Los riegos y peligros a lo que se exponen disidentes políticos, militares y policías que huyen de Venezuela al territorio neogranadino.
Por: Carlos Rosales.
La República de Colombia que hoy acoge un promedio de 1.800.000 venezolanos, es un lugar seguro SOLO para los ciudadanos que escapan por razones económicas, pero estas condiciones NO son las mismas para quienes huyen de Venezuela como consecuencia de la persecución política y militar, con especial atención a los activistas en Derechos Humanos (DDHH) que son perseguidos por el forajido régimen de Nicolás Maduro, incluso para quienes han prestado servicios en la administración pública, especialmente a los ex funcionarios de cualquier componente militar, y aquellos que han laborado en los organismos de seguridad del Estado venezolano.
El forajido régimen de Nicolás Maduro sucesor del terrorífico proyecto Chavista, desde hace más de dos décadas, ha consolidado importantes vínculos de cooperación de actividades socioeconómicas en abierta articulación con "Grupos Terroristas" del hemisferio occidental. Esta estratégica alianza tiene sus inicios con la antiquísima "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo" (FARC-EP) y se mantiene con las disidencias de esta estructura criminal, hoy definida como la "Nueva Marquetalia", un reducto de la antigua FARC-EP, pero los intricados nexos van más allá, integrándose en este clan delincuencial el "Ejército de Liberación Nacional" (ELN), debido a que en estos convenios tiene relevante mención: El transporte, traslado, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes y provenientes de diversos departamentos colombianos con destino a las provincias del Zulia, Apure, Táchira, Amazonas y con especial atención el Estado Bolívar como principal espacio de acopio. Hoy día, miembros del terrorismo o grupos guerrilleros, no solo hacen vida desde la clandestinidad, varios de sus exponentes ocupan curules desde el Congreso de la República de Colombia y lo que ayer fue un imposible para el Grupo Terrorista M-19, hoy es una realidad controlada desde el Estado con la asunción al poder del Dr. Gustavo Petro.
De lo secreto a lo público hemos pasado a ser testigo, no solo de unos rumores, sino de los encuentros que hoy se consolidan desde la antigua residencia presidencial "La Casona" en Caracas. El Ejército de Liberación Nacional es acreditado por el régimen como un actor político, está "societas criminis" o sociedad criminal incluye además, la cooperación en actividades de inteligencia entre el citado grupo terrorista con la "Dirección General de Contra Inteligencia Militar" (DGCIM), para la ubicación de desertores de las fuerzas armadas venezolanas, objetivos políticos, así como una diversidad de expolicías que han tenido que resguardar sus vidas fuera de Venezuela, la lista que posee el ELN no es un invento, dentro de esta oscura cooperación en febrero de 2021, fue aprehendido irregularmente en Colombia el oficial del ejército venezolano Franklin Caldera quien hoy está bajo la "custodia" de la "DGCIM", igualmente bajo este modus operandi fue aprehendido el General Ovidio Poggioli, además del secuestro en el año 2021 de ocho (8) soldados venezolanos, incluso en el radar de búsqueda del grupo guerrillero como objetivos políticos y militares, una fuente humana que por razones de seguridad que no puede ser expuesta su identidad, logró acceder al conocimiento información relacionada con varios oficiales, así do civiles que estan siendo buscamos como objetivos de alto interés: Coronel (GN) Edward Breny Rodríguez Acosta, Mayor (GN) Rafael Isidro Machado Valera, Capitan (GN) Ricardo Alfredo Rojas Machado, Comisario (CICPC) Zonny Paruta, El expolicia Edward Jackson Martínez kogen, Sargento Alfredo Ramón Pacheco Yare, así como el ex policía fuerzas especiales Andy Barrios Sánchez quien se ha visto en la imperiosa necesidad de resguardar a su esposa e hijos fuera del alcance de la vigilancia de los esbirros del régimen, donde además las activistas en Derechos Humanos María Elena Arboleda Barrios y Naila Coromoto Suárez Soto aparecen incluidas, pero la manifestada lista señala a muchos más Venezolanos, quienes que por razones de seguridad han salido forzosamente del país para resguardar sus integridades físicas. Sin duda un tema de alta sensibilidad sistémica para las instituciones Gubernamentales del continente.
Nos vemos en una próxima columna.
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