miércoles 4 de noviembre de 2009 01:30 GYT
Por Mario Naranjo y Gustavo Palencia
TEGUCIGALPA (Reuters) - Los líderes del Congreso de Honduras decidieron el martes pedir la opinión de los poderes judicial y ciudadano antes de votar la posibilidad de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, dilatando la convocatoria a una sesión clave para debatir el futuro del líder.
La decisión desafía un acuerdo alcanzado la semana pasada entre negociadores de Zelaya y el Gobierno de facto con la mediación de Washington, cuyo punto central es que el Congreso vote sobre la vuelta al poder del derrocado mandatario.
"Confirmado, se acordó enviar a la Corte, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República", dijo a Reuters Antonio Rivera, subjefe de bancada del Partido Nacional. "Una vez que hayan los reportes de los tres órganos nos reuniremos", añadió.
El acuerdo logrado la semana pasada, dentro de los intentos por superar la crisis desatada por el golpe de Estado de fines de junio, contemplaba la posibilidad de que el Congreso pidiera la opinión no vinculante de la Corte Suprema, pero la directiva parlamentaria sumó a otros órganos del poder público.
Zelaya tomó con calma la decisión de la Junta Directiva, "me parece que el Congreso debe ilustrarse. Ellos pueden pedir una opinión. Así quedó escrito en el acuerdo".
La decisión de la Junta Directiva no fue unánime. Tres de los 13 miembros votaron en contra de pedir la opinión de la Corte Suprema e intentaron fijar un plazo de 24 horas para que los órganos consultados den su informe y así pudiera ser convocada la sesión para votar sobre el futuro de defenestrado mandatario.
El diputado liberal Erick Rodríguez dijo que pidieron la opinión de forma "urgente" a la Corte Suprema, Procuraduría y Fiscalía, pero no fijaron un plazo.
"En Honduras 'urgente' a veces dilata. Hablás a la policía de urgencia y vienen en cuatro o cinco horas", dijo al comentar que por esa razón los dictámenes y un posterior llamado a la sesión "podría tardar una semana, un mes después de las elecciones".
Los parlamentarios están en receso por la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 29 de noviembre.
La Corte Suprema dictaminó en el pasado que el golpe de Estado que derrocó a Zelaya fue legal, debido a que el mandatario depuesto habría violado la Constitución al querer forzar la reelección presidencial.
PELEA POR GOBIERNO DE UNIDAD
Zelaya y el Gobierno de facto volvieron a enfrentarse la noche del martes, esta vez por la interpretación de otro artículo del acuerdo, el que fija al jueves 5 de noviembre como plazo para instalar un Gobierno de unidad naciona.
El Gobierno de facto pidió a las diferentes fuerzas políticas, incluso a Zelaya, que le envíen sugerencias de nombres para integrar el Gobierno de unidad nacional.
Zelaya, refugiado desde el pasado 21 de septiembre en la embajada de Brasil en la capital hondureña tras haber ingresado de manera clandestina al país, consideró la convocatoria como una ofensa y dijo que el acuerdo no establecía este mecanismo.
"El Gobierno de unidad tiene que tener la dirección de un presidente que legítimamente debe estar constituido en Gobierno para poder operar", sostuvo.
OEA SUFRE PARA SOSTENER ACUERDO
La decisión de la Junta Directiva tomó mal parada a la comisión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó a Tegucigalpa poco antes de la votación con la esperanza de una rápida aplicación del acuerdo.
Además, enfureció a cientos de simpatizantes de "Mel", como llaman popularmente a Zelaya, que amenazaron con mantenerse en vigilia ante el Congreso para presionar por su restitución.
La comisión de la OEA está encabezada por el ex presidente chileno Ricardo Lagos.
"Lo que tratamos de implementar es un acuerdo que significa que el presidente Zelaya tiene que ser restituido en el poder, y al mismo tiempo estar seguros de que (...) las elecciones presidenciales sean cumplidas en un camino de democracia el 29 de noviembre", sostuvo el ex mandatario.
En el mismo tono se manifestó el presidente de la OEA, José Miguel Insulza.
El pedido de restituir a Zelaya fue criticado por Vilma Morales, miembro de comisión negociadora del Gobierno de facto que lo consideró contrario al espíritu del acuerdo firmado la semana pasada.
"Sus declaraciones podrían ser usadas para sembrar dudas en el pueblo sobre el acuerdo y la habilidad de la OEA de ser un tercero imparcial", añadió en una misiva.
El Congreso era custodiado por policías antimotines, provistos de escudos, palos y bombas lacrimógenas.
(Reporte adicional de Fiona Ortiz y Sean Mattson en Tegucigalpa, Antonio de la Jara en Chile. Editado por Alejandro Lifschitz)
Fuente: Rweuters/AméricaLatina