Diario: El CarabobeñoPartidos políticos y grupos estudiantiles de oposición rechazaron hoy la decisión judicial de mantener preso a un estudiante universitario acusado por la Fiscalía de "excitación a la guerra civil", por su presunta participación en hechos violentos al término de una marcha opositora en agosto pasado.
Una docena de estudiantes universitarios se reunió a las puertas de la Fiscalía General para exigir a ese despacho "que no sea una herramienta política contra todos los que disienten del Gobierno", explicó a los periodistas el portavoz estudiantil Javier Martucci.
Por su parte, Alejandro Vivas, subsecretario del democristiano COPEI Partido Popular, consideró que con la detención del estudiante universitario Julio César Rivas, de 22 años, el "Gobierno pretende desmovilizar a los jóvenes del país, protagonistas de movilizaciones y reclamos", informó un comunicado oficial.
Asimismo, el dirigente del partido Primero Justicia (liberal), Julio Borges, afirmó que con la detención de Rivas, el Ejecutivo del presidente venezolano, Hugo Chávez, buscaría "criminalizar la disidencia y evitar que los ciudadanos salgan a las calles a protestar en contra de la corrupción y la ineficiencia".
Borges pidió al Gobierno y demás instituciones públicas "que trabajen realmente en la seguridad" personal en Venezuela, donde se registra una media de 10.000 asesinatos anuales según datos policiales, "en lugar de encarcelar a personas inocentes que solo han ejercido su libre derecho a la protesta".
Un tribunal caraqueño ordenó anoche que se mantenga en prisión a Rivas, estudiante de la Universidad de Carabobo, detenido el pasado fin de semana después de que la Fiscalía lo imputó de "instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, excitación a la guerra civil y uso de arma genérica".
La Fiscalía señala a Rivas de haber presuntamente participado en los desórdenes que se registraron al cierre de una marcha en Caracas contra la nueva Ley de Educación, el pasado 22 de agosto.
Ese día, la policía disolvió la manifestación opositora con gases lacrimógenos después de que un grupo de personas, tras finalizar la marcha, lanzó botellas y otros objetos y comenzó a bambolear la valla que marcaba su límite para terminar derribándola.
El dirigente opositor y prefecto de Caracas, Richard Blanco, permanece preso desde el pasado 25 de agosto también acusado por la Fiscalía de varios delitos, entre ellos "instigación a delinquir" por supuestamente haber agredido a un policía durante la manifestación contra la Ley de Educación.
La oposición venezolana denuncia que el Gobierno de Chávez viola los derechos humanos y civiles de la población que lo adversa, y aplica una presunta política de "acorralamiento" de sus críticos con el presunto apoyo de instituciones públicas que estarían plegadas a su "revolución".
Chávez y las cabezas de instituciones muy cuestionadas por la oposición, como la Fiscalía General, han negado las denuncias opositoras y han aseverado que solo hacen cumplir las leyes del país.