Otto Gebauer.
Cárcel Militar de Ramo Verde.
“JUSTICIA, LIBERTAD y DEMOCRACIA”
UNA SOLA PREGUNTA… ¡POR FAVOR!
El pasado domingo 27
de febrero se cumplieron 22 años del “Caracazo” La revuelta social más
violenta que hayamos vivido en Venezuela, en los 40 años
de democracia. Así como violento fue ese tsunami popular que devastó con
todo a su paso, igual, y hasta más desproporcionada fue la reacción del
Gobierno de turno para sofocar el alzamiento de quienes exigían cambios
políticos y económicos, que buscasen paliar la profunda crisis que
golpeaba al estomago de los venezolanos.
El “Caracazo” o
“Sacudón” como también fue llamado, se encargó de poner en preaviso a un
bipartidismo que hasta 1989 se alternaba en el poder, sin importar
cuales eran las necesidades básicas de una clase pobre que
inexorablemente se incrementaba con el transcurrir del tiempo. Sin duda
que las causas de esa revuelta están en las erradas medidas aplicadas,
que solo beneficiaban a grupos estrechamente vinculados con “Los
Cogollos” y quienes establecían una férrea dictadura en esas estructuras
partidistas que permitían una amplia participación del pueblo, pero
quienes dirigían y podían llegar al poder, eran los estrictamente
vinculados con “los señores de los cogollos”
Ese “Sacudón” frenó
esa aberrante praxis y obligó a dar celeridad a las reformas que desde
1984 se venían estructurando para refrescar el rostro de una cada vez
más decadente democracia. Con la creación de la COPRE (Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado) se pretendía dar un vuelco para
acabar el vicioso centralismo y transformar al Estado en una estructura
moderna, eficiente y más democrática, permitiendo que la ciudadanía
participara activamente en la toma de decisiones y en la solución de los
problemas que la afectaban.
Sin embargo, lo poco
que avanzó CAP II es esta materia, que también comprendía la
profesionalización de la administración pública, las reformas de la
administración central, del poder judicial y del sistema electoral,
entre otras, se detuvo en algunas áreas en la 2da
presidencia de Caldera a pesar de las continuas protestas de una
población agobiada ante el cúmulo de calamidades que les impedían vivir
dignamente.
Quien hoy pretende
transformar esta patria azotada por la indolencia y desparpajo, en una
mega comarca de súbditos y vasallos, tomó hábilmente como
una de sus banderas de lucha, la convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente, con la finalidad de acometer los anhelados cambios,
convertidos en clamor popular. Es preciso recordar, que la sociedad de
ese entonces solo exigía mejoras en su calidad de vida y soluciones a
sus problemas más cotidianos como desempleo, inseguridad, alto costo de
la vida, un mejor sistema de salud, etc. Jamás, la justa social del 89
fue producto de una lucha ideológica o de clases, como intenta hacer
creer quien ahora emplea nuestro dinero para cambiar la historia.
El nuevo texto
constitucional fue aprobado aquel fatídico 15-Dic de 1.999. La tragedia
de Vargas parecía presagiar los nubarrones y temporales que estaban por
venir. Pese al infortunio que enlutó a centenares de hogares, se
mostraba como un gran logro la aprobación de la nueva Carta Magna, que
contemplaba un articulado que se presentaba como novedoso y atractivo
para un ciudadano, muy poco dado a estudiar a fondo, tan sacrosanto
ordenamiento jurídico.
Quiso el legislador
redactor, embriagado de supuestos aires renovadores, agregar una fuerte
carga social que coloca sobre los hombros del Estado, una inmensa
responsabilidad para que sea éste quien ejecute políticas públicas que
busquen sustancialmente una mejor calidad de vida a sus conciudadanos,
por lo que las clases más pobres y desposeídas, serían las
verdaderamente privilegiadas.
Asimismo, ese magno
cuerpo cuya estructura es la columna vertebral de la República, autoriza
y faculta al ciudadano y en general a la sociedad organizada a que se
mantenga movilizada para que ejerzan presión sobre los Poderes, los
cuales deben trabajar en procura de la felicidad y desarrollo de la
población.
Son 350 artículos
donde se establecen, desde las características del Estado hasta los
mecanismos de ley para remover de su cargo a quien no trabaja para
quienes lo eligieron. De ellos, 110 artículos corresponden a los que son
nuestros derechos. En nuestra Constitución, tenemos derechos de la
Ciudadanía, de la Nacionalidad, Derechos Humanos, Políticos, Civiles,
Familiares, Sociales, Culturales, Educativos, Económicos, Ambientales,
etc.
También se establece,
cuales son las funciones y deberes de quienes nos gobiernan, así como
la misión de la administración pública, a quien imparte, taxativamente,
“La responsabilidad de estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas,
fundamentándose en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad”
Si todo esto es
cierto y damos como un hecho que la Constitución Nacional es, según los
conocedores de la materia, “El acto o el decreto, fundamental en que
están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y
la organización de los poderes públicos del cual se obtendrán todas las
respuestas que le aprueben como debe organizarse la sociedad, para dar
soluciones que permitan subsistir y convivir”
Formulo la siguiente interrogante:
¿Por qué debemos
profesar públicamente lealtades políticas; ataviarnos de un color
determinado; aplaudir lo que no queremos; asistir en contra de nuestra
voluntad a eventos proselitistas; hacer sancochos, parrillas; llevar
chocolates o pagar sobornos para que se respeten nuestros derechos
constitucionales y para que quienes son nuestros empleados, trabajen en
favor del Bien Común?
Otto Gebauer
“PRESO POLITICO”
“CON LA VERDAD NI OFENDO NI TEMO”