José Vicente Carrasquero A.
Venezuela atraviesa el peor momento de su
historia contemporánea. Después de dilapidado el mayor aluvión de dinero de
toda su historia republicana, el país ha descendido a los niveles de estado
fallido. Los venezolanos sufren la peor calidad de vida del continente
americano, lo cual es muy grave si se considera que en la región hay países muy
pobres como Haití y Nicaragua para mencionar solo dos de ellos.
La clase política venezolana hace rato que
abandonó los principios democráticos para aferrarse a ese espíritu que los
llevo a embarcarse en las aventuras golpistas de 1992 con las que pretendían
instaurar una dictadura militar para, supuestamente, resolver los problemas que
aquejaban a la población.
Lo cierto es que la situación de Venezuela
es mucho peor que en 1992. Vale la pena mencionar algunos datos para ubicar al
lector. Actualmente la inflación se ubica en mil por ciento anual con una grave
tendencia a subir en los próximos días. La escasez de alimentos, medicinas y
productos de higiene personal es escandalosa. La desnutrición infantil y el
aumento de la mortalidad infantil son indicios de la nefasta situación que
provoca la ausencia de productos esenciales para la alimentación y la salud.
Enfermedades erradicadas hace décadas como la malaria han vuelto a brotar con fuerza. Durante el año 2016 al menos treinta mil venezolanos fueron asesinados por bandas criminales que han logrado organizarse para estar mejor equipadas y ser más efectivas que la policía llamada a cuidar a los venezolanos. Para no aburrir con más datos, se estima que más de un millón y medio de venezolanos han abandonado el país, es su mayoría en búsqueda de una calidad de vida que su tierra no les ofrece.
Enfermedades erradicadas hace décadas como la malaria han vuelto a brotar con fuerza. Durante el año 2016 al menos treinta mil venezolanos fueron asesinados por bandas criminales que han logrado organizarse para estar mejor equipadas y ser más efectivas que la policía llamada a cuidar a los venezolanos. Para no aburrir con más datos, se estima que más de un millón y medio de venezolanos han abandonado el país, es su mayoría en búsqueda de una calidad de vida que su tierra no les ofrece.
En Diciembre de 2015, el chavismo sufrió
una derrota electoral de proporciones importantes. Dos tercios de la Asamblea
Nacional (AN), el cuerpo legislativo del país, quedó bajo el control de la
oposición. Ese fue el fin de las elecciones en Venezuela y marcó la ruptura
total del partido de gobierno con la democracia. Lo que vino a partir de ese
momento fue un golpe de estado por capítulos.
El primero fue el nombramiento sin
cumplimiento de los extremos legales y reglamentarios de un Tribunal Supremo de
Justicia repleto de personas de poca solvencia profesional, ligadas al partido
de gobierno al punto de que algunos eran diputados de la Asamblea Nacional que
días antes de su vencimiento los nombró y juramentó ilegalmente.
El segundo capítulo se produce con una
sentencia de la sala electoral de este nuevo tribunal que suspende la elección
y proclamación de los diputados del estado Amazonas por un supuesto fraude.
Llama la atención que hasta ese momento, el chavismo proclamaba tener el mejor
sistema electoral del mundo y más protegido contra dolos. Con esta sentencia,
el chavismo impide que la nueva AN se instale con la mayoría conquistada en las
elecciones.
Ya mostrando descaradamente su cara
dictatorial, Maduro procede a ordenar al ilegítimo TSJ que declare a la AN en
desacato. Un nuevo golpe que lleva al ejecutivo a desconocer la capacidad de
control del cuerpo legislativo sobre el resto de la instituciones del Estado.
En Diciembre de 2016 unos tribunales de
control detienen el proceso de convocatoria de un referéndum para la revocación
del mandato de Maduro según lo que estable el artículo 72 de la Constitución
Nacional. En este nuevo capítulo golpista, los tribunales de menor instancia
pasan por encima de la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los
venezolanos se quedan sin la posibilidad de someter a Maduro al juicio popular
del voto.
No contentos con estos artilugios, el CNE,
cuyas rectoras pertenecen al partido de gobierno, suspende con artilugios
administrativos las elecciones de gobernadores y alcaldes que se debían realizar
en Diciembre de 2016, un nuevo golpe a la soberanía popular que ve cerrados los
espacios para la expresión de su evaluación de la situación que vive el país.
Otro capítulo se da con sentencias del TSJ
que eliminan la inmunidad de los parlamentarios y adjudican funciones de la AN
al tribunal constitucional. Semejante aberración tuvo una repulsa nacional e
internacional y dio un tremendo impulso a la ola de protestas que desde
entonces se viven en Venezuela. En el papel, el TSJ revocó las sentencias, en
la práctica, la dictadura las siguió aplicando.
Huyendo de las elecciones, el dictador
Maduro decide desconocer totalmente la constitución y convoca una asamblea
nacional constituyente para escribir una nueva constitución. El descaro es de
tal magnitud que no se esconde que el verdadero propósito es tener poderes
supra constitucionales para proceder a la remoción de la fiscal general de la
república y al cierre de la Asamblea Nacional dejando sin inmunidad
parlamentaria a sus diputados. Este golpe fue avalado por el ilegítimo TSJ con
una sentencia que no admite la más mínima revisión desde el punto de vista de
su nivel jurídico.
En un capítulo culminante, la dictadura
celebra un simulacro de elecciones de los miembros de la constituyente. El
fraude es monumental. A pesar de que los centros electorales se veían
desolados, el CNE anuncia al final de la jornada una participación de ocho
millones de venezolanos para tratar infructuosamente de convencer a la opinión
pública nacional e internacional que cuentan con el apoyo mayoritario de la
población.
El viernes 4 de Agosto el mundo asiste a
la estocada final. Se instala una Asamblea Nacional Constituyente en franca
violación de lo previsto para ello en la constitución vigente. El golpe de
estado se ha consumado.
Las amenazas y acciones no se han hecho
esperar. El primer acto de la ACN fue remover de su cargo a la Fiscal General
de la República y nombrar a un individuo cuya parcialidad política no deja
lugar a dudas al haber sido constituyentista en 1999, diputado a la AN y
gobernador de estado siempre en las filas del partido de gobierno.
Lo que le espera a Venezuela es de
pronóstico reservado. La dictadura se ha otorgado a sí misma poderes
constituyentes. Ya anunció que su duración será de dos años. Se empeña en hacer
creer al mundo que su origen es legítimo y que actúa bajo el mandato popular.
Eso solo lo creen los partidos españoles satélites del PSUV y algún grupete de
izquierdistas trasnochados a los que los principios de la democracia les
importa muy poco.
El país se va por un precipicio en el que
la dictadura tratará de poner orden a través de una mayor represión y
persecución de líderes de oposición, aumentando el número de presos políticos,
exilados, asesinados y heridos. El dictador Maduro se siente sin límites y hace
caso omiso de la repulsa internacional. Las medidas hasta ahora anunciadas por
otros países resultan inefectivas ante la magnitud del desafuero cometido por
una clase política corrompida y peligrosamente vinculada con el crimen
internacional.