¿QUÉ PASARÁ EL 12F? Por: Luis Marín

¿QUÉ  PASARÁ EL 12F?

Por: Luis Marín

07/02/12

La Cátedra Pío Tamayo de la UCV formula esta pregunta provocadora con el fin de continuar el debate que ha planteado acerca de la vía electoral como salida de la actual crisis política, institucional y moral que atraviesa el país, sin duda la más grave y profunda de toda su existencia republicana.

Habemus Primarias. 

Lo primero que destaca es su carácter oficial. Incluso se habla de cierre de escuelas, antes y después. Esto le da un extraño carácter de Estado a un evento, en principio, privado. En Venezuela las primarias no son novedad y los partidos las han usado muchas veces para escoger sus candidatos; pero siempre fue un asunto interno de ellos. Se mantuvo una conveniente separación entre el partido y el Estado, algo que ahora tiende a desaparecer.

Lo segundo, en la misma dirección, es la participación del CNE. El mensaje parece ser: “A espaldas del régimen, nada”. La oposición muestra sus cartas y pone todo su registro en manos del régimen. No de un modo inconsciente, como alguna gente cree que ocurrió con la llamada lista Tascón. Ahora la oposición pone en manos de un régimen sin escrúpulos su lista de militantes, simpatizantes y amigos, sin preguntar por su suerte.

Pero más importante que lo que autorizan con las primarias es lo que prohíben: No hay más oposición que esa oposición; no hay más candidato que ese candidato. (Siempre se podrá decir que la cosa no es tan así: Ya hay al menos un candidato en la calle, fuera de la MUD, Juan Carlos Sosa Azpúrua, y nada descarta que aparezcan 14 más, incluso auspiciados por el gobierno, para “dividir” a la oposición, dispersar los votos y hacer creíble el fraude.)

La cuestión es que todo el esfuerzo político y comunicacional, a partir de ese momento, estará dirigido a imponer una sola voz, una sola opción, un solo mensaje. La oposición renuncia al pluralismo como valor. Ya no se aprecia la diversidad, ni de ella surge la verdad. Ahora el valor máximo es “la unidad”, cualquier disidencia es criminalizada, por este camino tortuoso la oposición se ha vuelto tan totalitaria como el  régimen.

Todo el que no sea ella queda afuera, los demás no existen. La negación del otro es la fatalidad que vuelve a todo socialismo aniquilador, a la unidad total un mito excluyente.

LOS NUEVOS VIEJOS

¿Comenzó una nueva forma de hacer política? Es la segunda pregunta de la CPT, no menos provocadora que la primera. La respuesta fácil es NO. Es más de lo mismo. Circulación de élites o de “cogollos” en el lenguaje juanbimbérico. Negociación, connivencia. La vieja “sociedad de cómplices” que sería la única fórmula para que este país se alejara de las guerras civiles para entrar en alguna suerte de modus vivendi.

Un líder adeco nos dice que su mejor escenario es que Chávez gane pero “por poquito”. Eso garantiza que tendrá que negociar, repartir, la muy conocida “conchupancia”.

Realmente no pueden, no quieren o no se atreven a derrocar al tirano; prefieren  convivir con él en una suerte de matrimonio morganático en el que es imposible determinar quien es más indigno.

De manera que lo que sigue es una “colección de incertidumbres”: ¡Dos docenas de preguntas hace la Cátedra! Y otras que no hace pero están allí, como si el tipo vive o no, si llega a las elecciones o no, y si llega, cómo llega y hasta cuándo.

Por el otro lado, Pablo Pérez o Capriles Radonsky. Precisamente los precandidatos que nunca vinieron a debatir en la CPT. (Todos los que si vinieron ya salieron del juego.) Gobiernan grandes estados en territorio, población y poder económico, Zulia y Miranda.

Es imposible no mencionar que representan la imposición del control burocrático, resumido en ese Deus absconditus del clientelismo venezolano: presupuesto y nómina.

La vieja política gravita en torno a Pablo Pérez; pero ¿en qué cabeza cabe que pueda hacer algo distinto a lo que ya hizo su jefe, Manuel Rosales? Nunca lo contradijo, jamás rectificó ni un milímetro, luego, es forzoso concluir que esa es su posición. Si se le preguntara seguramente diría que la posición de Rosales en 2006 “es” la posición.

Siendo el candidato de AD-COPEI le cabe cómodamente el san Benito: ¡No volverán! Del otro lado, ¿existe una verdadera opción de poder emergente? Insólitamente, las huestes de Rosales ahora descubren que Leopoldo López y Capriles Radonsky ¡son de derecha! Ni hablar de lo que no hay que hablar: Diego Arria o María Corina Machado.

Teodoro Petkoff ha tenido las bolas de atribuirle a Pablo Pérez un “perfil de clase” que lo hace preferible a los otros que, obviamente, tendrían un “perfil de clase” negativo. Esta oportunista alusión a “la clase” pulsa ciertas fibras sensibles de cierta izquierda troglodita, como la enquistada en el CNE y el resto del gobierno.

El caso es que Capriles Radonsky se ve ganador en Caracas y sus alrededores, donde nunca pudo penetrar Pablo Pérez (como sí lo hizo Rosales de la mano de Petkoff y Borges); pero confiar en esto es ignorar el increíble trapisondismo de la vieja política.

Los votos no saldrán solo del Zulia y los estados andinos, también vendrán de Margarita y Monagas, de Guasdalito a Isla de Cocos, entonces se verá para qué sirve la maquinaria y la ayudita de los aliados “de clase” del CNE.

Pero después del 12F no estaremos en un mundo perfecto, con un candidato oficialista y otro de la oposición oficial. Porque si fuera cierto que hay fuerzas políticas emergentes representadas en los otros candidatos, el factor incertidumbre es: ¿Qué harán entonces?

Y el otro, nada despreciable es: ¿Qué haremos los que no estamos con el gobierno ni con esa oposición?

FUENTE: Venezuela Vetada

ELECCIONES, ¿PARA QUÉ? Por: Luis Marín

ELECCIONES, ¿PARA QUÉ?

La Cátedra Pío Tamayo de la UCV ha formulado esta pregunta provocadora, para concitar opiniones que ayuden a esclarecer la situación de “historia actual”, caracterizada como nunca antes por la confusión.

¿Para una mayor legitimación del “proceso revolucionario”?, es la segunda pregunta que acompaña como un subtítulo, que centra la discusión en la consecuencia que implica participar en un proceso diseñado, dirigido y financiado por el régimen, sobre el que mantiene un control indiscutible.

Tradicionalmente se ha sostenido que las elecciones sirven, en primer lugar, para “legitimar” al Poder. Entendiendo por legitimación el “justo título”, en el mismo sentido que propietario legítimo es el que tiene un título de propiedad o hijo legítimo es el reconocido por sus padres.

En efecto, en el ancien régime el Poder correspondía a quien se encontrara en la línea de sucesión como heredero legítimo al trono, lo contrario era usurpación o traición. Pero derrocados los monarcas y desconocida la sucesión, entonces el título del gobernante no podía provenir sino del mito de la Voluntad General, del pueblo o popular, como dicen ahora.

En segundo lugar, las elecciones sirven para garantizar la transferencia pacífica del Poder. Esto supone un acatamiento irrestricto a la manifestación de voluntad del pueblo, que es el nuevo soberano. Esta segunda función de las elecciones, menos citada que la primera, es considerada tan esencial por los teóricos políticos que la ponen en el centro de la definición de democracia.

Por ejemplo, para Raymond Aron la esencia de la democracia es la aceptación de la “competencia pacífica” por el Poder; Karl Popper dice, un poco más dramáticamente que “sólo en un régimen democrático la clase política puede ser cambiada sin derramamiento de sangre”.

Pero éste no es sólo un problema teórico. Nikita Kruschov declaró que si el socialismo quería tener algún futuro, tenía que resolver el problema de la sucesión; porque no era posible que cada vez que se planteaba un cambio de gobierno el país se pusiera al borde de la guerra civil. Como ocurrió a la muerte de Stalin, en 1953, y en ese momento le estaba ocurriendo a él, en 1964.

Ahora bien, ¿qué pasa en los países donde no hay tal transferencia del Poder? ¿Para qué hacen elecciones los tiranos? Los autores han advertido el tránsito de elecciones competitivas a elecciones controladas. Las primeras son las que se estilan en occidente, éstas otras, no son exclusivas de África, Asia y América Latina, sino que también se han dado en Europa del Este y en España y Portugal, durante los períodos de Franco y Salazar.

El problema no es que alguien saque el 100% de los votos o más, sino este otro: ¿para qué hacen elecciones, si se sabe que las van a ganar? Debe haber alguna función de las elecciones en estos regímenes, más allá de la mera movilización de los propios partidarios (función de comunicación, transmisión de consignas y líneas del partido) y de detección de eventuales opositores.

La segunda función de las elecciones, de garantizar la transferencia pacífica del Poder, se ha trastocado por “garantizar que no haya transferencia del Poder”. Se invierte la concepción según la cual “quien gana las elecciones tiene el Poder” por “quien tiene el Poder, gana las elecciones”.

No hay que hacer ningún esfuerzo de memoria para recordar al Comandante en 1998, después de un apoteósico mitin de cierre de campaña en Caracas, declarando que “nosotros ya tenemos el Poder”. No obstante, iban a ir a las elecciones, como quien cumple con un mero trámite burocrático. Para ese entonces, la logia militar ya lo habría ungido.

El fundamento argumentativo, por llamarlo de algún modo, es de un marcado cinismo. Elecciones libres no hay en ninguna parte, porque los partidos políticos controlan al electorado y lo conducen a votar por sus candidatos. La nueva democracia sustituye o complementa el control del electorado por el control del aparato electoral, de administrador a fabricante de votos.

El sistema es completamente hermético, a prueba de sorpresas, porque une a los mecanismos tradicionales de control del electorado (el clientelismo, la coacción de unos e intimidación de otros) un aparato electoral inescrutable.

Ahora las elecciones sirven para legitimar y perpetuar el Poder.

EL TIRANO ELECTIVO

Tirano es el gobernante que no somete su voluntad a la Ley, sino la ley a su Voluntad. Los autores lo identifican por la reunión de las funciones de comandante militar y legislador en la misma persona.

La debilidad jurídica y política tanto del gobierno como de la oposición reside en la prédica de que los tiranos se pueden elegir. Una, porque ambos están violando la Constitución, que dice en sus Principios Fundamentales que el gobierno de la República es y será siempre “alternativo”; otra, porque aquella creencia contradice flagrantemente el espíritu, propósito y razón del régimen constitucional, que es impedir el reinado de un monarca absoluto y vitalicio.

En el fondo de esta paradoja se encuentra la idea jesuítica de que “hay que preguntarle al pueblo” que es la manera como el espíritu conservador se ha infiltrado en el pensamiento revolucionario: si el pueblo quiere un monarca, entonces está bien, porque la voluntad popular santifica cualquier cosa, incluso la negación de la misma soberanía popular.

Contra esta trampa jesuítica se enfrentaron los revolucionarios franceses desde el principio, mediante otra paradoja preñada de graves consecuencias: la libertad no es renunciable. Nadie puede elegir ser esclavo.

Una anécdota de la Revolución Francesa ilustra perfectamente esta paradoja. Se trata de un noble que imbuido de espíritu revolucionario (y quizás de cierto temor a la guillotina) libera a todos sus vasallos. Éstos, aterrados por su futuro, se vuelven ante él diciendo: Señor, si somos libres de elegir y nuestra voluntad es la ley, entonces hemos elegido quedarnos a su servicio. Y aquél les responde: Si están bajo mi voluntad, entonces les mando que sean libres. (A veces, esta anécdota se adereza con algún golpe de mandador y el grito: ¡Insensatos! ¡Les ordeno que sean libres!).

Es imposible saber si estos hechos ocurrieron realmente, pero pone de relieve lo que podríamos llamar “la paradoja de Rousseau”, para quien era posible obligar a los hombres a ser libres, sin advertir la contradicción que encierra este mandato sorprendente.

Lo cierto es que, por las dudas, esa posibilidad está negada por decisión  revolucionaria, con autoridad de cosa juzgada: la Voluntad General no es lo que la gente quiere, sino lo que debequerer, si atiende los dictados de la recta Razón. Lo que es irrazonable no puede ser expresión de la Voluntad General y tiene que ser reprimido, justamente, para hacerlo entrar en Razón.

En consecuencia, la Constitución se levanta como un límite a la voluntad del pueblo, además de ser expresión suya: los derechos humanos y ciudadanos no son renunciables. Elegir a un monarca, crear una aristocracia revolucionaria, es tanto como renunciar a la igualdad entre los ciudadanos, restablecer el derecho divino de los reyes y perder la libertad, recién conquistada.

Estos principios inspiraron a los precursores y próceres de la independencia de América, irónicamente, hoy puestos tan de moda y con ellos, sus mismas incongruencias.

Por ejemplo, la oposición se esfuerza en convencer al país de que ellos pueden “administrar el fraude”, ponerlo a su favor, con la esperanza de levantar un movimiento tan avasallador e indiscutible que los militares se volteen y tras ellos el CNE y consortes.

Esta apuesta, con todo lo que tiene de ilusoria, no cuenta con los militares, guerrilleros y policías que no tienen regreso, porque están montados en el yate de Fidel del que, como se sabe, nadie se puede bajar, sin ser pasto de los tiburones.

Pero lo más grave es que reconocen que el otro candidato también podría ser electo, con lo que le garantizan veinte (20) años en el Poder, la dictadura militar más larga desde la época de Juan Vicente Gómez.

Tratándose de un personaje que fue electo para un período de cinco (5) años, sin posibilidad de reelección inmediata, de acuerdo con la Constitución entonces vigente y que prometió salir incluso antes, si resultaba un fiasco, es imposible ignorar que quedarse cuatro períodos de aquellos es un flagrante fraude constitucional.

Sólo falta elegir al candidato para ponerle un nombre imperecedero a la gran “paradoja de la oposición”.

GUERRA DE QUINTA GENERACIÓN

En la sección de preguntas y respuestas la Cátedra pone de manifiesto su preocupación por el tema de la violencia que, como un hilo rojo, recorre toda nuestra historia desde su nacimiento hasta la actualidad y que parece como un sino indeleble que marca nuestro destino.

En efecto, si hubiera leyes en política y si expresaran correlaciones infalibles entre fenómenos, entonces una ley de la política sería aquella que estableciera una relación inversamente proporcional entre consenso y violencia.

En la medida en que este régimen pierde consenso en la población, en esa misma medida aumentará la represión, las tácticas de intimidación contra los opositores y el terror, en general.

Si a esto le añadimos que se ha entregado a la población civil y sus bienes como botín para el saqueo de las huestes patriotas, entonces el panorama no puede lucir más desolador: nos precipitamos al siglo XIX, de allí a la colonia, la conquista y terminamos donde empezamos, rodeados de indios.

Vivimos una  “guerra de baja intensidad”, en rango creciente. La nueva etapa de la revolución es una suerte de estado de naturaleza anterior al Estado Civil, donde no hay leyes ni garantías, salvo las que cada quien pueda defender.

Hubo una época caballeresca en que existían declaratorias de guerra y nunca se atacaba por la espalda, se le advertía al otro para que se defendiera, lo contrario era la deshonra.

El ideal militarista parece todo lo contrario. La adopción de las tácticas de guerra irregular trae aparejada sus valores, o mejor, antivalores. Atacar por sorpresa, preferiblemente a un enemigo desarmado, distraído e inerme. No hay el menor rastro de fair play, honestidad y sentido del honor.

No tiene otra explicación una “ley de desarme” implementada por un régimen que promueve la milicia popular. Se tratará de desarmar “a los demás”, porque ellos están armados hasta los dientes.

El toque de humor negro es que se encarga del programa de desarme a Freddy Bernal, el mismo encargado de armar a los grupos de acción inmediata, los motorizados de la “bernalpol” que controlan el centro de Caracas.

Personaje de ranking mundial, no por sus ejecutorias el 11 de abril de 2002, sino por razones que sólo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tendrá a bien saber y entender. Sin embargo, eso no le ha traído la menor consecuencia ante las instituciones de este país, como no sea más reconocimiento, a nivel de los grandes generales revolucionarios.

Así, las perspectivas del futuro se resumen en una sola palabra: caos.

Luis Marín

06-11-11

DE CENSOS, CENSISTAS Y CENSORES // Por: Luis Marín

DE CENSOS, CENSISTAS Y CENSORES

Una familia está maniatada en la sala de su casa y de repente el jefe de los secuestradores le pregunta al dueño: “Por favor, ¿me permite el teléfono?” La pregunta es absurda, como cualquier respuesta que pueda darse, por lo que la situación entra en el campo de l0 cómico.

Los viejos profesores de Derecho usaban este chiste para ilustrar que el significado de las palabras depende del contexto en que se utilicen, so pena de caer en el absurdo; por eso causa gracia, sino conmiseración, que haya técnicos que declaren que las preguntas del Censo son las mismas que se han utilizado otras veces, aunque ciertamente haya que admitir que el contexto actual ha cambiado mucho y no es el mismo que nunca antes.

Es menos risible decir que “todas” las preguntas del Censo se ajustan a los “parámetros internacionales”, no sólo porque con esto no se diga nada en realidad, sino que conduce a pensar que los tales parámetros, si existe tal cosa, deben ser igualmente absurdos.

Agarre cualquier pregunta al azar, por ejemplo, aquella dirigida a mayores de tres años, en que se les pregunta dónde estaban en octubre del 2006 y una de las opciones de respuesta es “no había nacido”.

Uno puede pasarse el resto del día pensando, ¿por qué octubre del 2006? ¿Qué les importará un segmento del 2006 al 2008 o más de 3 pero menos de 5? Y así sucesivamente; pero dónde no puede perder un segundo es preguntándose si eso puede corresponder a algún “parámetro internacional”.

¿Durante la semana pasada realizó en su casa o fuera de ella, al menos por una (1) hora, alguna actividad por la cual recibió o va a recibir pago en dinero o en especie? No parece una pregunta para un ama de casa, sino para una “mujer de la vida”. ¿En qué estaban pensando cuando hicieron esto? ¿Qué quieren conseguir?

La verdad es que la tendencia de ciertos colaboracionistas es a “banalizar el mal”. Todo les parece normal, eso se había hecho antes, así se hace en otros países y ponen como ejemplo incluso a los mismos Estados Unidos, cuando no a Gran Bretaña o España; pero nunca a Cuba, Corea del Norte o Siria, que son los verdaderos modelos.

Pero en cambio callan vergonzosamente sobre lo que sí les concierne como profesionales, que deben conocer y están obligados a pronunciarse, que es sobre un proyecto inconfesable y un instrumento de recolección de datos deplorable. Sobre el primero seguro que no tienen la menor noticia y sobre éste segundo confiesan que nunca les fue consultado.

¿Cuáles son las políticas públicas que están detrás del Censo 2011? ¿Quién diseñó el instrumento de recolección de datos? ¿De qué manera se engranan ambos aspectos? ¿Cuándo y cómo fueron aprobados por la Asamblea Nacional, como manda la ley y el reglamento que ellos mismos hicieron?

Nadie responde nada pero, eso sí, “tú cuentas para Venezuela”.

¿QUÉ HACER?

La pregunta más frecuente y angustiante es qué hacer ante esta invasión a nuestras casas, a nuestro hogar. La respuesta fácil es, no responder. No decir nada.

Incluso en los procesos criminales y a flagrantes delincuentes se les garantiza el derecho a guardar silencio. ¿Por qué no habría de tener este derecho un ciudadano común que, en principio, no está siendo acusado de nada?

De manera que no contestar a un interrogatorio público parece un derecho elemental muy difícil de cuestionar.

Viene el segundo problema que es el de las sanciones. Alguna gente teme al régimen sancionatorio de la Ley, que es de carácter administrativo y sólo amenaza con multas escalonadas.

Pero no hay que ser abogado, ni siquiera estudiante de leyes para advertir que las normas sancionatorias están condicionadas al suministro de datos “cuando hubiere obligación de suministrarlos”, o que “sean de obligatorio suministro”, “cuándo deban hacerlo” y expresiones de ese tipo.

Las obligaciones nacen de convenios o bien de leyes que, al fin y al cabo, también tienen un fundamento contractual. De allí que sean aprobadas por la Asamblea Nacional, según el régimen representativo.

Habría que pensar en médicos o farmacéuticos, que tengan que informar de la incidencia de una enfermedad o la demanda de medicamentos sobre los que haya algún interés público. Este no es el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, sobre los que no pesa ningún convenio o ley en este sentido, aprobada por la AN.

Desde el punto de vista activo se habla de “obstaculizar” o de “oposición”, que implica acciones prácticas, no pasivas, que no tienen nada que ver con no contestar que debería ser una opción rutinaria para las preguntas: “no sabe, no  contesta”.

El único caso en que se admite la respuesta “no sabe”, es cuando se les pregunta a las madres si sus hijos están vivos o muertos. Lo que parece algo de humor negro, pero podemos confiar en que se ajuste a los “parámetros internacionales”.

Las sanciones se vinculan también a un procedimiento administrativo, dónde deberían cumplirse las condiciones del debido proceso. Así como se exige para las multas proporcionalidad con los daños y perjuicios causados, debe determinarse el daño y su cuantía, el porqué y para quién una omisión es dañina.

Pero aquí caemos en el terreno en que no se debería caer: en que estamos bajo un régimen de legalidad formal o un Estado de Derecho, lo cual no es el caso.

VALE TODO

Este es el quid de la cuestión: ¿Cuáles son los derechos y acciones que tienen los ciudadanos ante esta actividad de la Administración? Por supuesto, que no sea el incondicional sometimiento, que es propio de súbditos, no de ciudadanos.

La cruda realidad de la vida es que esto es un “sálvese quien pueda”, que estamos solos y no contamos con ayuda ni asistencia de nadie. Fue Bertrand Russell quien irónicamente comparó a la comunidad internacional con un club de granjeros, en que ellos se autorizan mutuamente el sacrificio periódico de algunos animales de sus respectivos corrales.

De manera que si no existe obligación en sentido jurídico para responder al Censo, porque las obligaciones suponen reciprocidad, es decir, que frente a quien tiene el deber de responder haya alguien con derecho a preguntar; tampoco existe ninguna obligación moral para cooperar con esta sangrienta farsa.

El Censo es una fachada porque no se revela qué es lo que realmente se persigue, más allá de una propagando estúpida y cansona, ni cuáles son las políticas públicas que lo motivan y que deben servirle de justificación.

Vuelve a resultar cómico que un antro como el INE, absolutamente consagrado a la mentira disfrazada de estadística oficial, exija a los ciudadanos veracidad,  sinceridad y espíritu de cooperación, cuando no pocos de sus directivos todavía se  identifican con el “alias” que usaban cuando eran aguantadores de las guerrillas.

Morales son las obligaciones consigo mismo, que atienden a la propia integridad, por cierto, no exigibles por terceros, el Estado y tanto menos por una banda de asaltantes. Como el ladrón que pregunta ¿dónde está el dinero? Y si no se lo dicen o le dan una información falsa, entonces mata a la víctima “por mentiroso”.

No hay dilema moral ni pregunta que no haya sido resuelta hace casi mil años (por Maimónides) en no cooperar con los verdugos, ni facilitarles el trabajo.

El derecho inmanente a la defensa también está reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, así que se ajusta a los “parámetros internacionales”.

Lo demás queda al arbitrio de la imaginación.

Luis Marín

31-08-11

EL CENSO COMO BATALLA // Por: Luis Marín

EL CENSO COMO BATALLA

Es natural que un régimen militarista asuma cualquier actividad pública como un acto de guerra, exactamente como lo hace con las elecciones, un evento civil por excelencia (los militares no votaban) ahora transferido a batallones, comandos, milicias, combatientes.

Toda acción es una campaña, toda política pública una misión, las metas son objetivos y por supuesto cualquier logro es una victoria. La consigna en vencer, no convencer, no existe consenso sino rendición, del otro lado no hay opositores sino enemigos y su destino es la aniquilación o el incondicional sometimiento.

Asumir la política como guerra tiene sus ventajas, sobre todo porque los demás se ven obligados a actuar de la misma manera o exponerse a una abrumadora minusvalía. Quien entra en conflicto con actitud pacífica y de buena voluntad frente a un contrincante agresivo y malicioso, puede decirse que ya perdió.

De manera que el Censo se asume como una batalla más en una guerra prolongada. Se trata de poner a prueba las fuerzas materiales acumuladas por el régimen, su capacidad de movilización y control, frente a una sociedad civil virtualmente indefensa y desprevenida.

Se pone a prueba también la eficacia de la hegemonía comunicacional hasta ahora alcanzada por el régimen, porque las críticas y reservas al Censo son olímpicamente ignoradas, mientras se hace una propaganda engañosa y manipuladora, como si este fuera un gobierno “normal” y no uno “revolucionario y socialista”.

No se puede ser clasista y racista y al mismo tiempo presentarse como imparcial y objetivo, así como no se puede ser partisano y árbitro al mismo tiempo.

Lo cierto es que este régimen ha estigmatizado y condenado a extensos sectores de la población, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer, por lo que ahora no puede aparecer como representante de una comunidad que él mismo se ha empeñado en destruir.

Los socialistas, en general, celebran el “clasismo” como una virtud de conciencia, la entrega al partido como la quinta esencia de la política y ahora han agregado el racismo como una seña de identidad. El Estado, para ellos, es un instrumento de opresión de clase sobre clase y de raza sobre raza. El partido dirige al Estado.

¿Cómo pueden ahora pretender que el Estado es el representante de “todos”, que es objetivo e imparcial, es decir, exactamente lo que (según ellos) no es, ni puede ser?

Esto es parte del antinomismo al que nos han acostumbrado: cuando les conviene son marxista-leninistas; pero al instante se convierten en cristianos espiritualistas, devotos de la virgen y de todos los santos.

Por un lado imponen la hegemonía comunicacional, pero de inmediato se presentan como liberales defensores, por ejemplo, de “la amplia libertad de expresión de que disfrutamos en este país, como nunca antes”.

Repudian la propiedad privada a la que califican como un robo; sin solución de continuidad declaran que aquí existe el más absoluto respeto a la propiedad, eso sí, etiquetada de colectiva, social, estatal, comunal, familiar o cualquier otra que no se sabe porqué ahora no es un robo.

Se impone un poder absoluto y centralizado, aboliendo la división de poderes y la federación; pero a la vez se predica que disfrutamos de las más amplias libertades políticas. ¿Pero no eran esas las falsas libertades del republicanismo burgués?

No, ahora los comunistas son defensores de la libertad de expresión, la propiedad privada y el Estado conciliador.

EL SECRETO ESTADÍSTICO

Una de las burlas más grotescas con que nos ofende la propaganda castrista, es esa de que los ciudadanos pueden entregar todos sus datos con absoluta confianza, porque estarán protegidos por el Secreto Estadístico.

Pero no aclaran que el Secreto Estadístico no opera contra el Estado, sino precisamente contra los ciudadanos: es una defensa que opone el funcionario cuando alguien le solicita algún dato por algún interés particular.

Digamos que usted es un investigador y quiere establecer una correlación entre la incidencia de una enfermedad y el tipo de vivienda (como hizo el sabio Torrealba); pero los cubanos pueden considerar que usted no es políticamente confiable y entonces le oponen el “Secreto Estadístico” para negarle la información.

En un mundo ideal, perfecto, liberal, las estadísticas deberían estar publicadas todas en páginas web o en archivos abiertos, al alcance de cualquiera que pueda requerirlas porque al fin y al cabo se originan en el público y pertenecen al público, no al Estado, a ningún partido político o a la policía.

Pero en un régimen totalitario no hay secreto estadístico ni de ningún tipo para el Estado, que todo lo sabe o puede saber; en cambio, es el ciudadano el que no puede saber nada, para él es que opera el secreto estadístico y, en general, para quien todo se convierte en “Secreto de Estado”, incluso su propia data personal.

Es el mito del Panóptico: el Estado que todo lo ve, todo lo controla; pero no es visto ni controlado por nadie.

Bajo observación está el súbdito, el prisionero, el loco.

CATASTRO CASTRISTA CASTRENSE

El objetivo principal es ubicar los inmuebles desocupados, principalmente aquellos dejados por quienes han abandonado el país, no por su importancia numérica, sino porque es lo que más se parece al escenario cubano de los nostálgicos años 60.

Pero, en general, cualquier inmueble desocupado sirve, incluso aquellos que estén parcialmente desocupados porque, digamos, se trate de parejas o personas solas, que tienen cuartos y baños disponibles.

En un país sin Estado de Derecho ni respeto a la Ley, en que no hay autoridades que protejan la vida y los bienes de los ciudadanos, viendo las cosas con crudeza: ¿qué recursos tiene usted para el caso de que un consejo comunal o un comité zamorano cualquiera decida que en su casa caben tres o cuatro familias?

¿Quién y cómo defender los apartamentos que por cualquier causa se encuentren desocupados en un condominio? ¿Cómo defender un apartamento  vacacional o un terrenito cualquiera en el interior?

En resumen, ¿qué se puede hacer ante una invasión confiscatoria? Evidentemente, éste es el objetivo del Censo y todo lo demás es camuflaje.

Veamos lo que está a la vista y no se puede negar: se despliega sobre el terreno un gran contingente de empadronadores con unos dispositivos de “captura de datos” que pueden transmitir en tiempo real cuál es la situación en el campo de batalla.

No hay formularios y el mismo empadronador no lleva un registro de los datos que recoge durante sus jornadas, todo se trasmite a un centro (panóptico) controlado por una empresa cubana, que bien podría llamarse “Albet, Ingeniería y Sistemas”.

A través del cable de fibra óptica estos datos podrían estar en La Habana antes que en la sede del INE, en Caracas. Allá se deciden los planes operativos para movilizar a los futuros beneficiarios de los inmuebles, sin tiros fallidos ni ensayos frustrados.

Aquí es inevitable hacer una digresión: ¿Qué significa la expresión “empresa cubana”? ¿Es que en Cuba existe Derecho Mercantil o un Código de Comercio? ¿Se admite el concepto de sociedad con fines de lucro?

Es evidente que son empresas de fachada, subterfugios, que no persiguen ningún fin comercial real, sino que los comunistas castristas utilizan figuras perfectamente capitalistas para lograr sus objetivos políticos.

Asimismo, el régimen utiliza sus consejos comunales, comités contra desalojos y colectivos constituidos por cualquier motivo, para incorporarlos a las actividades del Censo, sea como empadronadores, unidades de apoyo logístico o de choque.

Así que no sería de extrañar que quién le toque la puerta sea un vecino, algún conocido; que quien denuncie los inmuebles desocupados o parcialmente ocupados sean los mismos interesados en robárselos, algún colaboracionista, los conserjes, servicios domésticos, vigilantes o trabajadores eventuales.

El sistema de la desconfianza general e institucionalizada es caro al totalitarismo, porque es lo que permite atomizar la sociedad y dejar al individuo solo, aislado, indefenso, frente al Estado.

Es el ambiente de la “guerra de todos contra todos” que los teóricos políticos coinciden en considerar como la muerte de la sociedad civil o el prolegómeno de la guerra civil.

El corolario de concebir la vida como un estado de guerra permanente, es que la guerra se convierte en el estado permanente de la vida.

Es volver a la jungla de donde salimos.

Luis Marín

21-08-11

EL DOCTOR CHIRINOS Y MISTER HIDE // Por: Luis Marín

EL DOCTOR CHIRINOS Y MISTER HIDE.

Entre Edmundo Chirinos, Luis Fuenmayor Toro, Trino Alcides Díaz y Chávez hay un hilo conductor inocultable, además de ser frutos de la convulsión de los 80s., esa suerte de pastiche ideológico postmodernista cuyo único rasgo común consistía en repudiar al “Puntofijismo”, desarrollar una reacción alérgica a los partidos tradicionales (AD-COPEI); pero sobre todo y principalmente el ser cada uno de ellos “comunistas encubiertos”.

Lo más inquietante del extraño caso del doctor Chirinos es que ocurre como epílogo de una larga carrera que sólo al final se revela no como académica, científica o política, como se hubiera esperado, sino como una carrera criminal.

Los testimonios abrumadores que él mismo se afanó en acumular, del que una colección de millares de fotos de mujeres desnudas de las que no se sabe, respecto de sus pacientes, si están todas las que son o son todas las que están, es apenas un detalle; aderezado con historias, películas, una “galería del sueño”, con cubículos controlados por circuito cerrado de televisión para monitorear a seis pacientes dormidas simultáneamente, en fin, resulta que el asesinato de su paciente, Roxana Vargas, no es un hecho aislado o incidental, sino uno más de una larguísima sucesión de crímenes que muy posiblemente, de no darse las circunstancias tan poco comunes de este caso, nunca se hubieran descubierto.

Chirinos fue rector de la Universidad Central de Venezuela en el período 1984-1988, apoyado por el Partido Comunista de Venezuela y todos los grupos de izquierda, ahora conocidos como “el chiripero” e inmediatamente después fue candidato a la presidencia de la República enfrentando, precisamente, a Carlos Andrés Pérez.

Lo sucedió en el rectorado Luis Fuenmayor Toro para el período 1988-1992, apoyado por casi la misma constelación política que ya se identificaba como Plancha 80 o, en un tono más personalista, “fuenmayorismo”. Asimismo, apoyaron a Trino Alcides Díaz para el período 1996-2000, creando el llamado “trinismo” y de allí se fueron en bloque a formar parte del gobierno de Chávez.

Pero todavía no se ha calmado la alteración nerviosa de las pacientes de Chirinos por el riesgo de aparecer mencionadas en los autos de su expediente, cuando estalló el escándalo Fuenmayor, acusado con cargos que hacen palidecer de espanto a una sociedad que ya creía haber superado todos los límites del horror: primero, abuso sexual contra su propio hijo, de 8 años; luego, mal praxis médica, por administrar fármacos o narcóticos a menores de edad; esto agravado por antecedentes de denuncias por lesiones contra su cónyuge.

Un detalle, nada despreciable, es que todas estas acusaciones cursaban en la Fiscalía desde hace años; pero nunca les habían dado curso, porque para entonces Fuenmayor era un alto funcionario del régimen, facialmente, jefe de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, pero, tras bastidores, desplegaba una influencia difícil de calibrar.

Su gran error, dicen los mismos chavistas, fue identificarse con el gobernador de Lara, Henry Falcón, con su partido PPT y la osadía de articular críticas al régimen. Como se sabe, a la mafia se puede entrar, pero es imposible salir, al menos indemne. El tránsfuga siempre es peor tratado que el mismo enemigo, porque al elemento de la traición se une el peligro de la delación, lo cual lo vuelve intolerable.

El castigo debe ser ejemplarizante, para desalentar nuevas defecciones. Independientemente de la culpabilidad o inocencia, lo que se castiga o se premia es la adhesión a la revolución.

LA GENERACIÓN VIVA.

Chirinos logró una extraña notoriedad con su acusación de que le había tocado lidiar con una “generación boba”; descalificación de la que nunca se retractó a pesar de la rebelión de los jóvenes, causada por la llamada “masacre de Tazón”, en que resultaron abaleados más de una treintena de estudiantes por su equívoca solicitud al gobierno de que detuviera su marcha hacia Caracas.

La generación de Fuenmayor, muy por el contrario, podría calificarse como la “generación viva”, por el tremendo aprovechamiento que han hecho del poder durante este régimen que los demás venezolanos sufren y padecen día a día.

La Plancha o Movimiento 80 podría prestar un elocuente muestrario para un ensayo de sociología política, por donde quiera se comience la lista de sus integrantes. Por ejemplo, tome a Mari Pili Hernández o Jacqueline Farías; Elías Eljuri o Edgardo Ramírez; en el otro extremo, Juan Barreto o Jorge Rodríguez. Este último con el agravante de ser también médico psiquiatra, ferviente seguidor de prácticas inspiradas por Chirinos y Fuenmayor.

Fuenmayor protesta por el retardo procesal de los juicios en que ha estado involucrado, incluso sus divorcios civiles, por las constantes recusaciones de fiscales y jueces que oponen sus cónyuges litigantes, actitud que atribuye al cuadro paranoico de que adolecen.

Pero dicen los abogados acusadores que una fiscal encargada de su caso era “hermanita de Héctor Navarro”, varias veces ministro y eterno correveidile de Fuenmayor; los jueces de la tribu de Omar Mora Díaz, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UCV durante el rectorado de Fuenmayor.

Cuando Omar Mora llegó al TSJ se presentó diciendo que él “venía del 23”, haciendo alusión al barrio 23 de enero, mismo donde está erigido el busto a Manuel Marulanda alias Tiro Fijo, donde operan los colectivos La Piedrita, Tupamaros, Alexis Vive y otros. Que él sabía que ellos (los funcionarios, de clase media) los llamaban “monos”. Pues bien, de ahora y para siempre “este será el Tribunal de los Monos”. Él iba a designar a los jueces de este país (los mismos que gritan: ¡Uh, Ah, Chávez no se va!).

Más que íntimo de Fuenmayor, según los mismos abogados de la contraparte, tuvo mucho que ver con su segundo divorcio, del que se queja Fuenmayor que ha demorado diez años en resolverse. Como tuvo que ver en su primer divorcio otro enigmático personaje, Jasmin Jaimes, por sus largas reuniones terapéuticas o de trabajo (no se sabe muy bien) en el salón de rectores.

Dicen las malas lenguas de la UCV, que son muchas, que JJ repetía estos ejercicios terapéuticos (o de trabajo) con el mismo Chávez en Yare, motivo por el cual es una de sus fichas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el mismo que va a garantizar los votos de la oposición en cualquier elección, primaria, secundaria o superior, con o sin Fuenmayor.

Fuenmayor no pasó ni un solo día en prisión después que le asignaron como lugar de reclusión un internado judicial en los Teques, sino que de inmediato le dieron el beneficio de casa por cárcel. Desde allí y al contrario de lo que ocurre con los presos políticos, que les prohíben hablar de su caso y cualquier comunicación con el exterior, puede declarar y reunirse con quien quiera y cuando quiera.

Por esto le hemos oído decir telefónicamente que está seguro de que: “Chávez no sabe nada de su caso; la Fiscal no sabe nada de su caso y esto no tiene nada que ver con el alto gobierno; ningún ministro está sacando partido político de su caso”. Traducido del idioma de un comunista encubierto a lenguaje no totalitario, debe entenderse: todo lo contrario.

En conclusión, esto está en vías de negociación política, como debe ser entre camaradas, y puede esperarse un happy end.

LA MORAL COMUNISTA

Las comparaciones siempre son odiosas y tanto más cuando se les añade el ingrediente de la inutilidad, por lo que vamos a ahorrarnos hacer alusión a los secuestrados políticos, exiliados, lo que se observa con los comisarios y policías metropolitanos, militares institucionales, la Juez Afiuni, Alejandro Peña Esclusa y ahora Oswaldo Alvarez Paz.

Fijémonos en personajes como Elio Gómez Grillo, que compromete su autoridad académica pero también el poder real que ejerce desde la comisión de reforma del poder judicial, interviniendo como abogado defensor de Edmundo Chirinos; mientras hace malabarismos para presentar un libro sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia sin la menor alusión al caso de la juez Afiuni, sin que le remuerda la conciencia por Roxana Vargas, Ana Teresa Quintero o las mujeres de Fuenmayor.

Los medios de comunicación oficialistas, que usaron el hecho de ser Roxana Vargas pasante del canal RCTV para decir que se estaba creando una matriz de opinión contra Chirinos y para desacreditar al gobierno; pero una vez que se pone en evidencia algo del mar de fondo de este crimen, que ni siquiera se sospechaba, ¡no dicen nada! No hay ni una sola aclaratoria, rectificación, nada.

El PCV y la izquierda unida, que llevaron a Chirinos y a Fuenmayor al rectorado y que ahora son gobierno con Chávez, ¿no sabían quiénes eran estos personajes? Esto denotaría cierta irresponsabilidad. Si lo sabían, ¿aún así fueron capaces de llevarlos al rectorado y en el caso de Chirinos, proponerlo como presidente de la República? Esto al menos implicaría cierta responsabilidad política o moral.

Los comunistas, tan dados a sentar posición por trivialidades o por asuntos que no les conciernen, como conflictos al otro lado del mundo, ¿no deberían fijar posición sobre los casos de Chirinos, Fuenmayor? Si se equivocaron con ellos, ¿no se equivocarían con Chávez?

Los comunistas solían despreciar los principios morales como prejuicios pequeñoburgueses pero no pudieron evitar la obligación de ensayar una suerte de “moral revolucionaria”, que supuestamente serviría de sustento a su lucha que, aquí y en China, necesita inspiración. Al menos con eso pretendían justificar la beatitud ante la figura del Che Guevara.

Los comunistas encubiertos, como Chirinos, Fuenmayor, pero también Chávez, se habitúan a la mentira como medio de vida; utilizan el materialismo para librarse de las cargas de conciencia; cosifican a los seres humanos y los reducen a meros instrumentos para satisfacer sus apetencias, sexuales o de poder; se fabrican un mundo ficticio a la medida de su insania moral.

Chirinos es un mitómano, pero nunca se podrá saber qué había de verdad en sus exageraciones. Dice que Bertrand Russell fue su paciente en Cambridge. Será mentira; pero sí estuvo allí y casualmente hizo el mismo curso de farmacología que Luis Fuenmayor, conocimientos que ambos utilizaron para sus propios fines.

Dice que fue Chávez quien le presentó a su esposa, María Isabel, que después se convertiría en su paciente (no se sabe si hay fotos o películas de ella, en consulta); asimismo le exigió que la acompañara en la fórmula para la constituyente, que ganaron los dos; dice que él solo redactó toda la parte de la constitución referente a educación, ciencia y tecnología.

Es lícito preguntarse si el caso Fuenmayor dará para otro libro como “Sangre en el diván” que la periodista Ibéyise Pacheco le dedicó al extraordinario caso del doctor Chirinos. La respuesta de los abogados acusadores de Fuenmayor es categórica: “Son íntimos amigos. Kiko Bautista, esposo de Ibéyise, es de la Plancha 80”.

Un caballero de la mesa redonda.

Luis Marín

27-03-11

LOS PRESOS OLVIDADOS // Por: Luis Marín

LOS PRESOS OLVIDADOS

Cuenta la leyenda que el origen de Amnistía Internacional se encuentra en una carta así titulada que habría redactado el abogado británico Peter Benenson y publicado el periódico The Observer, en su primera página, el 28 de mayo de 1961. Aparentemente como reacción al arresto de unos jóvenes portugueses que se habían atrevido a brindar por la libertad durante la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar.

Pero Benenson nunca estuvo preso ni olvidado, con el respaldo de The Observer su libelo se leyó en medio mundo y de inmediato comenzó a recibir miles de cartas de adhesión de todos los confines de la Commonwealth. Con verdadero espíritu imperial, A.I. ha establecido oficinas de representación en más de 150 países, incluso Venezuela.

Desde el principio, la carta fue presentada como una “plataforma” para una campaña “no sectaria” por la amnistía de los que definieron como “presos de conciencia”, esto es, “cualquier persona que esté físicamente limitada a expresar cualquier opinión que ella misma honestamente mantenga y a través de la cual no defienda o justifique violencia personal”. Aclarando: “También excluimos a aquellos que han conspirado con otro gobierno extranjero para derribar el propio”.

Luego presentan algunos ejemplos advirtiendo que “ninguno de ellos es político”. El primero es “el destacado poeta angoleño Agostinho Neto”, médico, cuyos “esfuerzos por mejorar los servicios sanitarios de sus compatriotas eran inaceptables para los portugueses. En el pasado junio, la Policía Política entró en su domicilio y lo azotó arrastrándolo fuera. Desde entonces se encuentra encarcelado en las Islas de Cabo Verde, sin ningún cargo ni juicio”.

Sería demasiado arduo hacer un recuento de la trayectoria política de Agostinho Neto, pero no es difícil de averiguar. En verdad, había estado preso en muchas ocasiones anteriores y en una de ellas, en 1956, fundó el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), organización que presidió desde 1959. En 1960 fue preso una vez más, pero no “por mejorar los servicios sanitarios de sus compatriotas” sino, según su biografía, “por su militancia anticolonialista”.

Las revueltas que originó su detención fueron de tal magnitud que fue deportado a las Islas de Cabo Verde. En 1961, coincidiendo con la declaración de Benenson, el MPLA se declaró marxista-leninista e inició la lucha armada contra Portugal. En 1965, de acuerdo con un guión conocido, Agostinho Neto estaba en La Habana celebrando una alianza estratégica con Fidel Castro en su guerra global contra “el  imperialismo”.

Este hombre, que “no es un político”, según la declaración fundacional de A.I., en 1975 se autoproclamó primer presidente de la República Popular de Angola, una vez que se produjo la retirada del ejército portugués. Entonces, con el apoyo de Cuba y la URSS, inició la más larga y cruenta guerra civil que haya conocido el África, que se prolonga aún en nuestros días.

Patrocinó la ocupación de su país por un ejército cubano de más de 50.000 hombres para enfrentar la invasión sudafricana y los ejércitos rebeldes del FNLA y UNITA, hasta que firmaron en New York el acuerdo trilateral Cuba-Suráfrica-Angola, en 1988.

Pero esto no lo vió Agostinho Neto que había fallecido en Moscú en 1979 durante un tratamiento médico, según la lacónica versión oficial. Para entonces las bajas en Angola, en cuatro años de revolución socialista, eran apenas 500.000 muertos.

Como se ve, este hombre es la antítesis punto por punto de las características que había establecido A. I. en su “plataforma fundacional” para definir sus “presos de conciencia”. ¿Sabía entonces Benenson cuál era el perfil de su defendido? Pero sin duda lo supo después, puesto que murió recién el 25 de febrero de 2005. ¿Alguna vez intentó una explicación, justificación, rectificación, aclaratoria, retractación? No se sabe; pero lo más sorprendente es que nadie se la pidió.

Los británicos, extraordinariamente acuciosos investigadores, nunca pusieron de relieve hechos que están a la vista, ni jamás cuestionaron al bienintencionado, ingenuo, desprevenido, desinteresado o cándido doctor Benenson.

La quemante pregunta es si A.I. fue siempre, desde su origen, lo que solamente ahora venimos a darnos cuenta, por causa de su desconcertante actitud de convalidación y complicidad con la situación de los presos políticos en Venezuela.

La bancarrota moral y política del socialismo (nacional e internacional) arrastra consigo la quiebra de A.I., como empresa colonial.

YO ACUSO

El antecedente más notable de la carta de Benenson quizás sea el conmovedor alegato así titulado redactado por Emile Zola, publicado a su vez por el periódico L’Aurore, el 13 de enero de 1898. El motivo fue el juicio y condena de Alfred Dreyfus, oficial (de origen judío) del estado mayor del ejército francés, confinado en la Isla del Diablo siendo inocente.

Por alguna razón misteriosa, esta flagrante injusticia soliviantó la conciencia del escritor y su panfleto, difundido por L’Aurore en trescientos mil ejemplares, que incluso hoy en día es una tiraje respetable, partió en dos a la opinión pública francesa, llevándola al borde de una conflagración civil.

La pregunta es hoy más pertinente que nunca: ¿Por qué “la espantosa denegación de justicia” sufrida por un solo hombre pone en peligro la existencia de la República? Para Zola la respuesta es evidente. Si Dreyfus es inocente, entonces el poder judicial francés es culpable. Y mucho más allá, siendo que esta intriga se urdió en los pasillos del alto mando, todo el Estado Mayor sería indigno de confianza. “Conozco a muchas gentes que, suponiendo posible una guerra, tiemblan de angustia, ¡porque saben en qué manos está la defensa nacional!”

Clemenceau, director de L’Aurore y responsable político de la conducción de los defensores de Dreyfus, parecía tener claro que “una infracción de los derechos de un hombre es una infracción de los derechos de todos los hombres”. Este punto de vista tiene como base una concepción contractualista del Estado, perfectamente resumida en la frase, cara a la cultura francesa, “todos para uno, uno para todos”, que todavía hoy resuena en el fundamento espiritual de la unidad nacional no sólo en Francia sino en todo el mundo.

El punto es demasiado apremiante para dejarlo de lado. ¿Cómo es posible que un caso judicial atinente a una sola persona y acaso a su familia pueda conmocionar a toda una sociedad, aún en el siglo XIX? En cambio, en Venezuela, los presos se cuentan ya por decenas y las charadas judiciales por miles y ¡a nadie parece importarle!

Dice Zola y quizás tenga toda la razón: “Cuando un pueblo desciende a esas infamias, está próximo a corromperse y aniquilarse”. El factor de disolución es la ruptura del pacto social. Cuando las personas no son defendidas en sus vidas y en sus bienes por el Estado, entonces lo que viene es un “sálvese quien pueda”, una situación anterior al Estado Civil, esto es, la barbarie. Pero tampoco se le debe acatamiento a tal Estado, que es un enemigo más en la contienda.

Es la situación del millón de empleados desamparados en Cuba a su propia suerte y de toda persona que no forme parte del actual régimen en Venezuela, para las que no existe protección legal alguna y se dejan abandonadas a la intemperie. Esas personas no tienen ninguna razón jurídica ni política para obedecer a semejante régimen, como no sea por la amenaza de la fuerza bruta.

Este es el fin de la política y el paso a la violencia, el prolegómeno de la guerra civil, según las teorías jurídico-políticas más aceptadas. Todos los derechos se vuelven precarios y ceden a las vías de hecho. El único árbitro es la fuerza que despliegue cada cual, como “poder” retornado a la comunidad por la disolución del Estado.

Con la renuncia a sus funciones propias, las FFAA pierden también lo que les es más consubstancial, “el monopolio de la violencia legítima”. Ahora toda violencia sería legítima.

LA CARTA DE LA OEA

Esta última carta haría innecesarias todas las anteriores, porque su propósito debería ser formalizar las aspiraciones que aquellas expresaban en términos más bien morales, mientras que ésta es un instrumento jurídico, un tratado, incluso de rango supra constitucional, no obstante, lo que ha mostrado es la más desalentadora esterilidad, se ha convertido en letra muerta.

La ineficacia jurídica de la Carta es apenas una de las consecuencias, ni siquiera la más grave, de la esterilización política de la OEA, por causa del control que ejerce sobre ella el socialismo internacional a través de su secretario general, el socialista chileno José Miguel Insulza.

Para no desorientarnos en la alfombra roja tendida a la dictadura castrista, en sus abominables ejecutorias contra Honduras, la complicidad con las farsas escenificadas en Bolivia y Ecuador, la agresión de Nicaragua contra Costa Rica, limitémonos por un momento al caso venezolano.

La OEA y su secretario general José Miguel Insulza deben ser juzgados no tanto por lo que hacen sino por lo que no hacen. Por ejemplo, en el trágico caso del señor Franklin Brito, seguramente se podrán revolcar todos los archivos del organismo sin encontrar el menor rastro de nota escrita, ni testimonio de conversación alguna en que hayan pedido que lo desalojaran del frente de sus oficinas en Caracas.

Pero es un hecho grande como un templo que tampoco hicieron el más mínimo gesto cuando lo desalojaron, ni cuando lo secuestraron sin proceso alguno en el Hospital Militar, ni cuando murió en circunstancias tan oscuras, ni nunca después, ni siquiera una cínica nota de condolencia: Para la OEA, como es propio de la mentalidad socialista-estalinista de su secretario general, el señor Franklin Brito nunca existió.

Otro tanto puede decirse del rocambolesco pronunciamiento sobre la llamada Ley Habilitante, donde lo hilarante no son los pasitos para adelante y para atrás, sino el contenido mismo de su declaración. En Venezuela lo único objetable es esa ley, todo lo demás, está bien.

Incluso José Miguel Insulza debería saber que cuando en un país se reúne el comando militar y la potestad legislativa en una misma persona eso se llama “dictadura”, desde la antigua Roma hasta nuestros días; pero no, a él le parece que esa es la peculiar forma en que los venezolanos entendemos la democracia.

La actitud ante el caso de la juez María Lourdes Afiuni no sería menos grotesco si no coincidiera plenamente con la de la canciller española Trinidad Jiménez y la inefable Amnistía Internacional. Todos dicen que van a observar el caso “concreto” de la juez, que les causa cierta “preocupación”.

Pero caso concreto significa individual, aislado; ergo, todo esto ocurre en un contexto de democracia y libertad incuestionables: los otros presos políticos no existen.

Los socialistas han aprendido a “aprobar condenando”. Cuando les queda muy mal el aplauso, entonces “rechazan” un hecho puntual, particularmente despreciable, con lo que todo lo demás pasa por debajo de la mesa.

Esta ingeniosa fórmula socialista sólo hace más repugnante su inmoralidad, aparecen como si se desvincularan de lo que patrocinan.

Luis Marín

06-02-11