“La inmoral estrategia de
Nicolás Maduro”
Caracas,30 de abril de 2017.
La estrategia diseñada por
Nicolás Maduro para tratar de mantenerse, a toda costa, en el poder, ha
devenido en una feroz y criminal represión. La violencia provocada por los
organismos de seguridad del Estado y los colectivos armados durante estas
últimas semanas en Caracas y en el interior de la República, con sus trágicos
resultados, demuestran que la evaluación que se hizo de la situación política
venezolana en la inefable Sala Situacional de Miraflores, fue totalmente
equivocada. Su primer error fue subestimar la capacidad de recuperación del
liderazgo de la oposición democrática. Ciertamente, su prestigio se había
debilitado en virtud de los errores cometidos durante las reuniones de la Mesa
de Diálogo, pero definitivamente logró reponerse, con gran rapidez, como
consecuencia a su valiente actuación en las acciones de protesta y la creciente
caída en la popularidad del presidente Maduro y de su gobierno motivado a la
tragedia nacional y al intento de golpe de Estado realizado en complicidad con
el Tribunal Supremo de Justicia. Las movilizaciones convocadas por la oposición
democrática para protestar la violación constitucional han sido realmente
impactantes, no sólo por la multitudinaria presencia de marchistas sino
por su innegable voluntad de lucha y su marcada disciplina en el cumplimiento
de las instrucciones dictadas por los dirigentes de los partidos políticos.
Otro aspecto que
sorprendió a los planificadores y ejecutores de las acciones represivas del
gobierno, ha sido la creciente participación que han mostrado amplios sectores
populares en el enfrentamiento a la agresión de las bandas armadas del
oficialismo. Ese monopolio de la violencia, que de manera inconstitucional nos
había impuesto el chavismo en estos dieciocho años de desgobierno, ha empezado
a debilitarse. También es necesario considerar, en este balance de la
estrategia gubernamental, el fuerte rumor que, desde hace algunos meses,
había empezado a circular en la opinión pública sobre un creciente descontento
militar. La detención de diez oficiales activos, con funciones de mando en
unidades de combate, como el grupo de artillería general José de la Cruz
Carrillo, indica que no es verdad que la Fuerza Armada Nacional es
“revolucionaria, socialista y fundamentalmente chavista” como repite
permanentemente el general Padrino. Al contrario, muestra que la única manera
de garantizar la unidad interna de nuestra Institución es manteniendo como
norte el respeto a los principios establecidos en la Constitución
Nacional. De no hacerlo, se estaría comprometiendo aún más la paz de la
República.
Tampoco se consideró, en el análisis de la
situación política, la posibilidad de que la doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal
General de la Republica, pudiese tener una posición contraria al intento de
golpe de Estado. De manera sorprendente, declaró con gran firmeza: “Las
sentencias 156 y 157 del Tribunal Supremo de Justicia evidencian la existencia
de varias violaciones del orden constitucional y un claro desconocimiento del
modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, produciéndose una ruptura del orden constitucional”. Esa posición
la ratifica al rechazar, con mucha fuerza, los actos represivos del régimen:
“Yo quiero manifestar que repudio los hechos de violencia, soy una mujer de
paz, no puedo tolerar la violencia. Lamento la muerte de 26 venezolanos…También
quiero expresar mi más firme rechazo a la violencia como arma de acción
política, la política no debe conducirnos a la guerra, la política es el
ejercicio del dialogo y la negociación. Es la confrontación de ideas en el
marco de las diferencias que pueden darse en una sociedad como la nuestra”.
Esta posición de defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos
puede transformarse en una seria amenaza a cualquier nueva acción de parte del
régimen madurista que irrespete el Estado de Derecho.
Este análisis nos muestra un gobierno
totalmente debilitado, incapaz, en la práctica, de garantizar el normal
funcionamiento del Estado y de la sociedad venezolana. Para colmo, el Consejo
Permanente de la OEA convocó a una reunión de cancilleres para discutir la real
situación que vive nuestro país. En el Consejo Permanente votaron 19 Estados a
favor de la reunión contra 10 que se opusieron y 4 abstenciones. El gobierno,
en rechazo a esa convocatoria, amenazó con iniciar los trámites para retirar a
Venezuela de la OEA. En realidad, esa actitud tendrá muy poco efecto, ya que el
señalamiento hecho por nuestra representación, de una posible injerencia en
nuestros asuntos internos no ha tenido suficiente fuerza, ya que no puede
acusarse a la OEA de una acción de ese orden cuando sólo aplica la Carta
Democrática, aceptada y firmada por la propia Venezuela. Otra acción
diplomática realizada por Venezuela fue la convocatoria a una reunión de
cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC)
para discutir el problema de Venezuela. Tengo la impresión que dicha
convocatoria tampoco será exitosa debido al rechazo que produce la
incontrolable y brutal violación de los derechos humanos para ahogar las
justificadas protestas. De todas maneras, si el presidente Maduro aceptara la
constitución de un grupo de amigos de Venezuela, en el cual se sintieran
realmente representados el gobierno y la oposición sería un importante
paso en la solución de la inmanejable crisis nacional
Ante tan difícil situación, Nicolás Maduro ha
tratado de reorientar su fracasada estrategia con nuevas acciones que
permitan superar la grave crisis nacional. Hasta este momento no lo ha
logrado. Esas acciones buscan cumplir los siguientes objetivos: falsear la
realidad a través de fuertes campañas de propaganda para tratar de convencer a
los venezolanos y al mundo de que la violencia proviene de grupos armados
contratados por “la derecha”; insistir en la invitación a reiniciar un diálogo
con la oposición, pero sin cumplir las exigencias planteadas por el cardenal
Pietro Parolín; y “convocar unilateralmente” a una Asamblea Nacional Constituyente
para imponer “las condiciones de su convocatoria y elección”. La respuesta de
la oposición debería ser: rechazar tan obsceno intento de manipulación y
demostrar la verdad de los hechos ocurridos; no iniciar el diálogo si no es
acompañado por el cumplimiento de las exigencias hechas por la Santa Sede;
exigir la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, y la
realización de elecciones parlamentarias en el estado Amazonas y regionales de
gobernadores y de alcaldes antes de aceptar la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente, la cual sólo debe apoyarse si ella surge de un
acuerdo político entre las fracciones de los partidos democráticos y del PSUV
en la Asamblea Nacional.
fochoaantich@gmail.com
Caracas, 30 de abril de 2017.
REMISIÓN: Fernando Ochoa Antich
FUENTE: El Columnero