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jueves, 3 de marzo de 2011

UNA SOLA PREGUNTA… ¡POR FAVOR! // Por: Otto Gebauer // PRESO POLITICO

 Otto Gebauer.

Cárcel Militar de Ramo Verde.
“JUSTICIA, LIBERTAD y DEMOCRACIA”

UNA SOLA PREGUNTA… ¡POR FAVOR!


El pasado domingo 27 de febrero se cumplieron 22 años del “Caracazo” La revuelta social más violenta que hayamos vivido en Venezuela,  en los 40 años de democracia. Así como violento fue ese tsunami popular que devastó con todo a su paso, igual, y hasta más desproporcionada fue la reacción del Gobierno de turno para sofocar el alzamiento de quienes exigían cambios políticos y económicos, que buscasen paliar la profunda crisis que golpeaba al estomago de los venezolanos. 

El “Caracazo” o “Sacudón” como también fue llamado, se encargó de poner en preaviso a un bipartidismo que hasta 1989 se alternaba en el poder, sin importar cuales eran las necesidades básicas de una clase pobre que inexorablemente se incrementaba con el transcurrir del tiempo. Sin duda que las causas de esa revuelta están en las erradas medidas aplicadas, que solo beneficiaban a grupos estrechamente vinculados con “Los Cogollos” y quienes establecían una férrea dictadura en esas estructuras partidistas que permitían una amplia participación del pueblo, pero quienes dirigían y podían llegar al poder, eran los estrictamente vinculados con “los señores de los cogollos”

Ese “Sacudón” frenó esa aberrante praxis y obligó a dar celeridad a las reformas que desde 1984 se venían estructurando para refrescar el rostro de una cada vez más decadente democracia. Con la creación de la COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado) se pretendía dar un vuelco para acabar el vicioso centralismo y transformar al Estado en una estructura moderna, eficiente y más democrática, permitiendo que la ciudadanía participara activamente en la toma de decisiones y en la solución de los problemas que la afectaban.

Sin embargo, lo poco que avanzó CAP II es esta materia, que también comprendía la profesionalización de la administración pública, las reformas de la administración central, del poder judicial y del sistema electoral, entre otras,  se detuvo en algunas áreas en la  2da presidencia de Caldera a pesar de las continuas protestas de una población agobiada ante el cúmulo de calamidades que les impedían vivir dignamente.

Quien hoy pretende transformar esta patria azotada por la indolencia y desparpajo, en una mega comarca de súbditos y vasallos, tomó  hábilmente como una de sus banderas de lucha, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de acometer los anhelados cambios, convertidos en clamor popular. Es preciso recordar, que la sociedad de ese entonces solo exigía mejoras en su calidad de vida y soluciones a sus problemas más cotidianos como desempleo, inseguridad, alto costo de la vida, un mejor sistema de salud, etc. Jamás, la justa social del 89 fue producto de una lucha ideológica o de clases, como intenta hacer creer quien ahora emplea nuestro dinero para cambiar la historia.

El nuevo texto constitucional fue aprobado aquel fatídico 15-Dic de 1.999. La tragedia de Vargas parecía presagiar los nubarrones y temporales que estaban por venir. Pese al infortunio que enlutó a centenares de hogares, se mostraba como un gran logro la aprobación de la nueva Carta Magna, que contemplaba un articulado que se presentaba como novedoso y atractivo para un ciudadano, muy poco dado a estudiar a fondo, tan sacrosanto ordenamiento jurídico. 

Quiso el legislador redactor, embriagado de supuestos aires renovadores, agregar una fuerte carga social que coloca sobre los hombros del Estado, una inmensa responsabilidad para que sea éste quien ejecute políticas públicas que busquen sustancialmente una mejor calidad de vida a sus conciudadanos, por lo que las clases más pobres y desposeídas, serían las verdaderamente privilegiadas.

Asimismo, ese magno cuerpo cuya estructura es la columna vertebral de la República, autoriza y faculta al ciudadano y en general a la sociedad organizada a que se mantenga movilizada para que ejerzan presión sobre los Poderes, los cuales deben trabajar en procura de la felicidad y desarrollo de la población.

Son 350 artículos donde se establecen, desde las características del Estado hasta los mecanismos de ley para remover de su cargo a quien no trabaja para quienes lo eligieron. De ellos, 110 artículos corresponden a los que son nuestros derechos. En nuestra Constitución, tenemos derechos de la Ciudadanía, de la Nacionalidad, Derechos Humanos, Políticos, Civiles, Familiares, Sociales, Culturales, Educativos, Económicos, Ambientales, etc.

También se establece, cuales son las funciones y deberes de quienes nos gobiernan, así como la misión de la administración pública, a quien imparte, taxativamente, “La responsabilidad de estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, fundamentándose en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad”

Si todo esto es cierto y damos como un hecho que la Constitución Nacional es, según los conocedores de la materia, “El acto o el decreto, fundamental en que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos del cual se obtendrán todas las respuestas que le aprueben como debe organizarse la sociedad, para dar soluciones que permitan subsistir y convivir”

Formulo la siguiente interrogante:

¿Por qué debemos profesar públicamente lealtades políticas; ataviarnos de un color determinado; aplaudir lo que no queremos; asistir en contra de nuestra voluntad a eventos proselitistas; hacer sancochos, parrillas; llevar chocolates o pagar sobornos para que se respeten nuestros derechos constitucionales y para que quienes son nuestros empleados, trabajen en favor del Bien Común?

Otto Gebauer
“PRESO POLITICO”
“CON LA VERDAD NI OFENDO NI TEMO”