Estrategias, políticas e inversiones son pasos previos para alcanzar la "praxis del socialismo" en las empresas básicas (Sailú Uribarrí/Archivo) "Desde aquí la clase obrera se irradiará a los cuatro vientos, en todas las direcciones". Así fue como el pasado 8 de agosto el presidente Hugo Chávez resumía la intención del Gobierno de convertir a Guayana en una zona pionera en la implantación del socialismo en el país.
El papel de los trabajadores en el proceso será el de lograr el control de los medios de producción de las empresas básicas, en un proceso paulatino que podría concretarse en el año 2012, según la meta del Ejecutivo.
La razón fue más que obvia. "Este es el socialismo obrero industrial con mayor capacidad de impacto en el proyecto político no sólo venezolano, sino también internacional", indicó el jefe de Estado ese día.
Los lineamientos se encuentran definidos en el Plan Socialista Guayana 2019, y entre los que fueron aprobados por el presidente Chávez se encuentran el desarrollo de un modelo de organización de las dos corporaciones creadas para tal efecto -la del hierro y acero y la del aluminio- que funcionarán con procesos integrados, la optimización de un sistema de transferencia de insumos y bienes entre las líneas productivas y la implantación de un sistema de producción basado en la racionalidad socialista.
El nuevo intento Y aunque el plan pudiera sonar a una estrategia para generar productividad en unas empresas plagadas de problemas financieros, la diferencia viene dada por el rol que se espera de los trabajadores de las mismas.
El anuncio presidencial se centra en el paso previo de lo que el propio Plan Socialista Guayana 2019 define como la "praxis de la transición", el estadio anterior al control directo de la producción por parte de la masa laboral.
Esta primera etapa debe alimentarse de tres factores: lineamientos estratégicos, políticas sectoriales e inversiones para darle cabida a la transición.
En el marco de ese paso previo hacia el socialismo puro se crearon centros de formación ideológica y tecnológica para los trabajadores de las empresas básicas, según informó Chávez.
El proyecto guayanés no surgió de la nada. Está insertado en los preceptos definidos en el Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013 y es un nuevo capítulo dentro de los fallidos intentos del Gobierno de crear polos de desarrollo en diferentes regiones del país.
La desarticulación fue un factor que impidió la idea de generar una zona de desarrollo en cada zona geográfica que se encadenará a lo largo del país. Los mecanismos para revertir la situación se centraron en la centralización de las decisiones y las estatizaciones de una serie de empresas que el Gobierno considera estratégicas para lograr el lanzamiento del modelo productivo socialista.
Cambio de señas Los ensayos paralelos que adelantó el Gobierno desde el año 2005 fallaron. Las expropiaciones de empresas inactivas para reflotarlas y dejarlas bajo el control obrero todavía no dan resultados. La propia burocracia estatal ha frenado la cesión de los medios de producción a los trabajadores, y es que el Estado sigue siendo el accionista mayoritario en empresas como Inveval e Invepal, entre otras, pese a la promesa de entregarlas a sus trabajadores.
Esto sin contar con que algunas de esas inactivas no solo dan pérdidas, sino que ni siquiera comenzaron a operar, como es el caso de Invetex.
Tras esos cuatro años que dejaron un saldo gravemente negativo para la implantación del socialismo en el país, el Ejecutivo cambió las formas e ideó una serie de leyes que abren la puerta para lograr el esquema productivo deseado.
La estructura legal que la Asamblea Nacional se apura por aprobar consta de un recetario que permitirá aplicar el modelo socialista en poco tiempo.
Las leyes de Propiedad Social y de los Consejos Socialistas de Trabajadores, así como la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, le abren la puerta al socialismo en Venezuela.
En todos los casos, los parlamentarios aseguran que se trata de normativas de transición que permitirán allanar el camino de un proceso que, en el caso de Guayana y sus empresas básicas, se espera que se establezca definitivamente a más tardar en el año 2019.
Dirigentes sindicales reunidos en la Central Unión Nacional de Trabajadores (Únete) señalaron la semana pasada que los próximos planes socialistas sectoriales, similares al de Guayana, deben concretarse en los sectores eléctrico y petrolero, ambos en manos del Estado.
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Suhelis Tejero Puntes
EL UNIVERSAL