territorio franco para la práctica de cantidad
de crímenes que van desde el robo, pasando por el secuestro y el asesinato
hasta el ominoso tráfico de drogas ilícitas.
Es
así como alrededor del poder ejecutivo en Venezuela se ha conformado un cartel
que entre otras actividades trata de gobernar un país. El día que escribo este
artículo nos llega la noticia de la incautación de un cargamento de cocaína de
un barco que zarpó de nuestras costas. En las islas Canarias se determinó que
transportaba 2,5 toneladas del polvo blanco. La tripulación, conformada por
siete venezolanos, fue detenida por la policía.
Es
público, notorio y comunicacional que nuestro territorio se ha convertido, en
el mejor de los casos, en un paso seguro para grandes transportes de droga que
cuentan presuntamente con la anuencia remunerada de las autoridades militares
venezolanas como facilitadoras de esta actividad. No en balde, el hoy ministro
de relaciones interiores venezolano aparece señalado por la justicia norteamericana
como facilitador de estas actividades ilícitas.
La
respuesta de Maduro ante esta acción de los Estados Unidos y que solo afecta al
ciudadano ministro es nombrarlo en uno de los cargos más importantes del
ejecutivo nacional. Muchos especularon que era para protegerlo del largo brazo
de la justicia gringa. La razón era otra muy distinta. Nicolás sabe que este
funcionario venderá muy caro su pellejo y hará lo que tenga que hacer para que
su defensor y protector se mantenga en Miraflores.
Una
situación similar encontramos con el hoy director del SEBIN. En su caso, el
gobierno de los Estados Unidos lo señaló por violación de los derechos humanos.
Un crimen muy grave que lo hace sujeto de ser presentado ante la justicia en
cualquier momento de su vida. El favor que le concede Maduro lo compensa con el
apresamiento de gente inocente mediante la vulgar siembra de indicios, el
desconocimiento de las órdenes de liberación de presos políticos dictadas por
los tribunales, la tortura de venezolanos que tienen la desgracia de caer en
las garras de sus esbirros. Le toca ser una fiera salvaje con tal de que Maduro
se mantenga en el poder la mayor cantidad de tiempo posible al costo de vidas
que sea necesario.
Otro
individuo destacado por la administración americana como transgresor de
derechos humanos ocupa la comandancia de uno de los más funestos cuerpos
represores que ha visto nuestra historia. La inefable Guardia Nacional
Bolivariana. Un grupo de desalmados que arremete contra población desarmada y
que en su cobardía se alía con grupos paramilitares irregulares para apoyarse
mutuamente en sus fechorías. Su comandante sabe, por supuesto, que de caer en
desgracia se convertiría en un candidato a pagar las largas condenas que
corresponden a violadores de derechos humanos.
Una
cuarta pieza de este grupo es el vicepresidente de la república que fue
señalado por el departamento del tesoro de los Estados Unidos como sindicado en
el delito de narcotráfico. Coincidencialmente, el mismo delito con el que lo
relaciona el tristemente célebre capo de la droga venezolano Walid Makled.
Además, es relacionado con grupos terroristas del oriente medio.
Completa
el Cartel el jefe de la banda. Sus sobrinos esperan sentencia por narcotráfico.
No se dignó a lavarse la cara aunque fuese ordenando una investigación en
nuestro país de los cargos que se le imputan a sus familiares. Para colmo de
males, Maduro es señalado como presuntamente implicado en el delito de recibir
dinero de Odebretch para financiar la campaña electoral del comediante eterno.
Sin
entrar a nombrar otros miembros de la banda criminal, queda claro que el país
está conducido por un cartel criminal que no está dispuesto a facilitar que la
justicia los atrape. Para ello se les hace indispensable poner todo el poder de
fuego del estado venezolano a su disposición. Para las mentes criminales no
importa cuantas vidas haya que sacrificar. No se repara sobre las pérdidas
materiales ni el impacto que las mismas puedan tener sobre la economía del
país.
No
es de la incumbencia de un cartel criminal el sufrimiento de la gente, que los
niños mueran de hambre o por enfermedades para las cuales no tenemos medicinas,
que los venezolanos sufran el flagelo del hambre mientras los militares y
familiares de grandes cacaos se siguen beneficiando de las pingües comisiones
que deja la compra de comida en el exterior.
La
lucha no es contra un gobierno con fines políticos. Es contra un cartel con
fines criminales. Y eso hace la lucha por la conquista del poder mucho más
difícil. Es lo que hace que una evidente minoría viole la constitución que
ellos mismos escribieron para convocar fraudulentamente una constituyente sin
consultar al pueblo en el cual reside el poder para evaluar ese tipo de
acciones. Para ello se han buscado a lo peorcito de sus filas. Abogados botados
del postgrado de ciencia política de una prestigiosa universidad por plagio,
sociólogos que no dieron la talla para culminar los mismos estudios de cuarto
nivel.
Es
absolutamente legítimo derrocar a un cartel criminal como el que usurpa el
poder en Venezuela. Es un deber del pueblo venezolano rescatar esos espacios
para la política honesta, la que se preocupa de resolver
los problemas de los venezolanos, la que no está para enriquecer a familiares y
amigos. La que viene a sacar el país adelante con esfuerzo y dedicación
reconociendo en todo momento el poder del pueblo y el deber de rendirle cuenta
en todo momento.