La degradación del Parlamento: de la euforia del 6D a la desconfianza plena
La gran conquista del espacio legislativo terminó desvaneciéndose; hasta el punto de que existe un verdadero nerviosismo
Abr 16, 2018
Dice el gran historiador venezolano, Germán Carrera Damas: “El 6 de diciembre del 2015 abrí una botella de champaña. Pensaba que, por primera vez en la historia de la humanidad, un régimen liberal había sido restaurado de forma democrática. Pero a las horas me decepcioné: cuando vi las declaraciones de los militares, era evidente que aquello había sido una concesión”.
Pero como Carrera Damas, estaban la mayoría de los venezolanos. La euforia del momento obstaculizó cualquier capacidad de vislumbrar la realidad. El 6 de diciembre de 2015 fue un día de fiesta en el que la sociedad venezolana que se opone a Maduro celebró al unísono.
Al principio, cuando Henry Ramos Allup asumió como presidente del Parlamento, y entró al Palacio como el invicto gladiador al Coliseo, eran casi todos los que andaban embelesados. A todos los cegó la euforia. Solo el soberbio mentiría. Aplausos a las carajiteadas y ninguneadasdel adeco. Era, de todos, el idóneo para liderar la Asamblea durante su primer año e iniciar, entonces, la esperada transición a la libertad.
Las expectativas al principio eran claras: arrebatar ese gran espacio al chavismo, la Asamblea Nacional, permitiría ir conquistando parcelas de poder hasta forzar un definitivo cambio de sistema. Se llevaría a cabo la importante disputa entre poderes y se buscaría, en principio, incomodar como sea a la dictadura.
Pero no ocurrió. Los debates sustanciales se apartaron. Los asedios se quedaron en la remoción de efigies de Hugo Chávez y en la recomendación de «moringa» a los diputados chavistas. Algunos insultos altivos; pero no más. Ramos Allup hizo promesas que luego incumplió. Durante todo el primer año del Parlamento, ahora en manos “opositoras”, se intentó impulsar un referéndum revocatorio que terminó perdiéndose en un estéril diálogo con la dictadura y El Vaticano.
En las sesiones de los martes se debatía sobre el autismo, la falta de agua y las ayudas sociales. Al cerrar el primer año de la Asamblea dirigida por el líder de Acción Democrática, el balance fue desagradable. Un triunfo malgastado. Si hubo esfuerzos, se concentraron en las exigencias al dictador. Nada de la confrontación entre poderes. Nada de la incomodidad esperada. Más bien una sumisión detestable.
El Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo funcionó con impunidad. Cuando dijo que unos diputados no podían juramentarse por supuesta falta de legitimidad, se acató. No se buscó la remoción de los ilegales magistrados ni se cuestionó la legitimidad de las delincuentes del Consejo Nacional Electoral. Tampoco hubo un esfuerzo dirigido a incomodar a las otrasinstituciones secuestradas por el chavismo.
Hombres honorables como Enrique Aristeguieta Gramcko, historiador y abogado, insistieron al Parlamento en la importancia de investigar a Nicolás Maduro por su dudosa nacionalidad venezolana. Demasiadas razones para impulsar un proceso en contra del dictador. El líder del régimen chavista, en todo caso, solo debía acudir a la Asamblea para demostrar su capacidad de gobernar, de acuerdo con la Constitución. Pudiera o no trascender; pudiera o no, ser un acto de ingenuidad; se trataba, de cualquier forma, de la necesaria confrontación institucional. Esfuerzos decididos a continuar degradando la supuesta legitimidad del dictador. Pero jamás se hizo. La insistencia de Gramcko fue, al final, engavetada por el Parlamento.
El día que desde la Asamblea se intentó asestar un golpe decisivo a la dictadura, terminó convirtiéndose en otra oportunidad para continuar desmontando la euforia que se había erigido el 6 de diciembre de 2015. Casi un año después de la «gran victoria», en diciembre de 2016, la Asamblea acordó, luego de prometerlo, un debate para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, que debían de sustituir a las ilegítimas.
Ese 16 de diciembre el debate no trascendió porque la ausencia de tres diputados impidió el nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. No hubo quorum. Un día decisivo para el restablecimiento de la democracia, algunos diputados faltaron.
El escándalo fue inmenso y partidos de Mesa de la Unidad Democrática exigieron la expulsión de Un Nuevo Tiempo —la fuerza política a la que pertenecían los irresponsables—. Pero nunca hubo ningún destierro a pesar de que se supo que estos diputados habían estado reunidos con miembros de la dictadura y tenían razones para faltar.
La inquisición partidista se impuso sobre Un Nuevo Tiempo; pero la verdad es que, luego de ese día, el debate jamás se retomó. En otras discusiones hubo quorum; pero a ningún parlamentario, de esos que vociferaron en contra de «los traidores», se le ocurrió reemprender lo que iba a convertirse en una estocada decisiva: nuevamente, la confrontación entre poderes se dilató.
Julio Borges se estrenó como presidente de la Asamblea Nacional ventilando cierta sensación de cambio. El 9 de enero de 2017 la mayoría “opositora” votó y declaró el abandono de cargo por parte de Nicolás Maduro. Fue la primera acción de Borges y se trataba de una respuesta a unas exigencias que llevaban tiempo circulando.
Se suponía que, a partir de esa decisión, todo el panorama debía cambiar. Lo que proseguía era la convocatoria a elecciones mientras asumía el sucesor del dictador. Debía ser un proceso impulsado por el Parlamento y acordado con el Poder Electoral —pero este jamás se renovó—.
A la semana de la histórica decisión, era como si nada hubiera ocurrido. Desde el Palacio Legislativo se seguía llamado «presidente» al dictador y se le continuaba exigiendo rectificación. El importante debate del Parlamento se desvaneció entre otras agendas cómodas para el chavismo.
El tiempo se continuó invirtiendo en debates estériles. Órdenes del día absurdas. Las divisiones entre las fracciones de la Asamblea se acentuaban. Cada vez era más evidente quién era quién. Y una torpeza de Maduro volvió a brindar al Parlamento le relevancia que estaba perdiendo.
A finales de marzo de 2017 el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia —la ilegal institución que jamás se incomodó—, arrebató las funciones a la Asamblea Nacional. Las reacciones de la comunidad internacional y la osadía de unos diputados en las calles, permitieron el inicio de una de las peores crisis políticas del régimen chavista.
En medio de esa coyuntura, el régimen impuso la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de deformar al Estado y perfeccionarlo como un totalitarismo. El Parlamento, al final, decidió no incomodar al ilegal armatoste hasta permitir que este funcionara en los mismos espacios del Palacio Legislativo.
La decepción fue dominando al ciudadano, antes esperanzado por lo que se suponía que era el último vestigio de la vida republicana. Las declaraciones y posturas de algunos diputados, presuntamente opositores, acentuaron el rechazo a los representantes de la verdadera soberanía.
Quizá la mayor victoria de los asambleístas fue la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Un asunto que tenían pendiente desde que se juramentó el Parlamento a principios de 2016; pero que, luego de la convocatoria a un excelso plebiscito en julio de 2017, era arduo volver a esquivar la responsabilidad.
En esa consulta popular también se planteó la necesidad de renovar las otras instituciones, como el Consejo Nacional Electoral, y la presidencia. Se trataba de retomar dos debates abandonados; pero esto jamás se hizo.
Ahora es el gran logro de la Asamblea lo que está en medio del debate. Los magistrados legítimos fueron nombrados por la presión de toda una sociedad; pero después, descuidados. Es la gran institución que, junto al Parlamento, reconoce la comunidad internacional y funciona desde el exilio.
En los grandes espacios de la región, han acordado la propulsión del antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. Se trata de la verdadera y urgente confrontación entre poderes. La decisión de los legítimos magistrados dejó en manos de los diputados el siguiente gran paso. Pero, y es inconcebible, impera el escepticismo y la desconfianza.
Justo antes de que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decidiera sobre el antejuicio de mérito contra Maduro; el diario venezolano “opositor”, Zeta, publicó una supuesta investigación que demuestra que el presidente de la gran Corte tiene doble nacionalidad por lo que no puede ejercer. Afortunadamente el intento de degradar uno a de las dos instituciones legítimas en el país, no trascendió. Pero existen otros peligrosos esfuerzos, dispuestos a impedir la confrontación entre poderes.
“Al elegir como parlamentarios a quien carece de recursos económicos, una presión que le permita sustentarse o una reputación en el mundo académico, corremos el riesgo de que se vayan detrás del primero que les lance un billete de 100 dólares en un almuerzo rociado con Whisky”, escribió en su cuenta de Twitter el profesor y abogado, José Valentín González.
Este martes 17 de abril se llevará a cabo en la Asamblea el debate sobre el antejuicio de mérito contra Maduro. La discusión se acuerda después de más de una semana desde que el Tribunal Supremo de Justicia decidió y transfirió la responsabilidad al Parlamento.
En medio de la tensión política, se ha especulado bastante sobre la posibilidad de que los diputados no asuman su responsabilidad y dejen solos a los magistrados que ellos mismos designaron.
De acuerdo con el medio Runrunes, en una nota publicada el 10 de abril, del llamado “G4 de la MUD (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), solo VP expresó públicamente su apoyo a la decisión suscrita por el TSJ en el exilio”.
“En los pasillos del Palacio federal Legislativo, asambleístas de distintos partidos cuestionaban la viabilidad de la iniciativa promovida por los magistrados ‘legítimos’. Advertían que tenía serias fallas jurídicas y señalaban que el TSJ en el exilio estaba siendo controlado por los sectores más radicales de la oposición”, se lee en el medio.
Asimismo, la periodista Sebastiana Barráez publicó el 12 de abril un artículo en el que habla de una “jugada del Gobierno” para lograr que algunos diputados presuntamente opositores no respalden el esfuerzo del Tribunal Supremo en el exilio.
Barráez menciona a Timoteo Zambrano, Melva Matucha, Maribel Guédez, Adolfo Superlano, José Gregorio Aparicio, Romel Guzamana, Kerrin Mavárez y José Sánchez Montiel.
Son hombres y mujeres del exgobernador Manuel Rosales y pertenecían al partido Un Nuevo Tiempo hasta que el pasado 11 de abril renunciaron a su fuerza política para apoyar la novel plataforma del supuesto periodista y perseguido político, Leocenis García. “Un personaje con una oscura historia”, de acuerdo con Barráez.
“Es una habilidosa jugada del Gobierno, con Manuel Rosales, el líder de Un Nuevo Tiempo, quien logró hace un año un acuerdo con el Gobierno, para las elecciones presidenciales. Convencieron, y no precisamente por razones ideológicas, a Leocenis García y Manuel Rosales, para postularse a la presidencia si la oposición no participaba. La presentación de Henri Falcón no hizo necesaria esa opción, pero ahora lo reeditan para definitivamente acaban con lo que queda de la Asamblea Nacional”, se lee en la página de la periodista Sebastiana Barráez.
En pocas horas se debatirá sobre una decisión histórica que podría tener unas repercusiones importantes —se debe recordar que la Asamblea y el Tribunal en el exilio son instituciones que cuentan con el respaldo de las naciones civilizadas del mundo—. Y abruma que, luego de la supuesta conquista del 6 de diciembre de 2015, exista el nerviosismo sobre la posibilidad de que los diputados no asuman su responsabilidad este martes. Pero hay precedentes.
Este martes algunos se sorprenderán y decepcionarán. Otros confirmarán sus sospechas. Solo se necesitan 84 diputados para impulsar la importante confrontación política. Pero hay que mantenerse vigilantes para determinar quiénes asumirán su responsabilidad y quiénes han sido, desde siempre, parte inherente del sistema totalitario. Embaucadores disfrazados en las filas aliadas.
FUENTE: PANAM POST