La defensora espera que la Ley de Policía Nacional ayude a ponerle coto a los abusos cometidos por agentes del orden público (Gustavo Bandres/archivo) La tortura sigue siendo una práctica habitual para algunos funcionarios policiales venezolanos. Así lo revela el informe de la Defensoría del Pueblo correspondiente al año 2008, en el cual se da cuenta de que en los últimos doce meses el organismo encargado de velar por los derechos humanos en el país contabilizó un aumento de 10,34% en el número de casos de personas que sufrieron malos tratos a manos de uniformados.
En el reporte que la semana pasada llevó a la Asamblea Nacional Gabriela Ramírez informa que en los últimos doce meses recibió 87 denuncias de tortura, frente a los 78 que le presentaron en 2007. De la misma manera precisa que 66 de los casos fueron por agresiones físicas y 21 por psicológicas.
La Defensoría advierte que el cuerpo más señalado de cometer este tipo de vulneraciones continúa siendo la policía científica (Cicpc), tal y como viene ocurriendo desde hace años.
Ramírez recuerda que el Cicpc es el encargado de investigar los crímenes y, por ello, no duda en afirmar: "se presume que la tortura sigue formando parte de las técnicas utilizadas por algunos funcionarios de este cuerpo policial para obtener testimonios, confesiones, o cualquier información que contribuya a esclarecer el caso en investigación".
La mayoría de las víctimas (62,07%), según las cifras del organismo encargado de velar por los derechos humanos de los venezolanos, son hombres de entre 20 y 34 años de edad.
En su informe, Ramírez también da cuenta de que el número de denuncias por violaciones al derecho a la libertad personal se incrementaron en 4,87%, al pasar de 410 quejas en 2007 a 430 el año pasado.
En lo que se refiere a los ajusticiamientos, la defensora informa de una sensible reducción en el número de casos que recibió su despacho, pues en 2008 le presentaron 134 frente a 155 de 2007.
Las policías estadales, con 65 denuncias; la policía científica (Cicpc), con 32; y las policías municipales, con 17, encabezan la lista de organismos señalados de dar muerte a ciudadanos. Este tipo de hechos se presentan con mayor frecuencia en los estados Lara, Caracas, Sucre y Anzoátegui.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe expresó su preocupación por este fenómeno y reclamó de las autoridades nacionales tomar medidas para ponerle coto.
Por último, Ramírez en su informe se muestra esperanzada en que la promulgación de la Ley Orgánica de Policía Nacional permitirá "combatir las vulneraciones a derechos humanos por parte de los funcionarios policiales".
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL