Crónicas de Facundo
MIRAFLORES Y VENEZUELA,
BAJO CONTROL MILITAR DEL CESPPA
Asdrúbal Aguiar
Acaba de aprobar
Nicolás Maduro un decreto con el que cava su tumba de gobernante. La claque
militar que lo rodea y da sustento blinda el círculo de su poder e impone su inconstitucional
Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Para lo sucesivo,
mientras dura, son transformados en eunucos – cuando menos - los ministros del
interior, de relaciones exteriores, y de defensa. Dejan de ser, en la práctica,
órganos directos del Presidente de la República, como lo manda el artículo 242
constitucional.
La cuestión es muy
grave. No se reduce al aspecto que de buenas a primera destaca preocupada la prensa,
como lo es el nacimiento de un mecanismo de censura de la información en
Venezuela, que atenta contra la columna vertebral de su democracia.
Chile tuvo su DINA
– extraña a lo institucional y protestada en soledad por el Jefe de
Inteligencia de Carabineros – y por ella termina empantanado Augusto Pinochet
Ugarte. Ahora se hablará, aquí, del CESPPA, cuyas siglas, consagradas como
fetiche, desnudan la autoría castrense del manido decreto.
Una iniciativa
similar, debo recordarlo, toma cuerpo en algunas mentes enfermas de poder a
inicios del mandato del fallecido Hugo Chávez. Pretenden mudar hacia el Palacio
de Miraflores y bajo dependencia inmediata del Presidente a una suerte de
policía secreta sobre los escombros de la DISIP, llamada Sistema Nacional de
Inteligencia. El Teniente Eliezer Otaiza, ex constituyente y cabeza de aquella,
busca ser los ojos y la sombra del mismo Chávez al frente del “ente rector”
propuesto, para asesorarlo sobre los peligros a su estabilidad, y mantener
actualizada la “estrategia nacional de inteligencia”. Casi que lo logra.
La Comisión
Legislativa aprueba en 2000 la ley en cuestión, pero en buena hora, debo decirlo,
tropieza primero con el General Raúl Salazar Rodríguez y
luego con los ministros Luis Alfonso Dávila y José Vicente Rangel, quienes
impiden su ejecútese. Cuidan al Presidente. Y si bien es cierto que todos los
gobiernos, autoritarios o no, tienen bajo su disposición aparatos de
información, los gobernantes cautos optan por mantenerlos a distancia,
diversificándolos, bajo cuidado de sus ministros del ramo.
Pues bien, el
decreto que le da vida a la DINA venezolana, competente para ser “ente rector y
articulador de las políticas de trabajo de las instituciones responsables de la
Seguridad, Defensa, Inteligencia y Orden Interno, Relaciones Exteriores y otras
que tengan impacto en la seguridad de la Patria” (artículo 3), dirigirá,
establecerá y controlará todo lo relacionado con la obtención, fijación de
prioridades, análisis y traslado o no de las informaciones que considere
estratégicas (artículo 8), y le cabe hasta declararlas o no secretas (artículo 9).
En suma, tendrá el
poder que no tiene Maduro, sobre todo en una sociedad global donde el poder
reside en la información y no en las armas. El CESPPA es quien decide que se le
informa o no al Jefe del Estado. Nada menos. Y esto lo digo con la angustia de
haber sido Ministro de Relaciones Interiores hasta febrero de 1999.
Pero el asunto no se
queda allí. Lo no previsto en el aberrante e inconstitucional decreto le
compete resolverlo, a su arbitrio, al Mayor General del Ejército quien hoy
ocupa el Ministerio del Despacho de la Presidencia, llamado antes Ministerio de
la Secretaría y en sus orígenes históricos Secretario de la Presidencia.
A
pesar del poder que le da su proximidad
al ocupante del Palacio, ni siquiera es discreto ni firma de último como sus
antecesores, tras los ministros. El decreto del caso – ello revela mucho el
fondo de la cosa – lo firma de primero, luego de Maduro.
En fin, el poder
real de la República está en manos castrenses, en las del Secretario de Maduro
y del otro Mayor General quien ocupará el CESPPA, en calidad de “rector y
articulador” de las políticas de trabajo de los ministerios mencionados. Y ello
viola el artículo 323 de la Constitución
que instituye el Consejo de Defensa de la Nación; deroga de facto la Ley
Orgánica de Seguridad de la Nación, que desde 2022 confía a la Secretaría de
dicho Consejo – bajo control colegiado - y a sus Centros de Evaluación
Estratégica y de Políticas y Estrategia, proveer a los objetivos que dice
realizar el decreto del caso pero de manera torpe; en fin, arrasa con la Ley
del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia que – visto el error
del 2000 – confía a la coordinación de los ministros del interior y de defensa
tales asuntos y fija desde ya las normas sobre clasificación de los documentos
secretos.
Germán Suárez
Flamerich, hombre inteligente de la Generación del 28, civil, creyó gobernar a
Venezuela a la muerte de Carlos Delgado Chalbaud, sin entender que quienes
mandaban eran los militares. Maduro cree lo mismo. ¡Es un mal presagio!
correoaustral@gmail.com
REMISIÓN: César Guillén.
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