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martes, 10 de noviembre de 2020

¡EL MILITARISMO EN VENEZIELA! Por: Enrique Prieto Silva. Opinión. Militar. Venezuela



¡EL MILITARISMO EN VENEZUELA!

Enrique Prieto Silva

Lunes 9 de noviembre de 2020

Por desgracia, hoy Venezuela vive un compendio perverso del militarismo, que siempre ha afectado el convivir político, a pesar del sinóptico militarismo que pervive desde el inicio de la república, después de su separación de la Gran Colombia. Militarismo que ha convivido por mucho tiempo y por conveniencia política, surgido en el pasado reciente (décadas de la incursión castro-comunista); que a decir de versados historiógrafos del modernismo, ayudó a consolidar la democracia venida a menos y depauperada, por los seguidores del "comandante eterno" promotor del morboso y estúpido "socialismo del siglo XXI". Ese de la "revolución que vino para quedarse", pero que sin gases, bombas ni virus, logró la mayor decadencia económica que haya conocido el mundo cívico y civilizado.

  Y hablamos del militarismo perverso, para separar el epítome militar surgido como bandera de la perversa Venezuela, con Chávez y después de Chávez, donde una "generalización" militar, conducida por una mediocridad de mando militar, tiró por la borda el prestigio adquirido por los militares probos y educados, que ayudaron a configurar la Venezuela decente y próspera pos guerra fría y auge de las teorías del desarrollo, y que promovieron la participación del militar en el desarrollo del país.

Esos militares, que ayudaron a dejar de lado el militarismo surgido por independencia, cuando iniciada la Cuarta República de Venezuela en el año 1830, después de las presiones ejercidas por el movimiento de La Cosiata, cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia y pasa a ser una República independiente.

El historiador socio-político nos ha hecho entender, que con Páez al mando, Venezuela es dividida en 13 provincias, entregándole una porción del país a cada uno de los caudillos militares que lo apoyaron en traicionar a Simón Bolívar; para que dispusieran de los recursos naturales, los pueblos y su gente como mejor quisieran. Actitud generalizada en los altos mandos militares para traicionar a su Libertador, organizada por la oligarquía y la burguesía a través de "La Cosiata", quienes aupaban y apoyaban económicamente a Páez.

Hoy, sin mucha equiparación, vemos, que a pesar de la estructuración de la Organización de la Fuerza Armada Nacional, como ente específico para la defensa militar; donde se le prohíbe a los militares en servicio activo optar a cargos de elección popular y participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político, vemos a militares de todas las jerarquías participando en actividades del partido PUCV o de propaganda del Ejecutivo Nacional, aupando al presidente de la República, ministros y otros funcionarios, sin acogerse a la prohibición constitucional. De mayor gravedad, que el ministro de la defensa y otros ministros; y diversos militares activos, en ejercicio de cargos públicos, irrespetan la Constitución al no admitir la autoridad de los miembros de la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus cargos contralores del Estado; actuando como sujetos activos del Poder Público.

También de gravedad, como perversión militarista, que se hayan aprobado reformas de la LOFAN, creando estructuras orgánicas como la Milicia, las ZODIS y las REDIS, que sugieren el ejercicio de mandos militares paralelos a los gobernantes políticos, en cumplimiento de funciones que no están establecidas en la Constitución. Si analizamos el texto constitucional, hay que entender la inexistencia de la defensa militar integral, ni el manejo de la función pública por militares, ya que en todo caso, de sugerirse como necesaria, sería una función  incompatible con la función militar, apegada al servicio de seguridad económico, social, político, cultural, geográfico o ambiental.

Como dice el artículo 326 de la CRBV, "La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental, y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar."  

No es difícil entenderlo; la defensa nacional no es solo la militar; ésta es uno de los ámbitos referidos en el artículo 326; o entenderlo así, es obvio que de sumirlo como función militar, tiene que hacerse mediante la militarización del Estado, que ha sido para "perversión de la política por otros medios", con guerreros.

@Enriqueprietos



martes, 3 de noviembre de 2020

¡LA JUSTICIA POR LA PAZ! Por: G/D (GNV) Enrique Prieto Silva. Opinión. Venezuela

 




¡LA JUSTICIA POR LA PAZ!

Enrique Prieto Silva

Lunes 2 de noviembre de 2020

Hemos estado escribiendo y profundizando sobre nuestra mas reciente obra: “La Guerra por la Paz”, que como indicáramos, después de casi 20 años intentando terminarla para ser publicada, terminamos desarrollándola en tres tomos, que por su coherencia increíble, los denominamos con criterios que parecieran divergentes, por no decir, muy divergentes; pero que, al introducirlos en una tesis elogiosamente consistente, que desarrollamos: “Una Educación Especial para la Guerra y para la Paz en Venezuela”, tuvimos que volcar todo el cúmulo doctrinario, que nos sirvió profundamente durante los 66 años que tenemos ejerciendo la profesión militar. Hace 32 años en la actividad, donde alcanzamos todos los grados jerárquicos, académicos, de comando y administrativos que puede un militar venezolano desarrollar; en mayor profundidad, los del  alto mando dentro del ministerio de la Defensa y de la Guardia Nacional; pero con mayor devoción y agrado, los de la docencia en todos sus niveles, que aún mantenemos en cátedras universitarias.

  Y cuando hablamos de volcar nuestro cúmulo doctrinario, queremos decir, que hemos tenido que cambiar criterios que antes parecían irreversibles y estáticos. Muchos de ellos, que conforman aún las denominaciones terminológicas en materia militar, de seguridad, defensa y orden público. Esto surgió, desde nuestro planteamiento hipotético de que: “Queremos demostrar, que en Venezuela existe la necesidad de un proceso educativo en la sociedad, que ilustre y prepare a los ciudadanos habitantes del territorio nacional, para evitar o confrontar los conflictos sociales generados por actos de beligerancia de origen externo o interior, o productos de catástrofes naturales, que pudieran transformarse en graves alteraciones del orden público o en guerra; que obviamente, amenazarían o alterarían la paz nacional.”

 Hipótesis que surge, cuando quisimos comprobar la necesidad de educar a la ciudadanía, para enfrentar situaciones de desestabilización de la paz nacional, de generarse situaciones sociales o de catástrofes naturales como los planteados. Todo en atención a la corresponsabilidad constitucional que tienen todos los ciudadanos con el Estado, en el mantenimiento y defensa de su seguridad, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental; donde además,  hace la afirmación de los derechos humanos, así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional, aceptando el precepto constitucional, que establece el ejercicio de la corresponsabilidad del Estado y los ciudadanos sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Pero lo importante, es discernir sobre dos elementos fundamentales que se encuentran en los principios planteados en la corresponsabilidad: la paz y la justicia, que a nuestro entender, son definitorios para responder la hipótesis. Entenderlo es fácil, la paz es el estatus deseado, pero sin justicia no habrá paz. De allí, nuestra propuesta para la educación ciudadana por lograr la paz. ¿Por qué?, porque en Venezuela existe educación para la guerra, que es el meollo de la educación militar. Y toda la educación ciudadana para la seguridad y el orden público, se militariza. De allí surge la educación premilitar, que es el fundamento de la tesis. No debe ser educación ni pre ni militar, sino educación ciudadana para la paz.

Más grave aún, en la emergencia del gobierno de usurpación, muchos venezolanos ignorantes, o formados en esta educación militarista, solicitan o aúpan la solicitud de intervención militar (erróneo 187.11), que no es otra cosa, que pedir hacer la guerra contra los venezolanos de paz que vivimos en Venezuela, para sacar al “usurpador”. Olvidan, que los militares venezolanos, son educados para hacer la guerra y ante una acción militar externa, tienen que actuar contra el invasor, ya que de no hacerlo, sería traidor a la patria.

Queremos concluir, trayendo a colación la idea de “Educación para la Paz”, que es la nominación del primer tomo de la obra que hemos mencionado, tomado de la Programación para la Paz del Continente de la OEA, cuyo objetivo y fin no pueden ser más evidentes: “Reformar los sistemas educativos para transformar la escuela en un lugar para la disuasión de la violencia y promoción de la justicia y la paz”

@Enriqueprietos

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martes, 27 de octubre de 2020

¡LOS MAMERTOS! Por: Enrique Prieto Silva. Opinión. Militar. Venezuela




¡LOS MAMERTOS!

Enrique Prieto Silva


Lunes 26 de octubre de 2020


Quisimos hablar de la constitucionalidad en Venezuela, haciendo referencia de los textos constitucionales del Nuevo Mundo y de las vicisitudes que han aflorado luego del desastre revolucionario; pero con la avenencia de tantos actores que nos hacen desencajar del raciocinio, escuchamos la expresión de "los mamertos", que curiosamente obliga a desempolvarla como desenlace, para entender el desquiciamiento que se ha apoderado de gran parte de los políticos opositores, cuando tienen que enfrentar la postura real y democrática, sin dejar de entrometerse en la diatriba y contra ella, con el cuento, que es hoy historia, de votar o no votar, para lograr el cambio y el cese de la usurpación.

Sinceramente, no podemos decir que se ha perdido el énfasis en la lucha antirrevolucionaria, pero cuando analizamos la conducta individual de los políticos opositores, nos convencemos de esa realidad, no supuesta sino verdadera. Esa realidad conductual que no deja de preocuparnos, porque vemos en su análisis un factor muy peligroso en el mediano plazo, cuando se vaya, como es de obligación, a definir la orientación política que deberá iniciar la recuperación de la democracia perdida y se tenga que escoger los representantes gubernamentales.

Fue la curiosidad la que nos llamó a reflexionar sobre el concepto de los mamertos. El concepto que vimos en un Twitter: "Generación poco trabajadora y floja, lo cual los hace gustadores de un tipo de gobierno que los pueda mantener. Especialistas en hablar de lo que no saben o vivieron pero aun así se empeñan en querer cambiarle la historia a quienes si la vivieron o sufrieron en carne propia, fáciles de engañar y manipular, condición que es hábilmente aprovechada por personajes oscuros y corruptos quienes les ofrecen tenerlo todo con poco o ningún esfuerzo, convirtiéndolos así en una generación de idiotas útiles".

El concepto nos hizo pensar en los proyectos políticos del pasado y las aventuras del presente. Dijimos entonces, que si antes se atacó a los líderes democráticos, que hicieron el intento por impulsar el trabajo, con comodidad y regulación, mediante la ley de trabajo y el impulso de la empresa privada para complementar el esfuerzo; había que regresar al sistema destronado electoralmente por el estamento militarista del ignaro Chávez, cuando los políticos e intelectuales post 4 de Febrero iniciaron "el proceso", esa hilaridad que impulsó a Chávez a transformar su derrota en un nihilismo político impreciso; en realidad, "nada", que nunca lograron definir. Es entonces, cuando aparecen los "mamertos" del twitter, los que fueron llamados "revolucionarios" sin dogma, sin revolución,  en realidad, sin nada, solo eso "revolucionarios".

Aquí queremos introducir el significado de la inquietud que manifestamos al comienzo, que   cuando analizamos la conducta individual de los políticos opositores, nos percatamos de que son esos los mamertos de sus suposiciones electoreras y electorales, que como decimos, son una realidad, no supuestas sino verdaderas. Sin dudas, es una realidad conductual que debemos analizar y criticar como factor muy peligroso en el mediano plazo, cuando se tenga que definir, como dijimos,  la orientación política que deberá iniciar la recuperación de la democracia perdida y se tenga que escoger los representantes gubernamentales.

Antes mencionamos el nihilismo, tratando de asimilar esta conducta o actitud del liderazgo actual, con la corriente de pensamiento filosófico que niega toda creencia, principio o dogma, bien sea de carácter religioso, político o social, ya que pareciera que el único interés político es el de asumir el poder a como dé lugar, no importa si hay o no ideología o principios, aprovechando a los mamertos para lograrlo.  

Sinceramente, no podemos decir que se ha perdido el énfasis en la lucha antirrevolucionaria, pero el desarrollo contingente de la diatriba interpartidos e interliderazgo, se conduce en lo que pudiéramos decir, sin brújula o a la deriva. Una desviación más que derivación accidentada y tormentosa, que pone en riesgo la esperanza de terminar a corto plazo con la esperada paz democrática sin  revolución; que aunque sabemos que con el solo cambio de timonel lograremos reiniciar el sueño venezolano de la esperanza, se corre el riesgo de que vuelvan los mamertos con ínfulas de líderes a dirigir la política desgastada, con una economía que solo sobrevive por el poder y la riqueza económica que dan los excelsos recursos naturales del territorio de la Gran Venezuela.

¡Que Dios bendiga a Venezuela y de luz a su liderazgo para evitar el inevitable colapso que sobrevendría por falta de líderes conscientes!

 @Enriqueprietos



REMISIÓN: 
Con mi cordial saludo,
Enrique Prieto Silva



lunes, 12 de octubre de 2020

La revolución ANTIBLOQUEO. Por: Enrique Prieto Silva. Opinión. Venezuela.

 



La revolución ANTIBLOQUEO

Enrique Prieto Silva

Lunes 12 de octubre de 2020

 

Nos apartamos de las entregas capitulares del Informe sobre los DDHH en Venezuela, que inició y continúa elaborando la ONU, sobre el cual referimos en las  entregas del (I al III), que, a partir de 1998, luego de la firma del Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional, surgió la esperanza de que no queden impune en Venezuela los delitos inherentes a la violación de los DDHH, crímenes de guerra y de lesa humanidad por falta de justicia en el país, a consecuencia de las propuestas “revolucionarias” de este manido y disparatado régimen de gobierno surgido de la locura del militarismo chavista, las cuales se mantienen, entretanto que vayan surtiendo el efecto persuasivo y amedrentador, a medida que surge del raciocinio de los jefes y comandantes involucrados en los hechos atentatorios.

Esos jefes y comandantes, que usaron la sordina y la ceguera, creyendo que su indiferencia pasaría desapercibida, y eludirían la responsabilidad que les impone el mando, con la creencia de que el subalterno sabe cuándo usa o no la fuerza o la violencia, en actos de control de manifestaciones públicas, o de respaldo y afianzamiento de la “revolución bonita”.

En anterior artículo, hace más de diez años profetizamos, que en Venezuela vivíamos una involución que pretendía crear un Estado socialista (comunista), que nos arroparía a todos, modificando la Constitución para cambiar, de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, por un Estado “socialista”. Dijimos entonces, “queremos reflexionar trayendo a este escrito, como narración de nuestros apuntes, mas que como enunciado, la rememoración de las etapas y momentos, que creemos de mayor énfasis, en la evolución de la fracasada “revolución comunista”, por ello decimos que nuestra “revolución bonita” va en la cola del fracaso”. Era obvio, que no otra podía ser la esperanza de entonces, viendo el avance torpe e ingenuo, por no decir ignaro, de los eslóganes traídos de Cuba como “patria socialismo o muerte” y posteriormente, “revolución y patria socialista”.

  Hoy, cuando hemos visto la reacción de la Comisión respectiva de la ONU, recordamos el descaro del canciller de entonces, cuando dijo, refiriéndose a propuestas de la Oposición venezolana, que “el uso de los DDHH con fines ajenos a su verdadera naturaleza por parte de países poderosos, para socavar el entendimiento entre las naciones, quebrantando los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas, que van en detrimento de la paz internacional”.

Hoy recordamos con tristeza, “La dolorosa verdad” expuesta por Fernando Londoño, cuando en 2014 dijo con simpleza: “Lo que pasa en Venezuela tenía que llegar y llegó, así sea que todavía falte lo peor”. Nada fue impredecible. Los que nos jactamos de sentir el sol en cuatro dedos de frente, pronosticamos que el chavismo sería “recordado como autor de un milagro económico a la inversa”, que como bien lo dice nuestro comentado articulista, “milagro de los que se registran pocos en el devenir de los pueblos: Convertir en país miserable el más rico de América no es hazaña de todos los días”.

Cuando la euforia del iluso Chávez, éste siempre aparecía en la palestra asumiendo la responsabilidad de todo lo malo, y muchos jefes y comandantes se atrevieron a retarlo en protagonismo para ganarse su indulgencia y una buena posición de mando administrativo. Muchos de esos jefes y comandantes, aquí en Venezuela o en el exterior, están comenzando a sufrir las consecuencias de su responsabilidad por la violación de los DDHH y los rigores de la represalia legal. Sin embargo, pareciera que muchos no se han percatado de la situación y siguen actuando bajo órdenes superiores, asumiendo la responsabilidad por hechos de sus superiores. Todo en la lucha por la prebenda, por el grado militar o por el mando.

Sin embargo, no salimos de los absurdos, cuando en esta organización fraudulentamente votada y declarada inconstitucional, la Asamblea Nacional Constituyente, que, mediante engaño promovido por abogados que han figurado en la palestra y en la “barra”, como dicen el Norte, más allá de la tolerancia de habérsele permitido por conchupancia del TSJ, ejercer una función inaudita de elaborar una nueva constitución, se ha dedicado, con el aval del mismo TSJ y el resguardo del Mando Militar, a producir sin empacho, leyes constitucionales.

Un absurdo primario, que han querido imponer como regla bien atendida por árbitros arbitrarios, y así surgió como experimento para la ignorancia, la “Ley constitucional de la FAN”, con la cual engañan por su ignorancia a los militares que ejercen el mando institucional, pero que es absorbida como muchas otras normas ilegales, y hoy surge la “Ley antibloqueo”, que como la otra, aparentan ser verdades jurídicas, por la poca controversia de los abogados, muchos de ellos nominados “juristas” y “jurisconsultos”, que atacan el fondo y contenido funcional de estos adefesios instrumentales, pero dejan de lado el mayor peligro, que es no denunciar, que la Asamblea Nacional y el TSJ, no acciones de oficio ante esta inconstitucionalidad, que quieren hacer aparecer en el mundo como una acción soberana del pueblo.

¿Será que creen que tiene facultades la ANC para legislar? Quisiéramos saber ¿cuál es su respaldo constitucional y cual el órgano del Estado competente para dirimir esta controversia?

                                                                                    @Enriqueprietos



martes, 6 de octubre de 2020

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (III) Por: Enrique Prieto Silva. Opinión

 



EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (III)

Enrique Prieto Silva

Domingo 4 de octubre de 2020

 

En la entrega (I) referimos que, a partir de 1998, luego de la firma del Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional, surgió la esperanza de que no queden impune en Venezuela los delitos inherentes a la violación de los DDHH y crímenes de guerra y de lesa humanidad por falta de justicia en el país, a consecuencia de las propuestas “revolucionarias” de este manido y disparatado régimen de gobierno surgido de la locura del militarismo chavista. Dicho Estatuto entró en vigencia a partir de julio de 2002.

Hemos expuesto como fundamento, que consta en el Informe de la ONU, al que hacemos referencia, que al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa, se ha alegado que “fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron violencia excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”.

En la entrega anterior (II) referimos que por sus acciones irracionales e ilógicas y antijurídicas del Poder Judicial, incluyendo al órgano supremo, el TSJ, muchas violaciones a los DDHH, han quedado en “visto”, sin decisión ni sanción jurídica contra las acciones represivas de los órganos gubernamentales, por la conchupancia con el Ejecutivo Nacional, al permitir que se produzcan errores de acción y procedimiento en los órganos que fungen como represores, cuya identidad y autoridad legal y constitucional para el ejercicio de la función policial ha sido cuestionada, dada la incoherencia funcional y su naturaleza como órganos de investigación criminal y/o de orden público, especialmente con el uso abusivo de la Fuerza Armada Nacional, cuyo fundamento está especificado en el artículo 332 de la Constitución: “…los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil…”.

Es decir, que cuando un GN o un soldado de cualquier componente actúa en funciones de Orden Público, no lo hace con su carácter de funcionario militar, sino como funcionario de seguridad ciudadana. En tal caso, conforme al artículo 261 de la CRBV, “…La comisión de delitos comunes, violaciones de derecho humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios.”

En esta entrega (III) completamos, que, en todo caso, trátese de delitos ordinarios o comunes, por violación de DDHH, de lesa humanidad o de cualquiera otra naturaleza, que no sean delitos de naturaleza militar, que solo ocurren en conflagración bélica, serán juzgados por tribunales ordinarios y no por tribunales militares, ya que así lo expresa a la letra el artículo 261 constitucional referido.

Sobre la interpretación jurídica a la que hacemos referencia, sin tapujos debemos expresar, que durante toda la historia “revolucionaria chavista”, a partir del desfase constitucional ocurrido en 1999, al redactarse y aprobarse el bodrio, que fuera llamado “la mejor constitución del mundo”, muchos juristas teorizantes, practicantes en el ejercicio, e inclusive docentes, algunos de ellos en la palestra magistral, se han visto envueltos en la diatriba que genera la opinión impensada, como es el de manifestar que existen jueces naturales para militares y para civiles; craso error. El contenido definitorio de juez natural, está claramente expresado en el artículo 49.4 de la CRBV, en concordancia o complemento con el artículo 7 del COPP.

 También podemos agregar en esta entrega, que, por confusión creada en la CRBV, el teórico llamado “poder militar” sufrió un descalabro fundamental, que podemos adjudicarlo al antedicho de Chávez de poner freno a las fuerzas armadas que lo derrotaron en su intento de golpe de estado; lo que logró minimizando la misión y funciones de la constituida FAN, la cual solo dejó en la Constitución para la defensa militar. Se le quitó lo que hasta 1961 estableció la Constitución, de “…cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes…” Erradicando la participación que la LOFAN daba a las fuerzas armadas para cooperar en el mantenimiento del orden público; lo cual selló en el artículo constitucional 332, donde establece los cuatro órganos del Estado para el control y mantenimiento del orden público, y dice que “…los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil…”.

En el artículo 329 la CRBV confunde aún más, cuando da como función básica a la Guardia Nacional, “…la conducción de las operaciones para el mantenimiento del orden interno…”, que cualquier lector de la Exposición de Motivos entiende claramente que es, si no un error, una confusión con la función operativa militar dada a la Guardia Nacional en 1973, cuando se creó la Escuela Superior FAC.

También, en esta entrega, debemos referir la confusión existente, al utilizar a órganos de inteligencia militar, DIGECIM y SEBIN como cuerpos u órganos de policía y de auxiliares de justicia, lo que hace de sus detenciones, violaciones graves a las funciones policiales que anteriormente referimos.

Para cerrar esta entrega, queremos insistir en la responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la militarización de la función policial y de la justicia, ya que no lo han impedido de oficio como debieran hacerlo, y tampoco han querido entender su error conceptual, de criterio y de doctrina jurídica en la que continúan imbuidos. Han tomado decisiones sobre el inconstitucional uso de a justicia militar, pero el problema inconstitucional persiste.                                                                                                                @Enriqueprietos

sábado, 26 de septiembre de 2020

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (II) Por: Enrique Prieto Silva. Opinión. Venezuela.



EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (II)

Enrique Prieto Silva

Sábado 26 de septiembre de 2020

 

Antes referimos que, a partir de 1998, luego de la firma del Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional, surgió la esperanza de que no queden impune en Venezuela los delitos inherentes a la violación de los DDHH y crímenes de guerra y de lesa humanidad por falta de justicia en el país, a consecuencia de las propuestas "revolucionarias" de este manido y disparatado régimen de gobierno surgido de la locura del militarismo chavista. Dicho Estatuto entró en vigencia a partir de julio de 2002.

 

También referimos, que consta en el Informe de la ONU, al que hacemos referencia, que al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa, se ha alegado que "fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron violencia excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención".

 

Sin dudas, hay muchas mas violaciones a los DDHH, vistos en todas las informaciones tenidas por órganos oficiales y privados, en referencia a las acciones represivas tomadas por el Ejecutivo Nacional, con la gravedad de que han quedado en evidencia la conchupancia del Poder Judicial, que ha avalado estas violaciones, al permitir que se produzcan errores de acción y procedimiento en los órganos que fungen como represores, cuya identidad y autoridad legal y constitucional para el ejercicio de la función policial ha sido cuestionada, dada la incoherencia funcional y su naturaleza como órganos de investigación criminal y/o de orden público, cuyo fundamentó está especificado en el artículo 332 de la Constitución: "…los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil…", por lo que, cuando el GN actúa en funciones de Orden Público, no lo hace con su carácter de funcionario militar, sino como funcionario de seguridad ciudadana. En todo caso, conforme al mismo artículo 261 mencionado, "…La comisión de delitos comunes, violaciones de derecho humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios."

 

Es de gravedad, lo que hemos venido criticando, tanto en el Foro Penal Venezolano, como en el Foro Militar Venezolano, que se haya militarizado la función policial, dando campo a la acción inconstitucional, de utilizar los órganos de la Fuerza Armada Nacional en la represión de las manifestaciones públicas; y mas grave aún, que se haya penalizado esta actividad como de delitos militares, utilizando en este absurdo jurídico a la Justicia Militar, violando el contenido preciso del artículo 261 de la Constitución, que establece, que esta justicia solo es para delitos de naturaleza militar, lo que es incompatible con esta actuación. Y mas grave aún, que el mismo artículo establece que los delitos comunes, violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados por tribunales ordinarios. Es decir, aparta expresamente a los tribunales militares de todo lo que tiene que ver con orden público.

 

Hemos visto con gran preocupación, que, mientras la Constitución expresamente reduce la función de la FAN a la defensa militar en la seguridad del Estado, y aparta a los militares activos de la participación política, indignamente el TSJ en sentencia específica de la sala Constitucional y de la Sala plena, haya desnaturalizado el contenido del artículo 330 de la Constitucional al decidir en amparo solicitado por el Frente Institucional Militar, que la participación de los militares en manifestaciones políticas públicas, lo hace en "reconocimiento al su comandante en jefe", en contra del contenido constitucional que prohíbe la participación del militar activo en cargos de elección popular, en campañas o proselitismo político. ¿Podríamos decir, que los magistrados que votaron a favor de esta sentencia pueden considerarse incursos en la violación del artículo de la Constitución, cuyo contenido repetimos?: "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores."

 

Recordar también a los magistrados, que conforme al artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que la responsabilidad penal es individual y la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales, como los son los magistrados pudieran ser enjuiciados por sus actos, ya que ni siquiera pueden alegar cumplimiento de órdenes superiores; y de serlo, sería indignante para la conciencia de la República, que hubiera que aleccionar a los magistrados de su máximo Tribunal de Justicia, "en lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado", donde queda claro que el superior será penalmente responsable por los crímenes de Ia competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, o no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos do su investigación y enjuiciamiento. También, que el subalterno que cumpla la orden arbitraria es también responsable sin que pueda alegar el cumplimiento de órdenes superiores.

 

También son responsables los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la militarización de la función policial y de la justicia, ya que no lo han impedido de oficio como debieran hacerlo, y tampoco han resuelto el amparo solicitado por el Foro Militar Venezolano a la Corte Marcial, para que ésta anule todas las actuaciones de los tribunales militares que han sometido a juicio a civiles y militares por la presunta comisión de delitos que no son de naturaleza militar; amparo en el cual por mandato legal declinó competencia ante la Sala Constitucional del TSJ, aún sin resolver después de casi dos años de su solicitud.

 

En la próxima entrega continuaremos con la absurda creación de organizaciones militares al margen del mandato constitucional y la judicialización también inconstitucional de la inteligencia militar.

 @Enriqueprietos



REMISIÓN
De: Enrique Prieto Silva
Date: sáb., 26 de sep. de 2020 a la(s) 18:25
Subject: EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (II)
Con mi cordial saludo,
Enrique Prieto Silva


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martes, 22 de septiembre de 2020

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (I) Por: Enrique Prieto Silva. Opinión. Venezuela




EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (I)

Enrique Prieto Silva

Lunes 21 de septiembre de 2020

Queremos iniciar esta serie derivada del Informe presentado por la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que presentara al Consejo de Derechos Humanos de las Organización de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la resolución 42/25 del Consejo, de 27 de septiembre de 2019, refiriendo la gran relevancia que ha tomado el tratamiento jurídico en Venezuela de lo inherente a la violación de los DDHH y crímenes de lesa humanidad a partir de 1998, cuando firma el Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional, toda vez que a falta de justicia en el país, surgió la esperanza de que no queden impune estos delitos, y hasta crímenes de guerra, si se vislumbra en el país la posibilidad de una equiparación de las estados de emergencia, que pudieran endilgarse  a las propuesta "revolucionarias" de este manido y disparatado régimen de gobierno surgido de la locura del militarismo chavista.

Referimos antes, que la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, anunció que había decidido abrir un examen preliminar sobre Venezuela, e indicó que el examen preliminar analizaría crímenes presuntamente cometidos en "este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa". "En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron violencia excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención".

Referimos también, que quedó en suspenso la acción de la Corte, que conforme al Artículo 15 del Estatuto, el Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre Ia base de información acerca de un crimen de Ia competencia de Ia Corte; analizando Ia veracidad de Ia información recibida y con tal fin podría recabar más información de los Estados, de los Órganos de las Naciones Unidas, de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en Ia sede de Ia Corte. De llegar a Ia conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a Ia Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello.

Pautan las normas procesales, que en el transcurso de la investigación, las victimas podrán presentar observaciones a Ia Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, por lo que Ia Sala si considera que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto corresponda a su competencia, autorizará el inicio de Ia investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar Ia Corte con respecto a su competencia y Ia admisibilidad de Ia causa.

Es de interés observar, que conforme al artículo 25 del Estatuto, la responsabilidad penal es individual y la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales. Sin embargo, en lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado, queda claro que el superior será penalmente responsable por los crímenes de Ia competencia de Ia Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, o no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos do su investigación y enjuiciamiento.

Valorando la importancia del informe, de los hechos y las normas en la materia, conviene resaltar, que la Constitución de la República de Venezuela da relevancia a los delitos pautados en el Estatuto de Roma, a los que da con vigencia supraconstitucional. Así, en el artículo 23 establece que: "Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional…y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. El artículo 25 establece, que: "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y Ia ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores."

Sobre la relevancia y vigencia de las normas en esta materia, tenemos que resaltar la importancia e influencia de los derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico en el mundo, que ha sido destacada por el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, quien dijo: "A partir de la última posguerra se desarrolló una rama del derecho internacional público que cobró importancia vital: el derecho internacional de los derechos humanos. La internacionalización de los derechos humanos no fue un fenómeno secundario sino un cambio de paradigma que importó la más importante de las transformaciones jurídicas del siglo XX"; y como lo asoman los tratadistas y los ponentes de esta rama jurídica, el cumplimiento y el respeto a los Derechos Humanos (DDHH) o derechos del hombre, es un tema esencialísimo en la agenda internacional de los Estados, y su vigencia cobra cada día en forma progresiva y sostenida una relevante importancia, de forma tal, que hoy se admite mundialmente, que su vigilancia no se circunscribe exclusivamente a la esfera del derecho interno del Estado sino que además, sobre él tiene competencia el Derecho Internacional (DI), el cual puede exigir su acatamiento a través de los mecanismos, instituciones y órganos existentes fuera de las fronteras del Estado.

  Después de 50 años de expectativas y discusiones y de haberse justificado plenamente su creación, para atender la jurisdicción internacional, fue creado el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas, órgano de carácter permanente y dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya creación fue aprobada en el transcurso de una conferencia celebrada en 1998 en Roma por representantes de 120 países (7 se opusieron y 21 se abstuvieron).

El Tratado de Roma, que preveía su creación y su estatuto jurídico fue firmado el 18 de julio de ese mismo año por un primer grupo de 20 países que se adhirieron a su contenido. También se acordó el comienzo de sus funciones hacia el año 2001, cuando aproximadamente 50 Estados hubiesen ratificado dicho documento, con sede en La Haya, donde también radica el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Las competencias del Tribunal se extienden al procesamiento de individuos que cometan "los más graves crímenes contra la comunidad internacional" (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión) y ante los cuales el Estado concernido no inicie, por voluntad propia o incapacidad, el correspondiente procedimiento.

Con la creación de este Tribunal Internacional se puso fin al debate sobre la legitimidad de los tribunales Ad-hoc que han existido hasta ahora (Nüremberg, Tokio, Yugoslavia y Ruanda), encargados de castigar los crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos por sus dirigentes y militares. Desde el 17 de julio de 1998, 139 países han firmado el Estatuto de Roma, de los cuales más de 76 lo han ratificado. Entró en vigencia el 1° de julio de 2002. Sin embargo, sobre el particular existe una discusión a nivel mundial acerca de si la Corte Penal Internacional podría tomar casos ocurridos antes del 1° de julio de 2002, no obstante, el texto del Estatuto es claro al respecto al indicar en el Art. 21 que éste entraría en vigencia hacia el futuro. Sin embargo, las reglas de no impunidad e imprescriptibilidad de los crímenes han sido utilizadas para justificar los Tribunales especiales de Nüremberg, Tokio, Ruanda y Yugoslavia, con estatutos y tribunales Ad-Hoc, elaborados y constituidos después de los hechos.

En tal sentido, el Estatuto de Roma permite hacer uso de otros tratados y principios de derecho internacional que sean aplicables, así como de otras fuentes de derecho que no colidan con los numerales 1, 2 y 3 del referido artículo 21. Sin embargo, es de esperarse que sea la propia Corte Penal Internacional, de ser informada de alguno de esos casos, la que dicte la última palabra. Los Magistrados de la Corte Penal Internacional fueron electos en enero de 2003, año en el cual la Corte iniciaría el conocimiento de los primeros casos, según el procedimiento de investigación y procesamiento.

Las competencias del Tribunal se extienden al procesamiento de individuos que cometan "los más graves crímenes contra la comunidad internacional" (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión) y ante los cuales el Estado concernido no inicie, por voluntad propia o incapacidad, el correspondiente procedimiento.

@Enriqueprietos

 



jueves, 18 de junio de 2020

¡LAJUSTICIA INJUSTA! Por: Enrique Prieto Silva. Opinión. Venezuela.



¡LA JUSTICIA INJUSTA!

Enrique Prieto Silva 

Domingo, 17 de mayo de 2020

En artículo anterior referimos, que  luego de la profesionalización de la carrera militar, ésta perdió el sentido de la razón y la ciencia que le dio origen, cuando los militares “intelectuales” solo se preocuparon por la categoría universitaria de la profesión, para equipararla con las demás carreras universitarias, sin considerar el fundamento que le dio la denominación de profesionales de la ciencia y el arte militar. Es decir, surgió la lógica y alegre algarabía por haber ganado un escalafón en la educación nacional, olvidando la necesidad de su nivelación educativa.
Es curioso decirlo, pero desde hacen varias décadas, inclusive, al menos dos o tres décadas antes de este manido militarismo socialista, los líderes militares se dedicaron con preocupación a encontrar la ubicación del rol profesional del militar, en la creencia de que existían dos sociedades, la civil y la militar, surgiendo la idea subyacente de creer que el ser militar contenía, no solo el orgullo de ser heredero de los libertadores, sino  que asumieron la pomposidad de reclamar el derecho que da su servicio a la patria; una concupiscencia enjundiosa, que surge de la ignorancia de criterio, creada por la falta de información básica en las materias que deben conformar el vademécum del “moderno militar”, más que venezolano, universal.
La Constitución de 1999 eliminó la función militar de “…cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes”, dejándolo solo para la “defensa militar”. De allí el erróneo criterio tomado para crear la inconstitucional “defensa integral”, que sirvió para multiplicar los cargos y los ascensos a general.
     A colación lo escrito, cuando queremos exponer al tema intitulado, que con mayor razón lo referimos al uso indiscriminado de la justicia militar, como la mas aberrante en la justicia injusta que tenemos en el país. Los ciudadanos no militares reclaman, que no se deben enjuiciar por tribunales militares a los civiles, con el cuento de la existencia del juez natural para el civil y otro para el militar; sin percatarse ambos, que esa clasificación judicial no existe, ya que el juez natural es competente en atención al delito y no a la persona, salvo las excepciones como las de género o menores entre otras.
Es grave la ignorancia de los profesionales del  derecho sobre esta justicia injusta, que se agrava cuando la tratan militares, que se ajustan a la creencia del ciudadano común que asume su sabiduría y dice: “esto es solo para militares” y asilo se lo creen, pero se hace aberrante, cuando jueces militares se aferran al Código y sin escarnio, sabemos que por ignorancia, aplican la justicia militar a delitos que no son de naturaleza militar, como lo establece la CRBV en su artículo 261, aferrándose a la letra del COJM con normas derogadas de facto por inconstitucionalidad.
Pero queremos insistir en la ignorancia de los abogados defensores, quienes hacen mucha difusión sobre los injustos procesos militares contra sus defendidos presos políticos, pero no han querido percatarse de la ignorancia que aquí referimos, y que nos ha dado buenos resultados en los escritos de solicitud de amparo que promovimos ante la Corte Marcial, que aunque sabíamos que no tenían competencia para decidir, surtió efecto nuestro objetivo educativo e hicieron caso a nuestra lección sobre la inconstitucional aplicación de la justicia militar cuando los militares actúan en control de manifestaciones, ya que en estos casos, los militares no actúan en operaciones de defensa militar, como lo establece el mencionado artículo 261, sino que actúan como funcionarios policiales en control de orden público. Como dijimos antes, no se enjuicia a una persona por su condición personal sino en atención al delito cometido. Por ejemplo: la agresión a un soldado que no esté cumpliendo funciones de resguardo de bienes o instalaciones militares, no puede calificarse como delito de “ataque al centinela”, al contrario, si un soldado utiliza un arma de fuego en el control de manifestaciones, aunque sea para lanzar granadas, debe ser enjuiciado por tribunales ordinarios por violación del artículo 68 de la Constitución.

@enriqueprietos


lunes, 15 de junio de 2020

¡El militar en las Fuerzas Armadas! Por: Enrique Prieto Silva. Opinión. Venezuela.



¡El militar en las Fuerzas Armadas!

Enrique Prieto Silva
Lunes 15 de junio de 2020

Para algunos legos, hablar de militar en las Fuerzas Armadas es redundante, sin embargo, nuestro interés es aclarar lo que nosotros interpretamos del uso del vocablo militar, que puede usarse como sustantivo, adjetivo o verbo, y en cada caso denota significado diferente. El desconocer esto es lo que hace a muchos errar en sus opiniones y acciones jurídicas, como ha ocurrido con la supuesta inscripción o pertenencia de miembros de la FAN en partidos políticos.
Sin dudas, cuando un miembro de la FAN venezolana en situación de actividad se inscribe en un partido político, viola flagrantemente el artículo 330 de la Constitución de la República, toda vez que la norma lo prohíbe cuando dice que “…sin que le esté permitido…participar en militancia ni proselitismo político”. Pero se yerra cuando lo referimos al artículo 328, el cual es de exclusiva interpretación para la Institución, la que es “esencialmente profesional sin militancia política”. Se usa el término militar como verbo (de militar), mientras que  cuando nos referimos a sus integrantes, “militares”, se usa el sustantivo, nombre que se da al profesional de las armas, en contraposición del “civil” o “paisano”.
No debemos olvidar que el militar (soldado) no deja de ser ciudadano, que es la nominación establecida en el artículo 21 de Constitución que dice: “Todas las personas son iguales ante la ley…” y “Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana…” “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona…”
 Es de interés aclarar, que el supuesto derecho al ejercicio del voto que da la Constitución de 1999 “a los militares en servicio activo” es una redundancia innecesaria, por cuanto lo que hace es eliminar (la constitución es para crear o limitar) la discriminación que antes hacían las leyes: “del Sufragio” y la LOFAN. El constituyente de 1961, a sabiendas de que el militar, igual que cualquier ciudadano venezolano o extranjero tenía el derecho al sufragio, y sabiendo que no podía discriminarlo, estableció la restricción mediante la ley, que con su sola eliminación el militar podía recuperar su derecho. Indiscutiblemente, es una manifestación de ignorancia del constituyente de 1999 el haber establecido la eliminación de una norma legal con una constitucional.
La supuesta inscripción de miembros activos de las FAN en el PSUV es sin dudas una violación constitucional, pero es más grave el ejemplo que da el Presidente de la República, quien se hizo crear un grado y su uniforme militar, evidentemente, estando en la actividad, también viola la norma. Más grave aún con su proselitismo exaltando la discriminación de los venezolanos, entre militares (FAN o Milicia) y los demás ciudadanos, cuando con tal conducta y actitud legal de los Poderes Públicos, no se sabe hasta dónde llegan los derechos de uno y otro venezolano.
Más grave aún, cuando no se entiende como el “Presidente-comandante en jefe” puede gerenciar o comandar las fuerzas armadas, confundidas con el partido que también dirige y gerencia. No hay dudas, estamos en un limbo constitucional donde no se sabe el alcance o límite de las leyes, ni del gobierno. El CNE escurre el bulto ante la denuncia que le interpusieran, porque el que un militar activo se inscriba en un partido político o que esté con el “proceso”. Problema grave de orden público y violación privada o particular de la Constitución, que debe ser dilucidada, por la excepcionalidad, mediante un acto inicial administrativo en el Ministerio de la Defensa, como dice la Ley, con la instauración de un Consejo de Investigación para definir si hay falta o delito, que en todo caso, no sería competencia jurisdiccional de la Justicia Militar, a tenor del contenido del artículo 261 de la Constitución, ya que no se trata de un delito de naturaleza militar.
¿Cómo es posible que los prestos juristas “magistrados” del TSJ, que tanto hacen en nimiedades políticas, no le pongan coto a estas barbaridades jurídicas que desdicen de su integridad y honor profesional? Debieron de oficio declarar la inconstitucionalidad de la LOFAN y anular este barbarismo constitucional.



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Hoy 10 de Diciembre de 2010 es el día de la FUERZA AÉREA VENEZOLANA -FAV- Paladín del Espacio Soberano; y en el marco de la celebración del 90° Aniversario de su creación, acaecida el 10 de Diciembre de 1920, DENUNCIAMOS, RECHAZAMOS y NO ACEPTAMOS el cambio de fecha, hacia el 27 de Noviembre promulgado por el SOCIALISMO VANDÁLICO que pretende imponernos el COMUNISMO en Venezuela, amparándose en el ejercicio de una NARCO DICTADURA CONSTITUCIONAL que hoy desconoce el 10 DE DICIEMBRE. DÍA DE LA FAV. Para seguir leyendo haga click sobre la imagen........Gracias

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Pueden seguir de cerca los acontecimientos sobre el atropello a la propiedad privada de Diego Arria Salicietti por parte del desgobierno de Hugo Chávez Frías y sus Secuaces, accediendo a su blog en worldpress, haciendo click en la imagen. Gracias.

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A finales del año 1989, diversas polémicas se suscitaron en la Fuerza Aérea Venezolana, por la selección “no amañada” de algunos oficiales para asistir al curso de entrenamiento de los helicópteros AS-332B1 (Súper Puma) en la República de Francia. Fueron seleccionados el Tcnel (Av.) Roberto Vicente Vásquez, el Mayor (Av.) Yunny Rojas Chirinos, el Capitán (Av.) Orlando Silberstein Mellado, el Capitán (Av.) Senibaldo Palacios Rojas y el Mayor (Av.) Sammy Landaeta Millán. / Haga click en la imágen para seguir leyendo

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Una inmensa mayoría de venezolanos que amamos la libertad, le dimos al actual sistema de gobierno nuestros nombres, direcciones, números de cédula de identidad, para invocar una medida constitucional revocatoria del mandato de un presidente de la República ineficiente. En contraprestación nos estafaron, nos robaron, manipularon los resultados y el automáticamente revocado, se transformó en un emisario del diablo para utilizar las listas en una penitencia y calvario, por haberse atrevido a firmar contra él. /Haga click en la imágen para seguir leyendo

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Muchas personas pensaran, que a juzgar por el titulo de artículo, se trata de un legajo de procedimiento de Búsqueda y Salvamento; pero lamentablemente no es así. LOS CODIGOS están referidos a los procedimientos administrativos y operacionales que permitieron lograr la operatividad de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) bajo control de SOCORRO Hernández. La administración inadecuada de procesos; podría estar reflejando la manipulación de -inescrupulosos terceros- que se enriquecen como jerarcas del Petróleo y el Gas y se suman a los nuevos ricos -políticos y militares.- Pero en el País no se investiga nada, excepto el supuesto golpe y magnicidio, que desestimamos. El verdadero GOLPE, se dio al ESTADO, con la publicación de 26 Leyes inconstitucionales y el indiscutible MAGNICIDIO se perpetro contra los venezolanos; cuando se destruyó PDVSA. Haga click en la imagen para continuar leyendo.

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Cuando los Trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) activaron un paro laboral para repudiar la Politización y la inobservancia de la Meritocracia, en la Corporación en el año 2002; no recibieron el apoyo de algunos de sus compañeros. Los participantes del conflicto fueron catalogados por el régimen Castro Chavísta como enemigos del proceso revolucionario y traidores a la Patria.” Pero los que apoyaron al desgobieron, para consolidar lo que hoy llaman, “La PDVSA del Pueblo,” también podemos señalarlos por justicia, como: Los Esquiroles del Petróleo./Haga click en la imágen para seguir leyendo

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Pensamos que ya está bueno, que Raúl Isaías Baduel, trate de solaparse, confundir y alinearse como figura opositora, al régimen vandálico de Hugo Chávez Frías. Recordemos que siempre se identifico militarmente, con los Revolucionarios que apoyó y defendió. Pero sorpresas te da la vida dice un adagio: Amigos de ayer, son sus enemigos y persecutores. Compañeros de TROPELIAS se trasformaron en inquisidores y verdugos. Muchos indicios de su TRAICIÓN a la causa soberana del Pueblo, los trata de borrar. Por sus acciones políticas superfluas, elude sus culpas y difunde, que su otrora “Padre” es un COBARDE. Eso motiva, que le expresemos aspectos en DIRECTO A BADUEL. Haga click en la imágen para seguir leyendo.

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FOTO: VICENTE EMILIO MILLAN LANDAETA // El 27 de Mayo de 2007 podría establecerse un hito en el nefasto proceso político de Venezuela. Este día marcará el final, de la imagen comunicacional, de Radio Caracas Televisión, por voluntad de los “designios revolucionarios.” Como punto de honor se pretende modificar, las técnicas de difusión y fomentar una inclusión socialista, para estimular la ideologización comunista y consolidar la meta de resentidos ARTISTAS y PERIODISTAS, quienes piensan que: “Seremos como el Che,” ante el cierre de RCTV. / Haga click en la imágen para seguir leyendo

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LIBRO ARTESANAL: SAMMY: De baja como PROTESTA

LA MANSIÓN DEL INGLÉS


EL TOTEM SOCIALISTA / Por: Sammy Landaeta Millán

EL TOTEM SOCIALISTA / Por: Sammy Landaeta Millán
La crisis institucional de la Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela llegó a sus clímax. La aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional “Bolivariana” lo confirma. La identidad de una organización al servicio del Estado se pierde y surge por imposición pseudo-legal la potestad de “autoridad suprema” de aquel que se atavía como comandante en jefe. Se incrementa la INDISCIPLINA y se trata de contener la disidencia, desobediencia o rebelión, con la adoración al oficial de mayor graduación investido como TÓTEM SOCIALISTA . Haga click en la imagen para seguir leyendo. gracias

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