Runrunes
ALTO:
VERGÜENZA DICTATORIAL.
Pena
ajena vienen dando los diputados oficialistas, las llamadas focas
rojas, buscando argumentos para justificar las descaradas violaciones a
la Constitución Nacional con las leyes que a la carrera vienen aprobando
para darle al caudillo todo el poder que Pinochet, Castro y Kim Jong-Il
disfrutaron y disfrutan.
Menos libertad ante el culillo reinante. Prohibición de manifestaciones,
vigilancia de correos, persecuciones, asaltos, expropiaciones,
violaciones y más delincuencia armada y desatada parecieran ser parte
del menú contemplado ante los miedos de una reacción popular a medida
que se descosen las mentiras rojitas. Dios nos salve...
MEDIO:
MÁS GUISOS CUBANOS.
Se
llena la boca diciendo que Ciudad del Indio será una urbanización
modelo. La que está en plena autopista Caracas la Guaira. Contra la
recomendación de la doctora Josefina Baldó y sus expertos que sugirieron
la construcción en la carretera vieja a La Guaira le dieron el visto
bueno al proyecto de los cubanos. Se lo quitaron al ministro Carrizales.
Es inviable por los costos: solo llevarle agua costará $ 1200 millones y la electricidad otros $ 532 millones. Un tal Pupo es el encargado cubano. El daño ecológico será por varias generaciones. ¿Dónde están los responsables?
ENGAÑOSAS VIVIENDAS ROJAS.
El nombramiento del ahora dos veces ministro Francisco Farruco servirá para todo lo contrario: será
un nuevo e incomodo obstáculo para agilizar que aparezcan los terrenos,
el cemento, la cabilla, el crédito y los constructores, únicos
ingredientes para que las familias de menos recursos puedan tener
vivienda. Los hechos lo demuestran: siendo este el Gobierno más rico
y petrolero en los últimos 40 años, la década de Chávez es en la que
menos viviendas se han construido. "Nuestra fuente roja rojita nos
señala que "en la década 69-78 de Caldera I y Pérez I, se construyeron
618.000 viviendas. En la década 79-88, de Herrera y Lusinchi, se
culminaron 759.000 viviendas. En la década 89-98, de Pérez II y Caldera
II se construyeron 655.000 nuevas soluciones habitacionales. Y en la
década 99-2008, de la exclusiva responsabilidad de Hugo Chávez y su
revolución socialista solo 386.000 viviendas. ¿Dónde están los millones?
¿Dónde está el Contralor? ¿Dónde están los diputados del pueblo? En
otro informe recibido leemos que "Farruco se desdice de lo que enseñaba
en la Facultad de Arquitectura de la UCV y su carga de frustración lo
lleva a fortalecerle a Chávez la falsa tesis de que expropiando terrenos
se construyen viviendas. El sabe muy bien que no hace falta expropiar
ni un sólo centímetro cuadrado para hacer viviendas. Los mejores
terrenos son ahorita de organismos públicos, estados o alcaldías. Pero
negocio es negocio y Farruco tienen sus instrucciones e intereses...
RAZONES ROJAS.
Cinco cosas caracterizan el rotundo fracaso del gobierno de Chávez en materia de vivienda: ausencia
de visión de largo plazo; excesiva falta de continuidad administrativa;
incompresible aprehensión por poseer y disponer de terrenos y más
terrenos, autoengaño en la asignación de recursos en el presupuesto
nacional y absurda confrontación con los constructores, los que al final
son los que saben mejor que nadie como construir y entregar viviendas",
señala el informe técnico recibido. Para corroborar lo dicho indica
en uno de sus apartes "que para el presupuesto del 2011 al Banavih le
han aprobado sólo Bs 1 mil 50 millones, que si lo llegaran a administrar
con transparencia y eficiencia solo podrían generar 30 a 35 mil nuevas
viviendas. Y cuando el Presidente señala que por otra parte "tiene $ 1
mil 500 millones para hacer viviendas para el pueblo", debe quedar muy
claro que sin corrupción, comisiones y manejo eficiente de recursos,
este monto sólo puede generar máximo 30.000 nuevas viviendas. En
pocas palabras, todas estas transmisiones de TV, besaderas de viejitas y
cargaderas de niños en refugios no es otra cosa que una oferta
engañosa, algo que en dos años como mucho se reconocerá como un
verdadero fraude. Por eso el apuro para disminuir las libertades.
LENTO DESCARO:
El
4 de diciembre un reportaje en El Nacional indicaba: "El Gobierno
necesita de la empresa privada para resolver el déficit de vivienda,
porque el sector público tardaría 160 años en construir 2 millones de
unidades residenciales si mantiene el ritmo registrado desde que el
presidente Chávez asumió el poder en 1999. Las cifras oficiales del BCV
revelan que durante los últimos 12 años (la cifra que utilicé más arriba
correspondió a 1999-2008) se construyeron cerca de 500.000 viviendas.
Si los especialistas de la Cámara Inmobiliaria calculan que 70%
corresponde al sector privado y 30% al público, los organismos
gubernamentales edificaron 150.000 o 12.500 anuales. El promedio de
construcción de la administración actual representa 12,5% de las 100.000
viviendas que el país necesita cada año para cubrir el crecimiento
poblacional según los expertos y 6,25% de 200.000 unidades anuales
requeridas para disipar el déficit en 2 décadas".
BAJO:
GOLF.
Contra todas las recomendaciones de expertos, Chávez está obsesionado con arrebatarle a Caracas su principal pulmón vegetal:
los terrenos del Country Club. Para ello, manejado sólo por oficiales
del Ejército y a escondidas de su Ministro del Ambiente, Alejandro
Hitcher, de la Jefa de Gobierno Metropolitano, Jacqueline Farías, y de
la cúpula del Psuv, el Comandante Presidente ha convenido con una
empresa de origen chino para que le elabore y ejecute un proyecto que
según nuestras fuentes contempla más de 1.500 viviendas. El artífice
para complacer el ego revanchista de Chávez es el Presidente de Pdvsa,
Rafael Ramírez, quien coordina, autoriza y paga. El proyecto no
contempla los obligatorios estudios de impacto ambiental e impacto vial
que debe exigir el propio Hitcher, (¿renunciará?) como tampoco tiene
previsto realizar la consulta vecinal que antecede legalmente todo
cambio de zonificación. En consecuencia, además del ecocidio y el
irreversible caos urbanístico que le ocasionará, todo funcionario que se
vea involucrado en el mismo debe saber que estará incurso en un grave
delito penal. Ante este hecho nos hacemos dos preguntas: ¿qué piensan
hacer al respecto los alcaldes Ledezma, Rodríguez, Grateron y Blyde así
como el gobernador Capriles, las autoridades legítimamente electas más
comprometidas con esa zona de la ciudad? y ¿cómo van a reaccionar los
vecinos de esas urbanizaciones?
NELSON BOCARANDA SARDI
Jueves 16 de diciembre de 2010