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martes, 24 de abril de 2018

VENEZUELA: Las Academias ante los anuncios en materia monetaria del Gobierno Nacional. #Comunicado

Las Academias ante los anuncios en materia monetaria del Gobierno Nacional


Academias Nacionales
Las Academias Nacionales, en cumplimiento de su función asesora de los poderes públicos y de sus responsabilidades ante el país, se dirigen a la Nación para comunicarle su opinión ante los recientes anuncios en materia monetaria1.
La reconversión monetaria
La reconversión monetaria anunciada por el presidente de la República a ser aplicada a partir del 4 de junio consistirá en la eliminación de tres ceros a las denominaciones en bolívares con un cono de nuevos billetes y monedas que se llamarán “Bolívares Soberanos” (Bs.S) para distinguirlos de los actualmente circulantes. Tal iniciativa no tendrá efecto alguno   sobre   la   terrible   hiperinflación   que   aceleradamente   empobrece   hoy  a   los venezolanos. Tampoco acabará con la inaudita escasez de efectivo que hoy perjudica a consumidores y pequeños comerciantes por igual.
La hiperinflación actual tiene su causa en la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), para financiar un déficit que ha superado el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos ocho años. El ente emisor aumentó en más de 20 veces la emisión monetaria en 2017, lo que explica la hiperinflación de 2.616% registrada  por  la  Comisión  Permanente  de  Finanzas  y  Desarrollo  Económico  de  la Asamblea Nacional en 2017. En las primeras ocho semanas de 2018 tal emisión monetaria había superado los Bs. 771 billones, un incremento adicional de 540%. De no atajarse cuanto antes este flagelo, el billete de mayor denominación del nuevo cono, el de Bs.S. 500, tendrá para la fecha de su puesta en vigencia un poder de compra similar al que hoy tiene el de Bs. 100.000. Cabe señalar que todo lo referente a emisión de nuevas monedas es de la reserva legal y por tanto, corresponde a la Asamblea Nacional su aprobación. 
Lo anterior habrá de agravar las terribles penurias que la hiperinflación impone a los venezolanos, al destruir sus capacidades de sustento. Impide, además, el cálculo económico confiable, genera incertidumbre y fuga de capitales, y arruina aún más a la economía, con severas pérdidas de empleo e ingresos. El necesario redondeo de precios para ajustarse a la nueva escala y el ajuste obligado en el precio de la gasolina podrán repercutir en una mayor inflación.
El Petro
Se trata de un cripto activo emitido por el estado venezolano y respaldado por activos petroleros. No es en estricto sentido una criptomoneda. Estas no son emitidas por ningún gobierno y las respalda exclusivamente la confianza que otorga la inviolabilidad de su formulación digital. Son medios de pago fiduciarios por excelencia. El Petro, al ser emitido por un gobierno que ha sido declarado en default selectivo por agencias calificadoras de riesgo, pretende generar un crédito garantizado con recursos minerales del subsuelo para generar confianza, violando así el artículo 12 de la Constitución. Es también un título de deuda pública de írrita legalidad,  constituido a partir de una franca usurpación de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional para legislar sobre materia monetaria.
La puesta en circulación del Petro con respaldo del Estado introduciría un bimonetarismo al margen del mandato constitucional que podría degenerar en una dualidad --como ocurre en la economía cubana-- entre un medio de pago con convertibilidad externa por su respaldo supuesto en el precio del barril de petróleo, y otro, envilecido por la hiperinflación, sin convertibilidad práctica. Tal distorsión implicaría una discriminación odiosa a favor de aquellos que se benefician del intercambio externo y perjudicaría a quienes sólo tienen bolívares no convertibles para sus transacciones.
Las Academias Nacionales insisten una vez más en que la verdadera solución a la pérdida de efectividad del actual cono monetario, de la escasez de efectivo y de las limitaciones financieras que afectan al Ejecutivo Nacional, como a toda la población, depende de políticas que abatan perentoria y eficazmente la terrible inflación que hoy arruina a los venezolanos. Esto implica sanear las cuentas del sector público, eliminar sus déficits y la necesidad de su financiamiento monetario, unificar y liberar el tipo de cambio con el respaldo de un generoso financiamiento externo, y levantamiento de los controles y regulaciones que asfixian a la economía, en un marco de seguridades jurídicas y de respeto al ordenamiento constitucional que inspire confianza y atraiga inversiones.
Este documento es versión corta de un comunicado enviado al presidente de la República, al ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas y al presidente del Banco Central de Venezuela por las Academias Nacionales, que podrá ser leído en http://www.acienpol.org.ve/.
El mismo se anexa a esta noticia de Dígalo ahí Digital
Caracas, 10 de abril de 2018
Horacio Biord Castillo. Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Inés Quintero Montiel. Directora de la Academia Nacional de la Historia
Alfredo Díaz Bruzual. Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Gabriel Ruan Santos. Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Gioconda Cunto de San Blas. Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Humberto García Larralde. Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Gonzalo Morales. Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat
FUENTE: Aragua en Red / Digalo Ahi Digital
REMISIÓN: Humberto Marcano Rodríguez



miércoles, 22 de diciembre de 2010

ACADEMIAS NACIONALES: Pronunciamieto sobre el desconocimiento del Estado de Derecho y las violaciones de derechos constitucionales en Venezuela,

GOLPE DE ESTADO
QUE DA EL MISMO ESTADO
                                                                                                                                                                                              
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Date: Wed, 22 Dec 2010 08:00:02 -0800
 Declaración Pública
 
Estimados  colegas  y amigos:
   Los  Presidentes de las Academias Nacionales han elaborado un Pronunciamieto sobre el desconocimiento del Estado de Derecho y las violaciones de derechos constitucionales en Venezuela, para presentarlo a la comunidad nacional e internacional, que les  anexo, para  que sea suscrito no solo por académicos, sino por diferentes personalidades de los  sectores profesionales,  económicos, empresariales, religioso,  de ONGs, etc. Por lo que quienes deseen adherirse a dicho Pronunciamiento,  pueden solicitar al  Dr. Pedro Palma, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, a su correo electrónico  palma.pa1@gmail.com,  se les incluya como firmantes.
  Les  agradezco circular el  Pronunciamiento  con la  finalidad de lograr  la adhesión de quienes  ustedes consideren representativos de los sectores señalados.
 Atentamente,
 Dr: Román J. Duque Corredor
 Presidente de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales

DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN VENEZUELA.


En la presentación de sus Propuestas a la Nación el 10 de noviembre de este año, las Academias Nacionales advirtieron sobre el deterioro de las bases  ins­titucionales de la democracia, propia del Estado de Derecho que para nuestro país postula la Constitución vigente, y sobre los efectos  negativos de la infla­ción y del deterioro de la salud pública, sobre la pérdida de la enseñanza de la historia, así como sobre los límites de la investigación científica y la falta de planificación y ejecución de un desarrollo sostenible.  

Hoy, ante la  sanción de leyes que violan derechos constitucionales de natura­leza  inalienable e irrenunciable,  así como del principio de la separación de los poderes y de la  institucionalidad democrática, los presidentes de las Aca­demias Nacionales y demás firmantes de este documento, responsablemente denuncian ante la  opinión pública nacional y mundial  el  desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela por la pretensión de imponer un sistema absolutista. Ello en razón del concepto totalitario que priva en la legislación recientemente aprobada, que no sólo confiere  ilimitadas facultades al Presi­dente de la República, y altera la  distribución del poder público de la organi­zación federal de la Nación, sino que también desconoce la  voluntad  electo­ral  expresada el 26 de septiembre de 2010, que reclamó un poder legislativo  mucho más  plural y de mayor representatividad de los diversos sectores nacionales en la  aprobación de las  leyes.  

Este sistema absolutista se manifiesta  en la grave  restricción de las libertades públicas de pensamiento, de expresión y de educación libre, en la imposición de  controles y sanciones al derecho de información, y en la eliminación de los fundamentos de autonomía en el funcionamiento de las universidades, que forma parte de su esencia como instituciones de educación superior. El senti­miento absolutista también se exterioriza a través de la sanción de leyes que persiguen imponer un modelo de Estado socialista y comunal, en contra de la voluntad popular  que lo rechazó en el referéndum del año 2007, que atentan contra el principio de la soberanía popular como fuente originaria del poder del Estado. Adicionalmente, ese modelo excluye a los que no se identifican con esa ideología, alterando los principios de igualdad y de no discriminación, propias de las democracias constitucionales. Estos desconocimientos colocan a Venezuela  fuera de los estándares democráticos de los tratados y conven­ciones suscritos por el Estado venezolano.  

Consideramos que la actual Asamblea Nacional altera  gravemente el orden constitucional del Estado de Derecho, al impedir el pleno funcionamiento de la nueva  Asamblea Nacional al restringir  sus competencias legislativas por un período de dieciocho (18) meses, cuando delega ampliamente en el  Presi­dente de la Republica la mayor  parte de  su reserva legislativa, y sobre mate­rias totalmente ajenas a la  emergencia climática que se argumentó como justi­ficación de tal delegación. Adicionalmente, la modificación del régimen interior de debates busca limitar la discusión y deliberación de los nuevos parlamentarios.  Estas decisiones legislativas  se  toman  con la clara intención de evitar que los miembros de la nueva  Asamblea Nacional puedan ejercer debidamente  la representación de los votantes que los eligieron en las  elec­ciones del 26 de  septiembre de 2010.

 Creemos que las leyes sancionadas por la actual Asamblea Nacional en su último período de sesiones, contrarían  los valores de la sociedad democrática del  pluralismo, del  respeto de los derechos fundamentales, de  la  separación y del  equilibrio entre los poderes,  así como de la  participación ciudadana, de la  organización federal del Estado,  del  sistema  económico democrático, de  la seguridad jurídica y del respeto de las minorías.  Leyes como la de teleco­municaciones y la de responsabilidad e inhabilitación  política de los parla­mentarios, afectan  la esencia misma de la dignidad de las personas,  al impo­ner controles  y sanciones al ejercicio del derecho a expresar opiniones y a disentir libremente. 

A lo anterior se suma la falta de un Poder Judicial independiente que garantice la imparcialidad de los  procesos judiciales, y que asegure  que la  actuación de los gobernantes se lleve a cabo dentro de los límites del derecho, y en armonía con los valores constitucionales y las leyes que están destinadas a conservarlos.  Por otro lado,  la  actuación sin el  debido proceso, arbitraria y desproporcionada,  para privar a los ciudadanos de su libertad y de sus bienes, afectan la estabilidad personal y social de los ciudadanos y su libre  desenvol­vimiento. Hoy día en Venezuela, por todo ese  conjunto de leyes, y por la falta de protección judicial ante sus violaciones, es cada vez más  riesgoso ejercer derechos intangibles como el de la libre  expresión y de la libre manifestación política.  

La utilización de la fuerza militar para ejecutar actividades civiles y adminis­trativas, contradice sus fines institucionales y los tratados que respecto de la seguridad ciudadana ha suscrito Venezuela, que prohíben utilizar cuerpos pro­fesionales armados y armas de guerra en la realización de actuaciones guber­namentales. Por lo expuesto, estimamos que está en riesgo el sistema político democrático basado en el imperio de la Constitución y de la Ley.

Dentro de ese contexto, ratificamos que el carácter ilimitado  de la  delegación conferida al Presidente de la República mediante autorización de leyes  habi­litantes atenta contra el principio de seguridad jurídica y el principio democrático, porque ello conduce a la eliminación de las competencias cons­titucionales de la Asamblea Nacional, y a la desnaturalización de la excepcio­nalidad de la delegación legislativa.  Así mismo, rechazamos el uso de facul­tades extraordinarias para afectar derechos económicos y sociales fundamen­tales, como el de propiedad y el de libre  iniciativa, sin atenerse  a  los princi­pios constitucionales que garantizan que tales derechos no se afecten arbitra­riamente, y que tales afectaciones no produzcan daños mayores, como el des­empleo, la escasez de productos esenciales, la ineficiencia de los servicios públicos y la corrupción.  

Particular denuncia queremos hacer sobre la gravedad de la lesión al derecho a la libre enseñanza que representa el proyecto de Ley de Educación Superior, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional. Este instrumento legal despoja a las universidades de su autonomía administrativa, de  autogobierno, de  dirección y normativa,  al transferirse la mayor parte de sus competencias autónomas a entes dependientes del poder ejecutivo, y al someter las universi­dades a un régimen de sumisión en cuanto a sus facultades investigativas y programáticas, imponiéndoles como modelo el de la educación socialista y un sistema de gobierno similar al comunal.  Exigimos del poder legislativo que en la nueva  legislación se garanticen a las Universidades los principios cons­titucionales de su autonomía, es decir: 1) La  potestad para  orientar sus  pla­nes  de  estudio y de investigación de su  sistema de educación. 2) La capaci­dad para darse libremente su propia organización académica y de concretar su libertad de enseñanza y económica. 3)  La reserva legal,  en el sentido que sólo  por ley puede  limitarse la libertad de las universidades, sin que se afecten sus elementos esenciales y   únicamente  para permitir la supervisión de la calidad  de la instrucción y la  observancia de  las  grandes  directrices de la  política  educativa. 4)   La inviolabilidad del recinto universitario como medio de pro­tección de la autonomía universitaria. 5)  El derecho de los profesores y estu­diantes,  principalmente, como miembros  de la  comunidad universitaria,  de participar en los órganos de gobierno de las  universidades y en sus  decisio­nes. Y,  6)  La existencia  de un sistema  verdaderamente democrático y de respeto pleno a las libertades públicas y a los derechos humanos, que garantice  efectivamente la autonomía  universitaria.

Por  todo lo expuesto, advertimos y denunciamos que en la actualidad en Venezuela no están garantizados los principios fundamentales ni el cumpli­miento  del Pacto Social del Estado de Derecho y de Justicia  de  una  socie­dad democrática y plural que postula la Constitución.

Caracas, 22 de Diciemnre de 2010


REMISIÓN:
--
Alberto Rodríguez Barrera

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